El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

El E-cochaski Nº 14 mayo 29, 2009

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 2:23pm

E-ditorial. Los 50 días que estremecieron al Perú (¿y a su capital?): La hora de la consulta previa

Hoy se cumplen 50 días de una protesta por la cual, en un principio, no había gran inquietud en las altas esferas del poder oficial peruano. Hoy se puede decir que se volvieron a equivocar, pues la protesta se mantuvo firme y capitalizó la simpatía y solidaridad de muchos sectores sociales. Por ello, un primer costo de ese error fue la derogación, aún parcial por faltar que lo haga el pleno, del DL 1090 por la Comisión de Constitución. ¿Cuál le seguirá?, pareciera ser la pregunta del momento, a la par que empieza a funcionar la mesa de diálogo. Pese a la denuncia penal por sedición contra el dirigente Pizango, promovida desde la misma Presidencia del Consejo de Ministros, en una preocupante manifestación de esquizofrenia estatal.

Mientras, en el Congreso el oficialismo y sus aliados pugnan por salvar la dignidad del Estado, no dándole el gusto tan fácilmente a esos nativos y sus dirigentes. Sin embargo, la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar solución a la problemática indígena se esmera en hacerle honor a su nombre. Hace poco esta comisión del Congreso presentó a la Oficialía Mayor su informe final sobre la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas, para que ingrese al pleno, en el cual deberá ser discutido para su aprobación. Algo que está en la línea de un informe sobre el mismo tema que emitió hace poco la Defensoría del Pueblo (Ambos informes pronto disponibles en la sección Documentos de nuestro blog).

El informe ofrece interesantes conclusiones como: “No obstante, que las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT están vigentes desde 1995, el Estado peruano no cumple con efectuar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios de acuerdo a lo dispuesto por dicho Convenio internacional. La falta de mecanismos que permitan efectivizar la Consulta Previa, no es causal de justificación para el Estado, en tanto de que ésta proviene de su propia inactividad”. O: “La Consulta Previa debe hacerse efectiva en el Perú, en tanto que, existe una gran diversidad étnica y cultural que la Constitución reconoce y, principalmente, porque los Pueblos Indígenas u Originarios históricamente siempre han sido sujetos de exclusión por parte del Estado peruano”. Esto es, se plantea la consulta previa como un mecanismo de inclusión social y construcción de la democracia entre los pueblos amazónicos, algo que de haberse legislado antes, nos habría evitado estar conmemorando los primeros 50 días de la protesta. Lo cual implica una serie de peligros, pero también una serie de posibilidades para, precisamente, desbrozarle el camino a la tan necesaria consulta previa. Y es que miles de peruanos de la Amazonia nos están diciendo con su sacrificio que ya no toleran que Lima dicte inconsultamente leyes, pasando por encima de su voluntad y criterio. Además de que, después de una larga historia de depredación y desprotección, ya no confían en las promesas de desarrollo exógeno del Estado central, basadas en grandes inversiones externas.

Así, el mecanismo que apunta a resolver el núcleo duro del conflicto social amazónico está en manos del Congreso de la República. “Para la efectiva aplicación de la Consulta Previa, tanto el Estado como las Organizaciones que representan a los Pueblos Indígenas, además de fortalecer sus capacidades técnicas, deberán también fortalecer sus capacidades de diálogo y entendimiento intercultural”.

Esperemos que lo sepan advertir, legislando simultáneamente para el corto y largo plazo de la conflictividad social.

Raúl Chacón Pagán

1. EN PIE DE LUCHA. CAMPESINOS E INDÍGENAS CONTINÚAN EN PARO
Por: Pável Cartagena, corresponsal Viajeros

En el Cusco, cerca de 350 indígenas de la etnia machiguenga, bloquearon el acceso a Machu Picchu exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos que los afectan de manera directa. A esta protesta se sumaron los campesinos del Cusco y decretaron un paro agrario que continuará en caso el Ejecutivo se siga oponiendo al diálogo. Ellos demandan la derogatoria de la nueva Ley de Recursos Hídricos que dicen da pie a las inversiones privadas en las aguas que riegan sus campos. Por su parte, el Premier admitió que el Estado ha tenido abandonados a los nativos amazónicos durante muchos años y que ha habido falta de comunicación.

en pie de lucha

“El paro agrario en el Cusco seguirá si es que el gobierno no se compromete a dialogar con la población de forma sincera”, así lo expresó el presidente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar, mientras marchaban por las principales calles del Cusco el día de ayer. Un representante de la Federación de Trabajadores del Cusco (FDTC), quienes también se unieron a las protestas, informó que  arribaron a la ciudad imperial representantes de diferentes sectores de la provincia del Cusco, más los del distrito de Chinchero no pudieron llegar a la protesta pues tuvieron un enfrentamiento. “Algunos representantes indígenas amazónicos tampoco pudieron llegar a la misma ciudad pues el tiempo les jugó una mala pasada y tuvieron que quedarse en Machu Picchu”, puntualizó.

Los campesinos y pobladores del distrito de Poroy interrumpieron en ambos sentidos la vía que conduce a la ciudad de Abancay (Apurímac), al igual que en las zonas de Piquillacta y Andahuylillas, en la provincia de Quispicanchis, en la autopista que conduce a Puno y Arequipa. En Corao y Yanahuara, en la provincia de Urubamba, los piquetes impiden el paso al Valle Sagrado de los Incas.

La Plaza de Armas albergó desde tempranas horas a los grupos de protestantes campesinos venidos de diferentes partes del departamento. Luego caminaron en forma pacífica por la Avenida el Sol. A ellos se les unieron  grupos de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) -quienes  respaldan también las protestas de los pueblos amazónicos y los manifestantes impiden el paso al Valle Sagrado de los Incas-,  diferentes sindicatos y comerciantes de mercados. “No solo basta con instalar una mesa de diálogo, después nos pasean: hasta el próximo sábado, hasta el próximo jueves. De eso ya estamos cansados. Lo que queremos es que nos digan: este decreto se trabaja y hoy se deroga”, expresó Antolín Huáscar. Ellos, el sector agrario, demandan la derogatoria de la nueva Ley de Recursos Hídricos, al considerar que esta los afecta directamente al permitir, o dejar la puerta abierta, para la privatización de las aguas en zonas de frontera.

Por su parte, Plinio Categueri, presidente de la organización regional del Consejo Machiguenga del río Urubamba Comaru) señaló que “no se trata de defender solo el agua y las tierras de las comunidades nativas sino exigir el respeto a los derechos ancestrales de territorialidad”. El dirigente refirió que el propósito de la medida es exigir tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que atiendan el reclamo indígena, pues el problema se agudiza al interior del valle de La Convención como en las zonas amazónicas.

Las organizaciones que ayer miércoles 27 de mayo acataron el paro son los mercados, campesinos, pobladores de barrios populares, trabajadores de las municipalidades de Cusco, San Sebastián y Santiago, organizaciones políticas y los integrantes del Sindicato Único de trabajadores en la Educación SUTEP – Cusco. Por su parte la empresa Perú Rail, suspendió sus operaciones en la ruta Cusco – Machu Picchu, donde los turistas tuvieron que permanecer en Cusco.

Protestas en todo el país

Pero no solo en el Cusco se viven horas tensas. El diario La República señala que la protesta de los nativos para exigir la derogatoria de nueve decretos legislativos que consideran que vulneran sus derechos se mantiene y se agudizó en varios puntos del país con paros y marchas. En las provincias de Utcubamba y Bagua, (Amazonas), Jaén y Cajamarca, (Cajamarca) desde ayer se cumple un paro de 48 horas, convocado por el Comité de Lucha Amazónica en solidaridad con las comunidades nativas de la selva, en pie de lucha desde el 9 de abril.

En Utcubamba, unos 2 mil 500 indígenas de las etnias awuajún wampis bloquearon desde la madrugada la carretera Fernando Belaunde Terry, en las zonas de El Reposo y Siempre Viva. Los indígenas anunciaron que harían lo mismo con la carretera Pedro Ruiz, en  Bongará. En Bagua Grande, capital de Utcubamba, maestros, ronderos y algunas delegaciones de organizaciones de base marcharon de manera pacífica por la ciudad. Los manifestantes criticaron la inacción del gobierno para resolver las demandas de los nativos.

La Policía Nacional y el Ejército extremaron las medidas de seguridad en el puente Corral Quemado, que une Amazonas y Cajamarca, y que el 10 de Mayo fue tomado por los nativos. Este punto se mantuvo despejado a diferencia de las estaciones 6 y 5 de PetroPerú,  ubicadas en Amazonas y que continúan tomadas por los indígenas.

En Iquitos, está previsto que los ciudadanos se plieguen a la paralización convocada por el Comité de Lucha en apoyo a los pueblos indígenas de Loreto. Wagner Mussolini, presidente de esta organización, dijo que sindicatos y gremios apoyan la justa demanda de los pueblos indígenas.  Y en Chiclayo, la Junta de Regantes bloqueó también el puente Reque en respaldo a las demandas de los amazónicos y pidiendo se atiendan los reclamos de su pliego.

Por su parte, el premier Yehude Simon cuestionó que las protestas de los nativos continúen pese a la disposición del gobierno de atender sus reclamos y modificar.  A pesar de que durante la instalación de la comisión multisectorial el premier Yehude Simon prometió revisar artículo por artículo los decretos legislativos para la Amazonía y eliminar todo lo que los nativos consideran lesivo a sus derechos, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto  Pizango,  manifestó que no levantarán el paro que acatan las comunidades selváticas desde hace cuarenta y ocho días.

Yehude Simon indicó que la comisión también verá los problemas que tienen los pueblos amazónicos en áreas como educación, salud y electrificación. Aunque Pizango aceptó en silencio las declaraciones de Simon y no quiso dar mayores declaraciones a la prensa a su salida de la PCM, en horas de la tarde señaló que en la reunión de hoy no se analizarán “algunos artículos”, sino se solicitará la inconstitucionalidad de los decretos legislativos. “Si dicen que no tenemos argumentos suficientes, el día de mañana (hoy) vamos a revisar esto (los decretos) y le vamos a decir (al Ejecutivo)  que vean y  recomienden al Congreso para que lo agenden y lo deroguen porque el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad para derogarlos”, dijo el presidente de Aidesep quien señaló que si  el ejecutivo hace la recomendación  al Congreso para la derogatoria de los decretos legislativos, Aidesep  se comprometería al levantamiento del paro, así lo dijo en declaraciones a la Agencia Andina.

Declaran ilegal otro decreto

De otro lado, en ajustada votación, la comisión de Constitución del Congreso declaró inconstitucional el DL 994, sobre la inversión privada en proyectos de irrigación en zonas de frontera. Según el dictamen aprobado, el DL 994 contraviene los artículos 101, 104 y 106 de la Constitución, al no haber sido emitido por Ley Orgánica.

Por su parte, el titular del Congreso, Javier Velásquez, confirmó que el Pleno debatirá hoy- jueves 28 de mayo-  el dictamen que declaró ilegal el DL 1090 la semana anterior en el mismo grupo.

Tomado de: http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=11&cod_art=1389

2. PERÚ: CONTUNDENTE RESPALDO CIUDADANO NACIONAL A DEMANDAS AMAZÓNICAS

demanda de amazonas Foto: La República

Una masiva movilización ciudadana de varios miles de personas colmó ayer las calles de Lima en respaldo  a las demandas de los indígenas amazónicos.

La jornada nacional de protesta fue convocada por la Central General de Trabajadores del Perú y la Coordinadora Política Social (CPS) y culminó cuando una comitiva entregó sus peticiones al titular del Congreso de la República.

Javier Velásquez Quesquén, Presidente del Congreso, se comprometió nuevamente a poner en la agenda de la sesión plenaria el dictamen que declara inconstitucional el Decreto Legislativo 1090.

El D.L. 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es uno de los decretos cuestionados por los indígenas amazónicos porque “reduce el concepto de patrimonio forestal y permite su cambio de uso para favorecer los agrocombustibles”.

Por otro lado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el martes un informe que declara inconstitucional el D.L. 994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola, y que también es cuestionado por la plataforma indígena.

José Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Constitución ha pedido reconsiderar la votación sobre el D.L. 994 y ha trascendido que la bancada del partido aprista está haciendo coordinaciones políticas para evitar que el pleno derogue ambas normas.

Fuerte intervención de fuerzas policiales

Dieciséis heridos y decenas de detenidos es el saldo de las acciones perpetradas por las  fuerzas policiales que emplearon gases lacrimógenos y perdigones de goma para desplazar a grupos de manifestantes concentrados cerca de la Plaza de Armas de Iquitos. (Foto derecha: AIDESEP)

La jornada de protesta fue contundente en la capital de Loreto, la región amazónica más grande del país. Los principales centros de abastos y establecimientos comerciales estuvieron a puertas cerradas.

El transporte público y las instituciones educativas estuvieron paralizadas. Mientras que los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) se volcaron a las calles a respaldar la jornada de protesta amazónica.

Cajamarca-Amazonas. Desde hace dos días, miles de ronderos, campesinos e indígenas awajun y wampis bloquean diversos puntos de la carretera Fernando Belaúnde Terry, vía que une la provincia de Jaén (Cajamarca) y la provincia de Utcubamba (Amazonas).

Zebelio Kayap, Presidente de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), informó al diario La Primera que las provincias cajamarquinas de Jaén y San Ignacio se han unido a la protesta amazónica desde el martes último.

En ambas ciudades se realizaron ayer dos mítines multitudinarios en respaldo a la protesta de los pueblos amazónicos.

“Hay cerca de 2 mil 500 hermanos awajun y wampis bloqueando el paso cerca del caserío Siempreviva. También, unos mil 500 hermanos ronderos de Cajamarca en el sector de Chamaya” informó dicho medio de prensa.

Cusco. Más de 300 pobladores del pueblo indígena Matsiguenga (machiguenga) iniciaron el bloqueo de la línea férrea Cusco – Machupicchu en el poblado Aguas Calientes, puerta de ingreso a la histórica ciudadela Machu Picchu. (foto derecha: Noticiario.BaguaPerú.com)

Ello obligó a que la empresa Perurail, que cubre las rutas ferroviarias de Cusco a Machu Picchu, suspenda sus operaciones.

El diario La República informó hoy que indígenas de las comunidades Aendoshiari y Manitinkiari liberaron a trabajadores del proyecto Camisea pero mantienen tomada una de las válvulas del gasoducto en la selva tropical del Cusco.

Diálogo con la PCM

El día de ayer se desarrolló la primera jornada de trabajo de la comisión multisectorial conformada por representantes de alto nivel del poder ejecutivo y representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

La oganización amazónica presentó un documento donde sustenta su pedido de derogar nueve decretos legislativos expedidos sin respetar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y en el marco de adaptar nuestra legislación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Alberto Pizango Chota, Presidente de AIDESEP, precisó que la revisión detallado de los decretos legislativos con el poder ejecutivo es solo para demostrarle los fundamentos por los cuales deben ser derogados.

En tal sentido, descartó que su institución haya aceptado modificar algunos artículos, como lo dejó entrever el Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon.

Pizango, expresó su confianza en que el Ejecutivo respaldará el pedido de AIDESEP al Congreso para que se deroguen los decretos legislativos que violan derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, frente a la denuncia formulada contra Alberto Pizango por Soledad Fasabi, ex Tesorera de AIDESEP, sobre supuestos malos manejos económicos, Pizango lamentó que estas acusaciones aparezan en momentos que el movimiento indígena está luchando. “Se trata de graves calumnias, sin pruebas” afirmó.

IV Cumbre Continental respalda lucha amazónica

La Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de Abya Yala (América) instalada desde ayer en la ciudad de Puno también expresó -por diversos medios- su respaldo a la lucha de los pueblos amazónicos. Organizaciones amazónicas de diversos países preparaban un pronunciamiento específico.

Tomado de: http://www.servindi.org/actualidad/12049

3. ESTA ES UNA BATALLA DE TODOS. Entrevista a Roger Rumrrill
Por: Carlos Noriega

batalla de todos

Desde hace casi cincuenta días, las comunidades indígenas de la Amazonía están en pie de lucha exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos dados por el gobierno en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que promueven la inversión privada en las tierras indígenas, algo que las comunidades amazónicas, que integran a unos 300 mil indígenas, rechazan. Esta semana comienza un diálogo entre el gobierno y los indígenas. Róger Rumrrill, experto en temas amazónicos que ha escrito varios libros sobre la Amazonía, analiza el actual conflicto amazónico y el futuro que podría tener esta protesta, y recuerda la histórica marginación de los indígenas.

¿Cuáles serían los efectos sobre la Amazonía si se mantienen los decretos legislativos que las comunidades indígenas exigen se deroguen?
-Si estos decretos se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, productoras de biocombustibles; y en el mediano horizonte la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. La lucha contra estos decretos es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura. Los indígenas están defendiendo su vida

-El gobierno argumenta que estos decretos llevarán la modernidad y el desarrollo a la Amazonía.

-Eso es falso. Modernidad no es destruir la naturaleza, el sistema de reproducción de la vida, que es lo que ocurrirá si se impone el modelo del gobierno. Modernidad es lo que plantean los indígenas, que es un uso ambiental sostenible de sus recursos. El desastre ambiental que afecta al planeta es producto del modelo capitalista de desarrollo, que implica el saqueo de los recursos naturales. Ese modelo es insostenible y de ninguna manera va a llevar desarrollo a las poblaciones amazónicas, a lo que va a llevar es a la destrucción de la Amazonía.

-El ministro Antonio Brack asegura que la producción petrolera y la explotación de bosques se harán conservando el medio ambiente y traerá beneficios para las comunidades indígenas.

-Si se venden los bosques, muchos serán destruidos para producir biocombustibles. Ya hay cuatro millones de hectáreas de bosques en proceso de venta. En ningún lugar del mundo hay explotación petrolera limpia, que no contamine. La Amazonía tiene 78 millones de hectáreas, de las cuales 53 millones ya están lotizadas, con severos impactos ambientales. Un ejemplo de las consecuencias de la explotación petrolera es lo que ocurre en los lotes 1AB y B, en los ríos Tigres y Corrientes, que en los últimos diez o quince años han generado 16 mil millones de dólares de utilidades, pero las poblaciones indígenas aledañas a esos lotes no solamente viven en la pobreza, sino que por la contaminación producida por la explotación petrolera tienen enfermedades irreversibles. Hay 24 lotes petroleros que están sobrepuestos a 200 comunidades indígenas y una gran cantidad de lotes están en áreas de conservación nacional. Eso es totalmente irregular. La explotación petrolera en tierras indígenas solamente debería darse si las comunidades propietarias de esas tierras la aceptan…

-El presidente García ha dicho que los indígenas no son dueños de los recursos naturales que están en sus tierras, porque según la Constitución esos recursos son del Estado.

-Con la política del gobierno los dueños de esos recursos van a ser las corporaciones. El Estado es dueño del subsuelo, pero no puede cometer la injusticia, la aberración, de utilizar lo que está dentro de las tierras indígenas sin siquiera consultarles. Pero el gobierno no le consulta a nadie, actúa como un patrón implacable.

-Los indígenas han sido acusados de querer permanecer en el atraso.
-Decir que los indígenas son enemigos del progreso es una satanización, una deformación de sus reivindicaciones. Los indígenas quieren el progreso, pero no con el esquema de las multinacionales. Ellos quieren manejar sus bosques, hacer alianzas estratégicas con empresas de turismo, hacer piscicultura. No están planteando quedarse en la etapa del buen salvaje.

-El gobierno asegura que los indígenas se oponen a estos decretos porque han sido engañados y son manipulados por intereses políticos.
-Es una falacia decir que los indígenas son manipulados. Ellos están organizados, saben lo que quieren y están absolutamente conscientes de sus reivindicaciones y de sus intereses. Decir que son manipulados es la expresión del más asqueroso racismo y de un desprecio a los pueblos indígenas, es negar su inteligencia y su capacidad de decisión. Ese es el discurso de los extirpadores de idolatrías. Solamente falta que digan que los indígenas no tienen alma.

-¿Cree que en la mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas se llegue a un acuerdo?

-No soy optimista sobre esta negociación. El gobierno revela su cinismo cuando dice que quiere dialogar, pero al mismo tiempo denuncia a los dirigentes indígenas. Creo que esta mesa es para dilatar las cosas…

-Si no hay acuerdo en esta negociación, ¿qué salida le ve a este conflicto?
-El gobierno no tiene la voluntad de derogar estos decretos y solucionar el conflicto, y tendrá que ser obligado a derogarlos a través de la presión de distintos sectores en todo el país. La solución pasa porque los frentes de defensa regionales, partidos políticos, gremios, sindicatos, las comunidades andinas, se sumen a la batalla de las comunidades indígenas amazónicas, que es una lucha pacífica. En la medida que se logre una acumulación de fuerzas y otros sectores se sumen a la lucha indígena, se puede lograr que el gobierno retroceda y alcanzar un triunfo. Esta no es solamente una batalla indígena, es una batalla de todo el país por su soberanía y sus recursos.

-¿Cuánto tiempo más podrán sostener los indígenas esta protesta?
-Pueden sostenerla meses y años. Esta es una guerra del fin del mundo, porque es la guerra por la vida. La capacidad de resistencia de los indígenas es muy grande.

“Con este gobierno hemos retrocedido cien años”

-La población indígena amazónica que ahora se ha levantado contra los decretos legislativos que afectan sus tierras es una población históricamente discriminada…
-Discriminada, despojada, masacrada. Durante la explotación del caucho, entre fines del siglo XIX y la segunda década del siglo XX, los extractores de caucho esclavizaron a la población indígena y murieron 50 mil indígenas. Hasta los años setenta todavía se vendían esclavos indios en la plaza de armas de Atalaya. Esto cambió en forma radical en 1974, cuando el gobierno de Velasco promulgó la ley de comunidades nativas, que reconoció la identidad de los indígenas, el derecho a la propiedad de sus territorios y que calificó las tierras indígenas como inembargables, inalienables e imprescriptibles. Las reivindicaciones indígenas empezaron con esa ley.

-¿Ahora estamos en un período de retroceso respecto a los derechos de los indígenas?
-El retroceso comenzó en 1993 con la Constitución fujimorista, que eliminó la mayor parte de las garantías para las comunidades nativas. En los gobiernos de Toledo y García ha continuado ese proceso de retroceso…

-¿Qué tan grave es ese retroceso durante el actual gobierno?
-Con este gobierno hemos retrocedido cien años, a la época del primer gobierno de Leguía, cuando en 1909 se dio una ley que desconoció los derechos de los indígenas sobre sus tierras y señaló que la Amazonía era un espacio vacío que había que ocupar vendiendo, alquilando o dando en concesión las tierras. Esa ley permitió la creación de grandes haciendas en la Amazonía. Alan García es el nuevo Leguía de la Amazonía, porque, como Leguía, García piensa que la Amazonía es un espacio vacío que debe ser entregada al gran capital y que los indígenas significan atraso.

-¿Esta protesta de las comunidades amazónicas es, más allá de la exigencia de la derogatoria de estos decretos, una lucha de reivindicación histórica de los derechos y la identidad indígena?

-Efectivamente, esta lucha es parte de una lucha reivindicativa de los indígenas contra un adversario que los amenaza hace siglos. Con esta lucha los indígenas se cohesionan y refuerzan su identidad. Esta rebelión indígena puede adquirir un carácter mesiánico, en el sentido de convertirse en una lucha por recuperar ese universo perfecto ahora quebrado, que está en la concepción milenarista de los indígenas. Ese milenarismo y mesianismo le da una gran fuerza a esta lucha. Esta protesta indígena puede convertirse en la segunda gran rebelión panamazónica de la historia, después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, en 1740.

Tomado de: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/esta-es-una-batalla-de-todos_39120.html


4. ATAQUES Y MENTIRAS CONTRA LOS DERECHOS INDÍGENAS (PRIMERA PARTE)
Por: Alberto Chirif y Frederica Barclay*

El derecho de consulta

En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”, aparecido en diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio nacional.

Según sus palabras: “El pecado original -y quizá el único- de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: las leyes ni los decretos no suelen ser consultados ni con los especialistas; se imponen respondiendo con frecuencia a intereses específicos“.

Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”, un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre, en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado.

Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas“. Estamos así ante realidades diferentes.

La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº 26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente“; y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 1 y 2).

Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante, es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar. El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.

En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida“.

Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella“. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan“.

¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta, de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala fe.

La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría del Pueblo, antes mencionado).

La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es el sector público“. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas y está también ampliamente reafirmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 15).

¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No, nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!, por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos“, lo que significa borrar de un plumazo los derechos legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos indígenas.

El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero, como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas“, mientras que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría antes citado).

El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº 012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica, con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial” (así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes. Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron a toda la delegación, también integrada por el inefable representante de CONAP.

¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?

El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante la ley N° 29157″) Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más restringida.

No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez y los García“?

También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas y las pone en condición de adjudicables a inversores. Esta misma norma coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos, suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil. Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados  y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones legislativas al Ejecutivo (Continuará)

Tomado de: http://www.servindi.org/actualidad/11972

5. LA ENCRUCIJADA DE LA OROYA: ¿POR QUÉ SIGUE INCIERTO EL PANORAMA DE DOE RUN PERÚ?
Por: Augusto Townsend K.

“En Doe Run Perú (DRP) le damos la bienvenida a un intensificado escrutinio de la sociedad civil, las ONG y la prensa”, le respondió DRP al Blacksmith Institute cuando éste calificó a La Oroya como uno de los 10 lugares más contaminados del mundo. Y ese escrutinio debería ser mayor incluso este año ante la eventualidad de que DRP incumpla sus compromisos ambientales faltantes y empiecen a discutirse salidas como la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del complejo metalúrgico de La Oroya o la entrega de algún tipo de apoyo financiero del Estado.

De hecho, esto último todavía no ha ocurrido pero hay quienes creen que podría estar negociándose tras bambalinas. Tal hipótesis se sustenta en el hecho de que el principal accionista de DRP, el Grupo Renco (de propiedad del millonario Ira Rennert), todavía no capitaliza la acreencia de US$156 millones que tiene frente a DRP, habiendo transcurrido un mes y medio desde que se anunció el “salvataje privado” de la empresa (SE 1166). Como se recuerda, esa capitalización, junto con la constitución de una prenda sobre el 100% de las acciones de DRP para asegurar el cumplimiento del PAMA, eran requisitos sine qua non para que se activase el rescate privado, que consiste en la entrega de US$100 millones en concentrados por parte de sus proveedores mineros y que éstos garanticen una línea de crédito revolvente por US$75 millones con el sistema bancario.

Dado este contexto, subsisten algunas dudas que merecen ser analizadas: ¿Ha perdido confianza el Grupo Renco en la viabilidad económica del complejo metalúrgico de La Oroya y por eso no capitaliza su deuda? ¿Estará apelando a la teoría del “too big to fail” –como los bancos y automotrices estadounidenses– para supeditar su supervivencia a la obtención de fondos públicos? ¿Tendría sentido que se califique a la actual crisis económica internacional como un “hecho fortuito” y, en esa medida, justificar la prórroga del PAMA de DRP (o un eventual rescate público)? Si DRP no está bien económicamente, ¿cuánto de ello es atribuible a la crisis y cuánto a errores cometidos por la misma empresa? Éstas son preguntas que Semana Económica intenta responder, objetiva y desapasionadamente, en el artículo de portada de su más reciente edición.

Ahora bien, toda esta incertidumbre, como era previsible, ha vuelto a activar el debate sobre si DRP cumplió o no lo que se esperaba de ella en materia ambiental. La empresa argumenta que sí y muestra cuadros que ilustran caídas en las emisiones de arsénico, plomo, gases sulfurosos y descargas de residuos al río Mantaro. Los ambientalistas cuestionan tales cifras diciendo que los promedios ocultan los picos que aún se perciben, que no en todas las estaciones de medición se ven mejoras y que la dispersión geográfica de la población soslaya el hecho de que La Oroya Antigua (la más próxima al complejo metalúrgico) sigue estando alarmantemente expuesta a sustancias nocivas para sus habitantes.

Este debate, por cierto, levanta tantos apasionamientos que en algunos casos se proyecta como una lucha entre el bien (la comunidad afectada) y el mal (la empresa contaminante, de la cual hasta se dice que envira las páginas web de los ambientalistas y que filma a congresistas en circunstancias comprometedoras para luego chantajearlos al mero estilo fujimontesinista). Pero esta calificación de las cosas tiene varias incongruencias. Por ejemplo, la mayoría de los habitantes de La Oroya dice depender económicamente del complejo metalúrgico y rechaza la posibilidad de que cesen sus operaciones (según algunos ambientalistas, la empresa los engaña diciéndoles que si no es DRP nadie seguirá operando el complejo). Es decir, las supuestas víctimas no quieren que se vaya el presunto victimario.

Tampoco queda claro cuál es el rol del Estado (¿el árbitro?) dentro de aquella descripción. ¿Es acaso un Estado enfocado en fiscalizar duramente los incumplimientos ambientales, un Estado más bien preocupado por el “daño sistémico” (político, dicen algunos) que se generaría si La Oroya se paraliza, o un Estado en sí mismo culpable por décadas de contaminación previas a la privatización del complejo? No habría que olvidar, tampoco, que el PAMA de DRP no incluye todas las acciones necesarias para remediar la contaminación en La Oroya. El Estado (por intermedio de Activos Mineros) debe ocuparse, entre otras cosas, de la remediación de los suelos.

El problema con esto es que dicha labor se programó para después del cumplimiento del PAMA, por lo cual las prórrogas a éste la difieren en el tiempo (nótese que la obligación de que el 95% de los niños menores de seis años en La Oroya tengan niveles de plomo en la sangre menores de 10 ug/dl debe fiscalizarse recién tres años después de la remediación de suelos). Dicho sea de paso, originalmente se pensó que se tendrían que remediar 40,000 hectáreas, pero, según un reciente estudio realizado por Ground Water International a pedido de Activos Mineros, los suelos a remediar comprenderían efectivamente unas 280,000 hectáreas y demandarían una inversión de US$10 millones.

Este último asunto podría derivar en un pleito legal, pues Activos Mineros considera que sólo debe remediar el impacto generado por el complejo metalúrgico entre 1922 (año de su creación) y 1997 (año de su privatización), mientras que DRP entendería que la obligación se extiende incluso después de ello. La posición de Activos Mineros sería empezar de inmediato con labores de mitigación (para no esperar a la culminación del PAMA) y luego pasar a las de remediación de suelos propiamente, esperando que el Ministerio de Energía y Minas luego obligue a DRP a resarcirla por la inversión realizada en exceso de sus responsabilidades.

Pero sin perjuicio de la remediación de suelos, hay otras alternativas que deberían discutirse. “Mientras la población no se mueva, van a seguir habiendo niños con plomo en la sangre per secula seculorum”, dice un ejecutivo vinculado al sector minero, quien plantea la mudanza total de la comunidad a un lugar cercano desde donde (con una buena carretera y un buen servicio de transporte) se pueda trasladar a la fuerza laboral del complejo metalúrgico diariamente. Pero los pobladores no estarían de acuerdo con ello, según uno de los líderes sindicales del complejo: “No importa si el lugar está contaminado, la gente no se va a mover y va a defender su centro de negocios, su propiedad”.

Recuérdese que cuando se aprobó la prórroga inicial del PAMA en el 2006, se cuestionó al gobierno por haber dado una norma (el decreto supremo Nº 046-2004-EM) que sólo sería aplicable a DRP. La respuesta del gobierno fue que aquélla permitió que DRP voluntariamente se sometiera a un régimen legal más estricto para así obtener la extensión del PAMA. Curiosamente, ahora al gobierno se le presenta una encrucijada similar: determinar si prorroga o no el proyecto faltante del PAMA (la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre) y –de ser cierta la lógica del DS 046-2004-EM– ver qué puede obtener en la negociación. La pregunta es: ¿quién tiene la sartén por el mango?

Adicionalmente adjuntamos aquí dos documentos que serán útiles para entender mejor el problema:  1. Una cronología de los eventos de La Oroya desde 1922 a la fecha, y 2. Una bibligrafía accesible en la web con documentos esenciales para analizar el caso Doe Run Perú.

* Una curiosidad: La matriz de DRP dice en su publicidad que su negocio de producción de plomo ayudará a descontaminar el mundo en el futuro, pues facilitará el desarrollo de las baterías de plomo-ácido, las cuales servirán para “energizar los vehículos híbridos del futuro”.

Tomado de: http://www.semanaeconomica.com/articulos/40080-la-encrucijada-de-la-oroya-por-que-sigue-incierto-el-panorama-de-doe-run-peru-

6. CUANDO EL PUESTO DE ALCALDE TE QUEDA GRANDE…
Por:
Denis malpica,  Ing. Agr.

Nadie aún ha transado con mi derecho a indignarme, a asquearme de las decisiones que las políticos toman por nosotros, porque en Cajamarca el alcalde y los regidores han cometido talvéz la peor de las traiciones a un pueblo sufrido y doliente, este día miércoles un grupo de incapaces han transado con la salud de todo un pueblo y han tirado al olvido la mayor de las catástrofes ambientales en Cajamarca, y de refilón han santiguado a la empresa minera que envenenó a todo Choropampa.

Este día de miércoles ha de pasar a la lista de los días indeseables en la memoria de los cajamarquinos, el día en que un grupete de timoratos, haciendo gala de su complejo de inferioridad, se vio intimidado por unos abogados para firmar un acuerdo tan lesivo para los intereses de los pobladores que ni un aprendiz de tinterillo hubiera podido aceptar.

Mi indignación y mi rabia contrastan con la cara de felicidad que se plasmó en el rostro de los regidores, al ver que se firmaba un acuerdo en el que los únicos beneficiados eran unos timadores disfrazados de abogados y la empresa minera, que quedó limpia de polvo y del mercurio que derramó. ¿Qué pasó la noche del martes 26 de mayo, para que todos aquellos regidores indecisos y opositores a la firma de este acuerdo cambiaran de opinión?, ¿acaso mientras reflexionaban los visitó el duende de las minas, con su acostumbrado saco lleno de oro? ¿Acaso algún sueño revelador les habló de un futuro mejor, cuando dejen de ser autoridades?, por el momento solo ellos lo saben… por el momento…

Cajamarca ha tenido y ha padecido alcaldes a lo largo de su historia, pero el que ahora ocupa el puesto de seguro ha de pasar a la historia como el más pusilánime y corto de miras de todos, tuvo la oportunidad de luchar junto a su pueblo por la reivindicación  de los derechos pisoteados, tuvo la oportunidad de estar con los más desprotegidos, con los más olvidados, de ser parte de un pueblo que lo iba a seguir y a defender, pero ha preferido dar vuelta a la pagina de la manera más fácil, no hacerse problemas, no luchar, no estar a la cabeza del pueblo; solo ha cumplido mediocremente con hacer su tarea de burócrata y dio tramite a lo que le presentaron para que firme, sin la menor reflexión, acto que es mucho pedir para alguien cuyo mayor sueño es que Cajamarca tenga plaza de toros.

Pero mi rabia no es solo contra este remedo de alcalde, mi rabia es contra un pueblo que no es capaz de darse cuenta del dolor ajeno, ¿y si el derrame de mercurio hubiera sido en Cajamarca ciudad? ¿El culto y siempre comprometido público cajamarquino habría aceptado que transen en su nombre por una miseria en comparación al daño ocasionado? ¿Qué se les pague a unos incompetentes que no pudieron mostrar las pruebas del crimen que se cometió en Choropampa?, que se exculpe a la empresa minera y se diga que ella no hizo lo que hizo, que no tuvo responsabilidad en el crimen de Choropamapa? pero como son solo campesinos no importa… acá lo único que importa es el carnaval. Nunca pensé decir esto, pero que vergüenza siento de tener paisanos como este montón de miserables…

Salvo mejor parecer…

7. PAUPERICIDIO EN EL PERÚ
Por: Alejandro Sánchez-Aizcorbe y Marcela Valencia Tsuchiya

La muerte de 133 niños a causa del frío en el Perú es una expresión macabra de paupericidio o muerte de los pobres por falta de protección y de atención médica.

Es un delito punible que 133 niños peruanos se mueran de frío.

Hemos venido insistiendo en el hecho de que Estados Unidos y los países desarrollados cuentan con proyecciones específicas sobre los efectos catastróficos del calentamiento global. Se predicen guerras por los recursos naturales, militarización de las fronteras, pandemias, etc. Lógicamente, los primeros en sufrir las consecuencias de estos y otros fenómenos serán los pobres, incluyendo países como Perú, Chile, Bolivia y casi toda América Latina, mientras el mundo desarrollado, con esa brutal irracionalidad que ha distinguido su breve historia, saquea nuestros tesoros, los tesoros que de hecho aún pueden convertirnos en unas naciones sustentablemente ricas.

Es una salvajada no planificar en función de los segmentos más pobres de nuestra población las medidas macroeconómicas y geopolíticas que nos permitan enfrentar exitosamente el fenómeno inevitable del calentamiento global. Las desglaciación de los Andes es el botón de muestra de un panorama potencialmente apocalíptico, especialmente para los pobres; es decir, castigado lector, para usted y para nosotros.

Tenemos un presidente martillero que remata el Perú y se jacta de su crecimiento sostenido sobre la base de una pobreza a la hindú, a la brasilera, esencialmente irreducible. Saldrá de la Casa de Pizarro mucho más rico que cuando entró. El presidente que nosotros elijamos deberá luchar contra la corrupción consuetudinaria, acabar su mandato con la misma o menos cantidad de plata que tenía cuando fue elegido. Si el presidente que elijamos los peruanos no se ocupa seriamente de impedir que nuestros niños se mueran de frío y de que el país entero comience a tomar medidas efectivas para no sucumbir en la tragedia del calentamiento global, habremos elegido un martillero más, un comisionista más, otro felón que nutrirá la larguísima nómina de delincuentes que nos han gobernado.

Hasta hace unos años, los ejecutivos o empresas británicos que sobornaban a funcionarios del Tercer Mundo, inclusive presidentes, podían deducir el costo del soborno de su pago de impuestos. La única diferencia es que ahora no lo pueden deducir.


8. ADVIERTEN INMINENTE DESAPARICIÓN DE CÓNDORES Y SURIS EN LA REGIÓN PUNO
Por: Andina

La caza furtiva, el cambio climático y la invasión humana a los territorios constituyen parte de los factores que están contribuyendo a la extinción de los cóndores, el suri y los loros psitácidos en el departamento altiplánico de Puno, informó la Administración Técnica Forestal de la Fauna Silvestre de esta ciudad

Rogelio Noa, titular de la referida institución, señaló que en los cóndores que se ubicaban en la provincia puneña de Lampa, prácticamente han desaparecido. “En Puno prácticamente el cóndor ya no existe, en las zonas altas hay algunos ejemplares, pero se ven muy poco. Lamentablemente hubo mucha caza, a lo que se suma el cambio climático y con ello la pérdida de su hábitat”, explicó.

Refirió que un considerable porcentaje del territorio previamente disponible para los cóndores ha sido ocupado de manera temporal o permanente por los seres humanos y sus actividades, “lo que ha contribuido a su extinción y disminuye sus posibilidades de mantener poblaciones estables de esta especie”.“En lo que se refiere a la caza, hay inescrupulosos que han utilizado a estos animales como trofeo”, anotó.

En el caso de los loros psitácidos, dijo que estos habitan en la selva puneña y que también están a punto de perderse. Acerca de los suris, ave corredora que ha perdido su capacidad de vuelo, dijo que existen más 160 ejemplares en el departamento de Puno, y que se encuentran ubicados en tres centros de rescate para conservarlos.

El especialista manifestó que la caza furtiva de los suris en los últimos años para aprovechar su carne, plumas y huevos, ha ocasionado la disminución de la especie. “En el caso de los suris, la caza furtiva por gente inescrupulosa y la densidad poblacional que ha ido creciendo, han contribuido a que esta especie se encuentre en peligro”, manifestó.

Noa indicó que trabajan de manera conjunta con el Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca (PELT) y una ONG para proteger a dichas especies, las cuales se encuentran en un centro de rescate que en la actualidad consta de tres módulos ubicados en la provincia puneña de El Collao. De acuerdo al área espacial de distribución del suri, el PELT estableció un centro de rescate que consta de tres módulos: Tupala y Chapuco, en el distrito de Capaso; y Llusta, en el distrito de Santa Rosa. “Además, coordinamos con la Policía Ecológica y la Fiscalía del Medio Ambiente y las comisarías para realizar operaciones inopinadas en mercados y diversos puntos para evitar la venta ilegal de estas especies”, dijo.

El suri es un ave corredora que ha perdido su capacidad de vuelo, cuyo plumaje, de color pardo con manchas blancas generalmente, está constituido por largas plumas flexibles. Mide un metro y medio de altitud y se alimenta de vegetales. Según reportes oficiales, en el Perú existen 447 suris, de acuerdo a un último censo realizado en la zona sur del país (Puno, Tacna y Moquegua), entre mayo y julio del año pasado, en una extensión de 13 mil kilómetros cuadrados.

Indicó que en lo que se refiere a su gestión siempre realizan un trabajo interinstitucional para que se sensibilicen en cuanto al uso racional de los recursos de flora y fauna. No obstante, indicó que no reciben apoyo en estas tareas de parte del gobierno regional de Puno. “Se debe entender que estas especies constituyen un patrimonio para nuestra región, no es posible que los exterminemos y que las instituciones llamadas a apoyar estas iniciativas simplemente no hagan nada”, enfatizó.

En ese sentido, dijo para evitar que siga esta situación, la administración forestal coordina acciones conjuntas con la Policía Ecológica, la Fiscalía del Ambiente, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y otras entidades para salvaguardar el hábitat de estos animales. Andina, 24 de mayo de 2009

Tomado de: http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=9&cod_art=1377

9. INDÍGENAS FUERA DE JUEGO
Por: Daniel Zueras

El mayor proyecto hidroeléctrico de América Central, la represa de Diquís, inquieta a las comunidades indígenas por el proceder del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que los ha dejado de lado pese a los compromisos internacionales que obligan a lo contrario.

Desde Térraba, el sureño cantón de Buenos Aires que concentra cinco de las ocho etnias que habitan en Costa Rica, se denuncia que en ningún momento el ICE les ha consultado sobre el proyecto, como obliga el artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Precisamente, el foro permanente para las cuestiones indígenas, que celebró una de sus sesiones a mediados de este mes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó a los gobiernos la necesidad de colaborar con esas comunidades, como propietarios de los recursos naturales.

No se trata del primer proyecto de estas características que el consorcio monopólico estatal de energía eléctrica trata de sacar adelante en la zona sur del país.

El primero, el complejo de Boruca, una iniciativa lanzada en los años 70, fue paralizado por la amplia oposición popular entre los afectados y dudas sobre su ubicación por la gran actividad sísmica de la zona.

Se requería un embalse que habría anegado 25.000 hectáreas, con una producción prevista de 1.500 megavatios. En los años 90 ocurrió algo similar con Veragua. Ambos proyectos eran en el río Grande de Térraba.

La capacidad productiva de Diquís, en el río El General, será de 622 megavatios, que atendería las necesidades energéticas de un millón de personas. El presupuesto previsto asciende a 1.850 millones de dólares, la mayor inversión en obra pública que nunca se haya hecho en Costa Rica. Si todo sigue según los planes del ICE, la planta debería entrar en funcionamiento en 2016.

La obra inundará un total de 6.000 hectáreas y, por ello, se deberán reubicar a 1.100 personas. En el plan aparecen 800 hectáreas afectadas que son de territorio indígena, razón por lo cual los originarios del lugar solicitan la consulta para poder decidir sobre el proyecto.

Esta monumental obra fue declarada de interés público en febrero de 2008 por el gobierno de Óscar Arias. El mismo es parte de la estrategia del ICE de ampliar la capacidad energética del país, cifrada en 2.100 megavatios en la actualidad. La idea es duplicarla en el plazo de 10 años.

La Sala IV (Tribunal Constitucional) ha rechazado este mes el recurso de amparo presentado en febrero por líderes comunitarios, en el que alegaban la necesidad de la consulta. La redacción final de la sentencia aún no ha sido entregada.

Genaro Gutiérrez, líder de la Asociación de Desarrollo Indígena Térraba lamentó ante IPS la postura de la Sala IV y afirmó que, si en 15 días no hay un cambio, “no dejaremos entrar a trabajar a la gente del ICE”.

A su juicio, el ICE está desarrollando los trabajos de manera ilegal. La Asociación de Desarrollo Integral (ADI), de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, es por ley “un gobierno aparte, y la consulta es necesaria”.

La asociación presidida por Gutiérrez ha presentado una propuesta al ICE en el que solicitan 10 por ciento “negociable” en la participación de los beneficios que genere la represa, para el desarrollo del cantón. “No vamos a dejar que ellos hagan sus negocios y a los indígenas nos dejen discriminados”, enfatizó Gutiérrez.

La postura de los Térrabas está dividida. Gutiérrez afirmó que no se oponen a la construcción de la represa, “lo que queremos es ver beneficios estables para el desarrollo del cantón y de la comunidad indígena”. “Es un proyecto del gobierno, no nuestro, y si no nos dan nada no dejaremos que se haga en nuestro territorio”, puntualizó.

Otra postura es la de Ditsö, una organización no gubernamental de apoyo a los indígenas que ayudó a plantear otro recurso de amparo, que todavía sigue su curso, en este caso por el impacto ambiental de los trabajos del ICE en la comunidad de Térraba.

Su encargado de comunicación, Marvin Amador, informó a IPS que entre los indígenas de Térraba hay dos grandes grupos de opinión al respecto: por un lado los que “se han informado críticamente” y que están en contra de la construcción de la represa, y por otro lado los favorables a la misma, que “o no están informados o esperan algunos favores”.

Y es que no hay unanimidad respecto al tema. Amador sostiene que Gutiérrez no puede tomar la decisión de negociar con el ICE “si no lo consulta a la comunidad, eso le toca al Estado y Genaro es un representante deslegitimado, que sigue ahí por una serie de vicios” y afirmó que tanto el líder como la ADI cayeron en descrédito entre la comunidad.

El portavoz de Ditsö se mostró muy crítico con la Sala IV, y el hecho de que rechazara el primer recurso de amparo “es muy simple”. “Sistemáticamente, desde que el gobierno empezó a influir, toman decisiones abiertamente contradictorias” con la legislación, en favor de “algunos intereses”, opinó.

La postura de esta organización es contraria a la construcción de la represa, pero aseguró que el objetivo es que se realice la consulta y decida la comunidad indígena.

La negativa viene dada porque los indígenas serán de nuevo los grandes olvidados. “Se dice que 80 por ciento de la energía producida se venderá al exterior”, algo que niegan desde el ICE. Incluso, si no fuera así, y se destinara al consumo interno, “se pide a los indígenas que nos den sus recursos, su patrimonio, a cambio de un supuesto desarrollo que no se da entre los más pobres”.

Desde Ditsö aseveran que el Diquís comportará un gran impacto en el modo de vida de los Térrabas, tanto social como culturalmente. La inundación afectará, según Amador, a 50 yacimientos arqueológicos, entre ellos, “entierros de larga data, con una implicación espiritual muy fuerte”.

IPS se puso en contacto con el ICE para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtuvo ninguna respuesta.

El alcalde de Buenos Aires, Feliciano Álvarez, señaló a IPS que apoya la construcción de Diquís.

Álvarez aseguró que el impacto en el cantón será “fuerte” y que desde la municipalidad se está luchando “para que la mano de obra sea de la zona”. Además confía en que esto traiga también un fuerte aumento del comercio local y la mejora de infraestructuras.

Amador cuestionó esta postura, y cree que “estar de acuerdo con estos proyectos depende de la visión que uno tenga de lo que es el desarrollo”.

Tomado de: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92225

10. CURSO: TRATAMIENTO DE CONFLICTOS ENTRE LAS GRANDES EMPRESAS MINERAS Y SU ENTORNO SOCIAL II. Duración y horario: Sábados del 30 de mayo al 27 de junio, de 9:00 am a 2:30 pm. Organiza: Colegio de Sociólogos del Perú. Lugar: Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (segundo piso). Inversión: S/. 450.00 Profesionales en general y S/. 380.00 Colegiados. Mayor información e inscripciones: 4411408 y colegiodesociologos@hotmail.com

11. Feria Ecológica y Concurso de productos elaborados con materiales reciclados de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

La feria se desarrollará el viernes 5 de junio y sábado 6 de junio de 9:00am a 6:00pm en el Parque Túpac Amaru (Mercado de Magdalena del Mar)

  • Con la finalidad de informar sobre temas ambientales, exponer productos elaborados con materiales reciclados y también ofrecerlos para la venta, alimentación sana, etc.
  • Dirigido a personas naturales, instituciones, empresas, agrupaciones, organizaciones, etc. dedicadas a tematicas ambientales. Además de grupos artísticos (musicales, teatrales, etc.) que deseen amenizar el evento.
  • Cada participante contará con un stand de 2x2metros, 1 mesa y 2 sillas de forma gratuita.

En cuanto al concurso, tendrá:

  • Dos categorias: 1. Obras de arte y 2. Artículos reciclados utilitarios
  • Dirigido a personas naturales desde los 10 años en adelante o personas juridicas.
  • Solo se podrá presentar un proyecto por persona en cada categoría.
  • Premios: 1er puesto S/. 1000.00 y 2do puesto S/. 500.00
  • Los premios serán entregados en Día Mundial del Medio Ambiente (Viernes 5 de junio)

Los participantes de la Feria Ecológica podrán participar también en el Concurso de productos con materiales reciclados. Informes e inscripciones a nparedesrios@gmail.com y 01-9808-46812 / 01-9803-55882.

NOTAS DE PRENSA, ARTÍCULOS, COMENTARIOS, COLABORACIONES EN GENERAL Y AUSPICIOS A: Mail: raulchap69@hotmail.com y 993696769

 

El E-cochaski Nº 13 mayo 24, 2009

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 3:38am

E-ditorial. La larga marcha de la prevención de los conflictos sociales y socioambientales

La semana pasada tratábamos de señalar que era una paradoja que mientras el Estado peruano reforzaba su rol preventivo de conflictos sociales, en esta ocasión a través de la nueva área de la Defensoría del Pueblo, al parecer no había una política integral eficiente de Estado para prevenir el estallido de nuevos conflictos. Y es que cada vez, según la misma Defensoría del Pueblo, tenemos más conflictos sociales, sin que haya prevención que valga. De ahí que cabe preguntarse qué se está haciendo mal en la cuerda de la prevención, planteándose nuevas preguntas al respecto: ¿Es efectiva de por sí la dimensión de la prevención de conflictos y en nuestro caso sólo se está aplicando mal su enfoque? ¿O debería irse más allá de la mera prevención de los conflictos sociales incorporando otros enfoques como el de la transformación de los conflictos, usado ya por algunas ONG? ¿O sólo basta con incorporar de manera eficiente a la función de prevención de conflictos a los demás órganos del Estado que tienen que ver con la problemática socioambiental (ministerios de Salud, Medio ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Transportes y Comunicaciones, INRENA, OSINERGMIN y Defensoría del Pueblo)? Esto último se conseguiría haciendo que los distintos sectores “socioambientales” cumplan mejor sus funciones, sirviendo mejor al ciudadano y estableciendo con él mejores canales de comunicación y atención.

Sin embargo, las preguntas anteriores nos fuerzan también a consideraciones previas ineludibles como: ¿Cuál es la naturaleza de los conflictos sociales, en general, y de los socioambientales (la mitad de ellos), en particular? ¿A qué obedecen estos y cuándo se puede decir que se han resuelto, una vez que se han producido, pues es inevitable que siempre se terminarán produciendo, en mayor o menor medida? Según cierta literatura sobre el tema, los conflictos no serían un problema en sí, si no la manifestación consciente de problemas que están en busca de ser solucionados, a través de ciertos mecanismos, por actores sociales determinados. Así pues, un problema ambiental no percibido como tal no puede dar lugar a un conflicto social, como sucede, por ejemplo, en el caso de las Lomas de Carabayllo. Allí hay una grave contaminación multicausal, sin que nadie reclame por ello, pues, por ejemplo, parte de la población de la zona, en condiciones de pobreza, sobrevive literalmente, de la colecta de basura (desechos de hospitales y otros).

Dicho de otra manera, no siempre será funcional o racional prevenir conflictos, pues siempre habrá problemas percibidos sólo por un sector de la ciudadanía, el directamente afectado. Problemas que, para ser resueltos, sólo podrán ser percibidos por los aparatos del Estado y el resto de la ciudadanía, a través de un conflicto “generado” por quienes quieren revertir la situación. De ahí que, usando una metáfora médica, los conflictos no son la enfermedad, sino la fiebre que genera una infección determinada (el problema real), la cual debe ser contrarrestada para eliminar la otra. Por lo tanto, si de verdad queremos prevenir conflictos, lo mejor es sencillamente evitar que los problemas más candentes que aquejan a la ciudadanía lleguen a sobrepasar su capacidad de tolerarlos. Y para esto, lo clave es saber escuchar y, sobre todo, reaccionar rápido atendiendo las demandas razonables. Hacer lo contrario significará seguir cosechando conflictos y tempestades sociales, que las unidades de prevención terminarán registrando y analizando, como sucede con el largo conflicto amazónico, aún sin solución a la vista, o el aún más largo de Choropampa (acercándose a su noveno aniversario) y tantos otros. ¿Tendremos que ver pérdidas de vidas de ciudadanos amazónicos y medidas más radicales de los sufrientes choropampinos o de otros antes de resolverlos? Preocupa pensar que eso se esté esperando…

Raúl Chacón Pagán

NOTA: DESDE AHORA PODRÁ VER ESTE NÚMERO Y LOS ANTERIORES DEL BOLETÍN EN: NUESTRO BLOG:  http://elecochasqui.wordpress.com/ CON MAYOR INFORMACIÓN (DOCUMENTOS, FOTOS, VIDEOS, LINKS) PARA SERVIRLOS MEJOR. AHORA SUS APORTES SON MÁS NECESARIOS PARA SOSTENER ESTE PROYECTO INFORMATIVO!

1. PETRÓLEO: LA CAUSA DEL CONFLICTO
Por: Pedro Francke. Economista, PUCP

La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como dé lugar, rápidamente. En una sola ronda de licitaciones otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que estas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio. Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. Mucho menos Colombia, que también tiene un gobierno de derecha y neoliberal.

¿Es esta la mejor estrategia para nuestra economía? Recuérdese que el petróleo sólo puede extraerse, y venderse, una vez. Se agota. Es verdad que podríamos sacar el petróleo y luego invertirlo juiciosamente en favor de las generaciones actuales y futuras, pero cuando todo ese dinero está en manos de nuestros gobernantes, puede desaparecer con facilidad.

La corrupción prevaleciente en el Perú, como lo mostraron los petroaudios de Rómulo León y el “faenón”, indican que mejor es no sacar todo el petróleo a la vez, sino paulatinamente. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “El subsuelo puede ser el mejor sitio para guardar esta riqueza, sobre todo si existe el riesgo de que el gobierno use esos ingresos para sus propósitos antes que para el bien público” (*).

Por otro lado, el haber concesionado de golpe enormes territorios tampoco es buena política.  Refirámonos a Stiglitz nuevamente: “Cuando la competencia por los recursos es limitada –y sobre todo cuando se sabe que es limitada– el precio que prevalecerá será menor. Una forma de limitar la competencia es licitando súbitamente un gran número de lotes –aumentando la oferta de tal manera que la demanda por cada lote sea limitada” (*).

Imagínese, amigo lector, que usted fuera dueño de 50 edificios en Lima. ¿Remataría todos los departamentos en un solo día, vendiendo a cualquier precio? Ni siquiera en la bolsa de valores, donde hay miles de compradores, un inversionista pone a la venta cantidades muy grandes de acciones de la misma empresa en un solo día. Eso lo sabe hasta el corredor de bolsa más novato. Pero ese remate acelerado es precisamente lo que hizo este gobierno en el “faenón” del petróleo. Este remate se ha realizado sin ningún diálogo con los pueblos indígenas, por lo que violenta convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. La explotación petrolera viene generando, además, costos ambientales con efectos sobre la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes, donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos.

La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría también promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Todo ello debe hacerse consultando a los pueblos amazónicos, nunca imponiéndoles a sangre y fuego decisiones tomadas en la capital.

(*) J. Stiglitz: “The role of the state” en J. Sachs, J. Stiglits y M. Humphreys “Escaping the resource curse”, páginas 15 y 31, traducción propia.

Tomado de: http://www.larepublica.pe/actualidad-economica-pedro-francke/21/05/2009/petroleo-la-causa-del-conflicto

2. ¿DE QUIÉN ES LA SELVA?
Por: Raúl Wiener

Puedo discutir el concepto planteado en la pregunta lanzada al aire por Alan García y repetida por Rosario Fernández, Antonio Brack, entre otros: ¿es de los nativos que han vivido ahí y construido sistemas de existencia desde tiempos remotos, y a los que el Estado les reconoce formalmente derechos de propiedad sobre amplios territorios?, ¿de los colonos y habitantes de las ciudades del oriente, que decidieron desarrollar su destino en la parte más olvidada y postergada de la nación?, ¿de “todos los peruanos” que debemos a la Amazonía, la bendición del clima y las lluvias, y los alimentos y otros bienes que nos prodiga?, ¿de las transnacionales que la consideran una fuente de recursos naturales?

Todos estos intereses están presentes en relación a la selva y han sido base de conflictos y de la construcción de modos de convivencia. En la actual huelga de las comunidades indígenas se puede ver que todos los habitantes selváticos están unidos, incluido muchos empresarios que sienten que los derechos indígenas y ambientales son fundamentales para preservar la economía de la región. Y en el resto del país hay cada vez mayor solidaridad con esa causa. Y el gobierno, ¿en qué grupo de interés se alinea? Es obvio que para García y sus compadres la visión indígena es un obstáculo (perro del hortelano), las solidaridades sobran y, cuando son políticas o institucionales, son sospechosas de estar manipulando la supuesta ingenuidad de los pueblos (Simon).

La idea de que “todos los peruanos” podemos ser contrapuestos a la huelga amazónica, porque somos “los verdaderos dueños”, puede ser aplaudida durante una inauguración de una red de agua en un cono de Lima, pero todos sabemos que de esa aparente “propiedad” no se deriva nada, salvo que se esté invitando como dice Pizango a desconocer la que ya existe. Para el caso, tanto la sierra como la costa dejarían de ser de los que allí viven y trabajan y pasarían a ser “derecho de todos”, lo que no es sino la posibilidad del gobierno de asignar las tierras y los recursos a quien muestre la billetera más ancha.

A estas alturas creo que la Constitución del 93 definió a sabiendas el terreno del conflicto que ahora estamos viendo. No pudo eliminar los derechos comunales, pero les quitó las condiciones de protección; determinó una artificial diferencia entre la superficie y el subsuelo con dos propietarios; y estableció que el Estado no podía abocarse a la explotación de los recursos mineros y petroleros que eran suyos como reserva, sino que debía concederlo a las grandes empresas. Por eso los que se defienden del despojo invocan la Constitución y también los despojadores. Y lo que está definiendo el conflicto son las relaciones de fuerza. El Perú entiende ahora mejor que antes que tras la resistencia de la selva y otros sectores a la rapiña neoliberal, se impone una nueva Constitución que redefina el Perú que la mayoría realmente quiere.

Tomado de: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/de-quien-es-la-selva_39057.html

3. TOPOS EN AIDESEP. Experto denuncia que gobierno busca destruir la dirigencia amazónica
Por: Lina Godoy

El gobierno, en vez del diálogo, busca destruir la dirigencia de las comunidades amazónicas y la dirigencia de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sostuvo el especialista Róger Rumrrill.

Indicó que, a pesar de que el premier Yehude Simon dice que quiere diálogo, lo que pretende es desestabilizar al movimiento nativo con la ayuda de gente infiltrada en las organizaciones de los amazónicos.

Rumrrill dijo que estas personas que se infiltran en las organizaciones de los nativos han trabajado con la esposa del ex presidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, cuando ella dirigía el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa).

Asimismo, señaló que no cree que el gobierno tenga la intención de evitar que personas ajenas y de gran poder se aprovechen de los nativos, como lo señaló el premier Yehude Simon.

Advirtió que existe un triple discurso del gobierno en el caso. “Primero, crean una comisión multisectorial entre el Estado y los representantes de Aidesep; luego, denuncian a su máximo dirigente Alberto Pizango por el supuesto delito de rebelión que impone una pena de 10 a 20 de cárcel; y, al mismo tiempo, intentan desestabilizar a su organización”, manifestó.

Rumrrill dijo que, por ejemplo, que el afán de desestabilizar a las organizaciones amazónicos se evidencia en el intento de golpe contra la dirigencia de Aidesep por parte de un grupo de personas liderados por Alexander Teep, quien el 15 de mayo quiso realizar una asamblea extraordinaria para revocar a Pizango.

“Sin embargo, resaltó que lo más importante es que todos los ataques han fortalecido a los amazónicos, que se han impuesto en la agenda nacional ganándose más adhesiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional que incluso han enviado cartas al Palacio de Gobierno pidiendo que se atiendan las demandas indígenas”, indicó Rumrrill.

Agregó que esta situación destaca también que la oposición indígena, sumada a la del resto del país, es la oposición más fuerte que viene enfrentando y enfrentará este segundo gobierno de Alan García con mayor fuerza, de no hacer caso esta rebelión indígena que ha demostrado que no tiene miedo.

Tomado de: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/topos-en-aidesep_39054.html

4. MPC DEBE CONSULTAR SOBRE INDEMNIZACIÓN A CHOROPAMPA

Los ciudadanos estaremos pendientes a fin de interponer acciones legales contra quienes no defienden intereses de Cajamarca, asegura abogado Óscar Cornejo.

Respecto a la indemnización que la municipalidad provincial de Cajamarca solicitó a Minera Yanacocha para resarcir los daños materiales por el derrame del mercurio en el centro poblado Choropampa, el abogado Óscar Cornejo Abanto dice que el concejo municipal no debe tomar decisiones a espaldas de Cajamarca, opina que antes del 26 de mayo por lo menos se debe convocar hasta dos foros en donde los cajamarquinos puedan debatir propuestas y la alternativa que permitan buscar una solución.

“Si hasta el 26 de mayo no se da esa convocatoria, el concejo municipal será responsable de sus votos y los ciudadanos estaremos pendientes a fin de interponer las acciones legales que correspondan en contra de quienes no defienden los intereses de Cajamarca”, aseguró el citado profesional.

Oscar Cornejo Abanto explicó que lo fundamental es renegociar con los abogados Larrieu & Larrieu, porque de por medio están las normas, en primer lugar las que estuvieron vigentes cuando se hizo el contrato, y en segundo lugar las que están vigentes en la actualidad que se refieren particularmente a la licencia social para hacer las cosas, en este sentido el alcalde Marco Aurelio La Torre Sánchez no tiene licencia social ni para recibir una indemnización tan exigua ni para pagar un monto tan oneroso por honorarios a los abogados que llevan el caso.

“Si el alcalde Marco La Torre no teniendo la licencia social el 26 del presente firma la decisión que tome el concejo, probablemente una firma en esas condiciones le costará un poco más que su cargo, habría que revisar el contrato con los abogados, porque ellos plantearon mal la demanda, hicieron un trámite mal llevado y sin embargo pretenden honorarios excesivos para un contexto nacional y cajamarquino en particular, somos un país pobre y una ciudad más pobre y no podemos pagar honorarios de 40 a 48%, los pobres deberíamos pagar honorarios mucho mas bajo”, manifestó Cornejo Abanto.

“Yo he planteado un monto que debe estar en el orden del 15% más o menos que no es poca cosa del monto que se perciba como indemnización, y lo que también planteo es que se le haga una contrapropuesta indemnizatoria sobre la base de un estudio serio a quien plantea 3 millones de dólares, porque esta cantidad tampoco están planteados sobre la base de un estudio, están planteados sobre la base de un monto que les puede convenir o no, entonces la alternativa es que se puede hacer una contrapropuesta el 28 de mayo”, añadió el profesional en referencia.

Finalmente el mencionado abogado comentó que el monto de la indemnización debe estar fijado por un estudio serio e independiente que a la  fecha no lo hay, “contratemos una empresa seria é independiente que haga un estudio del daño presente y futuro y lo cuantifique y  ese sea la contrapropuesta del monto indemnizatorio, el voto no debe aceptar y/o rechazar los 3 millones de dólares, el monto se debe establecer en este estudio serio y ese se aceptaría por ambas partes”, reiteró.

CLARIDATO
Antes de la votación del concejo del 26 de mayo, se debe convocar al pueblo para discutir propuestas sobre indemnización para Choropampa.

Tomado de: http://www.elclarincajamarca.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=2955&Itemid=31

5. EXIGEN PRESENCIA DEL ESTADO. ANTE EXPLORACIÓN MINERA EN ¨LA ZANJA¨

Son aproximadamente las doce del media día del martes 28 de abril. En la comunidad de Uchuquinua, distrito de Llapa, provincia de San Miguel, se reunen en la casa comunal los campesinos de las comunidades de: El Empalme, Collpa, Pabellón Grande, Gordillo, Pulán y otras más que van a ser impactadas por la minería.
La asamblea lo dirigide Gilberto Mendoza Lucano, Alcalde del centro poblado ¨El Empalme¨; está acompañado por el Ing. Barreto Blanco, Director Regional de Energía y Minas. Los campesinos que están frente a ellos se encuentran molestos por la no presencia de los directivos de la Empresa Minera ¨La Zanja¨ de Buenaventura.

Desaire para los comuneros

Gilberto Mendoza Lucano, mostró su preocupación por la no presencia de los representantes de la Empresa MInera¨La Zanja¨. Así mismo, consideró que van ser perjudicados en la salud y el medio ambiente. Dijo que desconocen las condiciones en que la empresa va realizar su trabajo. Agregó que si el Estado ha consecionado sus terrenos y la empresa ha obtenido el permiso social, es necesario que estén informados sobre la condición en que van a quedar en el futuro.
Por su parte, el Director Regional de Energía y Minas, calificó la no presencia de los representantes de la empresa minera como un desaire a los comuneros que no debe repetirse.

La autoridad responsabilizó directamente al Estado (gobierno central) por lo que sucede con las empresas mineras frente a las comunidades campesinas, hecho que no sólo ocurre en la región, sino en todo el país. “El gobierno central es el responsable de ratificar la actividad minera, encuadrándose en la legislación y en la Constitución Política de 1993”, enfatizó.

El Gobierno Central y los Gobiernos Regionales

El problema de las comunidades frente a las empresas mineras, ha sacado a luz otro problema: La responsabilidad y el enfrentamiento entre el gobierno central con los gobiernos regionales, como lo dio a conocer el Director de Energía y Minas. “Quien otorga las concesiones mineras a nivel nacional es el Estado peruano (gobierno central). El estado encarga al Ministerio de Emergía y Minas para que fiscalice y supervise las actividades mineras; de esta manera evade su responsabilidad, encargando a los gobiernos regionales para que nos hagamos cargo cuando nada nos compete”, precisó Barreto Blanco; tratando de deslindar la responsabilidad de su sector.

La falta de presencia de Estado en las comunidades donde se inician las exploraciones mineras ha suscitado conflictos mineros. Por otro lado, Amado Linares, representante de Pulán dijo que hay muchas cosas técnicas y legales que se tienen que consultar, tenemos que hacer propuestas y, sobre todo, los representantes del gobierno central como principales responsables de las concesiones tienen que hacerse presentes en la zona y ojalá se abran espacios de diálogo para lograr el entendimiento entre el Estado, la población y la empresa”, expresó.

Es las dos de la tarde y la lluvia vierte amenaza en Uchuquinua. Después que los campesinos expresaran su rechazo a la Empresa Minera ¨La Zanja¨ por no estar presentes, a pesar de haber sido invitada, termina la asamblea. Antes acordaron reunirse nuevamente en junio, en la comunidad de Gordillo.

Tomado de: http://www.revistacumbe.blogspot.com/

6. SELVA QUE SE MUERE EN ORO. ATENTADO ECOLÓGICO. Segunda parte
Por:
Ricardo León Enviado especial

DELTA 1: EL TIEMPO DE LOS GITANOS

En un sentido cronológico, Delta 1 (algunos lo conocen como Bajo Pukiri) es la antesala de lo que ocurre en Guacamayo. Ubicado a orillas del río Pukiri, ya dentro de la provincia del Manu, esta extensa covacha se hizo conocida a una velocidad trepidante en el mundo de la minería lumpen.

A los mineros les fascinaron las historias de pequeños inversionistas que se hicieron ricos extrayendo el oro fluvial, siempre con un muy bajo costo de operaciones, claro. Además, se podía desaparecer del mapa en un lugar donde había dinero fácil, prostitutas. Oro.

En enero del 2008 se dio una voz de alerta. Óscar Guadalupe, presidente de la asociación Huarayo (que protege a los niños de la Amazonía), escribió en un artículo que se había contabilizado a 200 prostitutas menores de edad en la zona. Que los parroquianos llaman “ojotitas” a las jovencitas de la sierra. Que a las de la costa y la selva les dicen “chicas”, a secas. Que la historia es la misma: las engañan, les ofrecen un trabajo remunerado. Poco después, pierden sus más elementales mecanismos de defensa. No tienen salida. Tampoco DNI.

Los niveles de degradación en esta inhóspita localidad son críticos. Pisar Delta 1 con esta imagen y oler lo que viene a ser su plaza de armas resulta indigesto.

Para llegar hay que continuar a través de la carretera Interoceánica hasta Mazuco. En el puerto de esta localidad hay que cruzar el río Inambari y alquilar una camioneta 4×4 para un viaje de dos horas hasta Huepetuhe. Se debe alquilar otro vehículo para avanzar durante unas tres horas sobre lo que era un río y que hoy es una trocha formada por relaves mineros semisecos. La entrada a Delta 1 es un enorme charco de agua empozada con basura recalentada en las orillas.

Aquí se instalaron, poco a poco, familias enteras. Levantaron una pequeña escuelita, incluso. Pero en un lugar sin servicios básicos y con todos los contrasentidos morales que nacen, unos tras otros, de la fiebre del oro, empezaron pronto los problemas. Guadalupe, en su artículo, incluyó algunos reclamos —en lenguaje literal— de los niños de Delta 1. “La “maleadera” de los padres”, “la “tomadera”” y “los borrachos jalan a las chiquitas” son solo tres ejemplos.

Además, como en todo pueblo chico, aparecieron los infiernos grandes. En octubre del 2007, la Federación de Comunidades Campesinas del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) envió al Ministerio de Energía y Minas una carta de protesta —luego hecha pública— “frente a las invasiones (…) de los mineros formales e informales, lo que se ha convertido para nosotros en una amenaza permanente por el despojo de nuestros territorios titulados, la contaminación de los ríos y cuencas hidrográficas, la destrucción del bosque, la huida de los animales, la aparición de enfermedades sociales como el alcoholismo…”.

Entre las comunidades afectadas que figuran en la carta de protesta de la Fenamad está Puerto Luz, cuyos habitantes pertenecen a la etnia amaracaire. Es una pequeña aldea, de unas 15 viviendas; la distancia en moto entre esta comunidad y la zona minera es de apenas algunos kilómetros. Esta suerte de convivencia geográfica ha variado en el tiempo: algunos nativos viven también de la minería, pero a su manera. Por un lado —tal como explica Édgar Cáceres, ex director regional de Energía y Minas, quien conoce de cerca el tema—, algunos de los nativos “alquilan” parte de sus territorios a los mineros dejando de lado cualquier precepto socioambiental, y cobran hasta el 10% de las ganancias de un determinado lote.

Otros, en cambio, extraen muy pequeñas cantidades de oro de los ríos cercanos y las venden en Delta 1. Explica Javier Ccomaro que así han aprendido a sobrellevar la presencia de los mineros en su territorio. Él es ya adulto; algún día será presidente de esta comunidad. Difícil es entender lo que dice, y no porque mezcle el español con el dialecto aracbú, sino porque está borracho. Ayer vendió unos cuantos gramos de oro por S/.1.200, pero gastó S/.200 en cerveza en un bar de Delta 1. Es parte de la convivencia.

Un día el oro en Delta 1 empezó a agotarse. Motosierra en mano, miles de mineros migraron, en una versión impúdica de la leyenda del Paititi. Como gitanos, buscaron dónde establecerse y encontraron a Guacamayo. El resultado es la foto que ilustra la página anterior.

MANU, TAMBOPATA: NO TODO LO QUE ES ORO BRILLA

La minería aurífera en Madre de Dios se inició en la década de 1930, cuando unos pocos pobladores metían las manos al río y lavaban luego el mineral. Los cálculos más conservadores hablan de 150 mil hectáreas de bosques entregadas a la minería artesanal e informal.

Todo ha cambiado desde entonces. Cada cierto tiempo aparecen nuevos focos de minería y los ciclos se repiten. Aquí hay dos formas de entender la vida: en gramos y según las estaciones. En gramos, porque es la moneda común; según las estaciones, porque en verano (cuando acaban las lluvias) la oferta aumenta y el precio disminuye. Nada más importa. Junto a Puno y Piura, Madre de Dios reúne las condiciones para ser una región malograda por la minería informal.

Desconocido país/en tus puertas/ya me siento torturado, diría Heraud. También el poeta murió aquí, en Madre de Dios.

Fuera del alcance de la legalidad

Hay un tema del que no se habla en los reductos mineros y no por ignorancia, sino por indiferencia: el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suspendió la admisión de petitorios mineros en Madre de Dios.

Emite un petitorio el minero que luego se formalizará y presentará estudios de impacto ambiental. Al fondo de una poza sucia y llena de oro, eso no importa.

“Los mineros solo pueden ser fiscalizados si tienen estudios ambientales y títulos de propiedad”, agrega Ronny Pastor, director regional de Energía y Minas. Pero su oficina no se da abasto: “Nos transfirieron funciones, pero no presupuesto”.

La Defensoría del Pueblo alertó, en un reciente informe, que 23 gobiernos regionales no cumplen los requisitos para ejercer las funciones transferidas por el Gobierno Central. Son cuatro las regiones que presentan una menor capacidad para cumplir con este encargo; una de ellas es Madre de Dios.

SEPA MÁS

Viviendo con el mercurio: 70 toneladas al año

Los cálculos más conservadores señalan que la producción de oro en Madre de Dios alcanza las 20 toneladas anuales. El sacerdote Xabier Arbex de Morsier, en el estudio “Las aguas de la región Madre de Dios. ¿Vida o muerte?” (elaborado por el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado), señala que podrían llegar a ser 35 toneladas, o más.

Esto significa que cada año se utilizan entre 40 y 70 toneladas de mercurio. Dos científicos ambientales de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos revelaron, en setiembre del 2008, que en esta región se han registrado niveles de contaminación por mercurio que exceden 20 veces el límite aceptado por la Organización Mundial de la Salud.

Durante el proceso de extracción del mineral se cortan miles de árboles, se erosionan suelos, se revierte el ciclo natural de vida. Pero el mercurio es el agente contaminante por excelencia. Una vez utilizado, se volatiliza y cae al agua; aquí obtiene su forma no metálica: el letal metil-mercurio.

Sus primeras víctimas son los animales invertebrados; a ellos les ataca los tejidos. Sus depredadores (reptiles, peces, aves, mamíferos) no tardan en sentir los estragos. Luego desaparecen. Las únicas aves que se ven hoy en Guacamayo o Delta 1 son gallinazos.

AL GRANO: “El minero informal es cambiante”

ÉDGAR CÁCERES.EX DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

¿Qué es lo más difícil de combatir de la minería informal en esta región?
El minero informal es cambiante, es como un vendedor ambulante, nunca sabes dónde está.

Bajo esa premisa, nunca se les podrá fiscalizar.
Es importante que el gobierno regional ataque la informalidad, que está no solo en la minería, sino en la venta de combustible, en el comercio, en el transporte.

¿Cómo se puede empezar a ordenar este sistema informal extendido?
Por ejemplo, se puede empezar a fiscalizar la venta de oro en las tiendas; así se captarían impuestos. Sería un buen comienzo.

Tomado de: http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/selva-que-se-muere-oro/20090419/275270

7. UNA NUEVA REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE LA INFLUENZA AH1N1
Por: Fernando Carbone Campoverde. Ex Ministro de Salud

En el 2002, durante la epidemia del SARS (que ni por asomo llego al país) dos hechos vergonzosos debieron dejarnos lecciones aprendidas a los peruanos.

Muchos recordaremos las imágenes de un puerto del norte donde un “alcalde desinformado” (por decir lo menos) desoyendo a sus propios colaboradores del MINSA local y regional, instaló “su propio sistema de vigilancia epidemiológica a los barcos que venían de Asia (después de viajes de mÁs de 20 días, lo cual descartaba toda posibilidad de traer oculta una enfermedad que incubaba y daba síntomas en 24 horas)”. Tengo en mente las imágenes trasmitidas por CNN y otras cadenas nacionales de televisión, de personal municipal abordando los barcos “protegidos con chalinas y chompas en la cara”. Nos hicieron quedar a todos los peruanos como auténticos ignorantes.

Por esas fechas un peruano con cáncer terminal quiso venir a morir en su tierra y rodeado de su familia; no hay último deseo más humano que este. En la parte final del viaje se sintió mal y el piloto del vuelo temiendo que fuera el SARS aterrizó en un país vecino donde lo internaron de inmediato bajo sospecha. El MINSA se puso en contacto de inmediato con la familia y se enteró de su verdadera situación, la cual comunicó a los medios, abogando porque se dejara seguir su camino a la persona afectada.

Al día siguiente todos los medios locales anunciaban “¡EL PRIMER CASO DE SARS EN UN PERUANO!”. Incluso un conocido medio y periodista señaló “¡Que sabe el Ministro y su equipo del SARS! ¡Ese paciente no debe ingresar al país” sentencio tan docta persona. Tres días después, solo, sin sus familiares, este pobre peruano murió de cáncer terminal fuera de su país. Esta vez la noticia salió solo en pequeños recortes interiores de algunos periódicos. No hubo disculpas ni con el fallecido, ni con la familia, ni con el MINSA.

México decidió suspender clases y en pocos días se dio cuenta que la medida no funcionó porque los niños y jóvenes ya no se reunían en el colegio, pero si en el barrio, el cine, las discotecas, los eventos deportivos, los conciertos, las fiestas, iban a misa, parques, festivales o a hacer compras con sus padres, etc.

Una medida de ese tipo solo sirve y tiene utilidad en el marco de una medida mayor que México tuvo que adoptar (y ojala no necesitemos por el grave daño que implicaría): cerrar todo tipo de actividades en el país.

Si esto es así y la vigilancia en sus casas de los compañeros de viaje y/o de grado era lo razonable ¿Por qué medidas ineficaces e innecesarias en diversos planteles? ¿Recomendaciones del MINSA? NO. El MINSA no ha dado una recomendación así.

Hay una situación peor aún que el miedo irracional y el pánico contagioso: LA ANARQUIA. Si se van a empezar a tomar mediadas sin ningún sentido ni razón técnico – epidemiológica, si cada uno hace lo que bien cree, lo que si vamos a lograr es empeorar la situación.

El MINSA enfrentó y venció al Cólera en los 90, en condiciones muy adversas en términos de carencia de recursos. Evitó la epidemia de sarampión del 2001 que afecto a Colombia y Venezuela. Estuvo preparado para el SRAS, para la influenza Aviar. Tiene la experiencia y experticia necesaria  puesta a disposición de todos aquellos que la pidan y la precisen. Si el tema comunicacional tiene que ser mejorado que así se haga. Pero obviar la rectoría del MINSA en el manejo de la situación no solo puede contribuir a que la misma se deteriore, sino que quien así lo haga asume la responsabilidad por sus errores y por lo que los mismos causen a otros.

Ojala estemos equivocados.

8. PRIMERA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI La prevención es la clave

Por: Eduardo Arroyo Sociólogo

A nuestro planeta, marcado por la crisis climática, energética, alimenticia, financiera, recesiva, se le ha añadido la primera epidemia global del siglo en curso. La llamada gripe porcina ha brotado en una potencia emergente (México) recientemente incorporada al G-20. Su vecino Estados Unidos registra la mayor cantidad de casos de infección y cinco muertos, lo sigue México en número de casos y 66 decesos. La Organización Mundial de la Salud reporta 15 casos en Asia, 8 en Oceanía y 11 en Europa. África no aparece entre los continentes infectados y el Perú acaba de informar del primer caso.

Parece ser que luego de los pasados brotes de gripe como el SARS o la gripe aviar, concentradas en el Lejano Oriente, los grandes países se han dedicado a levantar sus propias barreras sanitarias en lugar de incrementar la ayuda a los países en los que pudiera estallar la enfermedad. La investigación científica centrada en los grandes laboratorios del mundo ha colocado el peso en el desarrollo de antivirales antes que en el establecimiento de mecanismos de transmisión y de mutación de genes.

Los especialistas advierten que cada 10 años, se producen cambios genéticos en el virus de la gripe. Pese a estas advertencias, ha fallado la prevención siendo más fuertes los derechos de patente que otorga el monopolio de la sofisticada tecnología de investigación de estos virus.

Al igual que la gripe aviar en Asia, se ha encerrado a miles de animales en condiciones de hacinamiento e insalubridad bajo un mismo techo manipulándolos genéticamente para que produjeran más carne. Esta estrategia seguida con los porcinos como con las aves de corral ha generado un caldo de cultivos infecciosos virales resistentes mientras que el desagüe de los desperdicios lanzaba los brotes de E.coli y pfiesteria. En México, el centro del brote ha estado localizado en una gran subsidiaria de Smithfield Farms (una gran productora de alimentos estadounidense) localizada en Veracruz. Es la misma producción generalizada que ha desatado el virus del SARS, la gripe aviar, la vaca loca envenenando las praderas, el agua y las personas con pesticidas diseñados para granos genéticamente modificados.

La epidemia ha sido un gran negocio para las farmacéuticas que poseen los derechos de patentes de los antivirales, a lo que se añade la manipulación genética en organismos vegetales y animales. Precisamente, el TLCAN (Nafta por su siglas en inglés) legisla a favor de un acceso restringido a medicinas salvavidas debido a los monopolios de la propiedad intelectual establecidos por este tratado.

Estamos ante la gripe de un sistema falto de ética, que al igual que la crisis financiera que aún padecemos, favorece a grandes corporaciones transnacionales más interesadas en la ley de la ganancia que en el interés de las grandes mayorías.

Tomado de: http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/primera-epidemia-siglo-xxi/20090516/287184

9. OBAMA CAMBIA EL CLIMA
Por: Marina Litvinsky

Ambientalistas y expertos en energía aplauden las reglas anunciadas este martes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para reducir la emisión de gases invernadero desde vehículos que usen combustibles fósiles.

Estas normas, que comenzarán a dar frutos en 2012, establecen criterios estrictos en materia de uso eficiente de combustibles, y fijan por primera vez límites a los gases que distorsionan los patrones climáticos emitidos por automóviles y camiones.

“Estas medidas reducen radicalmente las emisiones que causan el recalentamiento planetario y nuestra dependencia del petróleo, al tiempo que alientan nuestra independencia energética”, dijo el director ejecutivo de la organización ambientalista estadounidense Sierra Club, Carl Pope.

“El Congreso legislativo nos abrió el camino hacia la imposición de vehículos más eficientes hace dos años, cuando aprobó la primera suba de los patrones de uso de combustible en más de 30 años. El presidente Obama aceleró radicalmente estos avances”, agregó.

De acuerdo con el anuncio presidencial, la flota de automóviles y camiones estadounidenses será 40 por ciento más “limpia” en 2016 de lo que es ahora, con una eficiencia de 35,5 millas por galón de gasolina (equivalente a unos 15,15 kilómetros por litro).

“Estados Unidos, que tiene menos de cinco por ciento de la población mundial, concentra aproximadamente la cuarta parte de la demanda mundial de petróleo”, sostuvo Obama ante la prensa este martes.

“Por este apetito pagamos un precio tremendo, medido por nuestra vulnerabilidad ante la volatilidad de los mercados petroleros, que mantienen los precios al alza y a las familias tirándose de los pelos”, agregó.

Los automóviles, camionetas y otros vehículos representaban en 2006 casi 24 por ciento de las emisiones de gases invernadero del país, según el no gubernamental Centre for American Progress Action Fund.

Los nuevos criterios, que cubren los modelos que saldrán de las fábricas en el periodo 2012-2016, suponen un ahorro de 1.800 millones de barriles de petróleo en esos cuatro años y una reducción en las emisiones de gases invernadero de 900 millones de toneladas.

“Cualquier elemento de eficiencia en el uso de combustible adicional es bienvenido”, dijo Ailis Aaron Wolf, la portavoz del proyecto 40MPG.org (“40 millas por galón”) del no gubernamental Instituto de la Sociedad Civil. “Quienes crean que los precios del combustible seguirán relativamente bajos en el largo plazo se engañan. Cuando se disparen de nuevo, los estadounidenses buscarán otra vez los vehículos más eficientes”, agregó.

El plan anunciado por Obama fija para todo el territorio nacional los patrones propuestos por California. Cuando aprobó la ley respectiva en 2004, ese estado sudoccidental chocó con el entonces presidente George W. Bush (2001-2009), quien no le permitió su entrada en vigor.

En su primera semana en la Casa Blanca, Obama pidió a la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) que reconsiderara la decisión.

“Aplaudimos a California y a los estados que presionaron hasta llevar a los fabricantes de automóviles reticentes a la mesa de negociaciones”, dijo la presidenta y fundadora del Instituto Sociedad Civil, Pam Solo.

“La Casa Blanca de Obama también merece crédito por lograr que las partes acordaran un cronograma que acelera el rumbo hacia una mayor eficiencia energética. Esto es histórico, un gran comienzo para recuperar la posición de Estados Unidos en el mercado mundial automovilístico”, agregó.

La propuesta de Obama implica que la EPA fijará el estándar para las emisiones de gases invernadero desde los caños de escape. La Administración Nacional de Seguridad Carretera del Departamento (ministerio) de Transporte fijará los nuevos criterios de distancia recorrida por galón de combustible.

Para 2016, eso representará para los automóviles una eficiencia de 39 millas por galón y para las camionetas, una de 30 millas por galón.

“El presidente trajo a todas las partes a la mesa de negociaciones y logró un plan para ayudar a la industria del automóvil y a los consumidores y para proteger la salud humana y el ambiente”, dijo la administradora de la EPA, Lisa Jackson.

“Un problema supuestamente imposible de solucionar, en definitiva, se solucionó apelando a alianzas sin precedentes. Como consecuencia, mejorará la salud de los estadounidenses, se recortarán toneladas de emisiones contaminantes del aire que respiramos y pagaremos menos durante por mucho tiempo”, agregó.

Las normas anunciadas elevarán, según la Casa Blanca, 600 dólares el costo de cada vehículo.

“Sí, desarrollarlos cuesta dinero. Pero aun cuando el precio de esos automóviles y camiones suba, el costo de conducirlos se reducirá, pues los conductores pagarán menos en la gasolinera”, sostuvo Obama. (FIN/2009)

Tomado de: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92172

10. CONJURO CONTRA LA “MALDICIÓN” DE LAS RIQUEZAS MINERALES
Por: Marina Litvinsky

Otros cuatro países se unieron a la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que se propone fijar normas concretas para una clara gestión de los ingresos procedentes de la explotación de gas, petróleo y minería.

Albania, Burkina Faso, Mozambique y Zambia se incorporaron a la lista de 25 países que aspiran a implementar el proceso de la EITI, anunció el lunes en Washington la junta directiva de la iniciativa.

Los países candidatos son Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Níger, Nigeria, Noruega, Perú, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, República de Kirguistán, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Tanzania, Timor Oriental y Yemen.

“La EITI ofrece a gobiernos y ciudadanos un muy necesario programa para legitimar el diálogo sobre la gestión de recursos naturales”, señaló Karin Lissakers, directora del Revenue Watch Institute (Instituto de Vigilancia de Ingresos).

“Sin un intercambio saludable entre sociedad civil y políticos, los países ricos en minerales y petróleo seguirán siendo los más vulnerables a todas las formas de explotación social, política y económica y a sufrir disturbios sociales”, apuntó.

La junta directiva de la EITI mantuvo una serie de reuniones con diversos actores en Washington la semana pasada con el auspicio del Banco Mundial, que respalda la iniciativa desde que fue presentada en 2002.

“Me entusiasma que más países de África y otras regiones se unan a la EITI y reconozcan los beneficios de lograr una mayor transparencia en el sector de las industrias extractivas”, señaló Somit Varma, director de petróleo, gas y minería del Banco Mundial.

“Pero sólo habrá resultados si los países asumen un compromiso total con esta iniciativa voluntaria. El Banco Mundial está dispuesto a ofrecer ayuda a los gobiernos”, apuntó.

También se informó que tres nuevos países serán donantes de la EITI a través de ese organismo multilateral de crédito.

Diez países y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, financian el Fideicomiso de la EITI, administrado por el Banco Mundial, para brindar asistencia técnica en la implementación del proceso.

Los 10 países son Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Noruega.

Finlandia se incorporó hace poco al grupo de donantes y en breve le seguirán Estados Unidos y Suiza.

Un importante asunto de discusión fue la planificación de la validación de la EITI, el mecanismo mediante el cual se supervisará la implementación del programa en cada país. Los 21 candidatos tienen plazo hasta marzo de 2010 para completar el proceso.

Mediante la EITI, los países reúnen a representantes de compañías, de la sociedad civil y de gobiernos para supervisar y rendir cuentas de los pagos que las autoridades reciben de las empresas que operan en sus territorios.

Los países que cumplieron con los indicadores operativos y de comunicación fijados por las pautas de la EITI y completaron el riguroso proceso de validación son considerados como respetuosos de la iniciativa, es decir que los estándares de información de sus ingresos vinculados con las industrias extractivas alcanzaron un mayor grado de transparencia.

Azerbaiyán, rico en petróleo, fue nombrado en febrero el primer país respetuoso de la EITI.

“Es admirable ver el esfuerzo de los países que implementan la EITI y se preparan para la validación y están dispuestos a cumplir con sus estándares. La comunidad internacional valora y respalda el trabajo realizado por los gobiernos y los otros actores”, señaló el presidente de la junta directiva de la iniciativa, Peter Eigen.

Alrededor de 3.500 millones de personas viven en países con abundante petróleo, gas y minerales, según el Banco Mundial.

La abundancia de recursos naturales de África causó tal sufrimiento que se la ha llamado la “maldición de los recursos”. La exportación de esos bienes contribuyó a propagar la pobreza, la corrupción, el conflicto y la degradación ambiental en todo el continente.

La penosa situación de África fue expuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000 cuando se reconoció que la explotación de diamantes, a menudo llamados “diamantes de la guerra” o “diamantes sangrientos”, es un factor crucial de las brutales guerras del continente.

En Angola y Sierra Leona, los diamantes de la guerra financiaron la compra de armas y otras actividades ilegales de organizaciones rebeldes.

En la República Democrática del Congo (RDC), los grupos armados se aprovechan de la venta de minerales como estaño, tántalo, tungsteno y oro, empleados en la fabricación de productos electrónicos en todo el mundo, controlando las minas y las fronteras, lo que les permite cobrar sobornos, o “impuestos de guerra”, a transportistas y compradores locales e internacionales.

Los países que integran la EITI la consideran una oportunidad para atraer a los tan necesarios inversores extranjeros, que disminuyeron a causa de la actual crisis financiera internacional.

“Las empresas mineras son socias indispensables del desarrollo”, señaló Ernest Bai Koroma, presidente de Sierra Leona, con motivo de una ceremonia de la empresa African Minerals Limited.

“La colaboración entre ellas y el gobierno funciona mejor en un ambiente de confianza e integridad”, señaló. “Por eso mi gobierno decidió aumentar la transparencia en materia de explotación de los recursos minerales sumándonos a la EITI”.

Pero algunos actores sostienen que si realmente se aspira a que la población se beneficie de los recursos nacionales, todos los actores de la industria extractiva deben ponerse de acuerdo para divulgar toda la información pertinente.

“Integrarse a la EITI es un primer paso y envía una fuerte señal respecto del compromiso de un gobierno con la transparencia”, escribió Obiageli Katryn Ezekwesili, vicepresidenta del Banco Mundial en África, en un artículo editorial del periódico The Independent.

“Para que los ciudadanos se beneficien de la industria extractiva, todo el proceso debe ser transparente, desde la concesión de contratos, pasando por cómo se cobran impuestos y regalías, hasta cómo se deciden las inversiones y cómo se ejecutan”, añadió.

En un intento de contener el flujo de dinero que alimenta la brutal guerra civil de RDC, el 23 de abril se presentó en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista que obligaría a las empresas estadounidenses a rastrear y divulgar el país de origen de los minerales que se emplean para fabricar productos electrónicos.

Si es aprobada, la Congo Conflict Minerals Act (Ley sobre Minerales en el Conflicto del Congo) obligará a las empresas estadounidenses de productos electrónicos que usan estaño, tántalo o tungsteno a revelar el país de origen de esas materias primas a la Comisión de Valores y Cambio.

La norma también dispondría que el Departamento de Estado (cancillería) controle el financiamiento de los grupos armados en zonas ricas en minerales del este de RDC.

Tomado de: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92168

11. CRÓNICA DE UNA PESTE ANUNCIADA
Por: Walter Goobar

Una vez cada cuatro años, alguien pone en escena el guión de una película de cine de catástrofe concebuida al mejor estilo hollywoodense: en 1993 fue la epidemia de Hong Kong, en 1997 la de Sarampión, en 2001 la psicosis de las cartas con ántrax, en 2005 se alertó sobre una epidemia inminente que nunca se produjo: la aviar porque nunca hubo contagio entre humanos y ahora se agita el fantasma de la pandemia planetaria.

Una vez cada cuatro años, alguien pone en escena el guión de una película de cine de catástrofe  concebuida al mejor estilo hollywoodense: en 1993 fue la epidemia de Hong Kong, en 1997 la de Sarampión, en 2001 la psicosis de las cartas con ántrax, en 2005 se alertó sobre una epidemia inminente  que nunca se produjo: la aviar porque nunca hubo contagio entre humanos y ahora -con pasmosa puntualidad-, se agita el fantasma de la pandemia planetaria por la supuesta  gripe porcina, un absurdo coctel de  influenza aviar, porcina y humana.

Los estudios científicos advirtiendo que el virus de la influenza aviar podría entrar en los cerdos y que los trabajadores podrían ser infectados por la influenza porcina, todo el escenario de lo que ahora ocurre se conoce desde 1998, pero la presunta causante de la peste,  la empresa Smithfield Foods, la mayor del mundo en la producción porcina, desoyó todas las alertas sobre las consecuencias que ahora conocemos.

“Las advertencias de los estudios científicos, las denuncias de las condiciones de operación de las granjas factorías, la historia de denuncias contra Granjas Carroll en la rlocalidad de Perote, la epidemia que se presentó en marzo y nada menos que el primer caso registrado de influenza porcina en México en un niño de la comunidad de La Gloria, ubicada a unos kilómetros de Granjas Carroll, apuntan a la responsablidad de la empresa”, denuncia Genaro Moncada, coordinador de investigación y comunicaciones de la ONG mexicana El Poder del Consumidor.

La del cerdo es una industria muy globalizada y con influencias políticas. Así como el gigante avícola Charoen Pokphand, radicado en Bangkok, fue capaz de desbaratar las investigaciones sobre su papel en la propagación de la gripe aviar en el sureste asiático, lo más probable es que la investigación del brote de gripe porcina termine chocando contra la muralla de la industria del cerdo.

“Nos preocupa que la OMS haya rebautizado lo que dimos en llamar internacionalmente la “influenza porcina” para llamarla “influenza humana”. Acción de la OMS que entendemos como protección de esta industria en vez de lo que debería hacer este organismo: criticar las formas de producción de carne, huevos y leche que están en el origen de estas epidemias”, señala Alejandro Calvillo, ex director de Greenpeace México y actual titular de la ONG El Poder del Consumidor.

La OMS no sólo parece estar encubriendo el papel de la idndustria porcina sino que ha sobredimensionado el problema al afirmar que “es inminente un brote mundial de la enfermedad”, vaticinando que un tercio de la población del planeta se va a infectar, y  -más aún-, ha proclamado que  la gran empresa farmacéutica es la solución para la crisis.

Sin embargo, los modelos epidemiológicos y las simples matemáticas sugieren que en el actual brote jamás se van a presentar los escenários de catástrofe que pinta la OMS y que justifican el actual nivel de alerta, paranoia y desinformación.

Los ciclos que cada cuatro años colocan al planeta al borde de un cienmatográfico  Apocalípsis, coinciden -al menos en los dos últimos casos-, con la fecha de vencimiento de las partidas de Tamiflu, el antiviral  que el laboratorio Roche y el jefe del Pentágono Donald Rumsfeld impusieron en 2005 en base al miedo de una falsa epidemia que también contó con la anuencia de la OMS. Ahora hay millones de dosis dde Tamiflu que tienen fecha de vencimiento en seis meses.

Antes de la puntual y oportuna irrupción de esta nueva  epidemia, la suiza Roche y su compedtidor Glaxo estaban a punto de declararse en quiebra, lo que despierta suspicacias sobre la puntualidad de los virus. Roche y Glaxo se salvaron, ahora es México el que está en bancarrota y recesión.

Pero hay otros datos más siniestros: en abril de este año algunos medios de prensa  Checos; publicaron informes sobre el descubrimiento de vacunas contaminadas con el mortal virus de la gripe aviar que Baxter, otra empresa norteamericana distribuyó en 18 países, lo que despertó sospechas de que esas vacunas contaminadas formaban parte de una maniobra para provocar una pandemia.

Y por si faltaran casualidades, el pasado 9 de marzo, la empresa francesa  Sanofi-Pasteur firmó un acuerdo para construir una planta para fabricar vacunas contra la influenza en México. Hasta ahí sólo se trataba de un gran negocio. Nadie imaginó que dos meses después México sería el epicentro de una pandemia y el paraíso del Tamiflu.

Tomado de:
http://www.waltergoobar.com.ar/frontend/contenido/tema.detalle.php?noticiaId=489

12. Conferencia de Prensa de presentacion de la Campaña “¡A Sembrar se ha Dicho!”, en la Sala Mohme del Congreso de la Republica. Expositores: miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecologia y Ambiente y Asociación Vidas Verdes. La actividad será el lunes 25 de mayo a las 11.00 de la mañana. Por favor confirmar su asistencia para la inclusión en la lista de entrada, a los fonos 7984510 – 993213231.

13. Presentación del libro: “Foro Urbano Los Nuevos Rostros de la Ciudad de Lima”, publicado por el Colegio de Sociólogos del Perú en el marco de la celebración de su Vigésimo Aniversario Institucional. Presenta: Gonzalo Portocarrero. Comentaristas: Narda Henríquez, Antonio Zapata y Augusto Ortiz de Zevallos. Día: Martes 26 de Mayo. Hora: 19:00 pm. Lugar:  Auditorio SUM de la Biblioteca Nacional del Perú.


14. CURSO: TRATAMIENTO DE CONFLICTOS ENTRE LAS GRANDES EMPRESAS MINERAS Y SU ENTORNO SOCIAL II.
Duración y horario: Sábados del 30 de mayo al 27 de junio, de 9:00 am a 2:30 pm. Organiza: Colegio de Sociólogos del Perú. Lugar: Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (segundo piso). Inversión: S/. 450.00 Profesionales en general y S/. 380.00 Colegiados. Mayor información e inscripciones: 4411408 y colegiodesociologos@hotmail.com

Av.  De la Poesía  160 San Borja

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Mail: raulchap69@hotmail.com

Cel: 993696769

 

El E-cochaski Nº 12 mayo 17, 2009

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 9:46pm

E-ditorial. Conflictos sociales en el Perú: ¿prevenir o lamentar?

El Perú es un país de paradojas, además de desigualdades. La última de ellas es que poco antes de que los pueblos amazónicos le subieran la intensidad a sus protestas, anunciando que desconocían la autoridad del presidente de la República, el máximo representante del Perú oficial, la Defensoría del Pueblo lanzó su nueva adjuntía o área de trabajo: la de prevención de conflictos sociales y gobernabilidad. Es decir, a la par que se agudizaba el principal conflicto social del país, la respuesta del Estado seguía estando enmarcada dentro del enfoque de la prevención de conflictos, que poco ha servido hasta la fecha (según la Defensoría del Pueblo, en abril se registraron 250 conflictos sociales, la mitad de carácter socioambiental, estando activos 196 de ellos) y considera los conflictos como algo negativo per se a evitar o prevenir. De ahí que sea toda una ironía que nos depara nuestro ralentizado Estado su intento de seguir por esa vía poco fructífera, mientras los 196 focos de conflictos nos dicen que algo no está marchando bien en la manera como los gobernantes tratan las expectativas y frustraciones de miles de peruanos. Peruanos a los cuales se les vendió la idea de que el Perú es incluso una isla de crecimiento en medio de la crisis económica mundial.

Esto dicho sin ánimo de menoscabar la experiencia y gestión del abogado arequipeño Rolando Luque, quien conducirá la flamante área. Sin embargo, lo obvio es que la mejor manera de prevenir conflictos no es creando organismos ad hoc en diversas instituciones estatales, como la Presidencia del Consejo de Ministros o, próximamente, el Ministerio del Ambiente. En realidad, en gran parte, se previene conflictos haciendo funcionar debidamente las instituciones del Estado que dictan las leyes y normas referidas a aspectos socioambientales, así como las que las hacen cumplir, fiscalizando las operaciones de las mineras y petroleras. Algo que está lejos de ocurrir en, por ejemplo, Pasco, Cajamarca y nuestra extensa selva.

Por su parte, mientras distintas instituciones, desde la CONACAMI hasta el MOCICC, se pronuncian a favor de la lucha amazónica, liderada por la AIDESEP, no faltan las voces que la condenan y (el diario Correo dixit) hasta llaman a encarcelar a Pizango y proscribir las ONG que la apoyan. Es decir, el país sigue tan dividido y enfrentado como siempre, y el tan necesario diálogo sigue siendo tan poco productivo como cuando se discute acerca de la sentencia a Fujimori. Mientras así sea, más que prevenir conflictos, seguiremos lamentando sus imprevisibles y, no pocas veces, funestas consecuencias. Para evitarlo, el Estado tiene el deber de cambiar su forma de ver y tratar a los ciudadanos “de provincias” y al ambiente de todos los peruanos. ¿Será capaz de tomar las medidas necesarias, dejando de apelar a la búsqueda de cabezas de turco, antes de que los ánimos sigan calentándose en la selva?

Raúl Chacón Pagán


1. PERÚ: PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA SE DECLARAN EN INSURGENCIA

Los pueblos indígenas -hoy en conferencia de prensa- expresaron y lamentaron el rechazo del gobierno aprista a no dialogar y respecto a las declaraciones del Primer Ministro Yehude Simon, sostuvieron que el premier insiste en mentir pues el diálogo nunca existió y que los propios medios de comunicación son testigos pues el 20 de abril, el ministro se comprometió a publicar la resolución y hasta el momento nada. Se declararon en insurgencia.

A continuación transcribimos el pronunciamiento del Comité de Lucha Nacional de AIDESEP.

El Comité Nacional de Lucha de AIDESEP, se dirige a nuestros heroicos pueblos, organizados en sus comunidades, sus federaciones y sus regionales, para manifestar lo siguiente:

Nosotros, dirigentes elegidos por ustedes para representarlos en sus intereses inmediatos e históricos, queremos manifestarles nuestra admiración y nuestro compromiso de no hacer sino aquello que ustedes nos autoricen. Nuestra admiración por la heroica lucha de 35 días, pasando hambre, frío, calor; sufriendo agresiones insensatas por parte de los organismos del Estado que deberían defendernos. Y, nuestro compromiso de seguir cumpliendo nuestra labor de representantes de ustedes ante los poderes del Estado peruano, a quien hemos dado vida desde 1821 con nuestros territorios.

Nosotros, hermanos indígenas circunstancialmente haciendo el papel de dirigentes, estamos trabajando día y noche en las tareas de hacer conocer a los poderes del Estado peruano y a la propia ciudadanía mestiza, de nuestros derechos atropellados por un gobierno entreguista que quiere arrebatarnos nuestros territorios y nuestra agua para entregarlos a las grandes empresas extrajeras, como lo ha hecho con el petróleo, la madera, el oro y todo aquello que ambicionan los ricos del mundo.

Nosotros hemos ido a buscar el diálogo con el Primer Ministro, con el Presidente del Congreso, con los dirigentes de las bancadas parlamentarias; y todos nos han respondido lo mismo: No nos interesan los pueblos indígenas ni sus derechos. Hemos buscado todos los medios para demostrar que los decretos legislativos firmados por el señor Alan García son inconstitucionales e injustos; pero nos hemos encontrados con oídos sordos y ojos ciegos.

Por eso, hermanos de las 8 Regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes ha decidido, por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en Insurgencia contra el gobierno de Alan García en los territorios indígenas amazónicos, de conformidad con el Artículo 89º de la Constitución del Estado peruano. Esto significa, que nuestras leyes ancestrales pasarán a ser leyes obligatorias en nuestros territorios y que consideraremos una agresión externa a cualquier fuerza que pretenda ingresar en los mismos.

Hacemos un llamado a las fuerzas sociales y políticas nacionales y populares que comparten nuestra indignación con este gobierno, a trabajar juntos por cambiar este modelo de Estado que sólo beneficia a un puñado de sinvergüenzas nacionales y extranjeros, a costa del hambre y la desnutrición de nuestros pueblos.

Comité Nacional de Lucha de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana)

Tomado de: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=717


2. DEFENSORIA DEL PUEBLO OPINA SOBRE LA PARALIZACIÓN INDÍGENA

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, instó al Congreso de la República la revisión de los decretos legislativos que afectan a las comunidades nativas, además de considerar necesario que el parlamento implemente un mecanismo de diálogo para encontrar una solución a este problema. Hizo una invocación a la serenidad, tranquilidad y respeto a la integridad personal y la propiedad, ante la declaración de insurgencia convocada por el Presidente de Aidesep; Alberto Pizango, en las regiones donde se viene acatando la paralización para exigir la derogatoria de los Decretos Legislativos.
La defensoría además se ofreció como mediadora en la solución de este problema. La adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo revisa actualmente los decretos legislativos con la finalidad de evaluar la posibilidad de presentar alguna garantía constitucional ante el Tribunal Constitucional. Invoco al ejecutivo a atender la agenda histórica de los pueblos indígenas en materias de salud, educación y proyectos de desarrollo con la finalidad de fortalecer la democracia en las referidas zonas.
Recordemos que en el caso de Amazonas, ante la firma de la Paz con el Ecuador se prometió los 3 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo, sin embargo éste fondo nunca existió.

Tomado de: http://paroamazonico2009.blogspot.com/2009/05/defensoria-del-pueblo-opina-sobre-la.html

3. SELVA QUE SE MUERE EN ORO. ATENTADO ECOLÓGICO. Primera parte
Por: Ricardo León Enviado especial

A modo de referencia: hace unos días, el 6 de abril, el diario “Don Jaque” de Madre de Dios publicaba en su portada la foto de un hombre tendido boca abajo en un charco de agua, junto a un titular en letras grandes: Epiléptico muere ahogado. La nota interior (página 6) mencionaba a un minero de la localidad de Guacamayo que sufrió fuertes convulsiones al borde de un pozo y se ahogó; se llamaba Efraín Ramos Batallanos (23). Murió vistiendo solo calzoncillos.

En otra nota (página 5), un experto analizaba el problema: “La seguridad es lo último que importa en los campamentos mineros”; acompañaba el texto la foto de otro minero informal en una poza artesanal y con herramientas rústicas: una draga, mangueras de succión, una bomba de agua, las mismas que usó el joven que murió en Guacamayo. Pero antes, en el reverso anterior (páginas 2 y 3), el diario publicaba sus avisos económicos, varios de los cuales ofrecían herramientas de gran demanda: más dragas, más mangueras de succión, más bombas de agua.

Esta demanda nace en la efervescente fiebre del oro que se ha institucionalizado en Madre de Dios, donde antes había bosques vírgenes iguales a los que adornan las guías de turismo. La ausencia escandalosa de medidas de seguridad denunciada por un experto no hará que un gramo de oro valga menos de S/.85 en el mercado. Tampoco la foto a color de un minero epiléptico que trabajaba en calzoncillos y que murió sin cobrar su jornal.

La necropsia, por cierto, la realizó un par de enfermeros en un caserío contiguo llamado Laberinto. Sugestivo el nombre. Sintomático, casi. Folclórico, casi.

ENORME RESERVA DE ORO

Estadísticamente hablando, hay alrededor de 2.800 concesiones mineras en esta región (si sumamos las que están en trámite y las caducas a las ya tituladas), así que con tal cifra se puede tener una idea más o menos clara del fenómeno.

Técnicamente hablando, solo 16 concesiones tienen un estudio de impacto ambiental aprobado, así que controlar la actividad minera se complica.

Empíricamente hablando, en todo el territorio de Madre de Dios hay oro bajo la tierra, así que a nadie sorprende que cada vez vengan más ansiosos mineros con o sin concesiones formales tituladas, con o sin estudios de impacto ambiental aprobados. Aquí el empirismo es ley.

Son tres los principales focos de minería informal en Madre de Dios: Guacamayo, Delta 1 y Huepetuhe. Hay, en realidad, otras zonas —Choque y Colorado—, pero ya se fueron quedando sin el dorado metal. El Comercio recorrió durante varios días esta mutilada región amazónica ubicada entre las provincias de Manu y Tambopata. Aquí se esconde la cara más sucia de la Amazonía.

GUACAMAYO: ALGUNOS ÁRBOLES NO MUEREN DE PIE

Guacamayo se ubica en la margen derecha de la carretera Interoceánica, a 98 kilómetros de distancia de Puerto Maldonado. Al lado de la carretera, los motociclistas se estacionan junto a algún restaurante cuyo menú excluye siempre al pescado. Para llegar a la zona minera hay que recorrer 40 minutos de bosque. Del enjambre de motos que circulan en uno y otro sentido por la estrecha trocha, las más peligrosas son aquellas que transportan cajas de cerveza o barriles de combustible o piezas de motores. Las demás, no tanto.

(Aquí se aplica un código tácito de conducta que estipula, claramente, que uno no debe hacer preguntas. Este territorio, este submundo, es de ellos).

La sombra de los árboles se termina repentinamente y aparece una sucesión de imágenes ininteligibles en un sentido ambiental y hasta sensitivo. Lo que era suelo húmedo es ahora lo que llaman “lamal”, que no es otra cosa que la arena del subsuelo que emerge cuando las dragas de succión extraen todo lo que hay bajo la superficie. Los troncos blanquecinos de los árboles pueden estar torcidos o ya caídos; en cualquier caso, ya no tienen —ni volverán a tener— ni una sola hoja.

Sigue el recorrido en moto. El calor ya alcanza estándares tóxicos: no hay árboles, no hay sombra. Aquí existen 100 concesiones mineras de 100 hectáreas cada una, según datos de la Dirección Regional de Energía y Minas. El jefe de esta oficina, Ronny Pastor, reconoce que ninguna de estas concesiones cuenta con un plan de manejo ambiental. Eso explica que el daño ecológico sea para los mineros un vulgar daño colateral. Y esto último explica que aquí no haya pescado en el menú de los restaurantes.

El fenómeno aurífero en Guacamayo se inició apenas hace dos años. En tan poco tiempo, no solo el bosque ha sido puesto literalmente de cabeza, sino que han ido apareciendo caseríos de viviendas construidas con material innoble (madera y plástico), que no tienen agua ni desagüe, pero sí cable e Internet. Y entre un caserío y otro hay, siempre, hileras de burdeles que estampan al lugar el sello distintivo de los mineros informales.

La mayoría de los mineros que aquí trabajan proviene de la sierra sur: Cusco, Puno, Arequipa. Lo curioso es que gran parte de la población de Guacamayo, según revelan fuentes policiales de Madre de Dios, son requisitoriados de diversos puntos del país que llegan al kilómetro 98 de la Interoceánica, se suben a una moto y se refugian en un Guacamayo sin policías ni fiscales.

Nadie pudo detener esta migración. Las autoridades locales también obedecieron el código de no hacer preguntas.

Pero hubo respuestas que les estallaron, dos años después, en la cara. (Continuará)

Tomado de: http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/selva-que-se-muere-oro/20090419/275270

4. PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA ANTE EL PARO DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS (Versión oficial, rectificando la que publicamos en el número anterior)

Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de los pueblos amazónicos.

  1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad. Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gén. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.
  2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (Documento Aparecida  471).
  3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.
  4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.
  5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos entre los que se encuentran el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009 se insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.
  6. Debemos expresar que “la Iglesia… valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (Documento Aparecida  472).
  7. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.  Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.
  8. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.
  9. No queremos violencia, por eso instamos al Gobierno y al Congreso muestren intenciones de dialogar y buscar soluciones justas y pacificas a la problemática que vienen enfrentando los pueblos amazónicos para no llevarlos a la desesperación que pueda incrementar los conflictos sociales.
  10. Invocamos a los medios de comunicación social a que cumplan con su rol de brindar información veraz a la opinión pública, contribuyendo al derecho que tienen los ciudadanos de estar informados de los  sucesos en la Amazonía Peruana.
  11. Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.

A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Documento de Aparecida 474c).

5 de mayo del 2009

Mons. José Luis Astigarraga, C.P.
Obispo del Vicariato de Yurimaguas
Mons. Alberto Campos, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San José de Amazonas
Mons. Santiago García de la Rasilla, S.J.
Obispo del Vicariato de Jaén
Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M
Obispo del Vicariato de San Ramón
Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B.
Obispo del  Vicariato de Pucallpa
Mons.  Francisco González, O.P
Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado
Mons. Julián García, O.S.A.
Obispo del  Vicariato de Iquitos
Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.
Obispo del Vicariato de Requena
Mons. Rafael Escudero López-Brea.
Obispo Prelado de Moyobamba.

5. EL PERÚ CONTRA EL PERÚ – MÁS ALLÁ DE CHOROPAMPA

Los hechos ocurridos en Choropamapa y San Juan tienen una explicación sociológica profunda. Ambas facciones -los pobladores afectados de Choropampa, Magdalena y San Juan y los trabajadores mineros- de la población peruana se encuentran de cierta forma enfrentada por la irresponsabilidad de una trasnacional y del Estado.

Hace unos días empezó un bloqueo selectivo en la vía que conduce de la costa a Cajamarca, selectiva en el sentido de que solo las unidades móviles de minera Yanacocha o proveedores de la misma eran impedidas de llegar a su destino impidiéndoles el tránsito, si bien la medida es anticonstitucional lo que busca la población es presionar para ser escuchada en su protesta y se busquen alternativas de solución para los afectados por el derrame de mercurio.

Los trabajadores de Minera Yanacocha salieron a protestar, empujados sin duda por la presión de la minera, es verdad que el derecho al trabajo también es un derecho constitucional, pero más cierto es que el derecho a la vida es fundamental y la base de todos los demás derechos. ¿Quién reclama por los afectados de Choropampa? Hablamos de seres humanos con deformaciones congénitas, niños que han quedado ciegos, otros que ya no pueden contar su tragedia.

Lo sucedido en Perú no hubiera acaecido nunca en norteamérica y de haber sucedido la reparación a los afectados hubiera sido perpetua, millonaria y los seguros de vida serían impuestos sin miramientos, además de la sanción más severa a la irresponsable empresa causante de la tragedia. Los derechos deben respetarse de manera mutua, correspondida y con equidad, eso no ha sucedido con los afectados de Choropampa y ha generado una herida social que pasará a engrosar la historia trágica de las comunidades peruanas.

El Estado Peruano tiene tanta responsabilidad en los hechos ocurridos como la misma minera, ese silencio demostrado a lo largo de todo el tiempo de ocurridos los hechos lo convierte en cómplice directo. Los candidatos que próximamente lanzarán su perorata política, seguramente buscarán subirse a ese caballito de batalla que es Choropampa, sin embargo la población ya advirtió y ratificó su rechazo a todos los políticos que pretendan usar esa tragedia como pedestal para sus aspiraciones políticas.

Los afectados por el derrame no tienen cura, están condenados a una muerte lenta y dura, evadir esa responsabilidad es descabellado, deshumanizado y merece el repudio colectivo, más allá de las farsas orquestadas y sociopolíticas. En ningún país del mundo se permite este tipo de atropellos, se condenan con virulencia hechos menores, sin embargo en Perú todo sucede.

Generaciones de niños están condenadas a nacer deformes, sin ojos o a vidas breves llenas de dolores y mutaciones, sólo la historia sabrá la verdadera repercusión de la tragedia ocurrida en Choropampa. Mientras los políticos sigan evadiendo su responsabilidad y los responsables actúen con argucias delictivas repudiadas por la humanidad.

Tomado de: http://www.panoramacajamarquino.com/?p=12360

6. CHOROPAMPA: PROTESTA LEGÍTIMA EN DEFENSA DE SU VIDA

Después de 10 días de paro contra Minera Yanacocha, la tarde de hoy los poblados de Choropampa, San Juan y Magdalena decidieron levantar su medida de fuerza temporalmente, esperando que en las próximas horas se les hablande el corazón a los funcionarios de la Newmont Mining Corporation y atiendan sus pedidos.

Al promediar las 5 de la mañana llegaron a Choropampa un contingente policial de aproximadamente 300 efectivos armados hasta los dientes y se instalaron en el poblado con la finalidad hacer pasar las cisternas cargadas con combustible que ya se le había agotado a la empresa para sus operaciones.

Dos horas más tarde algunos indignados pobladores se asentaron en un cerro en el distrito de San Juan de donde rodaban piedras logrando paralizar por algunas horas los convoy de la minera hasta que llegaron los policías que como “perros guardianes” los protegían.

La actitud de los pueblos de San Juan, Choropampa y Magdalena está amparada por ley, paralizar a los vehículos de la Minera Yanacocha es una legítima defensa, porque dicha empresa ha lesionando el bien jurídico que es la salud de los pobladores, lo cual está debidamente comprobado según constató el Ministerio de Salud en una inspección el año pasado donde muestra que existen elevado niveles de mercurio en el suelo y aire de los poblados, sostuvo el representante del estudio Villegas y Abogados de la ciudad de Lima.

El letrado agregó que es una agresión a la salud, que por un descuido de la Minera Yanacocha se produjo el derrame de mercurio el 02 de junio del 2000 y esa omisión al deber de cuidado no se reparó ni se repara hasta la actualidad, por lo tanto el Código Penal lo establece bien claro en su Art. 20, Inc. 3 “está exento de toda responsabilidad aquel que obra en legítima defensa de sus bienes jurídicos, como consta en actas de los fiscales que visitaron en varias oportunidades los pobladores tomaron esa actitud en defensa de ese bien jurídico llamado salud, por lo tanto este comportamiento se encuentra amparado por ley, aseveró

Mientras que uno de los funcionarios de la Newmont compra una casa por 50 millones de dólares en los Estados Unidos, son insensibles con los pobladores que se encuentran postrados y otros han fallecido a consecuencia del desastre ecológico como ocurrió con el ex alcalde Vicente Zárate a quien los médicos legistas encontraron metales pesados en el cerebro, sostuvo.

Agregó, que han pasado 8 años del derrame de mercurio pero la agresión por la conducta dolosa y culposa de Minera Yanacocha continua, pues las secuelas son más visibles cada día con la aparición de nuevos casos de personas con enfermedades desconocidas.

La policía Nacional ésta mañana cortó el derecho de protesta de los poblados de poder defenderse ante un atropello de la transnacional minera toda vez que los pobladores han hecho uso de una necesidad racional del medio empleado porque no se ha obstaculizado los vehículos de transporte público de pasajeros sino de solo de la empresa que agredió y causó daño a la población y que ahora no quiere asumir su responsabilidad.

Tomado de: http://www.caballeroredverde.blogspot.com/

Choropampa

7. PRONUNCIAMIENTO POR CHOROPAMPA

Los pobladores de los distritos de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Choropampa, hacemos conocer a la opinión pública que; en conjunto más de 4,000 personas estamos desde hace 10 días en pie de lucha tomando como acción el impedimento de la circulación del transporte vehicular de la empresa Minera Yanacocha de la Newmont Minig Corporation, comportamiento que obedece, al ser totalmente ignorados por las autoridades como son: Alcaldes, Gobierno Regional, Ministerio de Salud y Congreso de la República ¿Dónde estás nuestros congresistas cajamarquinos?, quienes se comprometieron a brindar su apoyo como consta con la suscripción del Acta de Compromiso firmado por la Directora de DIGESA-Lima, señora Rosa Iris Medina con fecha 24-03-2008; y que hasta la fecha se encuentran renuentes a brindar el apoyo prometido.

Asimismo la atención médica inmediata, el señor Rosas Alvarez Leyva que hoy se encuentra postrado en cama, a quien en el análisis respecto al Mercurio arrojó como resultado 6.67 mg en sangre, análisis efectuado en el Ministerio de Salud en la ciudad de Lima en el 2008 y que tomando como base el tratamiento a dicho señor, solicitamos que Minera Yanacocha apoye a nuestros poblados con la instalación de un Centro de Médico Especializado que se dedique a la atención de los afectados por la intoxicación de Mercurio, el cual aún presente en nuestros suelos, envenenando día a día a la población sin que la empresa minera Yanacocha se sensibilice y voltee la mirada en apoyo de nuestros hermanos conciudadanos.

Rechazamos la actitud de la Policía Nacional quienes con el apoyo del Ministerio Público tratan a toda costa de repeler nuestra actitud, obedeciendo intereses particulares y no defendiendo al pueblo que nos cobija.

Dejamos constancia que nuestra actitud seguirá firme, toda vez que estamos en plena práctica de nuestro derecho a la legítima defensa de nuestra integridad, derecho el cual está totalmente respaladado por nuestras normas vigentes Art. 20, Inc. 3 del Código Penal (eximente de responsabilidad).

Choropampa, 15 de Mayo 2009

Juan Correa Mendoza, Presidente Frente de Defensa Distrito San Juan

Lizardo Zárate Carrasco, Presidente Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Choropampa

Lucila Gutierrez Muñoz, Presidenta Frente de Defensa Distrito Magdalena

Tomado de: http://www.caballeroredverde.blogspot.com/

8. CONFLICTOS SOCIALES HAN AUMENTADO UN 150%, HAY CONFLICTOS AMBIENTALES EN 118 PUNTOS DEL PAÍS
Ocupan el 49% de los conflictos sociales registrados en los últimos doce meses. Incremento significa que el pueblo tiene más conciencia ecológica que el gobierno, afirma el sociólogo Nelson Manrique.

El incremento de los conflictos socioambientales en los últimos doce meses no solo es el resultado del estilo de desarrollo que ha propiciado el gobierno para el Perú, también es una muestra de que la población tiene más conciencia que el gobierno sobre lo que está en juego, sostuvo Nelson Manrique.

Según el reporte número 61 de Defensoría del Pueblo, correspondiente a marzo del 2009, los conflictos socioambientales generados por la industria extractiva aumentaron hasta llegar a convertirse en el 49 por ciento de los conflictos sociales del país.

“Este hecho es sorprendente y apunta a la lógica estatal de dar garantías a empresas para sus actividades sacrificando el patrimonio de los peruanos, que son nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad” indicó el sociólogo.

Las compañías mineras tendrían que gastar lo que corresponde a una explotación limpia de los recursos, agregó Manrique.

El elevado número de conflictos socioambientales registrados en el último año se han producido en 108 localidades del país.

Coincidentemente, todas estas poblaciones presentan niveles de pobreza y pobreza extrema, donde el analfabetismo sobrepasa el 50 por ciento de sus habitantes, como ocurre en Llusco y Chumbivilcas, Región Cusco.

Lo que lleva a estos peruanos a ser actores de este conato social es, según el informe de la Defensoría del Pueblo, el gran temor de que su medio ambiente sea agredido.

Otro motivo es la supuesta contaminación generada de sus recursos naturales. Y, también, el incumplimiento por parte de las empresas de los compromisos pactados con las comunidades.

Los otros conflictos

Es revelador que el 49 por ciento de los conflictos sociales tengan que ver con demandas socioambientales, seguida de lejos por asuntos de gobierno local (13%), y asuntos de gobierno local y laboral (9%).

Esas cifras indicarían el desplazamiento de las tradicionales demandas laborales por las de tipo ecoambiental.

En opinión del sociólogo Nelson Manrique, estas últimas se mantendrán, mientras que las demandas laborales crecerán fuertemente en los siguientes meses, debido a los efectos de la crisis económica que ya golpea al Perú.

Capacidad de solución

José Luis López Follegatti, ejecutor de espacios de concertación minera, refirió que más que el número de conflictos socioambientales, lo que le preocupa es el bajo nivel de diálogo en que se encuentran los mismos, para calificarlos de positivos o negativos.

No es malo, indicó López, que en la sociedad haya divergencia de ideas y de intereses. Lo malo es la anulación de uno u otro en la confrontación, añadió.

Y señaló que los conflictos más difíciles en este momento son los relacionados a las empresas Casapalca y Volcan, “donde no encuentro una buena actitud en el actor empresarial”.

En la misma línea colocó a Southern Perú y a Doe Run. Consideró improbable que esta última culmine el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que está obligada.

Se debe definir, dijo, cuánto tiempo más Doe Run va a postergar el Pama, qué sanciones recibirá, y la posibilidad de modificar la relación Estado-empresa.

López Follegatti resaltó la experiencia de consulta ciudadana aplicada por Xstrata en Las Bambas, Apurímac, que mejoró su relación con la comunidad.

Para Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Estado debe invertir en potenciar y capacitar a más funcionarios en el manejo y resolución de los conflictos sociales. Esta inversión es a todas luces rentable si se tienen en cuenta las pérdidas que ocasionan estos para el Estado y el sector privado.

Lamentablemente, señala el especialista, en el Perú la capacitación en este tipo de materia aún es incipiente y solo algunas universidades dictan cursos o talleres al respecto. “Por ello la defensoría, cumpliendo sus funciones, iniciará pronto la capacitación en este tema de funcionarios de los gobiernos regionales y locales de Piura, Cajamarca, Junín, Arequipa y Cusco”, detalla Rolando Luque. Justamente en esas regiones es donde hay pendientes muchos conflictos que requieren urgente atención.

El número de conflictos sociales en el Perú suma 238 (en marzo del 2008 eran 93), pero solo la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una unidad de manejo de conflictos. Si usted entra a la página web de ese organismo, verá que sus reportes dan cuenta del trabajo realizado solo hasta octubre del año pasado. Eso no quiere decir que los últimos meses no han trabajado, sino, por el contrario, que el poco personal con el que cuentan ha sido superado por el creciente aumento de los conflictos.

Con relación a la protesta de los nativos, el más reciente conflicto social que afronta el Estado, Luque recomienda a los especialistas del Estado que una vez que se den las condiciones para conversar separen los temas sociales de los legales a fin de facilitar el diálogo.

“La discusión acerca de las leyes que por ejemplo aprueban los tratados de libre comercio y los temas de concesiones para exploración y explotación en terrenos nativos debe ser separada de los reclamos sociales a fin de facilitar la resolución de los problemas más urgentes”, sugiere Luque quien tiene experiencia en este tipo de diálogos.

Cusco, Áncash, Ayacucho, Cajamarca y Lima son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en marzo del 2009. El 62% de los casos se concentra en ocho regiones: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Loreto, Pasco y Lima. De los 116 conflictos socioambientales, 33 se encuentran en la fase de diálogo, es decir un número mayor al que había en febrero. Entre los conflictos socioambientales, los más numerosos (82) tienen que ver con la actividad minera.

Tomado de: http://www.ecoportal.net/content/view/full/85334

9. SE FORMA RED NACIONAL DE AFECTADOS POR EL PLOMO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN REGISTRO DE VICTIMAS.

Establecer un registro nacional de victimas por el plomo fue el punto de unidad de diversas comunidades afectadas por la mineria, durante reunión de fundación de la RED NACIONAL DE AFECTADOS POR EL PLOMO, que se realizó en el local de la CNA ubicado en la Ciudad de Lima.

La reunión se dio el 8 de mayo, con la participación de lideres de las comunidades de Ilo, Callao, Junin y Huanuco, que coordinan con la Confederacion Nacional de Comunidades afectadas por la Mineria-CONACAMI. La cita tuvo el liderazgo del Sr. Luis Gallegos del CREDEMAV.

Carlos Franco Pacheco y Sebastian Tello, fueron convocados como asesores de la naciente Red Nacional de afectados por el Plomo. Sebastian Tello es el coordinador de la ALIANZA DESC y Carlos Franco Pacheco como ambientalista.

Luego, de la reunión realizada en la cuadra 3 de la Calle Miroquesada, los fundadores de la Red Nacional acordaron una asamblea para el 30 de mayo, en Puno. Para lo cual, se estableció la importancia de un plan de trabajo y la necesidad de una Declaración de Principios.

La absorción del plomo se realiza principalmente por el tracto gastrointestinal y la inhalación, aunque también puede ser por contacto. Esta absorción es mayor en los niños, y los bebés a través de la leche materna, pudiendo incrementarse aún más si se tiene un nivel bajo de calcio, proteínas y hierro.

Tomado de: http://perusostenible2007.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

10. ANTAMINA MIENTE CON CIERRE DE OPERACIONES Mas bien ampliaría operaciones a Huari, Chacas y San Luis.

Mantener un dialogo contínuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la población del área de influencia de la operación minera y sus organismos representativos, alcanzándoles información sobre sus actividades. Lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una institucionalidad para el desarrollo local en caso se inicie la explotación del recurso (Antamina se encuentra en explotación), elaborando para el efecto estudios y colaborando en la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la vida de la actividad minera y fomentar preferentemente el empleo local brindando las oportunidades de desarrollo.

La disposición legal es clara, pero Antamina se burla de los sanmarquinos y ancashinos porque en su yacimiento minero, cuenta con operarios procedentes de Arequipa, Cusco, Moquegua y cuando inició sus operaciones hasta los de seguridad eran chilenos.

En los últimos días la multinacional Antamina, ha publicado a través de otros medios, audiencias sobre “cierre de mina”, cuando de acuerdo a fuentes confiables, seria una mentira más al pueblo, un mecanismo de distracción para continuar con su agresiva explotación y llevarse los recursos naturales mas preciados de nuestra patria.

Antamina, estaría abocado en ampliar su planta metalúrgica de 170 mil toneladas día y estaría construyendo nuevas viviendas de 6 pisos para oficinas y vivienda para el personal operativo, compuesto mayoritariamente por gente del sur del país, vulnerando su compromiso adquirido con el pueblo de San Marcos. Pretendería multiplicar por miles de millones de toneladas su explotación y para lo cual ya tendría su radio de acción a ampliar en Huari, con reservas probadas de mineral para tener una vida útil de 100 años.

La minera, comenzó la fase de exploración en 1996 y desde el 2000 se encuentra en un agresivo proceso de explotación, contaminando el ambiente de San Marcos y Huarmey, pero las autoridades y la gente se encuentran dormidos por la política paliativa social que desarrollan en complicidad con autoridades como el alcalde de San Marcos, Félix Solórzano.

Van más allá

Hace poco Antamina efectuó un taller, referente a un proyecto de exploración en Macuash-Chacas y para el efecto regaló una retroexcavadora al municipio provincial de Asunción y se habría comprometido a construir hoteles particulares, con el objeto de utilizar para su personal. En ese taller, ningún representante de la Parroquia de Chacas habría participado y como es de costumbre la minera se ofreció a dar trabajo a la población.

Algunos sectores de Chacas, muestran su preocupación porque con en un probable proceso de explotación de minerales, algunas obras sociales ejecutadas en Macuash, por el sacerdote Ugo de Censi, podrían ser afectadas.

La arquitecta, Mirtha Maguiña Vargas, presidenta del Centro Representativo San Marcos-Lima, representante de la ONG Accu Wayi, ex -directora de Desarrollo Urbano en Lima, y laborado en más de 15 Municipios de la Capital y el interior del país, dio cuenta de la triste y escalofriante realidad, porque gente capacitada de San Marcos no tiene oportunidades para contribuir con su conocimiento al desarrollo de dicho distrito y la minera efectuaría una persecución mediática para que no den trabajo a la gente de la zona.

Sus estrategias

Si uno constituye una organización, Antamina se acerca y a los que lo integran o, acompañan les ofrecerían trabajo y otras cosas más, con la finalidad de destruirlo, la realidad es, que habría un trabajo tipo Sendero Luminoso, para perjudicar a la gente del lugar.

Lo mismo harían con sus ONG foráneos, no saben nada y sin saber nada hacen trabajos para que la gente de la zona no tenga acceso al trabajo, lo mismo efectuarían con las autoridades a quienes tras acercase, los presionarían bajo diferentes formas, ya sea directamente o indirectamente, sobretodo a través de sus organizaciones de fachada, las ONGs que trabajan para ellos, con el fin de bloquear cualquier cosa, en contra del poblador y campesino sanmarquino.

Voces discordantes

Mirtha Maguiña, asegura estar a favor de las operaciones de Antamina, pero de acuerdo a la Ley vigente, ellos tienen la obligación de contratar los servicios de la gente de la zona, lo que no se debe permitir es que quieran convertir a los sanmarquinos en de fracasados, humillados, desplazados, La situación nos hace recordar a los desplazados en la época terrorista en Ayacucho, porque existe una evidente persecución mediática, ordenada por Relaciones Comunitarias.

Relaciones Comunitarias de Antamina, tendría gente infiltrada en las todas las organizaciones comunales y si encuentran un líder que piensa buscarían por todos los medios destruirlo y cuando no consiguen su objetivo buscarían mecanismos para demandarlos judicialmente, para perseguirlos hasta las últimas consecuencias.

Antamina tiene que respetar las leyes peruanas, no es posible que no respeten los compromisos ambientales y practicar el respeto a la gente, deberían de fomentar un clima de paz y tranquilidad en San Marcos, asignándoles trabajo a la gente.

El nuevo reglamento de procedimientos mineros, obliga entre otros a las empresas mineras, como Antamina, realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental. Actuar con respeto frente a las instituciones, cultura y costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de la operación minera.

Tomado de: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/huaraz/noticia.php?IDnoticia=752411.

11. AUTOS VIEJOS LANZAN CASI DOS MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EN EXCESO AL AÑO. Pese a esta grave situación ni el MTC ni la Municipalidad de Lima saben con certeza cuándo empezarán los planes de retiro de los vehículos más antiguos
Por: Fabiola Torres

Lima se está convirtiendo en una cámara de gas. Cada día que pasa ocho millones de habitantes se condenan a una muerte lenta, provocada por un humo espeso y picante que emanan miles de vehículos viejos y alimentados con los combustibles más sucios del planeta. Sin embargo, los plazos para retirar los autos chatarra de circulación, detener la importación de los usados y eliminar el azufre de los combustibles se han ido extendiendo como si a nadie le importara las pérdidas de vidas por enfermedades respiratorias y accidentes de tránsito.

Ni el Ministerio de Transportes ni la Municipalidad de Lima saben con certeza cuándo empezarán los planes de retiro y reciclaje de los vehículos más antiguos. Y, a contracorriente de la tendencia mundial, en el Perú aquellos que tienen autos nuevos, y por lo tanto menos contaminantes, tienen que pagar un impuesto al patrimonio vehicular más alto que los que poseen carcochas letales. Sobre ello, el titular de Transportes, Enrique Cornejo, dice que planteará al Ministerio de Economía y los municipios la modificación de los criterios tributarios que obligan hoy a pagar en función del valor del vehículo (1% de su valor oficial) sin considerar reajustes por antigüedad y polución.


TONELADAS TÓXICAS

El diésel que subvenciona el Estado y que consume el 60% del parque automotor produce partículas suspendidas en el aire 26 veces más pequeñas que el ancho de un cabello humano, las cuales ingresan hasta lo más profundo de nuestros pulmones y corazones. Esas partículas son las causantes de más de tres mil muertes por año, según el Ministerio del Ambiente. De no aprobarse este año una prórroga más, desde el 1 de enero del 2010 las refinerías tendrían que vender combustible sin azufre.

Al año, un vehículo viejo consume 630,83 litros más de combustible que uno nuevo, calcula Edwin Derteano, vicepresidente de la Asociación Automotriz del Perú. Esto significa también que su tubo de escape lanza 1,78 toneladas de dióxido de carbono (CO2, uno de los principales gases que producen el efecto invernadero) más al ambiente en ese mismo lapso. Multiplique por el millón de autos chatarra que componen nuestro parque automotor: ¡1’785,258.33 toneladas de CO2 por año!

El dato se calculó tomando en cuenta un vehículo particular que consume un galón (3,78 litros) de diésel por cada 30 km recorridos y se le comparó con un vehículo nuevo que rinde 40 km por galón. Se asume que ambos autos recorren 20.000 kilómetros al año y que la combustión de un litro de diésel produce 2,63 kilogramos de CO2.
El ingeniero Iván Arévalo, supervisor del servicio de revisiones técnicas del Senati, indica que los vehículos con más de cinco años de antigüedad tienen sistemas de carburación y no modernos sistemas de inyección electrónica. Esto hace que consuman más combustible y contaminen más.

Raúl Barrios, vicepresidente de Lidercon Perú, revela que el 22% de los 90.643 autos evaluados en las plantas de revisiones técnicas tiene problemas de emisión de gases. Pero ninguno está impedido de circular.


TRÁFICO LENTO Y ACCIDENTES

Por las calles vemos vehículos que tienen hasta 35 años de operación. Allí están los denominados “lanchones” que pese a su pésimo estado son usados en el servicio de colectivos, legalizado en el 2007 por el Congreso de la República sin que la Municipalidad de Lima protestara por ello.

Pero los limeños no solo aspiramos smog después del desayuno, sino que perdemos valiosos minutos atrapados en los embotellamientos producidos por el irracional número de vehículos de servicio de transporte público. Según la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, 20.466 vehículos (75% del total de la flota) tienen más de 15 años de antigüedad y deberían ser cambiados por buses de mayor capacidad. Además, según la Asociación de Representantes Automotrices del Perú, existen 120.000 autos con más de diez años de operación. La mayoría importada de segunda mano y con el timón cambiado. Precisamente, los autos involucrados en siete de cada diez accidentes de tránsito fatales en Lima son station wagon con estas características, revela el Centro de Investigación y Asesoría Terrestre de Lima. Sin embargo, un grupo de congresistas ha presentado seis proyectos de ley con los que pretenden ampliar nuevamente el plazo para la importación de vehículos usados. Uno de ellos plantea extender el plazo hasta el año 2022. ¿Se habrá preguntado si la salud de Lima resistirá?

Chatarras ingresan con amparos

Las medidas cautelares y recursos de amparo que otorga el Poder Judicial permiten el ingreso de vehículos usados importados que incumplen los requisitos técnicos referidos a antigüedad y kilometraje exigidos por la normativa vigente. Durante el 2008, de los 45.863 vehículos usados importados, el 9,6% (4.384 unidades) ingresó por medidas cautelares o recursos de amparo.

Como si esto fuera poco, el congresista Jorge Flores Torres ha pedido a la Comisión de Transportes que se acoja una propuesta de los importadores de vehículos usados para computar la antigüedad de dichas unidades a partir del año siguiente de su fabricación y no de su fabricación como ha sido siempre.

Esto significaría ampliar por un año más la antigüedad de los autos usados que se importan al Perú. En otras palabras, con ayuda del propio Congreso se le sacaría la vuelta a la norma que prorrogó la importación de vehículos usados hasta el 2010.


LAS CIFRAS

653.742
vehículos usados han ingresado al país desde que se abrió la importación de vehículos usados en 1992 hasta el 2007. En mismo período ingresaron 439.904 autos nuevos.
64.357
autos ya usan gas natural vehicular en Lima y Callao.
6.238
unidades desaprobaron la revisión técnica en las plantas de Lidercon Perú. Sus propieatrios no han regresado.
Tomado de: http://www.elcomercio.com.pe/noticia/275341/autos-viejos-lanzan-casi-dos-millones-toneladas-co2-exceso-al-ano_1

12. CAMPAÑA POR LA NIÑA CON MÁS PLOMO DEL PERÚ

Continúa el drama por el altísimo nivel de plomo en sangre de la modesta familia Palma, de la ciudad minera de Cerro de Pasco, causada por las operaciones de la empresa minera Volcan, sin recibir el apoyo necesario de parte de las autoridades y la minera responsable de su estado crítico de salud.  Pese a la relativa mejoría de Tais, gracias al tratamiento en Lima, la familia Palma requiere mayor ayuda para tratar a la niña y establecerse debidamente en Lima, a fin de evitarle mayor contaminación.
Así como ellos, muchos niños están siendo afectados por plomo en la sangre, sobrepasando el límite permisible dado por la Organización Mundial de la Salud: 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre.

Contacto con la familia Palma: ( 51 ) 963 – 953585 / ( 51 ) 963 – 995713

Cuenta de ahorros en soles Nº  280 17844233 – 0 – 38, Banco de Crédito del Perú, a nombre de Luis Palma.

Vea una entrevista reciente a Luis Palma, papá de Tais, en el vídeo preparado por Acullicu Films:

http://www.youtube.com/watch?v=ecMFAQ–2LQ

¡SALVEMOS A LA PEQUEÑA TAIS Y SUS HERMANITOS!

13. MESA DE ANÁLISIS Y DEBATE “EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO ¿QUIÉN SE BENEFICIA REALMENTE?”, por la especialista Joanna Cabello Labarthe, miembro del Transnational Institute y el proyecto Carbon Trade Watch (Vigilancia al comercio de carbono).

La actividad se realizará el martes 19 de mayo, en CEDEP (Av. José Faustino Sánchez Carrión 790 – Magdalena del Mar), 9:00 am. Confirmar su participación a: gcap_peru@yahoo.com. Organiza: Comisión de Incidencia del Movimiento ciudadano frente al cambio climático – MOCICC

14. FORO “TRANSGÉNICOS: CONSTRUYENDO SOLUCIONES”. Mayo 19, 3:00 pm a 7:00 pm. Lugar: Sala Grau – Palacio legislativo. Organiza: Congreso de la República.

Temas: “El uso de productos transgénicos y sus impactos en la agricultura”, por Biólogo JORGE E. ALCÁNTARA DELGADO, especialista en Recurso Genéticos y Coordinador Técnico del Componente Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria del INIA – Ministerio de Agricultura; “Impactos del uso de semillas transgénicas en la agricultura, por Ingeniero JORGE CHÁVEZ LANFRANCHI, gerente de la empresa El Maicero; “Biotecnología Sí, Bioseguridad También”, por Biólogo SANTIAGO PASTOR SOTIL, asesor de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente; “Impactos del uso de los transgénicos en la gastronomía peruana”, por Antropóloga ISABEL ÁLVAREZ NOVOA, socia fundadora del Centro de Investigación y Desarrollo de Cocinas Regionales del Perú – CECOMER y Directora de la Sociedad Peruana de Gastronomía.

Inscripciones a: aleonardo@congreso.gob.pe o al 3117502.

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El E-cochaski Nº 11 mayo 8, 2009

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 1:00am

E-ditorial. De espaldas al Perú real (y al ambiente)

Mientras que los medios capitalinos y el Congreso de la República se ensañan en ocuparse con bombos y platillos de las cuentas de los Humala, la aún posible pareja presidencial, en la Amazonia y la sierra cajamarquina, especialmente en Choropampa (impactada por el mercurio de la minera Yanacocha), miles de peruanos siguen sufriendo el secular descuido del Estado y las empresas por la salud y el ambiente. Lo cual los ha forzado a protestar en defensa de sus derechos, sobre todo esta semana. No importándoles si apenas reciben alguna atención, o una atención sesgada y parcial de los medios y los políticos de hoy, que puede ser aún peor que la indiferencia.

Si bien los medios y los políticos se han visto obligados a darles cierta atención a los luchadores amazónicos ante su fuerza social y capacidad organizativa, los choropampinos y sus representantes en Lima, siendo menos, han recibido menor atención. Lo cual no impidió que hayan sido severamente reprimidos por la policía en las inmediaciones del Congreso de la República ayer jueves, cuando trataban de alcanzar sus demandas a los congresistas.

En solidaridad con los choropampinos intoxicados por el mercurio y la insensibilidad de nuestras autoridades, publico de nuevo lo que escribí a principios de este año:

“Ayer, martes 14 de enero, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso de la República, le dedicó una sesión especial al caso Choropampa. Esta sesión se realizó a casi nueve años de haberse producido el derramamiento de mercurio que afectó gravemente a cientos de pobladores rurales de la zona, debido al mal manejo del accidente y sus consecuencias por parte de Yanacocha y el Estado peruano. Contó con la presencia de Héctor Noriega Toledo, representante del presidente del Consejo de Ministros, y de Graciano Carbajal, alcalde de Choropampa, y Juana Martinez, presidenta del Frente de Defensa de Choropampa. Al final de su presentación, Noriega señaló que está listo el proyecto de Resolución Suprema para ser firmado por los sectores involucrados, a fin de crear la Comisión Multisectorial planteada por el Informe especial de la Comisión para Choropampa del Congreso.

Por su parte, la congresista Gloria Ramos pidió celeridad para ello, así como un plan para tratar a los niños de Cerro de Pasco, Choropampa y La Oroya, y que se haga un seguimiento al caso de Choropampa. Ramos agregó que hasta ahora no se saben los resultados de la Comisión del MINSA creada por la RM 251-2008/MINSA para ver los casos de contaminación de La Oroya, Pasco, Choropampa y el Callao. La congresista Hilaria Supa señaló que Yanacocha declaró ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que ya no hay mercurio en Choropampa, pero como ese estudio lo pagó la empresa, hacen falta estudios independientes. Supa pidió que se dé un plazo, y que los medicamentos y las atenciones medicas se den de inmediato en la zona. Y la congresista Maria Sumire sugirió que se invite al Ministerio de Salud y al Ministerio del Ambiente para que digan que están haciendo por Choropampa.

Por su parte, el alcalde Carbajal expresó que van a esperar unas semanas para ver si se hacen realidad las promesas, de lo contrario tomarán nuevas medidas. Agregó que sus dos demandas son: Atención por parte de médicos especialistas extranjeros, ya que todos tienen síntomas, desde dolores de cabeza hasta algunos casos de muertes extrañas; e indemnización a todos los choropampinos afectados. “Yanacocha aduce que ya se cerró el caso, pero ahora estamos con mas dolencias, y hay varias muertes, como la del ex alcalde local”, acotó el alcalde choropampino”.

Hoy, a casi cuatro meses de esa sesión en el Congreso y más cerca del noveno aniversario de la tragedia, ni siquiera se conforma la anunciada Comisión multisectorial destinada a atender las necesidades de los choropampinos, que siguen sufriendo y marchando por un país que aún les es ajeno, al igual que a millones de peruanos.

Raúl Chacón Pagán

Nota: Pedimos disculpas a nuestros lectores por el retraso de dos días de esta edición.

1. ESTALLA EL CONFLICTO. Más de tres mil pobladores de las zonas de San Juan, Magdalena y Choropampa se unieron para protestar contra la empresa minera Yanacocha.

Han transcurrido casi nueve años desde el fatídico 2 de junio de 2000, cuando una empresa derramó mercurio en las zonas de San Juan, Magdalena y Choropampa. Nueve años en los cuales la población ha ido muriendo con terribles cuadros patológicos producidos por la contaminación con ese metal pesado.

Ahora la gente ha iniciado un paro indefinido, bloqueando la principal carretera de penetración Cajamarca – Ciudad de Dios, y advierten que sólo levantarán su medida de lucha cuando Carlos Santa Cruz Bendezú, gerente para Sudamérica de Newmont, principal accionista de minera Yanacocha se siente con ellos a dialogar y brinde una solución a sus demandas.

La población advierte que no aceptará una comisión de negociación; tampoco desean saber nada de congresista alguno, menos de representantes de Defensoría del Pueblo o de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Estamos cansados de escuchar promesas y más promesas de comisiones e investigaciones. Queremos soluciones y no vacilaciones”, gritaban los manifestantes.

En la zona del conflicto se encuentran apostados más de cincuenta policías fuertemente armados. Están ubicados estratégicamente para actuar en caso la situación llegue a un punto crítico y se tenga que usar la fuerza.

Los pobladores han tomado la carretera y bloquean la vía durante lapsos de tiempo de una hora u hora y media. Transcurrido ese tiempo vuelven a circular los vehículos tanto de carga pesada como ómnibus de pasajeros. Durante la interrupción del tránsito la fila de unidades en la carretera se hace inmensa, y al momento del paso de vehículos, la polvareda que generan hace imposible la visión en la zona.

Los Frentes de Defensa de San Juan, Choropampa y Magdalena se han unido en esta lucha. Se han organizado de tal manera que cuentan con víveres y comparten una olla común.

Mientras que algunos piquetes de pobladores se dedican a cocinar, otros dedican a organizar las arengas y elaborar sus pancartas. Hay quienes están convocando a las poblaciones de las zonas aledañas a unirse a esta protesta.

Tomado de: http://www.panoramacajamarquino.com/?p=11651&cpage=1

2. MINERA YANACOCHA PRETENDE APODERARSE DE 280  LAGUNAS DE SAN PABLO-CAJAMARCA. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEFINIRA SI ORDENANZA Nº 001-2007-MPSP PROTEGE A LAGUNAS AL AMPARO DE REGLAMENTO DE ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA. POBLADORES HARAN VIGILIA EN LIMA
Por:
Mauricio Quiroz Torres

De absurdo han calificado los pueblos de la Provincia de San Pablo, en Cajamarca, las pretensiones de la Minera Yanacocha de pretender apoderarse de 280 Lagunas localizadas en el distrito de Tumbadén de dicha Provincia con el fin de agenciarse para de los recursos hídricos de dichas lagunas.

El Presidente de la Asociación de San Pablinos, Edilberto Barrantes Terán, residentes en Cajamarca ha manifestado que resulta inconcebible esta pretensión minera y dijo que ellos están vigilantes del fallo que dará el Tribunal Constitucional. No permitiremos más abusos ni el entreguismo de las autoridades jurisdiccionales ni administrativas sobre este caso, indicó. Nosotros estamos en pie de lucha, afirmó.

Entreguismos

Minera Yanacocha desde el año 2004 solicitó a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego del Jequetepeque (JUDRJ.) con sede en la Provincia de San Pedro de Lloc, las 280 Lagunas del Alto Perú, Distrito de Tumbadén, Provincia de San Pablo, Dpto. de Cajamarca.

Dicha Junta le otorgó irregularmente sendas resoluciones para cumplir su objetivo  de construir una represa para almacenar millones de metros cúbicos de agua y trasladarlo para hacer minería. El 01 de Junio del 2005 le otorga la Resolución Nº. 618 autorizando la fuente de vida de dos importantes valles: El Llaucano y El Jequetepeque.

La entrega oficial, se realizaba el 27 de Setiembre del 2005 en la Escuela del Suro- Antivo en Tumbadén pero la vasta lucha popular impidió que la minera Yanacocha cumpla su objetivo y  el 05 de Octubre del mismo año, Minera Yanacocha emite un pronunciamiento escrito a San Pablo y a Cajamarca, manifestando que no quiere las Lagunas del Alto Perú. Pero eso era solo un engañamuchachos pues sacó sus negras garras antipopulares cuando la Municipalidad Provincial de San Pablo emite la tercera Ordenanza Municipal Nº 001-2007 considerando que por D.S.087-2004- PCM. que reglamenta el proceso de zonificación ecológica y económica, con un área de 2,960 Has., como zona ecológica en la categoría de área natural protegida para conservación del recurso hídrico, especies nativas a fin de impulsar el turismo.

Contra esta Ordenanza, el 25 de Mayo del 2007, Minera Yanacocha interpuso demanda de amparo en el 34º Juzgado especializado de Lima como si no hubiera Poder Judicial en Cajamarca. Y es que esta Minera está acostumbrada a que los pueblos no conozcan de sus bellaquerías contra los derechos del pueblo.

Minera Yanacocha  aduce que la Ordenanza Municipal atenta contra la libertad de empresa, libertad de industria, de trabajo, contra la propiedad privada y que constituye una amenaza para el ejercicio de sus actividades mineras. Un juez valiente, y pese al poder del dinero de la Minera Yanacocha, lo declara improcedente.

Con fecha 31 de Julio del 2007, la Minera apela ante  el 34º juzgado civil de Lima y el caso es resuelto a favor de la Municipalidad Provincial de San Pablo por la Segunda Sala de la Corte Superior de Lima.

Pese a este fallo  la minera, se queja ante el Tribunal Constitucional  y este cuerpo jurisdiccional ya sesionó en Arequipa el 27 de abril y ahora está pendiente su fallo.

El pueblo de San Pablo ha estado en vigilia en Arequipa durante dicha Sesión y ahora anuncian que harán una movilización en la sede del Tribunal Constitucional en Lima para que no salga un fallo torcido, aseguraron los pueblos de San Pablo, Cajamarca.

Seguirán firmes en la lucha pobladores de las cuencas del Llaucano y el Jequetepeque

Si el fallo no respeta la Ordenanza 01-2007 que lo único que hace es hacer prevalecer lo dispuesto en el Reglamento de Zonificación Ecológica Económica del Estado Peruano, acudiremos a los tribunales internacionales, han señalado fuentes de la Municipalidad Provincial de San Pablo ya que seria inconcebible que se entregue 280 Lagunas a la Minera Yanaocha que está destruyendo los recursos hídricos de la Región Cajamarca.

Las Autoridades, dirigentes y pueblo en su conjunto de los 2 hermosos valles El Llaucano y el Jequetepeque  están listos a frenar tanto abuso que  viene cometiendo éstas Empresas a quienes se les dio la oportunidad de operar en la zona; pero lo hacen en base a la viveza y prepotencia.

Yanacocha opera desde 18 años y cuando llegó a Cajamarca, encontró una ciudad tranquila, aguas limpias, carretera asfaltada, flora y fauna de primera calidad; pero ahora, existen dirigentes corridos, enjuiciados, muertos y hasta  los pobres sapitos han desaparecido, y ellos sin embargo dicen que no hay abuso ni contaminación.

Los sanpablinos se han reunido el Domingo 26 del Presente en el Distrito de San Luis con sus autoridades, dirigentes y el pueblo y han acordado una vigilia hasta el fallo del Tribunal Constitucional a fin de estar alertas a cualquier desliz que pudiera haber en las próximas horas sobre el fallo del TC.

Asimismo, han acordado decirle a las autoridades gubernamentales y a quien quiera mancillar el honor de éste heroico pueblo, que en San Pablo, un 13 de Julio de 1882, se escribió con sangre la Batalla de San Pablo en defensa de nuestro suelo patrio y hoy estamos también preparados para seguir defendiendo la vida que es el agua de nuestras 280 lagunas del alto Perú.

Les decimos a los hermanos comunicadores sociales de Arequipa, Cajamarca,  del Perú y de otros países de donde hemos recibido adhesiones, que  los hijos luchadores de la heroica Provincia de San Pablo les estamos eternamente agradecidos por identificarse  en la defensa de la vida, que es el agua.

3. RONDEROS Y ALCALDES DE NAMBALLE Y SAN IGNACIO HICIERON RETROCEDER A PRETENCIONES DE MINEROS ARTESANALESPor: Lic. Carlos Martínez Solan, alcalde Provincial de San Ignacio y presidente del FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERU

Frente a la ilegal presencia de una maquina retroexcavadora en las orillas del río Chinchipe que desarrollaba minería  artesanal, el pasado 19 de abril en el distrito fronterizo de  Namballe provincia de San Ignacio, se reunieron las  bases ronderas de dicho distrito fronterizo presidido por el rondero Francisco Neira, el  Alcalde Distrital Sr. Amadeo Mijahuanca Peña, el Gobernador Provincial y el Alcalde Provincial de San Ignacio Lic. Carlos Martinez Solano, quien es además presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, quienes analizaron la situación de una maquina retroexcavadora marca Komatsu, llegando a la conclusión que su operación era totalmente ilegal, pues no contaba con ninguna autorización, y que además podría estar poniendo en peligro la vida de miles de pobladores que viven aguas abajo y que hacen uso de las aguas del río Namballe que desemboca en el rió Chinchipe, por el uso de mercurio.

El acuerdo central fue que dicha maquina alquilada por la empresa “Cerro Verde”, representada por el  Sr. Walter Vásquez (ex presidente de las Rondas Campesinas de Namballe) deje de operar y le dieron un plazo de 24 horas para que se retire. El acuerdo fue desacatado por los representantes de esta empresa minera, por lo que el 20 de abril se le reitera la notificación del retiro, volviendo a desobedecer estos acuerdos comunales y de autoridades.

En consecuencia, la Federación de Rondas Campesinas de Namballe y autoridades convocaron a una reunión extraordinaria el día 2 de mayo 2009 para determinar esta situación, en ella se reunieron más de 300 ronderos, con la presencia de los alcaldes de Namballe y San Ignacio, y contando con la presencia del Fiscal provincial de Prevención del Delito y el Comandante de la Policía Nacional de San Ignacio -convocados por el Alcalde Provincial- volvieron a tomar el acuerdo unánime que dicha maquinaria debe retirarse, procediéndose inmediatamente a notificar al operador para que inicie su retorno. El retiro fue acompañado por los cientos de ronderos y autoridades hasta un buen tramo, para garantizar la integridad del operador y la maquina retroexcavadora.

No se produjo ningún incidente que lamentar, no hubo tampoco agresiones, y lo que si se notó es la no presencia del ex párroco de San Ignacio – Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de San Ignacio que pese ha ser invitado no concurrió a esta delicada reunión, lo cual fue seriamente cuestionado por los asistentes.

Finalmente, primó el respeto al medio ambiente, la cordura, el diálogo y se impuso el acuerdo popular campesino de las Rondas Campesinas, respaldados por sus autoridades municipales, ratificaron su firme convicción de no permitir la actividad minera en esta zona, donde se viene desarrollando una propuesta de desarrollo humano sostenible con resultados exitosos, a favor de las inmensas mayorías de familias del área rural.

4. PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA ANTE EL PARO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS.

Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de las comunidades nativas.

  1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad. Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gen. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.
  2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (DA 471).
  3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.
  4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.
  5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009. En dicho Informe se insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.
  6. Debemos expresar que “la Iglesia… valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (DA 472).
  7. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.
  8. No queremos violencia. Nos gustaría no apoyar el paro actual. Pero nos da la impresión de que el gobierno y el Congreso no muestran la intención de dialogar y buscar soluciones. Y así comprendemos la desesperación de las poblaciones indígenas y la creencia cada vez más extendida de que se compra a algunos de sus líderes para provocar la desunión y hacer ineficaces sus justos reclamos.
  9. Esta desesperación y desunión hace que en su necesidad de ser escuchados acepten el apoyo de algunas asociaciones y grupos politizados que aprovechan la oportunidad para presentar otras peticiones o reclamos que de ninguna manera nosotros apoyamos.
  10. Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional de la República, la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.

A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (DA 474c).

5. MISIONEROS DENUNCIAN QUE DESBLOQUEO DEL NAPO FUE IRREGULAR. Fue de improviso y sin la presencia de la Fiscalía ni de las autoridades

Sacerdotes de la Misión de Santa Clotilde, capital del distrito loretano de Napo, que estuvieron presentes en el desbloqueo del río, denunciaron a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) que la población fue sorprendida por la Marina de Guerra sin previo aviso. Además, confirmaron que durante la acción de fuerza no estuvieron presentes ni el fiscal, ni la policía, ni las autoridades.

Cabe recordar que hoy a las 05:30 horas, la Marina de Guerra desbloqueó el río Napo a la altura de Copal Urco donde indígenas Kichuas y Arabelas mantenían un bloqueo desde hace casi cuatro semanas.

Los misioneros Oblatos de María Inmaculada, quienes regentan un centro de salud en la Misión de Santa Clotilde, describieron el hecho a la CNR.

“Me da mucha lástima como estos seis yates de la Marina, con ocho soldados abordo, que escoltaban al buque de guerra, han hecho correr a los indígenas en sus pequeñas embarcaciones”, refiere el padre Roberto Carrasco. “Ha habido golpeados, mujeres que se han agarrado a la soga que bloqueaba el Napo. Ha habido golpes; no mayores pero sí golpes a mujeres y hundimientos de peque-peques (pequeñas embarcaciones)”.

Según el misionero, los indígenas Kichuas y Arabelas han querido dialogar con las autoridades pero no hubo ningún intento de conversar por parte de la Marina de Guerra. También afirma que la Marina nunca avisó de que iba a llegar a Copal Urco y desbloquear el río Napo para permitir el paso de tres buques de la petrolera Perenco.

“No hubo ningún informe, no hubo nada”, asegura. “ No hubo fiscal, no hubo alcalde, no hubo gobernador del distrito a pesar de que ha estado aquí en Santa Clotilde. La gente ha sido sorprendida”, remarcó.

El padre Carrasco informó que a las 09:00 horas, con la acción consumada, un helicóptero sobrevoló la zona y lanzó panfletos informando del desbloqueo y exhortando a la población a mantener la calma. Este misterioso panfleto, firmado por el “gobernador de Loreto”, autoridad inexistente, aseguraba que el gobierno central se encuentra en conversaciones para solucionar los reclamos de los pueblos amazónicos.

Por su parte, el padre Jack McCarty, misionero con 20 años en Santa Clotilde, confirmó que la Marina de Guerra llegó durante la madrugada y que no hubo intención de diálogo con los dirigentes indígenas. También certificó que los nativos no portaban armas y que, por el contrario, portaban banderas blancas y la bandera del Perú en señal de paz.

Tomado de: http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26093

6. “SI HOY NO HAY RESPUESTA DEL ESTADO BLOQUEAREMOS EL RÍO NAPO EN CUATRO TRAMOS”. Afirma el presidente de la Federación Indígena del Río Curaray, Beltrán Sandi

Tras el desbloqueo forzado del río Napo por parte de la Marina de Guerra el último lunes,  una comitiva de  dirigentes indígenas Kichuas y Arabelas viajan hoy a Iquitos para reunirse con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y decidir las próximas acciones de protesta. Si no consiguen dialogar con el gobierno, amenazan con volver a interrumpir la circulación de embarcaciones en el Napo, pero esta vez de forma coordinada en cuatro tramos.

Tras la indignación inicial por lo sorpresivo del desbloqueo, los nativos decidieron intentar nuevamente dialogar con las autoridades para pedir la derogatoria del paquete de decretos legislativos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y que consideran lesivos a sus derechos ancestrales.

“Nosotros queremos coordinar con el gobierno”, afirmó a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) el presidente de la Federación Indígena del Río Curaray (Loreto), Beltrán Sandi. “ Eso es lo que el pueblo pide después del desbloqueo. Nuestros hermanos están muy indignados, pero les hemos pedido que se calmen porque tenemos mucho que perder si nos enfrentamos a la Marina, en primer lugar nuestra vida”.

Pero a pesar de ello, aseguran que los indígenas presentes en Copal Urco, ubicado en el distrito loretano de Napo, en la provincia de Maynas, esperarán que sus dirigentes les informen hoy desde Iquitos para decidir si emprenderán nuevos bloqueos.

“Si el día de mañana (martes) no hay respuesta del Estado, los indígenas tomaremos medidas de fuerza”, aseveró Sandi. “Si no nos atienden volveremos a bloquear el Napo, pero esta vez en cuatro  partes”.

Detalló que cortarán el tránsito de barcos en las aguas del citado río a la altura de Negro Urco, San Rafael y Pantoja, además de bloquear la boca del río Curaray, afluente del Napo.

Respecto al desbloqueo ocurrido en la víspera, el dirigente denunció que la Marina de Guerra sorprendió a la población, que desde hace cuatro semanas cortaba el paso de embarcaciones a la altura de Copal Urco.

“El Estado peruano ha enviado un buque de la Marina de Guerra para que vaya a asustar a la gente”, denunció el dirigente. ”Ha habido personas que han sido heridas. Ha habido pérdida de motores. Nosotros mismos hemos visto los momentos en los que las tres embarcaciones de (la petrolera francesa) Perenco pasaron con ayuda de la Marina”.

Además, Sandi confirmó el testimonio de los misioneros de Santa Clotilde, presentes en el momento del desbloqueo y que denunciaron que la intervención de la Marina fue sin previo aviso.

“No hemos tenido ningún anuncio por parte de la Marina de Guerra para retirarnos, coordinar o que fueran a desbloquear el río”, aseguró. “ La Marina llegó sorpresivamente y actuó. El pueblo indígena estaba desarmado, sólo con sus banderas y sus pequeñas embarcaciones“, acotó.

Tomado de: http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26094

7. EL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA EL GANGES, EL NÍGER Y OTROS GRANDES RÍOS. Algunos de los ríos más importantes del planeta, incluyendo el Ganges, el Níger y el Río Amarillo de China, se están secando por causa del cambio climático.
Por: Suzanne Goldenberg

Algunos de los ríos más importantes del planeta, incluyendo el Ganges, el Níger y el Río Amarillo de China, se están secando por causa del cambio climático, advierte un estudio de las vías fluviales (1).

El estudio, hecho por el National Center for Atmospheric Research (2) de Colorado (EE. UU.), descubrió que el calentamiento global ha tenido sobre los ríos un impacto mucho más dañino del que se había supuesto y que, abrumadoramente, estos ríos de áreas altamente pobladas eran los que se habían visto más gravemente afectados. Eso podría ser una amenaza, advertía el estudio, para el suministro de alimentos y de agua para millones de personas que viven en algunas de las regiones más pobres del mundo.

“En las áreas subtropicales este [decrecimiento] es devastador, pero el continente más afectado es África”, dijo Kevin Trenberth, del NCAR. “Las perspectivas son generalmente que las lluvias, cuando se produzcan, sean más fuertes y con mayores riesgos de inundaciones, y periodos más largos de sequía entre medias, por lo que la administración del agua será mucho más difícil”.

Los científicos examinaron los datos registrados y los modelos informáticos de los flujos en 925 ríos, que constituyen aproximadamente un 73 % del suministro de agua corriente del mundo, en el periodo 1948-2004. Se ha descubierto que el cambio climático ha tenido impacto en aproximadamente un tercio de los ríos grandes. Los ríos que como consecuencia del cambio climático experimentaron una disminución de la corriente fueron más del doble de los que experimentaron un crecimiento en los niveles del agua.

Además, esos ríos que vieron un crecimiento estaban en zonas escasamente pobladas, en latitudes altas cercanas al Océano Ártico, donde se está fundiendo rápidamente el hielo y la nieve.

Dicen los autores que su estudio aporta una claridad nueva a una comprensión de los efectos a largo plazo del cambio climático sobre las vías fluviales. “Pienso que nuestro estudio establece la cuestión relativa a las tendencias a largo plazo de las corrientes fluviales globales”, afirmó Aiguo Dai, el autor principal del informe.

El peligro mayor se planteaba para quienes dependen del Níger, en el África occidental, el Ganges en el sur de Asia y el Río Amarillo en China. El Río Colorado, en Estados unidos, también estaba experimentando un descenso en los niveles de agua.

Otros grandes ríos de Asia, como el Brahmaputra de India y el Yangtze de China, permanecen estables o han registrado un incremento de la corriente. Pero los científicos dijeron que también podían empezar a reducirse por la desaparición gradual de los glaciares del Himalaya.

Los únicos ríos que podrían ganar fuerza por el cambio climático son los que fluyen al norte del paralelo 50. “El calentamiento global eleva la temperatura y las precipitaciones, y puede ser beneficioso allí”, afirmó Dai. “Sin embargo, se trata de zonas escasamente pobladas”.

El estudio descubrió que el cambio climático, que ha perturbado la evaporación y las pautas pluviales, ha tenido un efecto mucho mayor y más dañino sobre los ríos del mundo que otros factores humanos, como las presas y el uso del agua para irrigación. “Para muchos de los ríos más grandes del mundo, los efectos de la actividad humana sobre las corrientes anuales son pequeños en comparación con los de las variaciones climáticas en el periodo 1948-2004″, afirma el estudio.

También ha tenido un efecto en forma de repercusiones, porque los ríos se vierten en los océanos del mundo. Al reducirse el caudal de los ríos, los océanos se vuelven más salados. Durante el periodo del estudio, la descarga de agua dulce en el Pacífico se redujo aproximadamente un 6 %: aproximadamente el volumen anual del Mississippi.

Tomado de: http://www.ecoportal.net/content/view/full/85796/


8. INFLUENZA PORCINA: UN SISTEMA ALIMENTARIO QUE MATA. La industria de la carne desata una nueva plaga

México se encuentra sumido en una repetición infernal de la emergencia de la gripe (o influenza) aviar en Asia, aunque con un mayor grado de mortalidad. Una vez más, la respuesta oficial de las autoridades llega demasiado tarde y plagada de falsedades. Y otra vez más, la industria mundial de la carne es el centro de la situación y fabrica todo tipo de desmentidos a medida que se acumula evidencia sobre su papel en la crisis. Sólo cinco años después del inicio de la crisis de gripe aviar causada por el virus H5N1 y luego de otros tantos años de una estrategia mundial contra las pandemias de influenza coordinada por la organización Mundial de la salud (OMS) y la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), el mundo está atónito con el desastre provocado por la gripe porcina. La estrategia global ha fracasado y debemos reemplazarla con un sistema público de salud en el que la población pueda confiar.

Lo que sabemos de la situación en México es que oficialmente han muerto más de 150 personas debido a una nueva variante de gripe porcina que, en realidad, es un cóctel genético de los virus de las cepas de influenza porcina, aviar y humana. El nuevo virus ha evolucionado hasta convertirse en una forma que se transmite fácilmente de persona a persona y es capaz de matar gente que hasta el momento era perfectamente saludable. No sabemos con exactitud dónde se produjo la evolución y recombinación genéticas, pero el sitio obvio para buscar su origen está en los criaderos industriales de México y Estados Unidos [1]

Los expertos han alertado por años que el aumento de criaderos industriales en gran escala en América del Norte ha creado las condiciones perfectas para el surgimiento y dispersión de nuevas formas de influenza altamente virulentas. “Debido a que los sistemas de alimentación tienden a concentrar grandes cantidades de animales en muy poco espacio, facilitan la rápida transmisión y mezcla de los virus”, dijeron investigadores del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos en 2006. [2] Tres años antes, la revista Science advirtió que la gripe porcina evolucionaba una vez más en fase rápida por el aumento en el tamaño de los criaderos industriales y al uso generalizado de vacunas en estos establecimientos.[3] Se repite la historia de la gripe aviar. Las condiciones insalubres y de hacinamiento de los criaderos hacen posible que con mucha facilidad el virus se recombine y desarrolle nuevas formas. Una vez que esto ocurre, el carácter centralizado de la industria garantiza que la enfermedad se disemine a lo largo y ancho, ya sea por las heces fecales, el alimento, el agua, o incluso las botas de los trabajadores. [4] Sin embargo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos “no existe un sistema nacional de monitoreo que determine cuáles son los virus que prevalecen en la población porcina de Estados Unidos” [5]. La situación es la misma en México.

Las comunidades en el epicentro

Algo que sí sabemos acerca del brote de gripe o influenza porcina en México es que la comunidad de La Gloria en el estado de Veracruz estuvo intentando que las autoridades respondieran a un brote virulento de una extraña enfermedad respiratoria que los afectó en los últimos meses. Los habitantes de La Gloria tienen la certeza que la enfermedad está relacionada con la contaminación provocada por el gran criadero de cerdos recientemente instalado por Granjas Carroll, una subsidiaria de la empresa estadounidense Smithfield Foods, el mayor productor de cerdos del mundo.

Después de innumerables esfuerzos de la comunidad por lograr la ayuda de las autoridades — esfuerzos que fueron respondidos con el arresto de varios líderes comunitarios y con amenazas de muerte contra quienes hablaran contra las instalaciones de la empresa Smithfield — a fines de 2008 algunos funcionarios locales de salud decidieron investigar. Las pruebas revelaron que más del 60% de la población de 3 mil personas estaban infectadas con una enfermedad respiratoria, pero las autoridades no confirmaron de qué enfermedad se trataba. Smithfield negó cualquier conexión de la afección con sus instalaciones. Apenas el 27 de abril de 2009, días después que el gobierno federal mexicano anunciara oficialmente la epidemia de influenza porcina, la prensa reveló que el primer caso diagnosticado en el país fue el de un niño de 4 años de la comunidad de La Gloria, el 2 de abril de 2009. El secretario de Salud de México dice que la muestra que le tomaron al niño fue la única de esa comunidad que las autoridades conservaron. Ello a pesar que una firma privada de evaluación de riesgos estadounidense, Veratect, había notificado a funcionarios de la OMS en la región de los brotes de la potente enfermedad respiratoria en La Gloria desde principios de abril de 2009. [6] Cuando a la muestra obtenida del niño se le hicieron pruebas de laboratorio, se confirmó que era influenza porcina. [7]

El 4 de abril de 2009, el periódico mexicano La Jornada publicó un artículo sobre la lucha de la comunidad La Gloria con la foto de un niño en una manifestación sosteniendo una pancarta con un dibujo de un cerdo y la leyenda: “Peligro, Granjas Carrolls” [8]. Sobre las pandemias de gripe en general, sabemos que la proximidad de criaderos industriales de cerdos y pollos aumenta los riesgos de recombinación viral y el surgimiento de nuevas cepas virulentas de gripe. Se sabe, por ejemplo, que los cerdos criados cerca de las granjas industriales de pollos en Indonesia tienen altos niveles de infección del virus H5N1, la variante mortal de la gripe aviar. [9] Los científicos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos han advertido que “el número cada vez mayor de criaderos de cerdos en las cercanías de criaderos de aves podría promover aún más la evolución de la próxima pandemia.” [10] Aunque no se ha informado mayormente al respecto, en la región aledaña a la comunidad de La Gloria hay también muchos otros grandes criaderos de pollos. En septiembre de 2008, hubo un brote de gripe aviar en la región. En ese momento, las autoridades veterinarias le aseguraron al público que sólo era un brote local de un tipo de virus poco patógeno que afectaba a las aves de corral. Pero ahora sabemos, gracias a la información que brindó el presidente de la Comisión Ambiental del Estado de Veracruz, Marco Antonio Núñez López, que también hubo un brote de gripe aviar en un criadero industrial ubicado a unos 50 kilómetros de La Gloria, propiedad del mayor productor de aves de México, Granjas Bachoco, brote que no fue dado a conocer por temor a lo que podría implicar para las exportaciones mexicanas. [11] No hay que olvidar que un componente común en el alimento industrial de cerdos es la gallinaza, una mezcla de todo lo que se acumula en el piso de los gallineros industriales: heces fecales, plumas y cama animal.

¿Podría haber una situación más ideal para el surgimiento de una pandemia de influenza que un área rural pobre, llena de criaderos industriales propiedad de empresas transnacionales a los que les importa un bledo el bienestar de la población local? Los residentes de La Gloria han intentado resistirse por años al criadero de Smithfield. Y durante meses intentaron que las autoridades hicieran algo en relación a la extraña enfermedad que los afecta. Siguen ignorados. Sus voces no lograron hacer llegar ni una sola señal al radar del sistema mundial de detección de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud. Los brotes de gripe aviar en Veracruz tampoco detonaron una respuesta de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las noticias surgieron solamente de fuentes privadas. [12] Y a esto se le llama monitoreo mundial.

Mañas empresariales

No es la primera ni la última vez que los criaderos industriales ocultan brotes de enfermedades y ponen en peligro la vida de la gente. Es la naturaleza de su negocio. Hace unos dos años en Rumania, Smithfield se negó a que las autoridades locales entraran a sus criaderos de cerdos luego que la población local se quejó de la fetidez proveniente de cientos de cadáveres de puercos que durante días dejaron pudrir en los criaderos. “Nuestros doctores no pudieron acceder a las instalaciones de la empresa estadounidense para efectuar inspecciones de rutina,” dijo Csaba Daroczi, director adjunto de la Autoridad de Higiene y Veterinaria de Timisoara. “Cada vez que lo intentaban, los guardias los alejaban. Smithfield propuso que firmáramos un acuerdo que nos obligaría a avisarles de cualquier inspección con tres días de anticipación.” [13] Más tarde se supo que Smithfield había estado ocultando un brote de grandes proporciones de fiebre porcina clásica en sus criaderos en Rumania. [14] En Indonesia, donde la gente aún muere de gripe aviar y donde muchos especialistas creen que va a surgir el virus de la próxima pandemia, las autoridades aún no pueden entrar en algunos grandes criaderos industriales sin el permiso de las empresas. [15] En México, las autoridades rechazaron los llamados a investigar Granjas Carroll y acusaron a los residentes de La Gloria de diseminar la infección por “usar remedios caseros en vez de ir a los centros de salud para curarse de la gripe.” [16] Los criaderos industriales son bombas de tiempo que pueden detonar epidemias mundiales. Sin embargo, aún no hay programas para enfrentarlos, ni siquiera programas independientes de monitoreo de posibles enfermedades. A nadie en las alturas parece importarle, y probablemente no es una coincidencia que estos criaderos tiendan a instalarse en las comunidades más pobres, las que sufren mucho por intentar que se sepa la verdad. Peor aún, es ya una proporción tan grande de nuestra alimentación la que proviene de este sistema, que la principal tarea de los sistemas gubernamentales de seguridad alimentaria parece ser la de aplacar los temores y mantener a la gente comiendo. Smithfield tiene problemas financieros y apenas la semana pasada negociaba su venta con COFCO, la mayor agroindustria china. [17]

Mientras tanto, la industria farmacéutica está lucrando en grande con la crisis. Por la emergencia, el gobierno de Estados Unidos abrió un hueco en su sistema de autorización para permitir que antivirales como Tamiflu y Relaxin sean utilizados más ampliamente en quienes sufran de gripe que lo autorizado hasta ahora. Esto es una excelente noticia para Roche, Gilead y Glaxo SmithKline, quienes tienen el monopolio de estos fármacos. Lo más importante, es que las acciones cambiarias de varios otros productores de vacunas más pequeños subieron de precio en forma dramática. [18] Novarax está intentando convencer a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y al gobierno mexicano que pueden fabricar una vacuna contra la influenza porcina en no más de 12 semanas si se relajan las reglamentaciones para efectuar pruebas.

Un cambio radical

Es claro que el sistema global para lidiar con los problemas de salud provocados por la industria alimentaria transnacional está totalmente de cabeza. Su sistema de monitoreo es un fiasco, los servicios de salud pública y de atención veterinaria situados en el frente de batalla están en ruinas, la autoridad para impartirlos se puso en manos de la iniciativa privada, y sus intereses obedecen a la lógica del status quo. Entretanto, a la gente se le dice que se mantenga en casa y que cruce los dedos para que funcione el Tamiflu o para que surja una nueva vacuna a la pueden o no tener acceso. Ésta no es ya una situación tolerable; se requieren acciones que nos lleven a un cambio radical, ahora mismo. En el caso específico de la influenza porcina en México, el cambio podría comenzar si se impulsa una meticulosa investigación independiente sobre los criaderos industriales de puercos y pollos en Veracruz, por todo el país y en Estados Unidos. Es necesario que el pueblo de México conozca la fuente del problema, de tal modo que pueda tomar las medidas adecuadas para cortar la epidemia desde sus mismas raíces y se asegure de que no vuelva a ocurrir.

En el nivel internacional, es importante frenar y comenzar a revertir la expansión de los criaderos industriales. Son éstos los caldos de cultivo de la pandemia y lo seguirán siendo mientras existan. Es inútil hacer un llamado a que haya un viraje total en la estrategia global conducida por la OMS, puesto que la experiencia con la gripe aviar demuestra que ni la OMS ni la Organización Mundial de Sanidad Animal, ni la mayoría de los gobiernos van a asumir una línea dura contra los criaderos industriales. De nuevo, es la gente la que tiene que tomar la delantera y protegerse a sí misma. Por todo el mundo, hay miles de comunidades que luchan contra las granjas fabriles. Estas comunidades están al frente de la lucha por la prevención pandémica. Es necesario que las resistencias locales contra los criaderos industriales se conviertan en un movimiento mundial para abolirlos.

Pero el desastre de la influenza porcina en México tiene que ver también con un problema de salud pública mucho más grande. Las amenazas a la salud del consumidor que son inherentes al sistema alimentario industrial, se combinan con una tendencia global a privatizar por completo el sistema de atención a la salud, lo que ha destruido la capacidad de los sistemas públicos de responder a las crisis. Se combinan también con las políticas que promueven la migración a las mega-ciudades donde las políticas de salubridad y de salud pública son patéticas e inadecuadas. (El brote de influenza porcina golpeó la ciudad de México, una metrópolis de más de 20 millones de habitantes, justo cuando el gobierno realizó cortes de agua en muchos barrios de la ciudad, lo que afecta, sobre todo, a las zonas más pobres.) El hecho de que la detección de los brotes de la enfermedad tengan que venir de las firmas privadas de consultoría, que los gobiernos y las agencias de Naciones Unidas se queden callados sin hacer nada ante tal información y el hecho de que tengamos que depender de un puñado de farmacéuticas para producir remedios no totalmente probados pero sí patentados a fondo, nos dice que las cosas fueron ya muy lejos. Requerimos sistemas de salud pública y de alimentación que de veras tengan un programa que no sólo responda a los intereses de la gente. Necesitamos sistemas que rindan cuentas.

Tomado de: http://www.grain.org/nfg/?id=643

9. PRESENTACIÓN DE LIBRO “LOS YATIRIS DE LA INTEGRACIÓN”

Editado por la Cátedra de Integración Sudamericana y Forum Solidaridad, será presentado por Elsa Malpartida, Héctor Béjar, Claudio Zapata y Ricardo Jiménez, el 8 de mayo a las 7:00 pm. Local: Auditorio Raúl Porras Barrenechea, segundo piso de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Se entregará el libro a los asistentes.

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