El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

El E-cochaski Nº 49 mayo 24, 2010

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 11:30am

Editorial. La hora cero de la consulta previa en el Perú

Finalmente, después de un largo entrampamiento, el histórico 19 de mayo pasado el Congreso de la República peruana aprobó la esperada, por unos, y temida, por otros, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Casi de inmediato, pese a haberse eliminado el derecho a veto, se manifestó una alegría generalizada, pero también se notó que actores muy distintos no estaban satisfechos con la norma, por motivos nada semejantes.

En efecto, se produjeron tres clases de reacciones públicas: De júbilo y saludo, por parte de varias organizaciones sociales, como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, entre otras; de rechazo y preocupación, por parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y de crítica constructiva, por parte de AIDESEP, tras las declaraciones de Alberto Pizango, su ex presidente.

La alegría no era injustificada, al haberse incluido en la ley definitiva la expresión de consentimiento como finalidad de la consulta. Con ello se establece que los acuerdos vinculan, siendo exigibles en su caso por vía judicial. También se fijó inequívocamente, desde el propio título, el carácter previo de la consulta. Asimismo, sólo el Estado, y no las empresas, es quien debe efectuar la consulta, rompiendo con una vieja práctica empresarial al realizar sus Estudios de Impacto Ambiental. Por último, las organizaciones a favor asumen que con la ley se ha establecido el principio del consentimiento previo, libre e informado, que permitirá tener en cuenta la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas por vía de interpretación.

Por su parte, Carlos Gálvez, directivo de la SNMPE y gerente de Finanzas de Compañía de Minas Buenaventura, expresó que la norma es inconstitucional, por lo que para que entrar en vigencia (si el Ejecutivo la aprueba) debería cambiarse primero la Constitución. Su fundamento es que, según la Carta Magna, los recursos naturales son propiedad de todos los peruanos y no de un grupo, es decir, “otorgarle derecho sólo a las comunidades indígenas es desconocer los derechos del resto de peruanos”. Lo cual implicaría que el gobierno ya no podría otorgar “en concesión (los recursos naturales) para beneficiar a todos los peruanos, sin excepción”. Al margen de esa seudo ideología del bien común, que no tiene mayor sustento al examinar las cifras de cómo se distribuye la renta nacional, podría responderse que si la ley aprobada fuera inconstitucional, también lo sería la OIT, la Comisión de Expertos, el Convenio 169, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y, por último, la misma ONU. Sólo bastaría recordar que el Convenio 169, que otorga el derecho a la consulta a los indígenas en varios aspectos que los conciernan, fue ratificado por el Estado peruano entre fines del 1993 y enero de 1994, entrando en vigencia en febrero de 1995.  Sin embargo, el carácter formalista de nuestro Estado, además de los intereses empresariales tan favorecidos desde los años 90, impedía que se implementara tal derecho. Ya el artículo 15, inciso 2, del Convenio 169 de la OIT indica claramente que antes de emprender la exploración y explotación de recursos del subsuelo, propiedad del Estado, los gobiernos deben consultar a las comunidades nativas para vislumbrar si sus intereses serían perjudicados y cómo. Incluso el mismo artículo indica que las comunidades deberán participar en los beneficios que las actividades extractivas produzcan, y en caso de sufrir daños por las segundas deberán ser indemnizadas. Otros han señalado que las interpretaciones de la Corte Interamericana que respaldan el derecho a la propiedad indígena se basan en un instrumento mucho más antiguo: la Convención Americana.

Las críticas de la AIDESEP no son vanas, así como una que señala que la ley aprobada dice al final que ella no deroga ninguna norma previa, a fin de proteger lo que hace y ha hecho Energía y Minas y Perúpetro. Otra posición interesante agrega que las concesiones otorgadas sin respeto al derecho a la consulta siempre fueron y son nulas. Es decir, dichas concesiones son claramente nulas a partir de la entrada en vigor del Convenio 169. Es el caso de las concesiones mineras otorgadas en la Cordillera del Cóndor justo semanas después de ello.

En concreto, una alternativa en este nuevo escenario seria que AIDESEP, una persona natural u otra organización interesada en defender la Amazonia, presenten acciones de amparo contra el proceso de concurso iniciado por Perúpetro para 25 lotes, aduciendo que se ha violado el derecho a la consulta previa, pues antes sólo se dieron actos informativos y sin la participación de INDEPA, pudiendo llegarse hasta el Tribunal Constitucional, e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que la misma ley señala que si las organizaciones consideran que no ha habido un proceso de consulta previa, pueden acudir a la vía judicial. Pero esta estrategia requiere iniciarse de inmediato, a fin de ser más efectiva frente al embate de las petroleras y mineras y sus omnipresentes lobbies, de seguro hoy más activos que nunca.

En conclusión, es innegable que esta ley abre una ventana de oportunidad para hacer efectivo el derecho a la consulta de los pueblos nativos y originarios. Y de no haber sido aprobada máximo en junio, quizá hubiera generado manifestaciones de descontento por parte de las fuerzas sociales implicadas, como se anunció hace unas semanas. Algo que no le hubiera convenido al gobierno actual. Pero lo que ahora nos conviene a todos los peruanos es que la democracia, la gestión de los recursos naturales y el manejo responsable del ambiente incorporen sustantivamente la participación ciudadana, a fin de hacer menos ancho y ajeno al país y su ambiente para las mayorías. Meta para la cual es clave la ley de consulta previa, aunque eso no será nada fácil al principio.

Raúl Chacón Pagán


1. AIDESEP SOSTIENE QUE RECIENTE LEY DE CONSULTA APROBADA TIENE MUCHOS ERRORES Y DEBE MODIFICARSE

21 de mayo de 2010. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, la reciente aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas y Originarios es un pasito de muchos otros más que faltan y que para lograr una verdadera reconciliación se debe respetar los derechos, descriminalizar la protesta de los pueblos, pues la norma aprobada tiene errores en el proceso, existen artículos confusos; sin embargo, debemos encontrar alternativas para mejorarlo.


El Consejo Directivo Nacional de la organización indígena sostiene que la primera observación es haber debatido un proyecto de menor preparación y detalle, dejando de lado el que se trabajó mejor y con más participación, habiéndose perdido un año de trabajo en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y en las Mesas de Diálogo creadas por el gobierno después de los lamentables hechos de Bagua.

Pero también la AIDESEP detectó algunos artículos con problemas como son:

Art.9º. Identificación: donde se señala que un pueblo indígena puede solicitar una consulta pero el Estado puede negarlo (desestime) y frente a eso hay que “impugnar” ante el INDEPA, y si no aceptan, pasar al Poder Judicial. Esto puede repetirse varias veces y perder tiempo en vericuetos burocráticos, solo para decidir si hay consulta o no, mientras avanza en la práctica las obras de algún proyecto.

Art. 15º. Decisión: Dice que los “acuerdos de la consulta son exigibles judicialmente”. Debe reconocerse que la realidad cambia, más en la amazonía y más cuando los impactos de petroleras o hidroeléctricas pueden ser distintos a lo que se pensó; nos preguntamos ¿la vida de un pueblo debe sujetarse a un acuerdo de tiempo atrás superado por la realidad?

Art. 16º, 19º: Dice que los intérpretes y facilitadores, serán solo los registrados ante INDEPA. ¿Porqué ese controlismo, por qué no puede respetarse a cada Pueblo que tiene sus traductores? Conociendo las debilidades y trampas del Estado, debe mejorarse para respetar a los intérpretes y facilitadores que tenga cada pueblo, sin pasar por el filtro político del INDEPA.

Art. 20º: Dice que el INDEPA controla la base de datos “oficial” de organizaciones representativas y sus poderes de representación. ¿Por qué colocar filtros a la decisión libre de cada pueblo afectado de ser representado por tal o cuál organización? ¿Hay confianza de que el actual INDEPA sea neutral? No recordamos como el programa Prensa Libre descubrió al secretario ejecutivo de INDEPA y presidente del Tribunal Electoral del APRA, Miguel de Loayza, con las puertas cerradas y solo recibían a militantes apristas y no a los representantes indígenas; o acaso no recordamos la denuncia de la ex ministra Carmen Vildoso que, mediante cuatro cartas antes de los hechos de Bagua, envío a INDEPA para que emita una opinión sobre los Decretos Legislativos que atentaban contra la amazonía y el ente nunca respondió. ¿por qué pensamos que hoy va a ser diferente, si sigue el mismo gobierno, los mismo funcionarios y el mismo estilo de hacer política?

Tercera Disposición Final. Dice que la ley entrará en vigencia a los 90 días de su publicación. ¿Qué pasará con los actuales lotes petroleros o mineros, van a suspenderse, esperarán “pacientemente”, o van aprovechar ese plazo para presionar y dividir? ¿Porqué otras leyes más complejas se aplican al día siguiente y aquí se hace una excepción que aumenta los problemas, y si dicen que debe aumentarse más el plazo para poder “tener presupuesto” ?. Proponemos que se respete el Informe de la OIT de febrero 2010 que pide al gobierno suspender toda concesión en tanto no sean consultados los pueblos afectados, en especial en estos 90 días que pueden alargarse.

En conclusión, consideramos que debe suspenderse toda concesión hidrocarburífera, forestal o minera hasta que se promulgue la ley, permitirse reconsiderar los acuerdos ya tomados si cambian las circunstancias e impactos y no permitir filtros politiqueros del Indepa para “aprobar” cuando se  consulta, quienes son intérpretes o facilitadores, y que organización es representativa o no.

Tomado de:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1421

2. DENUNCIAN A FUNCIONARIOS DEL CONSORCIO  CAMISEA POR DAÑOS ECONÓMICOS AL PAÍS

20 de mayo de 2010. La Federación Nativas del río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD, organización regional de la AIDESEP, informó que dos altos directivos de Hunt Oil y LNG SRL, socios del consorcio Camisea, diez funcionarios de Osinergmin, Perupetro, Dirección General de Hidrocarburos y seis ejecutivos de empresas del sector gasífero fueron denunciados penalmente por el delito de negociación incompatible que significó daños económicos al Estado por 449 millones de dólares.

La denuncia planteada por la titular de la Cuarta Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Marlene Berrú Marreros, ante el Segundo Juzgado Anticorrupción, deberá decidir en las próximas horas si abre instrucción con mandato de comparecencia o les dicta orden de detención.

Los denunciados son Carlos del Solar Simpson de Hunt Oil Company of Perú y Bárbara Bruce Ventura de Perú LNG SRL. También están el actual presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, la gerente general de Perupetro, Isabel Tafur Marín, y los ex directores de hidrocarburos, Gustavo Navarro y Pedro Touzet, y otros 6 ejecutivos de las empresas del sector gasífero.

Entre las denuncias está el no cobro de una penalidad de 19 millones de dólares, por parte de funcionarios del Estado para favorecer a la Empresa Gas Natural de Lima y Callao SRL, que posteriormente se pasó a llamar Cálidda. La segunda por el cobro adelantado de una transferencia de dinero de los consumidores a favor de la empresa Transportadora de Gas del Perú- TGP, que ascendió a la suma de 98 millones de dólares.

La tercera es haber cambiado la obligación de Cálidda de conectar a 70,000 consumidores por el tendido de redes generales para conectar a ese total, sin realizar la conexión particular a cada uno de ellos, a lo que estaba obligada y esta omisión ha implicado una no inversión de 32 millones de dólares y la cuarta al cálculo de regalías derivadas de la cuestionada exportación de gas a México, la cual al efectuarse a precios menores al del mercado local significará un menor pago de regalías al Estado, por un monto de 300 millones de dólares en los 18 años de exportación acordados contractualmente

Tomado de:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1416

3. CORPI RECHAZA CUALQUIER INTENTO DE INGRESO DE LAS PETROLERAS A TERRITORIO INDÍGENA

20 de mayo de 2010. La Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI SL, base regional de la AIDESEP, emitió un memorial a las autoridades del gobierno y donde expresa el rechazo de los pueblos Awajún, Achuar, Cocama Cocamilla, kandozi, Quechuas, Shapra, Shawi, Shiwilo, Shuar de las provincias del Datem del Marañón y Alto Amazonas, Loreto; a todas las acciones de las petroleras que pretenden operar en la zona.

  • En esta larga lista se encuentran:
  • Talismán, Lote 103 que afecta a 105 comunidades Shawi.
  • Repsol, Lote 109 que afecta a las comunidades Awajún en Manseriche y Barranca.
  • Perupetro, Lote 130, que afecta a 47 comunidades Cocama Cocamilla.
  • Talismán, Lote 64, afecta a las comunidades Achuar, Shapra y Shuar en Morona.
  • Talismán, Lote 101, atentando contra los pueblos Quechua del Pastaza.
  • Perupetro, Lote 177, perjudicando a las comunidades Shapra del Morona.
  • KEI Karoon Gas, Lote 144; afecta a las comunidades Kandozi y Quechua y al lago más grande de la Amazonía Lago Rimachi.
  • Pluspetrol, Lote 102; afecta al pueblo Quechua.

Ante este escenario, la organización regional rechazó la burla de las llamadas “consultas” en nuestra zona que son informaciones superficiales y con engaños; llamamos a no asistir a esas reuniones manipuladas y exigir al Estado el cumplimiento de la recomendación del Informe de Expertos de la OIT.

Leer memorial 1
Leer memorial 2

Leer memorial 3
Leer memorial 4

Tomado de:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1418


4. PUEBLO ACHUAR INICIARÁN ACCIONES DE PROTESTA POR INCUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DORISSA

21 de mayo de 2010. El presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes – FECONACO, Gerardo Maynas, junto a otros dirigentes Achuar expresaron su malestar por la lentitud en el cumplimiento del Acta de Dorissa, documento donde se consignan acuerdos entre el Estado, Pluspetrol Norte y las comunidades para la integración de un plan integral de salud, apoyo alimentario y entrenamiento para vigilar el medio ambiente.

Asimismo, en este acuerdo tanto la empresa petrolera y el Estado se comprometían a remediar la contaminación ambiental que padecían.

”Nosotros ya estamos cansados, es por eso que damos un plazo hasta agosto para que cumplan con los acuerdos; caso contrario, iniciaremos medidas de protesta hasta lograr que se nos respeten”, advirtió.

Maynas señaló que el presidente regional Yván Vásquez deberá atenerse a las consecuencias si no cumple el compromiso con su pueblo. En setiembre del 2009, Vásquez Valera se comprometió a impulsar el desarrollo de las comunidades del Corrientes, según el Acta de Dorissa del 2006; empero, han pasado más de ocho meses y no se ha ejecutado proyecto alguno.

Tomado de:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1419

5. MEM rechaza que estos temas se hayan visto antes. DOE RUN PERÚ PRESENTÓ NUEVA AGENDA CON CUATRO PUNTOS Y PONE EN RIESGO REINICIO DE OPERACIONES. Empresa sorprende a autoridades y trabajadores con nuevos pedidos y desinforma en La Oroya

20 de mayo de 2010. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informa que en la reunión de ayer, los representantes de Doe Run Perú y de su accionista principal trajeron una nueva agenda que incluía cuatro puntos distintos a los que se han visto durante los últimos doce meses de diálogo, lo cual sorprendió a los miembros de la mesa puesto que nunca antes se habían planteado estos temas.

Así lo informó el ministro del sector, Pedro Sánchez, quien añadió que al iniciar la cita DRP solicitó que el Ejecutivo modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, a fin de blindar a la empresa, accionistas y vinculadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

“Lo que la empresa pretende con este pedido es que el accionista principal y las empresas vinculadas sean blindadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidades ambientales, esto debido a que en Estados Unidos tienen denuncias por perjudicar la salud de los niños de La Oroya por el contenido de plomo en la sangre”, indicó.

“En otras palabras piden que el Estado peruano los proteja de cualquier demanda legal, porque incluso solicitaron que estos juicios que están en la corte de Estados Unidos sean pasados al Perú”, señaló.

Frente a dicho pedido, el ministro aclaró que este es un tema muy serio, porque perjudicaría al Estado Peruano. Cabe indicar que sólo este punto abarcó casi las dos horas de reunión. Los otros tres nuevos pedidos de Doe Run fueron: el fraccionamiento de su deuda con la Sunat que supera los 270 millones de dólares. El asesor legal del accionista principal señaló que DRP solicita el mismo trato dado a los equipos deportivos.

El tercer punto fue que el MEM no aplique los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre. El cuarto tema de su agenda fue la condonación de las multas impuestas por el Osinergmin por diversos incumplimientos.

El ministro rechazó que estos puntos hayan sido tratados en las reuniones anteriores como lo vienen afirmando representantes de la empresa, con la única finalidad de desinformar a la población de La Oroya.

En la reunión también participaron la ministra de Trabajo, Manuela García, el viceministro de Minas, Fernando Gala, el titular de la Dirección General de Minería, Víctor Vargas, el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Huaroc; el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto y el alcalde de Yauli – La Oroya, César Augusto Gutiérrez.

Por parte de la empresa estuvo el Vicepresidente Legal del Grupo RENCO que es la principal accionista de Doe Run, Dennis Sadlowski, el  presidente de empresa Juan Carlos Huyhua, el vicepresidente Corporativo de Asuntos Ambientales, José Mogrovejo y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Ricardo Pando.

En representación de los trabajadores asistieron los dirigentes Luis Castillo y Royberto Guzmán y el secretario general de Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, quienes también se mostraron sorprendidos por la actitud de la empresa en presentar estos nuevos puntos de agenda.

Tomado de:
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=2Ç57

6. POR LA PROMULGACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE CONSULTA
Por: Bartolomé Clavero, Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

22 Mayo, 2010. En el comunicado de aceptación de la Ley de Consulta ya adoptada por el Congreso, las organizaciones indígenas reclaman su inmediata puesta en vigor: “Invocamos al poder ejecutivo la inmediata promulgación de la presente ley”. Hay razones para la urgencia. El Presidente de la República puede devolverla al Congreso con observaciones cuya resolución requeriría una votación de mayoría cualificada que pondría no alcanzarse haciendo finalmente naufragar la ley (Constitución, art. 108). Que Alan García juegue esta última baza contra el derecho indígena a la consulta no es impensable. Una vez que las organizaciones indígenas han aceptado la Ley de Consulta, no tiene sentido comenzar a hurgar en ella para ver si contiene algo que justificase el recurso a dicho poder constitucional de la Presidencia de la República. Esto se está proponiendo ahora, en este preciso momento, por gente experta no indígena en nombre del interés indígena como si la parte indígena no tuviera voz propia.

La penúltima disposición de la Ley de Consulta, su Disposición Final Segunda, va frontalmente en contra del derecho indígena a la consulta: “La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas, ni deja sin efectos las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”. Como hay leyes sobre acceso a recursos, por ejemplo respecto a hidrocarburos, con régimen de participación ciudadana degradatorio del derecho indígena a la consulta, esto significaría que la nueva ley tampoco garantizaría este derecho en el caso, pues las leyes anteriores prevalecerían. Por otra parte, que a continuación se declare la subsistencia incluso de las concesiones administrativas a corporaciones de actividad, por ejemplo, extractiva, significa que el derecho indígena a la consulta, por mucho que se proclame por la nueva ley, sigue sin tener valor frente a las invasiones empresariales en curso o incluso programadas bajo amparo del poder ejecutivo. La necesidad de retocar o eliminar esta exorbitante disposición es la razón más seria que ahora se alega para que, en presunta defensa del derecho indígena, la Ley de Consulta no sea promulgada, sino devuelta al Congreso para que el texto final resultante de tal revisión haya de votarse por mayoría cualificada.

La Disposición Final Segunda es un intento desde luego preocupante por limitar sustantivamente el alcance de la Ley de Consulta, pero es en realidad tan exorbitante que, aunque el ejecutivo se empeñase en otra cosa, su valor podrá ser muy relativo y resultar en último término neutralizado. En el actual artículo 103 de la Constitución del Perú, tras la reforma de 2004, se establece lo siguiente: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad”, esto último en todo o en parte por supuesto. La Ley de Consulta por tanto se aplica a las relaciones y situaciones existentes con efectos derogatorios de otras normas que le antecedan, inclusive de las de su propio rango legislativo, y suspensivos o anulatorios de los actos administrativos cuya aplicación la contradiga.

No cabe alegar frente a ello que la ley podrá siempre pronunciarse sobre su propio alcance derogatorio o sobre su efecto retroactivo, pues la Constitución así justamente lo veda: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente…” (art. 51). Añádase que el mismo derecho indígena a la consulta resulta de rango constitucional. Con reconocimiento de la propia ley, la de Consulta, tal derecho lo establece un tratado internacional, el Convenio 169 de la OIT, que fuera ratificado por el Perú hace tiempo, en 1994 entrando en vigor al cabo del año, el 2 de febrero de 1995, con lo que su rango resulta netamente supralegal o incluso supraconstitucional según las normas del derecho internacional, aunque la Constitución del Perú no lo refleje de tal modo. Al menos hasta tal fecha de hace quince años se extienden los efectos no propiamente retroactivos, sino por la vigencia del Convenio 169, del actual reconocimiento legislativo del derecho indígena a la consulta.

Con todo, la Disposición Final Segunda resulta tan flagrantemente inconstitucional y contraria al derecho internacional que puede incluso maliciarse el propósito de haberse adoptado a conciencia de su inutilidad, a fin de ofrecérsele una buena razón al Presidente de la República para interponer la observación y provocar la necesidad de un voto cualificado difícil de alcanzar. Con las pruebas de mala fe gubernamental habidas en los últimos tiempos, particularmente tras Bagua, no parece que sea una sospecha paranoica. La abona demás el hecho de que la sugerencia de la devolución al Congreso se haya producido de forma inmediata, casi tan inmediata como la aceptación de la ley por las organizaciones indígenas. Cabe desde luego argumentarse que el Presidente está constitucionalmente obligado a dicha devolución una vez que se constata un aspecto inconstitucional. Cierto es. Pero la cuestión aquí es de buena fe, de la buena fe que se registra entre los principios de la Ley de Consulta misma. Sería un nuevo caso de profunda mala fe si el Presidente Alan García devuelve esta ley al Congreso dificultando de este modo seriamente su aprobación final.

Obrándose de buena fe por todas las partes, la Disposición Final Segunda, esta verdadera expresión de mala fe ya por sí misma, no tiene por qué plantear mayores problemas. La Constitución provee: “Son garantías constitucionales: (…) 4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados…”; “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución…” (arts. 200 y 201). Y el Tribunal Constitucional del Perú tiene una trayectoria por la que puede confiarse en que no cometerá ninguna arbitrariedad ni cometerá ningún acto de mala fe en la resolución de la acción de inconstitucionalidad contra la Disposición Final Segunda de la Ley de Consulta. Es una acción que está además al alcance pues pueden por ejemplo interponerla, en cuanto la ley se promulgue, la Defensoría del Pueblo, un Presidente de Región o un Alcalde Provincial, éstos mediante acuerdos previos de los respectivos órganos colegiados. No será necesario que las organizaciones indígenas se adentren en una lucha judicial caso por caso frente a leyes que hayan degradado el derecho indígena a la consulta y frente a concesiones administrativas que no hayan respetado tal derecho.

El Presidente de la República del Perú se encuentra ante una buena ocasión de demostrar que ha recapacitado desde los tiempos de sus teorías de tenor genocida sobre “El perro del hortelano” y de las consiguientes políticas de invasión empresarial de territorios indígenas atropellando derechos humanos. Sería una prueba de buena fe si promulgase inmediatamente la Ley de Consulta, como de definitiva mala fe si la devolviera al Congreso. A estas alturas, una vez que el Congreso ha incluido tamaña bomba de relojería en la ley, el problema de la Disposición Final Segunda ha de solventarlo el Tribunal Constitucional, no el Congreso mismo.

Tomado de:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6225

7. BRACK: PERÚ NO NECESITA DE TRANSGÉNICOS

19/05. El país no necesita de productos transgénicos importados “porque es un banco genético natural  a nivel mundial” al haber logrado domesticar cerca de 182 especies de plantas de las 4 mil 500  que contamos y que son de uso conocido por las comunidades  locales, expresó el ministro del Ambiente, Antonio José Brack, ante la Comisión Agraria, que preside el congresista Miguel Guevara (PAP).

Fue al exponer el tema sobre cultivos transgénicos en el Perú, en donde manifestó que nuestra tradición milenaria en biotecnología  es reconocida, lo que hace innecesario el uso de productos transgénicos importados que podrían producir graves efectos en nuestra agricultura.

Dijo que los recursos genéticos nativos son muy importantes para la seguridad alimentaria  y que esta producción orgánica es muy cotizada en el exterior. Indicó que el año pasado la exportación agrícola fue de más de dos mil 400 millones de dólares, de los cuales un 50% es de  productos orgánicos, producidos por 55 mil agricultores peruanos debidamente certificados. Además, dijo que el modelo exportador peruano se basa en productos exquisitos de alto valor  y no en materias primas asociadas a la agricultura transgénica.

Sin embargo, anotó,  que es necesario establecer una moratoria de cinco años para preparar todo el marco legal y crear la capacidad técnica en los organismos sectoriales, especialmente en el INIA, Pesquería y DIGESA, sobre la bioseguridad y tomar las medidas de control a la producción  y uso de transgénicos.

Los congresistas Franco Carpio (UN), Helvezia Balta (PAP), Franklin Sánchez (PAP), Yaneth Cajahuanca (GPN), Gloria Ramos (NoA) y el presidente de la comisión  destacaron la exposición del ministro y formularon las interrogantes respectivas.

El congresista Carpio preguntó si el Perú cuenta con los recursos y mecanismos para el control de los productos transgénicos, mientras que su colega Cajahuanca pidió información sobre la política de Estado al respecto. La legisladora Balta expresó su preocupación por la falta de control para el ingreso de los transgéncios,  y Ramos Prudencio consultó si cinco años serían suficientes para prepararse para esa tarea.

El congresista Sánchez comentó que existe opiniones diversas sobre el tema, pues mientras unos rechazan el uso de transgénicos, para otros es una solución al hambre en el mundo. Anotó que para conocer sus efectos, si son tóxicos o no, se requeriría el paso de, por lo menos, cinco generaciones. En todo caso, sugirió,  trabajar algunas normas y mejorar la producción orgánica.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/politica/19/05/2010/ministro-brack-peru-no-necesita-de-transgenicos

8. GRUPO ROMERO Y GRUPO GLORIA COMPITEN POR LA EXPORTACIÓN DE ETANOL*
Por: Pedro E. Maldonado Santiago**

A cinco meses de iniciado la comercialización interna del gasohol (etanol + gasolinas) en el Perú pero de manera gradual vemos que la oferta del etanol confirma sus preferencias por el mercado externo, pero en competencia entre el Grupo Romero (“Caña Brava”) y el Grupo Gloria a través de sus azucareras. Así mismo, se observa que existe una lentitud en la adecuación de los grifos y una serie de incomodidades para el consumidor, como en las zonas de Chiclayo y Tumbes, donde tienen que pagar un poco más por el combustible en razón que aumenta el costo de transportar el etanol desde Sechura (Piura) donde se encuentra por el momento la única planta productora de propiedad de los Romero.

Supuestamente con las normativas que aparecieron a finales del año pasado más el cronograma de comercialización en diferentes ciudades del país de manera gradual (empezando por los distritos de Piura y Chiclayo) se esperaba dar dinamismo al mercado interno de las gasolinas ecológicas, lo cierto es que este consumo obligado requiere una mayor transparencia en la información de los avances, adecuaciones, demanda, precios, entre otras variables, así como la fiscalización de Osinergming y el MINEM a los actores que expenden el combustible y que a la fecha ya se extiende a toda la macro región norte: Piura, Lambayeque, Tumbes y Cajamarca, y, en dos semanas más (01 de junio) le tocará a La Libertad y Ancash.

La hipótesis de que el interés comercial está primando antes que el ambiental, negando el principio de responsabilidad social de “ganar pero respetando el medio ambiente”, se está cumpliendo; al menos existe diversos indicios que sustentan esta afirmación.

Grifos Más, Grifos Menos

Un aspecto, tiene que ver con los pocos grifos y estaciones de servicios que vienen adecuando sus centros de ventas, por lo cual llama la atención la información difundida por el MINEM que señalaba que hasta inicios del mes de marzo habían 56 grifos que desde enero vendían gasohol en los distritos de Piura y Chiclayo, y que a comienzos de abril se incorporarían 174 grifos más, pero según el Registro publicado por Osinergmin de los grifos y comercializadores de combustibles, no se condice.

Según la información de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MINEM y del Osinergming, al 11 de mayo 2010, el distrito de Piura cuenta con 23 grifos y estaciones de servicios, de los cuales 16 establecían la venta de gasohol, y en el caso del distrito de Chiclayo hay 32 grifos y estaciones de servicios registrados, de los cuales 28 establecen la venta del gasohol. Entre la región de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca hay 377 grifos y estaciones de servicios registrados en la DGH, de los cuales sólo 49 especifican sus tanques para la venta de gasohol. Otro aspecto que llama la atención también es el número de transportistas de combustibles líquidos, los cuales revisando la información del Osinergming hasta el 11 de mayo, de los más de 5,900 transportistas registrados sólo hay 15 transportistas que especifican como producto de transporte el gasohol, cuya razón social se ubican en Piura, Lambayeque y Tumbes.

Urge una transparencia en la información desde los señores de la Asociación de Grifos, quienes debieran también pronunciarse sobre los avances y limitaciones para la comercialización interna del gasohol. Sería necesario evaluar los avances en este proceso de comercialización, para ello el MINEM a través de la DGH con la información de Osinergming y los actores del mercado, debiera poner a disposición publica la experiencia de los primeros cinco a seis meses de venta del gasohol, ello permitirá a las siguientes regiones en el cronograma corregir lo avanzando, pero sobre todo permite mayor información para el consumidor.

Exigencias del Mercado
Otro aspecto, que llama la atención en la venta del gasohol es la preferencia por el mercado externo, lo cual es reconocida por los oferentes del etanol (Agroindustrias del Chira del Grupo Romero y Maple) y es que ante el reducido consumo interno más del 86% del etanol producido hasta la fecha se destina al exterior. Es así que la producción actual de etanol asciende a 250,000 litros diarios, vale decir un millón novecientos mil galones al mes, de los cuales en la región norte del país se va consumiendo 264,200 galones al mes, y el saldo se exporta, reportando ingresos para el grupo Romero (ventas de Sucroalcolera del Chira) entre diciembre del 2009 hasta abril 2010 por más de US$ 9.19 millones. Cabe destacar que los Romero ya están planeando producir 350,000 litro diarios (2.76 millones de galones al mes), con lo cual habría más oferta para el “exigente” mercado externo.

Pero los montos de exportación por el etanol son mayores, según Aduanas las ventas externas ascienden a US$ 13.42 millones desde el último mes del año pasado hasta la fecha. ¿Si el Grupo Romero es el único productor, de dónde aparecen más ventas? Ya se había planteado que este “nuevo mercado” también impulsaría una masificación en el cultivo de la caña de azúcar para lo cual inversionistas agrícolas, productores de azúcar y alcohol existentes en el país son potenciales actores como proveedores de cultivo o productores del alcohol anhidro. Es así que las empresas azucareras del Grupo Gloria, a partir de enero de este año ofertaron etanol para Holanda, Ecuador y Colombia.

¿Más etanol, menos azúcar?
Las ventas de etanol al exterior por parte de Corporación Azucarera del Perú, Casa Grande SAA y Cartavio SA coincide además con el hecho de que en el mes de abril se suscitara la subida del precio del azúcar ante una reducción de la oferta, y a pesar de que el gerente general de la Asociación de Productores de Azúcar y Biocombustibles, Freddy Flores Herrera, negara que no haya azucareras produciendo etanol, las cifras muestran que negocios son negocios y el etanol está saliendo al exterior también por el puerto de Salaverry (Trujillo), generándole mayores ingresos al Grupo Gloria.

Habría mayores razones para preocuparnos por el desabastecimiento del azúcar y la subida del precio de dicho producto, omo ocurrió en el mes de abril, si es que las empresas azucareras empiezan a orientar el cultivo de la caña al etanol para el exterior, como lo está realizando ahora el Grupo Gloria en La Libertad. Este es un tema que se podía presentar en mayor grado, dado las experiencias de disputas de alimentos por combustibles ecológicos que se han visto en México, EEUU entre otros países. Esperamos que se razone en base a la llamada Responsabilidad Social Empresarial para que el beneficio empresarial no trastoque el bienestar del consumidor y de gran parte de la sociedad.


(*) Publicado en el diario La Primera, Lima, lunes 17 de mayo 2010
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/produccion-de-etanol-incide-en-alza-de-precio-del-az-car_62486.html
Publicado además en la Revista Allpathaya Perú, Año 2, Nº 6, Edición mes de mayo.
(**) Economista, Investigador en Energía y Minas de la UNMSM.

Tomado de:
http://cuartoambiente.blogspot.com/2010/05/grupo-romero-y-grupo-gloria-compiten.html

9. ¿DÉFICIT DE AGUA EN LIMA?
Por: Ing. Reinhard Seifert

24 de Mayo del 2010. Los grandes intereses económicos de las empresas constructoras y la gran prensa en Lima, conjuntamente con los operadores políticos, muchas veces corruptos, han creado el mito del déficit del agua para Lima Metropolitana. Hasta la fecha, las evidencias científicas dicen otra cosa.

A continuación, las mediciones de las caudales en la parte alta de la cuenca del río Rímac, la que alimenta con casi el 70% al agua potable de Lima. Lo que pasa en esta cuenca tiene inmediatamente sus repercusiones en la producción de agua potable de SEDAPAL.

Lo que resalta en esta estadística (tabla No.1) es el hecho de que, particularmente en la primera década del siglo 21, el promedio histórico (meses de mayo a diciembre) de los caudales es muy superior al de las décadas anteriores. Probablemente los glaciares en la parte alta de la cuenca del río Rímac están contribuyendo para que se aumente la masa hídrica en la época de la sequía. También es posible que llueva más.

En términos de porcentajes del aumento  de masa hídrica (comparando la década de 90 con la del 2000) significa 17% para el mes de mayo, 22% (junio), 27% (julio), 28% (agosto), 28% (setiembre), 26% (octubre), 16% (noviembre) y finalmente 10% (diciembre), respectivamente. No nos olvidemos que durante la época de los años 90 comenzó a funcionar el embalse de Yuracmayo, lo que ha contribuido a  aumentar también la masa hídrica en esa época. Asimismo, existe desde noviembre de 1999  la derivación Marca III y la ampliación del embalse Antacoto. Quiere decir que el aumento de la masa hídrica, comparando  la primera década del siglo 21 con la década de los años 90, es aún más preocupante[4], aunque es difícil saber qué volumen exacto dentro de este aumento corresponde al embalse Yuracmayo, la derivación Marca III y el embalse Antacoto. Ahora bien, si hipotéticamente al promedio de la primera década del siglo 21 le quitásemos 2m3/s.[5] por el aumento, éste sigue siendo superior, siempre comparando  los  meses  de mayo hasta los  meses de diciembre. ¿Hasta cuándo durará este proceso? No lo sabemos con certeza. Una primera conclusión nos convence de que en la parte alta hay más agua.

Un punto de permanente discusión es la dotación de agua por persona, o sea con cuántos litros diarios es suficiente alimentar a una persona. Hay grandes contradicciones de las cifras de agua potable,  entre lo que produce SEDAPAL y que finalmente llega a las casas.

La demanda de agua potable debiera basarse sobre el consumo real y mínimamente establecido por las costumbres y en este sentido todavía no hay un consenso.

En Lima Metropolitana (incluido Callao), para 7.35 millones[6] (2003) de habitantes se suministran 1,81 millones de metros cúbicos de agua al día (21 metros cúbicos por segundo). El consumo promediado viene a ser unos 250 litros por habitante al día, cuya distribución evidentemente no es uniforme. En algunos casos un caño provee agua para varias familias, mientras que en otros distritos se usa una cantidad importante para regar y lavar autos. En todos los casos,  el uso básico es para consumo y  para aseo personal[7]. Se calcula las pérdidas en un aproximadamente 40% (tabla 3) con las cuales se suman un consumo restante de 150 litros/hab./día.

Coincidentemente, se afirma que cada persona no debería consumir más de 150 litros diarios de agua. La tabla No. 2 muestra el consumo actual (2007) en Lima Metropolitana. Años anteriores (2004), el consumo promedio/habitante/día es 30 litros menor.

Este consumo mínimo parece razonable. En muchas campañas de educación sanitaria, por ejemplo en la campaña nacional  por el derecho al agua como un  derecho humano fundamental, algunas instituciones sensibilizan al ciudadano de gastar en lo posible  cada vez menos agua potable.

El otro gran problema es la renuencia de SEDAPAL a reducir drásticamente las pérdidas de agua. SEDAPAL sabe perfectamente cuántos metros cúbicos produce y cuántos metros cúbicos finalmente son pagados por el consumidor.

Durante 10 años la producción de agua logró en promedio 261 L/persona/día y a la vez una pérdida de 104 L/persona/día. Con esta producción SEDAPAL ha superado largamente los estándares internacionales que se sitúan alrededor de 150L/persona/día.

A pesar de la relatividad de los datos, es decir ponderar conscientemente  las cifras hacía uno u otro lado, la tendencia marcada -cuando no se puede conseguir una mayor producción de agua en pocos años- hacia un déficit en la oferta de agua por procesar se hace más evidente cada año. ¿Por qué? Porque SEDAPAL manifiesta que se debe mantener este ritmo para producir agua y una menor producción lo expresa con la palabra déficit.  Es vital -empero- no confundir el término déficit. La oferta de agua natural existente no es igual al acceso al agua potable garantizado todo el día y ligado al consumo mínimo. En otras palabras, la oferta natural de agua no es igual a la producción de agua potable comercializada. Muchas veces la población no tiene acceso a la red de agua potable (aguas limpias, sanas y que no enferman a nadie) y se habla muy rápido  de un déficit de agua potable.

Las pérdidas de agua potable se debe principalmente a las filtraciones, el uso por otros sectores (p.e el  riego en los parques, el uso industrial etc.) y al robo[12].

En la siguiente tabla No. 4 se muestra que las pérdidas son enormes en términos absolutos y no se justifica no reducirlas.

Es interesante constatar que el volumen no facturado supera al volumen no aprovechado, al menos según los cálculos, expresados en este cuadro. En la época de lluvias obviamente el volumen no aprovechado es aún mayor.

SEDAPAL tiene una óptica o lógica empresarial que parte de la oferta. Produce agua en cantidad, y distribuye lo que se puede. En este proceso inherente se observa que tiene como meta o umbral principal dotar de agua en una cantidad de aproximadamente 250L/habitante al día. Durante los últimos años esta meta no fue lograda y  se tenía que reducir la dotación de agua por horas. Es decir, se redujo el servicio de agua potable en las zonas conectadas. No todos los centros o áreas administradas por SEDAPAL distribuyen el agua de manera equitativa,  o sea la misma cantidad en igual horas de servicio.

Según las evidencias estadísticas, SEDAPAL poco ha alcanzado para reducir las pérdidas de agua que durante los últimos 10 años bordearon los 100L/habitante/día. Sin embargo, si enfocamos el tema por la demanda, el umbral mínimamente aceptado que podría sustentarse en 150L/habitante/día, se ordenaría mejor la exigencia en la construcción de futuros proyectos para poder satisfacerla.

Sin saber, por cierto que falta definir esta línea de base del consumo, que debería estar en los 150 litros diarios/persona, alrededor de esta premisa se organizarían las futuras proyecciones. Este umbral suscita definiciones equilibradas que deben estar enmarcados dentro de una política de consenso y defensa unánime. Asimismo probablemente se debe garantizar esta meta o umbral para organizar mejor la defensa del agua, expresada en el consumo mínimo.

Valga reiterar  la búsqueda de nuevas fuentes de agua, instalar otras plantas de tratamiento y priorizar la capacitación de la población, sensibilizándola en el  racional consumo de agua. En esta línea de argumentación hablar de un déficit de agua es todavía algo relativo, aunque los factores externos que lo producen (el cambio climático, las sequías, fenómeno de “El Niño” etc.), no serán dominados por el ser humano y los factores internos  que lo deberían reducir (mayormente el uso eficiente del agua) están sujetos a inmediatas mejoras sustanciales. La idea que guía este pensamiento es posibilitar un mayor acceso de la población al agua potable, considerándola  siempre un derecho humano fundamental.

De hecho, en el futuro persistirá un difícil equilibrio entre satisfacer la demanda poblacional y la oferta real del líquido elemento. Por tanto, el desafío de esta terca realidad impone decisiones políticas, profundamente ligadas a las irrefutables recomendaciones técnicas – científicas sensatas. Se debe examinar que no será posible brindar soluciones fáciles con resultados inmediatos, pero sí es factible crear las condiciones para corregir y mejorar gradualmente la situación instaurada por el hombre y las instituciones del Estado. El objetivo final es la conservación del medio ambiente, dentro de ello las fuentes de agua.


[1] Tabla elaborada sobre la base de la información estadística, proporcionada por EDEGEL.
[2]
5 años.
[3]
7 años.
[4]
Ya estaríamos comparando caudales en ambas décadas  que ya no son afectados por alteraciones exteriores.
[5]
Lo que correspondería a los embalses  Yuracmayo y Antacoto, además la derivación Marca III.
[6]
Nadie sabe con certeza cuánta población vive en Lima, porque la inmigración es imparable.
[7]
Diario El Comercio  17 de Julio del 2007.
[8]
SEDAPAL (2007), este cuadro no está respaldado por un estudio exhaustivo, que podría explicar mejor este consumo. Es un cuadro un tanto dubios. Además difiere de lo publicado por SEDAPAL en el año 2004(Gerente Hilda Abuid).
[9]
CEDAL (2004) p.154-155.
[10]
15 L corresponden a lavarse y 35 L al ducharse.
[11]
Anuarios estadísticos SEDAPAL(2005-2008)
[12]
Varios funcionarios de SEDAPAL han manifestado que sería “muy costoso “reducir las pérdidas, sin dar mayores explicaciones del caso.
[13]
Volumen demandado de la población no conectada a la red de agua potable, que son aprox.800 000 personas (2008).
[14]
Volumen no aprovechado, que desemboca en el mar(2008).
[15]
Volumen no facturado, aprox.39.75 %( promedio años 2000-2008).
[16]
Volumen destinado al uso agropecuario/industrial según SUNASS. Al autor este volumen le parece sobreestimado, porque una parte regresa nuevamente al río Rímac, antes de la bocatoma La Atarjea.
[17]
Volumen demandado de la población conectada a la red de agua potable, que son aprox.7200 000 personas en el año 2008 en Lima Metropolitana, que incluye a Callao.
[18]
Volumen promedio anual cuenca río Rímac (período 1999-2008).

10. MINERÍA EN CELENDÍN, CONFLICTOS E INTERESES (Segunda y última parte)
Por: Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL CELENDINA – PIC

Con todas estas groseras inconsistencias que presenta el EIA de Conga, ¿por qué pretenden apurar la aprobación de este estudio, por parte del Ministerio de Energía y Minas? Por una sencilla razón, Yanacocha está descendiendo su producción de oro y necesitan recuperar el nivel de producción con la explotación de nuevos yacimientos, lo que les significará enormes ingresos para la empresa y exiguos recursos para el estado, sin interesarles el desastre ecológico y el daño  que significará a las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc.

La población de la provincia de Celendín se encuentra totalmente desinformada sobre las consecuencias que traerá la explotación de este proyecto minero, al que además, se suma el proyecto Galeno de Lumina Copper, ubicado al sur del proyecto Conga y para explotar este yacimiento también tiene que desaparecer cuatro lagunas mas, las que actualmente son reservas de agua y se convierten en uno de las principales afluentes del río Sendamal – La Llanga. Lumina Copper, para la explotación de El Galeno, tiene que reubicar aproximadamente siete comunidades del distrito de Sorochuco, proceso que ya han iniciado, trasladado algunas comunidades a la parte alta del distrito de Sucre, específicamente en la comunidad de Agua Colorada. Nuestras autoridades, frente a todo lo que viene sucediendo, actúan con total hermetismo, será porque han asumido compromisos con las empresas mineras para la realización de pequeños proyectos. Creemos que esto no es escusa para anteponer los intereses del pueblo antes que los intereses de las mineras. En un acto público manifestamos al alcalde de Celendín la importancia de la elaboración de la Zonificación Económica y Ecológica de la provincia, antes de cualquier intento de explotación minera en Celendín, ordenando las actividades productivas en nuestro territorio, de tal manera que no se generen conflictos sociales y contribuya a un verdadero desarrollo sostenible de la provincia. El alcalde nos comunicó que se está elaborando el proyecto para construir este instrumento de gestión territorial, pero al parecer este proyecto estaría siendo financiado con fondos mineros, hecho que significaría serios conflictos de intereses, pues la empresa minera buscaría anteponer sus apetitos frente a los intereses colectivos, tal como lo han hecho en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Celendín, financiado por Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC, que es nada menos que la fundación de minera Yanacocha.

El rol fundamental que deben cumplir los Gobiernos Locales es promover el desarrollo humano, integral y sostenible; garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la información de las implicancias de los proyectos de inversión; reducir las asimetrías en la relación de las empresas con las poblaciones locales, asimetrías que se reflejan en niveles diferentes de información y conocimiento y en la toma de decisiones.

La no atención cabal de dichas funciones, está afectando la institucionalidad estatal y buena parte de la población no se siente representada por las autoridades a cargo de las entidades públicas.

Estamos a punto de perder nuestros recursos hídricos, áreas de captación, almacenamiento natural, y escorrentía del agua, nuestros ecosistemas, que sustentan las comunidades bióticas que la habitan; estaremos presenciando la destrucción de nuestro medio ambiente, que ayuda a mantener la estabilidad, composición y diversidad de los suelos, regular el ciclo y la recarga hídrica, conservar la biodiversidad y bancos de germoplasma; esto traerá consecuencias socioeconómicas gravísimas, dado que se agotará el suministro de los recursos naturales necesarios para las actividades productivas, abastecimiento de agua a las ciudades, proveer espacios para el turismo y que incluso estos recursos, podría facilitar la producción de energía hidroeléctrica. Nuestras autoridades y técnicos municipales deberían conocer y hacer suyo las recomendaciones del PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano  Perú 2009; manifiesta que el actual contexto de cambio climático ocasionará escases de agua por lo que debemos conservar nuestras zonas de recarga hídrica. Textualmente dice “la presencia de la minería en algunas zonas altas complica aún más la disponibilidad de agua en las partes bajas de las cuencas. Téngase en cuenta, además, que afectan el agua subterránea”.

Por su parte las empresas mineras actúan de manera que si hay un gobierno que no les agrada, que no les está facilitando un buen trato comercial, pueden hacer una contribución a un partido rival para remover al gobierno vigente. A las empresas mineras les resulta más barato sobornar al gobierno  – pagarle a alguien del gobierno un millón de dólares – que pagar el valor total del recurso natural – miles de millones de dólares –  de esta manera la empresa puede ahorrar cientos de millones de dólares. Si la responsabilidad de los gerentes de las empresas mineras frente a sus accionistas es maximizar las ganancias, su obligación es hacer eso[1]. Esto se acentúa cuando con excesiva frecuencia, sus funcionarios intermedios responden al perfil del personaje tradicional minero, acostumbrado a coimear, intimidar, manipular y manejar un doble discurso, confundiendo a la población[2]; y por si fuera poco, estas empresas mineras actúan bajo el principio perverso de “DIVIDIR Y REINAR”, esa misma lógica prepotente y manipuladora adoptaron empresas, como Yanacocha en Cajamarca… constituyendo el llamado “Grupo Norte”, que busca generar un “colchón” social de defensa a las inversiones mineras, otorgando algunos beneficios a limitados sectores y buscando dividir las organizaciones sociales existentes. Generar este “colchón” en favor de proyectos mineros cuestionados por la población implica someter –con prebendas y favores– a diversos medios de comunicación y “periodistas”, buscando desprestigiar las críticas, aislar a quienes reclaman y facilitar la represión de los dirigentes. También buscan influir sobre autoridades regionales y municipales, ofreciendo obras o –en otros casos– negocios particulares y prebendas a los funcionarios para que las favorezcan. Son numerosos los casos de funcionarios que fueron beneficiados con pagos de estudios y becas, negocios para ser sus proveedores, o han sido contratados posteriormente como empleados. Se ganan así, con la billetera, lo que no se gana con los votos de la gente: autoridades sumisas[3].

Reconocemos a la minería en el Perú como una actividad históricamente importante, actualmente lo es y lo seguirá siendo. Pero, lo correcto y responsable es dar luz verde a las iniciativas de inversión minera, cuando corresponda, y decir no cuando abiertamente la inversión constituya una amenaza, por ejemplo, contra ecosistemas frágiles o áreas naturales protegidas, o le prive de agua a la agricultura[4]. Queremos para Celendín un verdadero “desarrollo sostenible”, definido por la Comisión Bruntdland en “Nuestro futuro común” (1987), como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Frente a esos límites, el desarrollo sostenible postula como principio básico la equidad intertemporal o intergeneracional, para acceder en el futuro a las mismas (o mejores) posibilidades de desarrollo que en el presente.

Lo mencionado en el párrafo anterior es para hacer frente a los voceros mineros que en todo conflicto hacen ver la defensa de nuestros derechos como la presencia de “agitadores políticos contrarios a la intervención de las empresas privadas que se oponen al desarrollo del país”. Creemos y hacemos público que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la consulta libre e informada, al consentimiento previo, a la participación, al desarrollo, a la propiedad de la tierra, a una vida digna y a elegir un proyecto de vida propio; derechos consagrados en la normatividad nacional e internacional, que hasta el momento vienen siendo vulnerados.

También recomendamos al Gobierno Nacional que defina de manera clara y sin contradicciones su actuar, pues es intolerable la contradicción de que el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es realizado por la empresa que quiere explotar los yacimientos y por otra parte el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de aprobar los EIA para dar visto bueno a los proyectos mineros, y a la vez, tiene el mandato de promover las inversiones en el sector. Es sin duda otro claro conflicto de intereses que contribuyen a que se genere en la población desconfianza y se aviven los conflictos sociales.

Foto: Ing. Segundo Sánchez Tello

Laguna El Perol (16.48 Has. En sus aguas existen truchas y plancton, sirve como refugio a muchas aves, al menos existen 02 especies endémicas)

Foto: Ing. Segundo Sánchez Tello

Laguna Azul (Aprox 04 Has.  En sus aguas existen peces y plancton, sirve como refugio a muchas aves, sus aguas hacen posible la agricultura de gran parte del territorio por Jadibamba, catarata el Cornelio y hasta el río Llanguat.)


Laguna Mamacocha
(19.74 Has. Es la laguna más profunda de la región hasta 60 m. En sus aguas existen peces y plancton, sirve como refugio a muchas aves, sus aguas hacen posible la agricultura de gran parte del territorio por Quengorrio hasta el valle del río Llaucano).

Foto: Ing. Segundo Sánchez Tello

Laguna Alforjacocha (19.10 Has. En sus aguas existen truchas y plancton, sirve como refugio a muchas aves, en un solo día y en 02 horas se observaron 22 especies de aves, 02 endémicas)


¡Basta de tanto abuso de las empresas mineras!

¡Cuida tu agua o beberás tus lagrimas!


[1] Joseph Stiglitz, Premio Nobel de economía 2001, en el XI Diálogo democrático: Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia.
[2]
H. Carrillo, Perú Hoy. Territorio y naturaleza. Desarrollo en armonía. – Lima: DESCO, 2008
[3]
Bajo la Lupa, 2007 La Minería: ¿Quienes ganan y Cuánto? ¿Porqué tantos conflictos?
[4]
Julio Díaz Palacios, Hacia un acuerdo nacional sobre minería y desarrollo sostenible.

11. CAMPO Y CRISIS CLIMÁTICA

Por: GRAIN

El sistema industrial de alimentos es incapaz de garantizar la alimentación de las personas y las necesidades de subsistencia en un mundo que se hunde cada vez más en la crisis climática.  Por su dependencia de los combustibles fósiles, las exportaciones masivas, la concentración de los mercados, la erosión de los suelos y la expansión de las plantaciones, genera un porcentaje muy significativo de gases con efecto invernadero. Ya ha dejado a más de mil millones de personas sin los alimentos suficientes, y cientos de millones de personas más pasarán hambre en los próximos años si el sistema alimentario no se reorganiza. La consecuencia más devastadora de este sistema industrial de alimentos, sin embargo, es que está destruyendo otros sistemas alimentarios que pueden revertir el cambio climático y satisfacer las necesidades mundiales de alimentos. Olvidemos los mercados de carbono, la geo-ingeniería y todas las otras falsas soluciones. La agricultura campesina y la Soberanía Alimentaria es una manera real de salir de la crisis climática.

Las responsabilidades

A las personas defensoras de la Revolución Verde les gusta hablar de cómo la receta única de variedades vegetales uniformes y fertilizantes químicos salvó al mundo de la hambruna. Quienes abogan por las llamadas Revolución Ganadera y Revolución Azul (acuacultura) nos venden una historia similar acerca de razas animales uniformes y alimentos industriales. Este discurso debería ser hoy menos convincente en la medida que cerca de un cuarto de la población del planeta pasa hambre y los rendimientos de los cultivos están estancados desde los años ochenta. En realidad, lo que tenemos delante parece más bien una historia de terror cuando consideramos las consecuencias ambientales, especialmente a medida que el mundo se entera del papel que estas transformaciones de la agricultura y del sistema alimentario han jugado en el cambio climático.

El consenso científico actual es que la agricultura es responsable de un 30% de todas las emisiones de gases con efecto invernadero provocadas por los seres humanos, y asciende hasta un 44-57% según nuestros cálculos. Pero es injusto poner todas las formas de agricultura en un mismo saco. En la mayoría de los países eminentemente agrícolas, la agricultura en sí contribuye muy poco al cambio climático. Los países con el mayor porcentaje de población rural y cuyas economías dependen principalmente de la agricultura, tienden a tener los niveles más bajos de emisiones de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, aunque se dice que la agricultura canadiense aporta sólo un 6% de las emisiones de gases con efecto invernadero totales del país, esto son 1,6 toneladas de gases invernadero por canadiense, mientras que en India, donde la agricultura es un componente mucho más importante de la economía nacional, las emisiones per cápita de todas las fuentes son sólo 1,4 toneladas, y sólo 0,4 toneladas provienen de la agricultura. Hay diferencias, por lo tanto, en el tipo de agricultura que se practica, y no se puede acusar a la agricultura en general.

Es más, cuando analizamos la contribución total de la agricultura al cambio climático, vemos que sólo una pequeña sección de actividades agrícolas son responsables de casi todas las emisiones de gases con efecto invernadero de la agricultura. La deforestación causada por el cambio de uso de la tierra es responsable de cerca de la mitad del total, mientras las emisiones de los establecimientos agrícolas las provoca sobre todo la producción animal y los fertilizantes. Todas estas fuentes de gases con efecto invernadero están íntimamente ligadas al surgimiento de la agricultura industrial y a la expansión de sistema alimentario en manos de las transnacionales. Así también la alta dependencia del petróleo y la gran huella de carbono que provoca el transportar alimentos e insumos por todo el mundo en todo tipo de envases plásticos.

Dado que la mayor parte de la energía utilizada por el sistema alimentario industrial proviene del consumo de combustibles fósiles, el monto de energía que utiliza se traduce directamente en la emisión de gases con efecto invernadero. Si tan sólo observamos el sistema alimentario estadounidense, se calcula que tiene en su haber un formidable 20% de todo el consumo de energía fósil del país. Esta cifra incluye todo la energía utilizada en los establecimientos que producen comida, y en los procesos postindustriales de transporte, empacado, procesamiento y almacenaje. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense informó que en 2005 la agricultura del país emitió tanto dióxido de carbono como 141 millones de automóviles juntos ese mismo año. Este sistema alimentario totalmente ineficaz utiliza 10 calorías fósiles no renovables para producir una sola caloría alimenticia.

La diferencia en el uso de energía entre la agricultura industrial y los sistemas agrícolas tradicionales no podía ser más extremo. Se habla mucho de lo eficiente y mucho más productivo que es la agricultura industrial si se le compara con el modo de cultivo tradicional en el Sur global, pero si tomamos en consideración la eficiencia energética, nada puede estar más alejado de la verdad. La FAO calcula que, en promedio, la agricultura de los países industrializados gasta cinco veces más energía comercial para producir un kilo de cereal que la africana. Si analizamos cultivos específicos, las diferencias son todavía más espectaculares: para producir un kilo de maíz, un agricultor en Estados Unidos utiliza 33 veces más energía comercial que el campesinado tradicional en el vecino México. Y para producir un kilo de arroz, un agricultor estadounidense usa 80 veces la energía comercial utilizada por un campesino tradicional en Filipinas. Esta “energía comercial” de la que habla la FAO es, por supuesto, el gas y el combustible fósil requeridos para producir fertilizantes y agroquímicos y los que se utilizan en la maquinaria agrícola, todo lo cual contribuye sustancialmente a la emisión de gases con efecto invernadero.

Pero la agricultura en sí es responsable tan sólo de un cuarto de la energía usada para llevar comida a las mesas. El gasto de energía y la contaminación ocurren dentro del sistema alimentario internacional en su sentido más amplio: el procesado, el empacado, la refrigeración, la cocina y la movilización de comida por todo el planeta. Hay cultivos o piensos que se producen en Tailandia, se procesan en Rotterdam, alimentan ganado en algún otro lado, para que terminen como comida del McDonalds en Kentucky.

Transportar alimentos consume enormes cantidades de energía. Si miramos de nuevo a Estados Unidos, se calcula que 20% de todo el transporte de mercancías dentro del país se utiliza en mover comida, lo que resulta en 120 millones de toneladas de emisiones de CO2. La importación y exportación de alimentos de Estados Unidos da cuenta de otros 120 millones de toneladas de CO2. A eso debemos añadir el transporte de provisiones e insumos (fertilizantes, pesticidas, etcétera) a las granjas industriales, el transporte del plástico y el papel para las industrias de empacado, y lo que los consumidores se mueven para ir, cada día más lejos, a los supermercados. Esto nos da un panorama de la tremenda cantidad de gases con efecto invernadero producidos por el sistema alimentario industrial, tan sólo por sus requerimientos de transporte. Otros grandes productores de gases son las industrias que procesan comida, la refrigeran y la empacan, que son responsables del 23% de la energía consumida en el sistema alimentario estadounidense. Todo esto suma una cantidad increíble de energía desperdiciada.

Y hablando de desperdicio: el sistema alimentario industrial descarta la mitad de toda la comida que produce, en su viaje de los establecimientos a los comerciantes, a los procesadores de comida, a las tiendas y supermercados —lo suficiente para alimentar a las personas hambrientas del mundo seis veces. Nadie ha empezado a calcular cuántos gases con efecto  invernadero se producen por la pudrición de toda la comida tirada a la basura.

Mucho de este tremendo desperdicio y esta destrucción global podría evitarse si el sistema alimentario se descentralizara, si la agricultura se desindustrializara. Sin embargo los sectores en el poder responden a la actual crisis alimentaria y al acelerado colapso de los sistemas que promueven la vida en el planeta, con más de lo mismo y cuando mucho le suman unos cuantos remedios tecnológicos inútiles.

El sistema alimentario controlado por las transnacionales está entonces en un callejón sin salida. Lo que proponen es más agricultura industrial y más cadenas alimentarias mundiales como solución a la crisis alimentaria. Pero estas actividades sólo aceleran el cambio climático, y con ello intensifican severamente la crisis alimentaria. Es un círculo vicioso que provoca extremos de pobreza y ganancias, y el abismo entre los dos se hace cada vez más profundo. Hace ya mucho tiempo que es urgente transformar radicalmente este sistema alimentario.

¿Cuál es la salida?

Dicho de la manera más simple, la crisis climática implica que necesitamos cambios ¡ya! La organización de la sociedad en torno a la obtención de ganancias crematísticas ha demostrado ser un sistema corrupto y necesitamos construir sistemas alternativos de producción y consumo, que se organicen de acuerdo a las necesidades de los pueblos y la vida en el planeta. La transformación de este sistema alimentario no ocurrirá mientras el poder de éste siga en manos de las corporaciones. Tampoco podemos confiar en nuestros gobiernos, que permiten que la distancia entre lo que los científicos dicen que hay que hacer para detener el desastre climático y lo que los políticos realmente hacen se haga cada vez mayor. Las fuerzas del cambio están en nuestras manos, en nuestras comunidades, que se organizan para recuperar el control sobre nuestros sistemas alimentarios y nuestros territorios.

En la lucha por lograr un sistema alimentario diferente, los obstáculos principales son políticos, no técnicos. Hay que volver a poner las semillas en las manos campesinas, cerrar la puerta a los transgénicos, caminar hacia la eliminación de los pesticidas y los fertilizantes químicos después de demostrar que su uso en nada beneficia ni a la calidad del alimento ni a la capacidad de producción, integrar al ganado a formas de producción mixta y organizar nuestros sistemas alimentarios de forma tal que todos tengamos suficientes alimentos sanos y nutritivos.

Disponemos de una manera real de salir de la crisis climática: Uno, mediante el uso de prácticas agroecológicas para revertir la materia orgánica en los suelos perdida por la agricultura industrial, las emisiones totales de gases con efecto invernadero pueden reducirse en un 20-35%. Dos, descentralizando la ganadería y su integración con la producción agrícola las emisiones totales de gases pueden reducirse en un 5-9%. Tres, distribuyendo alimentos principalmente a través de mercados locales en lugar de las cadenas alimentarias transnacionales, las emisiones totales pueden reducirse en un 10-12%. Y cuatro, deteniendo el desmonte de tierras y la deforestación para plantaciones, las emisiones totales de gases con efecto invernadero pueden reducirse en un 15-18%.

A nivel de finca son bastante claras y directas las formas de lidiar con el cambio climático (véase el recuadro “Cinco pasos clave hacia un sistema alimentario que pueda enfrentar el cambio climático”).

Los desafíos políticos son más difíciles. Pero muchas cosas ya están pasando a nivel local. Enfrentadas incluso a la represión violenta, las comunidades locales están resistiendo los mega-proyectos, las represas, la minería, las plantaciones y la tala de los bosques. Aunque rara vez se reconozcan como tales, sus resistencias están en el corazón de la acción por el clima, al igual que el movimiento por la soberanía alimentaria, que se van uniendo para resistir la imposición de políticas neoliberales y desarrollar visiones colectivas de futuro. Es en estos espacios y a través de esa resistencia organizada que emergerán las alternativas al destructivo sistema alimentario actual y podremos hallar la fuerza y las estrategias comunes que nos saquen del ciclo suicida en que la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial nos tienen hundidos.

Y en el Estado español, ¿qué?

A la vista de lo expuesto, queda claro que la agricultura de bajos insumos, familiar o a pequeña escala es capaz de contribuir a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Desde COAG consideramos que no se está dando la suficiente importancia a este hecho desde las instituciones públicas, sobre todo teniendo en cuenta que está más que demostrado que las actuales políticas agrarias basadas en la producción intensiva y en un modelo claramente agroexportador contribuyen de manera muy importante al cambio climático. No parece lógico que, mientras la Política Agraria Común actual apoya en su primer pilar este modelo de producción intensiva, establezca una serie de ayudas en el segundo pilar para la mitigación de los efectos del Cambio Climático provocado por dicho proceso de intensificación.

A nivel estatal, recientemente hemos conocido el borrador de la Ley de Economía Sostenible donde no se hace mención alguna a la agricultura como sector estratégico para el desarrollo de la economía, ni se reconoce a la agricultura sostenible su capacidad de mitigación de los gases efecto invernadero mientras se le atribuye a las masas forestales la capacidad de actuar como sumideros, sin matizar los impactos que los monocultivos de determinadas masas forestales, y el tipo de técnicas que se aplican, pueden generar sobre determinadas zonas del medio rural.

Al tiempo que se analizan los agrocombustibles como fuente de energía sostenible así como su desarrollo tecnológico, no se cuestionan los impactos que estos mismos están teniendo en los países del Sur,  tampoco las consecuencias que el transporte de las materias primas desde estos países a las empresas de transformación situadas en el Estado, ni se mencionan los balances energéticos negativos resultantes del uso de muchos cultivos como agrocombustibles.

Esta ley no reconoce a la agricultura social y sostenible como sector estratégico por su mantenimiento y gestión en su diversidad de funciones: alimentaria, gestión del territorio, cuidado del medio ambiente, conservadora de la biodiversidad y de los recursos naturales, etc. y no aborda los impactos que la agricultura industrial agroexportadora tiene sobre el cambio climático, ni sobre la pérdida de biodiversidad y de Soberanía Alimentaria que la Política Agraria Europea, adaptada a las negociaciones de la OMC y los acuerdos de libre comercio están impulsando.

Cinco pasos clave hacia un sistema alimentario que pueda enfrentar el cambio climático

1. Un viraje hacia métodos sustentables e integrados de producción. Las separaciones artificiales y las simplificaciones que trajo consigo la agricultura industrial deben deshacerse, y deben de reunirse de nuevo los diferentes elementos que conforman los sistemas agrícolas sustentables. Los cultivos y los animales deben integrarse de nuevo en la finca. La biodiversidad agrícola tiene que tornarse el fundamento de la producción alimentaria, una vez más, y el sistema de cuidado e intercambio de semillas debe reactivarse. Los fertilizantes y lo plaguicidas químicos deben sustituirse por formas naturales de mantener el suelo saludable y de controlar plagas y enfermedades. Reestructurar así el sistema alimentario ayudará a crear las condiciones que permitan emisiones cercanas a cero en las fincas.

2. Reconstituir el suelo y retener el agua. Tenemos que tomar el suelo en serio. Necesitamos un esfuerzo global masivo para volver a juntar materia orgánica en los suelos, y así devolverle fertilidad. Décadas de maltrato de suelos con químicos en algunos lugares, y la erosión de los suelos en otras partes, los dejaron exhaustos. Los suelos saludables, ricos en materia orgánica, pueden retener enormes cantidades de agua, que serán necesarios para crearle las necesarias flexibilidad y aguante al sistema agrícola como para resistir las crisis climáticas y de agua que ya se ciernen sobre nosotros. Aumentar la materia orgánica en los suelos de todo el mundo ayudará a capturar cantidades sustanciales del actual exceso de CO2 que hay en la atmósfera.

3. Desindustrializar la agricultura, ahorrar energía y mantener a la gente en su tierra. La agricultura familiar en pequeña escala debe volver a ser el fundamento de la producción de alimentos. Haber permitido la enorme acumulación de empresas de agricultura mega-industrial que producen mercancías para el mercado internacional en lugar de comida para la gente, provoca ámbitos rurales vacíos, ciudades sobrepobladas y la destrucción de muchos modos de sustento y de cultura en el proceso. Desindustrializar la agricultura ayudaría también a terminar con el tremendo desperdicio de energía que ahora produce el sistema de agricultura industrial.

4. Cultivar en las inmediaciones y cortar el comercio internacional. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es priorizar los mercados locales sobre el comercio internacional. El comercio internacional de alimentos en consorcio con industrias de procesamiento y supermercados en cadena son los principales contribuyentes a la crisis climática. Todo esto puede detenerse en gran medida y situar la cadena alimentaria en la producción de alimentos más orientada a los mercados locales. Lograr esto es probablemente la lucha más dura de todas, ya que el poder corporativo se ha concentrado en mantener el sistema de comercio creciendo y en expansión. Y muchos gobiernos están felices con esto. Algo que debe cambiar si somos serios en nuestra respuesta a la crisis climática.

5. Cortar la economía de la carne y buscar una dieta más sana. Tal vez la transformación más profunda y destructiva que conlleva el sistema alimentario industrial es la industrialización del sector ganadero. Lo que solía ser una parte integral y sustentable de los modos de vida rurales, es ahora un sistema de fábricas mega-industriales de carne diseminadas por todo el mundo, controladas por unos cuantos. La economía de la carne a nivel internacional, que ha crecido cinco veces en las últimas décadas, contribuye a la crisis climática de un modo enorme. Ha ayudado a provocar el problema de obesidad en los países ricos, y ha destruido —mediante subsidios y comercio desleal— la producción local de carne en los países pobres. Esto debe detenerse, y las tendencias de consumo, especialmente en los países ricos deben alejarse de la carne. El mundo necesita regresar a un sistema descentralizado de producción y distribución de carne, organizado de acuerdo a las necesidades de la gente. Deben restaurarse y recuperarse los mercados que surten carne a los mercados locales procedente de pequeñas fincas a precios justos. Debe de frenarse el comercio desleal internacional.

PARA SABER MÁS:

Mares en riesgo: www.seas-at-risk.org/1mages/Carbon%20footprint%20brochure%20final%20final.pdf
GRAIN: Los pequeños agricultores pueden enfriar el planeta: una forma de salir del caos causado por el sistema industrial de alimentos: www.grain.org/o/?id=95 y www.grain.org/go/climatecrisisrefs
Vía Campesina: Hechos y datos: campesinas y campesinos enfrían el planeta: www.viacampesina.net/downloads/PAPER5/SP/paper5-SP.pdf
GRAIN: Cuidar el suelo. www.grain.org/biodiversidad/?id=459
GRAIN: Cambio climático: el fracaso del sistema alimentario transnacional: www.grain.org/biodiversidad/?id=455

Tomado de:
http://www.grain.org/o_files/sobriania-1.pdf

12. CUBA MONITOREA MINUCIOSAMENTE DERRAME PETROLERO EN GOLFO DE MÉXICO

Mancha de Petróleo en el Golfo de México

21 Mayo 2010. Cuba monitorea minuciosamente el derrame de  petróleo en el Golfo de México y está atenta a la información que surge de  Estados Unidos, pero hasta este viernes la marea negra no representa una  amenaza real para la isla, aseguró un experto.

Manuel Marrero, asesor del ministerio de la Industria Básica, declaró a la  AFP que en la isla “no se ha tomado ninguna medida al respecto” por la marea  negra, pero “estamos al tanto de toda la información que se está produciendo en  los Estados Unidos”.

“No vemos ninguna amenaza para nuestro país, no hay nada que nos haga  pensar que nuestro territorio esté amenazado por el derrame hasta el día de  hoy, y hasta este momento. Eso no significa que no estemos monitoreando  diariamente, horariamente todo lo que está pasando”, afirmó.

Una parte del enorme derrame de petróleo en el Golfo de México producido  por la explosión de una plataforma del grupo British Petroleum (BP), a finales  de abril, entró en una corriente marina y podría alcanzar en una semana las  costas de Florida, en el sudeste de Estados Unidos, y muy próximo a Cuba, según  expertos norteamericanos

Tomado de:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/05/21/cuba-monitorea-minuciosamente-derrame-petrolero-en-golfo-de-mexico/

13. LA FIEBRE DEL PETRÓLEO QUE AMENAZA AL GOLFO DE MÉXICO Y AL PLANETA

Por: Michael T. Klare

23/05/10. La cuestión es clara: el drenaje masivo de petróleo del fondo del Golfo México podría consumar  uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de la humanidad. Lo peor es que es sólo un anticipo de lo que será la era del petróleo degradado, una época caracterizada por la creciente dependencia de fuentes de energía problemáticas y difíciles de conseguir. La partida se desarrolla en terreno peligroso, y lo que está en juego es el destino del planeta. Es posible que nunca se llegue a dar con la causa precisa de la explosión que destruyó la torre petrolífera de Deepwater Horizon el 20 de abril y mató a 11 de sus 126 trabajadores. Se ha hablado de fallos en una conexión submarina y en un aparato específicamente diseñado para prevenir explosiones. La falta de controles gubernamentales sobre los mecanismos de seguridad también tuvo su parte en el desastre, producido, seguramente, por una combinación de equipo defectuoso y errores humanos. En todo caso, aunque no se determine cuál fue el exacto disparador de la explosión, la razón de fondo está clara: la existencia de una empresa a la que el gobierno autorizó a explotar reservas de petróleo y gas natural en entornos remotos y bajo condiciones de operación altamente riesgosas.

Los peligros de la nueva fiebre del petróleo

Los Estados Unidos ingresaron en la era de los hidrocarburos con una de las principales reservas de petróleo y gas natural. La explotación de estos valiosos y versátiles recursos ha contribuido durante mucho tiempo a la riqueza y al poder del país, así como a la rentabilidad de gigantes de la energía como British Petroleum (BP) y Exxon. Este proceso, empero, condujo al agotamiento de la mayoría de reservas siutadas en tierra firme y sólo dejó algunas disponibles en áreas marítimas de difícil acceso en Alaska y el Ártico. Para mantener el suministro de energía, así como los ininterrumpidos beneficios de las grandes empresas del ramo, todos los gobiernos sin excepción han impulsado la explotación de fuentes energéticas remotas, con abierto desdén por los peligros humanos y ambientales que encierran estas operaciones. La búsqueda afanosa de gas y petróleo ha entrañado siempre un cierto grado de riesgo. Después de todo, la mayoría de las reservas energéticas se encuentran bajo tierra entre sucesivas capas de rocas. Cuando las perforadoras llegan hasta ellas, las probabilidades de erupciones explosivas son altas. Es lo que se conoce como efecto “géiser”. En los intrépidos inicios de la industria del petróleo, este fenómeno -bien conocido gracias a películas como Pozos de ambición (There Will Be Blood, según el título original en inglés)- era causa frecuente de  importantes accidentes humanos y ambientales. Con los años, las compañías petroleras consiguieron prevenir los daños causados a los trabajadores o al entorno de los pozos. Ahora, sin embargo, la compulsión por disponer de las remotas reservas de Alaska, el Ártico y las profundidades marinas se está reeditando una peculiar y peligrosa versión de los intrépidos inicios de la industria. Las empresas se encuentran con riesgos inesperados, y su tecnología -diseñada para escenarios más benignos- resulta a menudo incapaz de ofrecer una respuesta adecuada a los nuevos desafíos. En consecuencia, cuando el desastre se produce, el daño ambiental es exponencialmente mayor que cualquiera que haya podido registrarse en los anales de la  industria a lo largo del siglo XIX o a inicios del XX.La operación Deepwater Horizon es un ejemplo de ello. BP, la empresa que gestionaba la torre petrolífera y tenía a su cargo la supervisión de la perforación, lleva años inmersa en una frenética búsqueda de petróleo en zonas profundas del Golfo de México. El pozo en cuestión, conocido como Mississippi Canyon 252, tenía una profundidad de 1,5 kilómetros y estaba situado a unos 80 kilómetros al sur de la costa de Luisiana. El perforador, por su parte, se extendía unos 4 kilómetros más bajo tierra. A semejante profundidad, cualquier operación en el fondo del océano debe realizarse a través de robots manejados por control remoto por técnicos situados en el pozo. El margen de error admisible en estas circunstancias es mínimo, sobre todo en cuestiones de perforación y corte de capas rocosas. Aparentemente, la operación Deepwater Horizon se caracterizó por una gran laxitud en materia de supervisión, de manera que cuando surgieron algunos problemas previsibles, fue imposible enviar técnicos que pudieran evaluar la situación y ofrecer una solución.

Acometer perforaciones el Alaska y en el Ártico entraña peligros aún mayores, dadas las condiciones climáticas y ambientales extremas con las que es menester lidiar. Cualquier pozo marítimo siutado en los mares de Beaufort o de Chukchi está expuesto a eventuales choques con trozos de hielo, a temperaturas extremas y a poderosas tormentas. Por otra parte, siempre será más difícil, en semejantes parajes, lidiar con derrames de petróleo como los de BP, da igual que sean marítimos o terrestres. Es más, un flujo incontrolado de petróleo en esas condiciones representará, a no dudarlo, una amenaza letal para cualquier especie viva. Las grandes empresas de energía aseguran estar blindadas contra tales peligros. Sin embargo, tanto el desastre del Golfo como la propia historia han puesto en ridículo dicha pretensión. En 2006, por ejemplo, un oleoducto en mal estado de BP propició el derrame de más de un millón de litros de crudo en unas lomas del norte de Alaska frecuentadas por manadas migratorias de caribús (como el derrame tuvo lugar en invierno, los caribús aún no estaban allí, lo que hizo posible alejar el petróleo de los bancos de nieve; de haberse producido en verano, los riesgos para la manada hubieran sido considerables).

Cuando hay petróleo de por medio, todo está permitido

A pesar de los peligros evidentes y de la ausencia de mecanismos adecuados de seguridad,  diferentes administraciones, incluida la de Barack Obama, han apoyado la política de las grandes empresas y han favorecido la explotación de reservas de gas y petróleo en aguas profundas del Golfo de México, así como de otras áeras ambientalmente sensibles.

El gobierno ya asumió esta posición frente al tema con la Política de Energía Nacional (PEN), adoptada por el presidente George W. Bush en mayo de 2001. Liderados por el ex Director Ejecutivo de Halliburton, el vice presidente Dick Cheney, los diseñadores de esta política advirtieron que los Estados Unidos consideraron que la creciente dependencia de la importación de energía comportaba un auténtico peligro para la seguridad nacional. A resultas de ello, apostaron por un mayor aprovechamiento de las fuentes de energía locales, especialmente petróleo y gas natural. “Es un objetivo primordial de la Política de Energía Nacional diversificar las fuentes de aprovisionamiento” rezaba la declaración de principios de la PEN. “Y esto supone priorizar las fuentes locales de petróleo, gas y carbón”.

No obstante, como la propia PEN dejaba claro, los Estados Unidos estaban perdiendo sus reservas  de gas natural o de petróleo convencionales y de fácil acceso, tanto terrestres como marítimas. “Es probable -se decía en el documento- que la producción de petróleo en los Estados Unidos decaiga en las próximas dos década; [de manera que] la demanda local excederá las propias capacidades productivas”. La única solución, se afirmaba, era aumentar la explotación de reservas de energías no convencionales, como el petróleo o el gas situados en el fondo martímo del Golfo de México, más allá de los bancos de arena continentales, en Alaska, en el Ártico e incluso recurrir a formaciones geológicas complejas como el petróleo o el gas bituminosos.

“La producción de gas y petróleo en áreas geológicamente estimulantes -continuaba el documento- es vital para todos los estadounidenses y para la seguridad energética nacional, siempre que resulte compatible con la protección del medioambiente” (esta última mención era un explícito añadido de la Casa Blanca dirigido a contrarrestar las acusaciones -desafortunadamente ciertas- en torno a la escasa sensibilidad gubernamental por las  consecuencias ecológicas de su política energética).

La primera recomendación de la PEN consistía en el desarrollo de un Refugio para la Vida Silvestre en el Ártico, una propuesta con amplio eco en los medios que se granjeó la inmediata desconfianza de los grupos ambientalistas. Sobre todo cuando se la veía acompañada por la apelación a una mayor exploración y explotación en las profundidades del Golfo y en los mares de Beufort y Cukchi, en el norte de Alaska. Aunque la perforación en el Refugio Nacional para la Vida Silvestre del Ártico fue finalmente bloqueada, la explotación en otras áreas se abrió camino con escasa oposición. En realidad, el Servicio de Gestión de Minerales (SGM), una agencia gubernamental probadamente corrupta, lleva años facilitando la concesión de licencias de exploración y perforación en el Golfo de México e ignorando de manera sistemática las regulaciones ambientales. Esta práctica, frecuente durante la era Bush, se mantuvo incólume con la llegada de Barack Obama a la presidencia. Obama, de hecho, autorizó con su firma el crecimiento masivo de las perforaciones marítimas, y apenas tres semanas antes del desastre de Deepwater Horizon, el 30 de marzo, anunció la realización de tareas de perforación, por primera vez, en vastas áreas del Atlántico, la zona oriental del Golfo de México y las aguas de Alaska.

Además de acelarar las exploraciones en el Golfo de México, pasando por alto las advertencias de científicos y funcionarios gubernamentales, el SGM también aprobó perforaciones en los mares de Beaufort y Chukchi. Todo ello a pesar de la fuerte oposición de grupos ecologistas y de los propios pueblos nativos, que temían que las operaciones pusieran en riesgo la supervivencia de ballenas y otras especies fundamentales para mantener su modo de vida. En octubre, por ejemplo, el SGM otorgó a Shell Oil una autorización provisional para llevar a cabo perforaciones en dos bloques del mar de Beaufort. Los opositores al plan han señalado que cualquier derrame de petróleo generado por dichas actividades entrañaría severos riesgos para especies ya amenazadas. Como de constumbre, sin embargo, las advertencias han sido ignoradas (el 30 de abril, 10 días después de la explosión del Golfo, el presidente Obama otorgó al Plan un sorpresivo visto bueno, cuando aún algunas tareas de perforación aún estaban pendientes de revisión).

El salón de la vergüenza de BP

Las grandes compañías energéticas tienen sus propias razones para sumarse a la explotación de opciones remotas de energía. Para evitar la caída de sus acciones, cada año se ven obligadas reemplazar el petróleo extraído con el de nuevas reservas. La mayoría de los yacimientos tradicionales, sin embargo, está agotada y algunos de los más prometedores en Oriente Medio, en América Latina o en la ex Unión Soviética se encuentran bajo control de empresas estatales como la saudí Aramco, Pemex, en México, o PDVSA, en Venezuela. Este panorama deja a las empresas privadas con áreas cada vez más restringidas en las que reponer sus provisiones. Ello explica que lleven tiempo inmersas en una búsqueda enloquecida de petróleo en el África sub-sahariana, donde muchos países todavía permiten una cierta participación privada. Lo cierto, sin embargo, es que incluso en estos casos deben afrontar la feroz competencia de empresas chinas así como de otras compañías de propiedad estatal. Las únicas áreas en las que aún pueden operar con las manor prácticamente libres son el Ártico, el Golfo de México, el Atlántico Norte y el Mar del Norte. No es casual que sea aquí donde están concentrando sus esfuerzos, con escasa o nula preocupación por los peligros que ello pueda suponer para la humanidad o para el planeta. El ejemplo de BP es bastante elocuente. Originariamente conocida como Anglo-Persian Oil Company (más tarde, Anglo-Iranian Oil Company, y finalmente, British Petroleum), BP comenzó sus operaciones en el sudoeste de Irán, donde gozó durante un tiempo del monopolio en la producción de crudo. En 1951, sus propiedades fueron nacionalizadas por el gobierno democrático de Mohammed Mossadeq. La empresa regresó a Irán en 1953, tras el golpe apoyado por los Estados Unidos que puso al Shah en el poder, y fue expulsada nuevamente en 1979 tras la revolución islámica. La compañía todavía conserva un pie en la inestable aunque rica en petróleo Nigeria, una ex colonia británica, y en Azerbaijan. Sin embargo, desde su absorción de Amoco (en su momento, Standard Oil Company of Indiana) BP ha concentrado sus energías en la explotación de las reservas de Alaska y en algunos yacimientos de petróleo degradado en el Golfo de México y en las costas africanas.

No por casualidad, el informe anual de BP de 2009 lleva por título “Operar en las fronteras de la Energía”. Allí, de hecho, se señala con orgullo que “BP opera en las fronteras de la energía. Desde las profundidades marítimas a los entornos más complejos, desde remotas islas tropicales a la próxima generación de biocombustibles, una renovada BP trae consigo mayor eficiencia, un impulso sostenido y crecimiento empresarial. En el marco de esta declaración de principios, el Gofo de México ocupa un papel central. “BP es un operador líder en el Golfo de México”, señala el informe. “Somos el principal productor y proveedor en la zona, además de contar con el mayor área de exploración” […] Nuevos descubrimientos, emprendimientos exitosos, operaciones de alta eficacia y un amplio abanico de nuevos proyectos nos sitúan en inmejorable posición en el Golfo de México, tanto a corto como a largo plazo”.

Está claro que los altos ejecutivos de BP pensaban que un rápido incremento de la producción en el Golfo resultaría fundamental para la salud financiera de la empresa a largo plazo (de hecho, unos pocos días después de la explosión en Deepwater Horizon, la compañía anunciaba que había conseguido unos 6.100 millones de dólares de beneficios sólo en el primer trimestre de 2010). Queda por determinar hasta qué punto la concepción empresarial defendida por BP contribuyó al accidente de Deepwater Horizon. En todo caso, existen inidicios de que la compañía estaba inmersa en una frenética operación de consolidación del pozo de Mississippi Canyon 252, un paso previo al  eventual traslado de la plataforma alquilada a Transocean a unos 500.000 dólares diarios a algún otro sitio de perforación rentable. Si bien es probable que BP sea el principal villano en este caso, otras grandes empresas energéticas están implicadas en actuaciones similares, con cobertura del gobierno y de algunos de sus funcionarios. Estas empresas y sus aliados gubernamentales aseguran que, con las debidas precauciones, es seguro operar en estas condiciones. El incidente de Deepwater Horizon, sin embargo, revela que mientras más remota es el área de exploración, mayores son las posibilidades de que el asunto acabe en desastre. Se nos dirá que la explosión en Deepwater Horizon fue un accidente desafortunado, una desgraciada combinación de gestión inadecuada y equipo defectuoso. Que bastaría un control más estricto para disipar los riesgos de la perforación en aguas profundas. Pero el alegato no es de recibo. La falta de diligencia y los defectos técnicos pueden haber desempeñado un papel crucial en la catástrofe del Golfo. Sin embargo, la fuente última del desastre es la necesidad compulsiva de las grandes empresas  de compensar el declive de las reservas convencionales de petróleo a través de la exploración en zonas altamente riesgosas. Mientras esta compulsión se mantenga, los desastres continuarán. Tenedlo por seguro.

Michael T. Klare es profesor de estudios de Paz y Seguridad Mundial en el Hampshire College. Su último libro es Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy (Metropolitan Books).

Traducción para http://www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello

Tomado de:
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3345

14. CIENTÍFICOS PERUANOS CREARON PLÁSTICO ECOLÓGICO A BASE DE PAPA

Material será biodegradable, ayudará a combatir la contaminación le dará un valor agregado a los productos agrícolas de nuestro país

21 de mayo de 2010

Fotografía: PUCP

(EFE). Un grupo de científicos peruanos ha creado un plástico a base de papa que al ser biodegradable puede ser una alternativa para mitigar los efectos de la contaminación y dar un valor agregado a los productos agrícolas de este país sudamericano.

El producto, elaborado a base de almidón de papa, y otros tubérculos como la yuca o el camote, “es biodegradable y además es biocompostable” (se descompone y de paso se convierte en abono), aseguró el coordinador general del proyecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Torres.

MATERIAL BIODEGRADABLE

Un plástico fabricado con derivados del petróleo como las bandejas para empaquetar alimentos o productos electrodomésticos tarda decenas de años en desintegrarse, sin desaparecer completamente, pero un material biodegradable sólo demora dos años en desaparecer.

La mayoría de los plásticos biodegradables son fabricados a base de maíz, un producto que abunda en Estados Unidos, país que además cuenta con una industria capaz de producirlos a gran escala, explicó Torres.

La novedad de este producto, que aún está en fase de investigación, es el uso del almidón de la papa peruana.

Por ello el equipo de la PUCP trabaja desde hace años en la creación de los plásticos biodegradables a base de tubérculos, un proyecto que financia el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT) de Perú.

¿CÓMO SE HACE?

El proceso para crear este novedoso plástico se realiza en el laboratorio, donde se extrae la humedad de la papa, se filtra y mediante un proceso de centrifugación se seca el tubérculo para obtener el almidón.

De allí, con un equipo para procesar plásticos convencionales y bioplásticos, se trabaja el almidón para obtener láminas de este derivado de papa con aspecto similar a los que se conocen en el mercado.

Salomón Soldevilla, del departamento de Agroindustria de la FINCyT, dijo a Efe que el objetivo del proyecto es “establecer los protocolos de desarrollo de tecnología para que estas fuentes naturales puedan ser utilizadas en diversas formas como en plásticos, envases y bolsas”.

CONCIENCIA ECOLÓGICA

Ahora, los investigadores dirigidos por Torres, doctor en ciencia de materiales, intentarán precisar antes de fin de año qué variedad, de las miles de papas que tiene Perú, “es la más adecuada”.

Los científicos ya han llegado a producir láminas y films (de plástico de almidón de papa) que pueden servir de modelo para bandejas y bolsas, muy utilizadas acá y donde la conciencia ecológica no está muy extendida, ya que en el país se utilizan muchas bolsas y es frecuente ver a quien tira sus deshechos plásticos en la calle y el ambiente.

NUEVOS RETOS

Pero además, los científicos de la PUCP afrontan el reto de pasar a una etapa de investigación técnica para fabricar su producto a gran escala, en un país en el que la industria del plástico es inexistente.

“Perú no tiene industria, no produce materia prima plástica”, acotó Torres, al explicar que a pesar de que en su país hay miles de variedades de papa, el almidón de este tubérculo se tiene que exportar de Estados Unidos.

Pero además un producto de este tipo “va a poder crear en la cadena un valor agregado para la agricultura”, aseveró Torres.

Tomado de:
http://elcomercio.pe/noticia/482005/cientificos-peruanos-crean-plastico-base-papa

Ver agenda de la semana en la sección del mismo nombre del blog.

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3. CORPI RECHAZA CUALQUIER INTENTO DE INGRESO DE LAS PETROLERAS A TERRITORIO INDÍGENA

20 de mayo de 2010. La Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI SL, base regional de la AIDESEP, emitió un memorial a las autoridades del gobierno y donde expresa el rechazo de los pueblos Awajún, Achuar, Cocama Cocamilla, kandozi, Quechuas, Shapra, Shawi, Shiwilo, Shuar de las provincias del Datem del Marañón y Alto Amazonas, Loreto; a todas las acciones de las petroleras que pretenden operar en la zona.

http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/827.jpg

En esta larga lista se encuentran:

Talismán, Lote 103 que afecta a 105 comunidades Shawi.

Repsol, Lote 109 que afecta a las comunidades Awajún en Manseriche y Barranca.

Perupetro, Lote 130, que afecta a 47 comunidades Cocama Cocamilla.

Talismán, Lote 64, afecta a las comunidades Achuar, Shapra y Shuar en Morona.

Talismán, Lote 101, atentando contra los pueblos Quechua del Pastaza.

Perupetro, Lote 177, perjudicando a las comunidades Shapra del Morona.

KEI Karoon Gas, Lote 144; afecta a las comunidades Kandozi y Quechua y al lago más grande de la Amazonía Lago Rimachi.

Pluspetrol, Lote 102; afecta al pueblo Quechua.

Ante este escenario, la organización regional rechazó la burla de las llamadas “consultas” en nuestra zona que son informaciones superficiales y con engaños; llamamos a no asistir a esas reuniones manipuladas y exigir al Estado el cumplimiento de la recomendación del Informe de Expertos de la OIT.

Tomado de: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1418 (incluye Memorial de CORPI)

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