El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

El E-cochaski Nº 53 julio 12, 2010

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 8:16am

Editorial. Fiscalización ambiental a la peruana: Causas, azares y soluciones

Los recientes desastres extractivos de las regiones de Huancavelica y Loreto nos motivaron a consultar a varios activistas ambientalistas y expertos ambientales acerca de los desafíos de la fiscalización ambiental en el país y qué hacer al respecto para superarlos. Las interesantes respuestas de ambos grupos siguen a continuación, por separado.

Los primeros son más escépticos y abarcadores, pues sostienen que en las actuales condiciones políticas y dentro de este modelo económico poco se puede hacer. En el Perú poco se trabaja el tema tecnológico o ambiental (agua). Los fiscalizadores casi siempre aceptan la versión de las empresas. Y en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los hacen y financian las empresas, que son juez y parte. Añaden que es esencial el ordenamiento territorial, así como la premisa de que las actividades extractivas siempre conllevan un riesgo alto de contaminación, a pesar del discurso de las tecnologías limpias. Ello ya ha sido comprobado por estudios sobre riesgo inevitable en minas de los Estados Unidos. Por eso es que mineras grandes, como Yanacocha, han comprado y siguen comprando tierras a los campesinos para evitar estos riesgos a la población (y aún así los afectan). El problema es que el mapa geológico que indica el potencial minero o hidroenergético no siempre coincide con regiones deshabitadas o ecológicamente “invulnerables”. Por el contrario, casi todo el potencial minero se encuentra en cabeceras de cuenca, con lo que el riesgo de afectación es bastante alto.

En el nivel institucional, sostienen que el ajuste estructural de los años 90s, con la creación de organismos de control como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la tercerización de las actividades de fiscalización en la legislación minera, no ha traído mucho beneficio en términos ambientales. OSINERGMIN ha puesto muchas multas a empresas transgresoras, pero hay un porcentaje muy bajo que se hayan pagado, pues casi todas las empresas las apelan contratando a famosos estudios de abogados. Por otro lado, el perfil de OSINERGMIN es muy técnico, pues su función es constatar que no se viole ni la legislación minera ni ambiental, pero no tiene ninguna potestad coercitiva. A veces, sus funcionarios ni siquiera pueden entrar a la propiedad de las mineras. Finalmente, no hay ninguna disposición en ninguna de las legislaciones (minera, ambiental, etc.) sobre qué hacer en caso de afectación de las aguas, como pasó en el río Marañón o en el río Opamayo. Simplemente, se asume que las empresas deben enmendar lo que han ocasionado, pero esto es absurdo totalmente. No hay ninguna institución pública (salvo Defensa Civil) que se encargue de resolver el entuerto y esto es sintomático de lo poco que les importa a nuestros gobernantes lo que le suceda a la gente. Es el efecto perverso del discurso minero respecto a la eficiencia y la infalibilidad de la tecnología y en general del extractivismo, que llevan a una falta de precaución casi absoluta.

Ante ese panorama, los activistas proponen un organismo de fiscalización independiente que no esté en manos del Ministerio de Energía y Minas o de cualquier otro ministerio. Además, luego deberán subirse drásticamente las multas o cerrarse las minas. Asimismo, no debe haber actividades extractivas en zonas habitadas ni de fragilidad ecológica, simplemente por el principio precautorio. Para cumplir su función, OSINERGMIN puede contratar empresas privadas supervisoras, así como auditorías, estudios o asistencia técnica, para complementar la labor de supervisión, y los costos de todas estas contrataciones deberán ser asumidos por el titular de la actividad minera.

De otro lado, los expertos ambientales consideran que la fiscalización ambiental en hidrocarburos es más deficiente aún que la realizada en minería, siendo una de las supuestas razones de esto lo difícil de acceder a la selva. Además, OSINERGMIN, al menos en ciertos casos, es demasiado lento, pues ya conocía que las relaveras de la minera Caudalosa no marchaban bien desde el 2008, pero no tomó al respecto las medidas suficientes, como sí lo ha hecho en otros casos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) pudo haber sido un buen organismo fiscalizador, pero pusieron ahí a gente que nunca había fiscalizado en su vida. Otro problema del sistema de fiscalización está en su forma de hacer seguimiento. Si no hay fiscalizadores especializados y cuando se realizan las sanciones no se ejecuta el pago de las multas, entonces es como si todo lo hecho no sirviese y se pierde credibilidad. Además, se paralizan obras pero no se exige que se haga la remediación ambiental. Tal situación estaría por cambiar en parte con la implementación de las fiscalías para delitos ambientales desde el MINAM, aunque aún no hay presos por estos casos, pero los empresarios mineros y sus ingenieros ya están muy preocupados por las posibles consecuencias penales, además del tiempo que les demanda atender estos procesos.

Algunas salidas técnicas sugeridas por los expertos para mejorar la fiscalización ambiental son: Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en ríos, que incluya las relaveras, y la calidad del aire, con las plantas de beneficio y refinerías en tiempo real. Es decir, hay que tener una red de  estaciones de medición de calidad del agua y aire con sensores que reporten a un satélite y este derive al organismo de fiscalización. El inconveniente con este sistema es el alto costo de la estación, la implementación del sistema que funcione con el satélite, que también es caro, y además se debe pagar anualmente por el servicio y los costos de la transferencia de datos. La fiscalización debe ser participativa, usando el mecanismo de vigilancia ambiental por parte de la población civil, en coordinación con las autoridades. Es decir, la población debe fijarse un objetivo concreto y tener un plan de trabajo y recibir capacitación para realizar los objetivos que se planteen. La vigilancia ambiental tiene por objeto identificar situaciones irregulares, con falta de seguridad o de mantenimiento de obras, pero lo más importante es la búsqueda de soluciones. También se puede usar el voluntariado ambiental para las capacitaciones. Asimismo, la fiscalización debe estar en organismos independientes y técnicos, no supeditados al poder político (caso SUNAT), pues de otra manera no se gana el respeto del público; tener presupuesto y unas cinco oficinas macrorregionales, totalmente autónomas y con presupuesto suficiente, que estén capacitando constantemente a los pobladores para que los convierta en los guardianes del medio ambiente. Las multas deben ser más fuertes; exigir fianzas cuando se encuentra una situación anómala. El Ministerio de Salud debe ser más preventivo, y contar con más toxicólogos. Por último, las ONGs tienen que tecnificarse y ser muy cuidadosas de defender causas flagrantes.

En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento sugerido por ambos grupos no es del todo distinto, aunque los primeros le dan más énfasis a las causas de la debilidad de la fiscalización ambiental, subrayando la predominancia actual de la lógica extractivista en los sistemas social, político, ambiental y económico. Mientras los segundos apuntan más a posibles salidas técnicas que, de hecho, es necesario tratar de implementar a corto y mediano plazo, a fin de evitar los a veces notorios desastrosos efectos de las industrias extractivas. El desafío inmediato es cómo lograr que la lógica extractivista permita implementar, luchando contra el tiempo, reformas que supuestamente no son necesarias para ella.

Raúl Chacón Pagán

Nota: Mi profundo agradecimiento a los activistas y expertos ambientales que respondieron mis preguntas para redactar este texto. Entre los primeros puedo mencionar al Ing. Reinhard Seifert y la abogada Patricia Urteaga. entre los segundos destacan los ingenieros María Chappuis y Mario Cedrón, además de otros más que por razones laborales me abstengo de mencionar.

1. CAUDALOSA: UN DERRAME DE INFRACCIONES AMBIENTALES

09/07/2010. El historial ambiental de la empresa minera Caudalosa es tan turbio como los 110 kilómetros del río Opamayo hoy contaminados por 25 mil metros cúbicos de relaves y que han colocado a esta zona de la región más pobre del país, Huancavelica, en emergencia.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el masivo derrame de relaves ha dañado toda esa extensión ribereña. El río Opamayo cambia de nombres conforme recorre los pueblos de la zona: el tramo más cercano a los depósitos de relaves se denomina río Escalera, luego se convierte en río Huachocolpa, Lircay y otros. Varios nombres pero una sola contaminación.

Antes que colapsara el depósito de relave, cerca de las 6 de la tarde del viernes 25 de junio, la compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación y funcionamiento de esa misma relavera, sin permiso del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pese a las infracciones detectadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), éste nunca logró imponer las sanciones.

¿Cuáles fueron esos casos?

Delitos ambientales
El 16 de julio de 2009, la institución fiscalizadora realizó una supervisión especial que incluyó la visita de todas las relaveras de la unidad minera ‘Huachocolpa Uno’ de Caudalosa. Entre estos depósitos figura los dos que colapsaron recientemente. El pastoreo ha continuado en la zona afectada pese a la peligrosa contaminación del suelo.

Hoy se sabe de la investigación preliminar del propio Osinergmin que la causa del accidente fue el exceso de relaves que hizo colapsar la infraestructura  y que unos 25 mil metros cúbicos de líquidos tóxicos se derramaron en el río. A la luz de lo expuesto, se evidencia que fue por falta de prevención.

Tal documento fue la notificación a Caudalosa del “inicio del proceso sancionador” que no constituye una sanción o multa, sino una advertencia a la compañía de que se investigará el hecho y que se han detectado infracciones.

Estos oficios son manejados en reserva entre Osinergmin y la empresa, no son mencionados en la web de esta institución a diferencia de las resoluciones con sanciones emitidas por su gerencia general y consejo directivo, la primera y segunda instancia en la vía administrativa.

Cóctel contaminante
Pero en la lista de infracciones hay más. Según el oficio N°1223-2009-OS-GFM con fecha 30 de junio de 2009, la planta concentradora de minerales de Huachocolpa operó entre enero y junio de ese año por encima del 50% de capacidad autorizada por el Minem. Esto quiere decir que se corría el riesgo de procesar los minerales sin contar con un plan ambiental de manejo de residuos considerando el volumen excedente que se producía. En este caso, tampoco se concretó la sanción.

Dimensión del colapso de la relavera
En 2008 se realizaron cuatro inspecciones en mayo, julio, setiembre y noviembre. En la mayoría de las muestras tomadas se detectó niveles altos de PH, STS, zinc y cobre en el río Escalera. Los oficios N°984-2008-OS-GFM,  N°1243-2008-OS-GFM, N°188-2009-OS-GFM y el N°189-2009-OS-GFM y los expedientes respectivos de los casos confirman que estas concentraciones tóxicas eran reiteradas en los puntos de monitoreo a lo largo del año.

¿Por qué no se sancionó ni un solo caso por daño ambiental? “Ahí hubo un problema de tiempo. Pero, además, Caudalosa no es el único caso que vemos”, respondió el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Osinergmin sólo ha sancionado con 240 UIT a Caudalosa por tres accidentes fatales en las minas subterráneas de ‘Huachocolpa Uno’ que cobraron la vida de cuatro trabajadores por problemas de ventilación durante las operaciones y el manejo de explosivos para la extracción del mineral. Las víctimas fueron Efraín Jayo Cuellar y Nils Oncevay Multato, Edilberto Trucios Acuña y Féliz Segama Huamani.

Las tres resoluciones de la gerencia general impuestas por estas muertes fueron impugnadas por Caudalosa, del grupo Raffo , al mismo estilo de la mayoría de  empresas como ya ha revelado IDL-Reporteros en un reportaje a inicios de junio. El mismo patrón de faltas graves contra el medio ambiente y la vida se repite una y otra vez, sin que las autoridades tomen decisiones enérgicas para evitar desastres como el que finalmente sucedió. (IDL-Reporteros. Milagros Salazar)

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/regionales/09/07/2010/caudalosa-un-derrame-de-infracciones-ambientales

2. CATÁSTROFE AMBIENTAL EN LA SELVA. 100 km del Marañón afectados por derrame. Científicos constatan en la zona que residuos de petróleo se han extendido río abajo. Hay 42 comunidades nativas afectadas, la mayoría pertenece a la etnia Cocama. Pluspetrol no informó oportunamente a todos los pobladores perjudicados
Por:
Nelly Luna Amancio

11 de Julio del 2010. En Saramuro y Santa Rita de Castilla (Loreto), a casi 10 horas (dos en auto y ocho en deslizador) de Iquitos, llueve torrencialmente. Los niños chapotean en los charcos. Las mujeres sacan sus bateas a la calle y comienzan a juntar las gotas que golpean con fuerza. En estas y otras comunidades de la etnia Cocama ubicadas en las riberas del inquieto río Marañón, la lluvia no había sido tan celebrada como ahora después del derrame de petróleo ocurrido hace tres semanas. Desde ese día no consumen agua de río. Y como los bidones que les entrega la empresa propietaria del crudo derramado (Pluspetrol Norte) no les alcanza, ellos juntan las gotas de lluvia.

El sábado 19 de junio, en Saramuro, exactamente en la bahía llamada Tiwinza, la base de una barcaza de petróleo que prestaba servicios para Pluspetrol Norte se quebró y liberó al río —según la misma empresa— 302 barriles de crudo. Ese sábado a las 3:30 p.m., después de almorzar, un grupo de pobladores de Saramurillo, la comunidad vecina, se acercó a la orilla y vio cómo una espesa mancha tornasolada cubría parte del río.

Aguas abajo, al día siguiente, el domingo 20 de junio, a las 6:30 de la mañana, dos pobladores de San José de Parinari, iban en peque peque hacia su chacra para cargar plátanos cuando vieron que el agua extrañamente brillaba. Se acercaron, la tocaron, la olieron. Esa sustancia viscosa era petróleo. Ya la habían visto antes, cuando el 2000, unos 5.500 barriles de petróleo terminaron en el mismo río luego de que una barcaza con crudo —también de Pluspetrol Norte— se hundiera.

Conforme las manchas de petróleo iban avanzando arrastradas por el Marañón, las comunidades se fueron enterando del derrame. “Ni ese sábado, ni el domingo ni siquiera el lunes nos comunicaron del accidente. Fueron las mismas comunidades las que decidieron por su cuenta dejar de consumir el agua y los peces del río”, dice la hermana Nancy Roca, misionera del Sagrado Corazón de Jesús que hace más de 25 años trabaja en la comunidad de Santa Rita de Castilla, la sede administrativa del distrito de Parinari, adonde pertenecen las comunidades afectadas.

Dieciocho días después
La travesía por el torrentoso Marañón se inició el último miércoles en Nauta. Acompañamos a un equipo contratado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) para analizar el impacto del derrame sobre el ecosistema del río. Los biólogos Pedro Carrillo y Percy Gallegos estudiarán la calidad del agua, los sedimentos del río y elaborarán un análisis hidrobiológico. Ellos recogieron muestras de agua, lodo y peces de 10 comunidades del Marañón. Las manchas del petróleo alcanzaron hasta 100 kilómetros aguas abajo de la zona del derrame.

En las comunidades visitadas (ver infografía) continúan los trabajos de limpieza del crudo acumulado en las orillas y en las palizadas. La empresa Pluspetrol Norte ha contratado a pobladores —a los que paga 30 soles— para que recojan los restos de petróleo que todavía persisten en la vegetación de las orillas. Solo el último jueves, en la comunidad de San José de Parinari, un grupo de pobladores juntó nueve costales, un día antes habían sido once, dice Roger Cunayapa, dirigente comunal. “Nos metemos al río, y así (muestra sus manos libres) vamos recogiendo las plantas negras y grasosas”.

Comunicación y emergencia
El lunes 21, Álex Pinedo, poblador de la comunidad de San José de Parinari (que como las otras del Marañón se dedica a la pesca y a la agricultura), se enteró del derrame, pero ignoraba su magnitud. Ese día, en la tarde, cuando vio unos peces muertos, con sus agallas ennegrecidas por el crudo, supo que no debía comer más pescado. Eso es lo que se ve en las imágenes y los videos que ellos mismos grabaron y difundieron con dificultad porque aquí no hay luz ni Internet.

¿Cuándo informaron a las comunidades del derrame? Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, explica: “Lo fundamental primero es contener la fuga, eso fue a las 7 p.m. del sábado, pero ocurrido el incidente definimos el área de influencia directa, que era Saramurillo, y le comunicamos al teniente gobernador de esa comunidad”. ¿Y las otras comunidades? “Las comunidades de la Marañón no están dentro de nuestra zona de operaciones”, dice el representante, pero señala que evalúan mejorar su “sistema de comunicación con estas”, con el fin de hacerlas más inmediatas ante la emergencia.

La Marina también ha informado que ellos se enteraron del derrame el sábado por la noche, varias horas después del accidente. Pluspetrol asegura que lo hicieron cuando pudieron y dentro de lo que exige la ley.

La información sobre el accidente es muy limitada en las comunidades, lo que incrementa el miedo. En el centro de salud de Santa Rita, la enfermera Rocío del Pilar Emma tiene un reporte con 54 casos de enfermedades diarreicas y 12 de dermatitis atribuidos a la contaminación por petróleo. Hay impotencia y desconfianza en la voz de Delfa Díaz: “¿Hasta cuándo no vamos a poder beber agua de río, señorita?”, pregunta. Nadie les ha dicho hasta cuándo hay que esperar. Desde que se registró el accidente la empresa ha comenzado a entregar por familia 4 kilos de arroz, 2 kilos de fideos, una botella de aceite de soya brasileño y 4 latas de atún.

Pluspetrol asegura que no se usaron dispersantes para contener el petróleo
Álex Pinedo, poblador de la comunidad San José de Parinari, vio el domingo 20 de junio un deslizador que echaba una especie de polvo sobre las manchas de petróleo que arrastraba la corriente. Incluso, un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) recomienda que debido a los “altos contenidos de aceites y grasas hallados en la capa superficial del río Marañón, y conociendo que se usaron dispersantes para el crudo derramado es necesario realizar una vigilancia integral de los impactos que se podrían generar a corto y mediano plazo en el agua”.

Sin embargo, César Olea, jefe de medio ambiente de Pluspetrol Norte, niega que se haya usado dipersantes para contener el derrame. “Lo que hemos usado es una barrera de contención y luego un material orgánico (Oclansorb) absorbente sobre las manchas arrastradas por el río que no afecta el ambiente”, dice.

El uso de dispersantes —que disolvería el petróleo y lo precipitaría al fondo del río— fue también uno de los temas que más se discutió durante y después del derrame de petróleo en el mar de Luisiana (a pesar de las enormes diferencias por la magnitud del desastre ecológico en EE.UU.), pues su impacto es impredecible.

A fin de mes concluirá la investigación que la Marina realiza sobre este derrame.

Tomado de:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/100-km-maranon-afectados-derrame/20100711/508903

3. DAYSI ZAPATA LAMENTÓ QUE EL GOBIERNO DESAPROVECHÓ LA OPORTUNIDAD PARA RECONOCER NUESTROS DERECHOS

AIDESEP, 08 de julio de 2010. La vicepresidenta de la AIDESEP, Daysi Zapata Fasabi, denunció la falta de voluntad política del gobierno para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas, negando la oportunidad de que pueblos originarios cuenten con una Ley de Consulta Previa, “y no se esté anunciando la lotización de la selva a las empresas petroleras en nuestro territorio, sin habernos consultado”.


Asimismo, precisó que después de la reunión con el congresista Guido Lombardi, quien preside la comisión parlamentaria que investigó los hechos ocurridos durante el Baguazo, se logró escuchar a un parlamentario que buscará fortalecer los lazos y el apoyo de sus colegas en la lucha por la aprobación de la Ley de Consulta sin las observaciones y en la posterior legislatura poner en agenda de discusión del Pleno este tema.

Zapata Fasabi precisó que el parlamentario reafirmó su voluntad de seguir trabajando por las comunidades indígenas e indicó que de sus recomendaciones en el informe sobre los lamentables hechos de Bagua fue aprobar la Ley de Consulta Previa en concordancia con el Convenio 169 de la OIT.

Tomado de:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1512

4. PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ NORMAS CONTRA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA TALA ILEGAL DE MADERA

AIDESEP 08 de julio de 2010. El pleno del Parlamento Europeo aprobó las nuevas normas que prohibirán el ingreso y comercio de madera obtenida de la tala ilegal en el mundo y entrarán en vigor a finales de 2012. A los países que incumplan con estas decisiones se impondrán multas «proporcionales» que tendrán en cuenta el impacto medioambiental y económico de la infracción, así como el valor de la madera o de los productos comercializados.

La norma alcanza que también se podrán incautar los artículos ilegales y suspender de manera inmediata la autorización de actividad comercial pues el mercado maderero de la Unión Europea es uno de los más grandes del mundo y se calcula que el 20% de los artículos de madera vendidos en territorio comunitario tienen un origen ilegal. Por eso se introducen también reglas de trazabilidad más estrictas para que los operadores respondan en todo momento del origen y destino de la madera y dar así a los consumidores más garantías sobre la procedencia de los productos que adquieren.

Según los datos proporcionados por la Eurocámara, la deforestación avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de casi el 20% de las emisiones contaminantes. También afecta a los pueblos dependientes de los bosques y a las economías de los países en desarrollo. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, celebró el voto mayoritario de los eurodiputados a favor (644 a favor, 25 en contra y 16 abstenciones) y confió en que el Consejo dé su respaldo.

Tomado de:
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1510

5. PAUL MC AULEY LAMENTA QUE LE HAYAN HECHO PERDER TIEMPO. Iquitos. Dice estar contento por hábeas corpus, pero… Si algo le preocupa al religioso es la semana que le quitaron a su labor informativa en Loreto sobre la Ley Forestal.
Por: Elízabeth Prado

Después de conocer con suma alegría la aceptación del recurso de hábeas corpus por parte del Primer Juzgado de Maynas, que suspende su expulsión del país, el hermano Paul Mc Auley dijo que ahora se propone recuperar la semana que le quitó a su tarea educativa de informar a la población loretana respecto de la Ley Forestal, que considera pondrá en peligro los bosques de la amazonía ante el acecho de empresas monocultivadoras.

“Fue una pérdida de tiempo y energías que espero recuperar pronto”, dijo el religioso mientras desempacaba cosas que alistó por si debía abandonar el país.

Mc Auley expresó su preocupación por el poco acceso a la información que tienen las comunidades nativas sobre la Ley Forestal, y refirió que seguirán explicando y entregando copias de esta norma para que tengan argumentos en su decisión de apoyarla o no.

Respecto a la inmensa adhesión nacional e internacional que ha recibido, afirmó que esas manifestaciones han fortalecido su lealtad hacia Loreto y que ahora le será muy difícil dejar el Perú.

Por su parte, su abogada Rita Ruck indicó que  las actividades del hermano Mc Auley en Loreto y el resto del territorio nacional no han sido restringidas.

“Él puede transitar libremente y seguir desarrollando sus labores educativas como antes”, añadió.

Le ofrecen acto religioso y plantón

Cerca de un millar de personas se reunieron en la capilla del colegio La Salle para orar por el trabajo de Paul Mc Auley en defensa del medio ambiente y de los pueblos amazónicos. Mientras que en el frontis de la iglesia Santo Domingo el grupo Ciudadanos de Segunda Clase  y el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc) realizaron un plantón.

Entre los asistentes al acto religioso convocado por la Comisión Episcopal de Acción Social estuvieron Salomón Lerner, el padre Gastón Garatea, Pilar Coll, Miguel Luna y el padre Marco Arana.

Humberto Ortiz, de CEAS, dijo que tienen esperanzas de que la solicitud de reconsideración que van a presentar no sea rechazada “porque después de reunirnos con el ministro Octavio Salazar creo que el trámite será positivo”.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100709/1/node/277422/total/01

6. SEGÚN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. AUMENTAN LOS CONFLICTOS POR EL MEDIO AMBIENTE. De 250 casos, 126 están relacionados a disputas por explotación de recursos naturales

9 de Julio del 2010. El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el país señala que el 50,4% de los 250 casos registrados hasta el mes de junio está relacionado a problemas derivados de la explotación de recursos naturales. Entre estos conflictos se incluye la oposición de la población de Puno a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari porque, según aducen, afectaría el ecosistema de la región. Según el reporte defensorial, en este caso no existe el diálogo entre las partes enfrentadas.

Los asuntos de gobierno local, que competen a las municipalidades, representan el 14,4% (36 casos) del total de conflictos existentes en el país.

La Defensoría del Pueblo también llama la atención respecto a que el 68% (169 casos) de las situaciones de crisis en el Perú está activo. Lo positivo es que el 56% de estos casos se encuentra en proceso de diálogo.

El informe defensorial señala, además, que para este mes se han anunciado tres paros. Uno de estos se desarrollará en el sur, en rechazo a la hidroeléctrica de Inambari y para exigir el abastecimiento interno de gas.

EL DATO

Violencia creciente
De los 250 conflictos registrados en el país el pasado mes de junio, 111 casos han reportado al menos un episodio de violencia desde su aparición.

Tomado de:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/aumentan-conflictos-medio-ambiente/20100709/507843

7. Xstrata recibe luz verde para proyecto Antapaccay. EMPRESA APRUEBA INVERSIÓN DE US$ 1,470 MILLONES para desarrollar la construcción del proyecto de cobre Antapaccay, depósito que representa una expansión de la mina Tintaya, en Cusco.
Por: Wilfredo Huanachín y Víctor Melgarejo,
Gestión (08/07/2010)

Xstrata Plc. aprobó una inversión de US$ 1,470 millones para desarrollar el proyecto de cobre de Antapaccay, el cual le permitirá a la compañía aumentar su producción de este metal en 50%.

El proyecto Antapaccay representa una expansión de la actual mina Tintaya en Cusco, mina por la cual aumentará su producción de cobre en concentrados, y tendrá una producción de 160,000 toneladas métricas al año, declaró Xstrata a través de un comunicado.

Para que se haya aprobado esta inversión, fue necesaria la autorización del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de Antapaccay por parte del Ministerio de Energía y Minas, entidad que emitió una resolución ministerial el pasado 6 de julio.

La nueva mina (Antapaccay) abrirá en el año 2012 (Gestión 12.04.2010), cuando la exploración anterior en el sitio (Tintaya) llegue al fin de su vida minera, confirmó la compañía.

“Nos sigue gustando Xstrata por su exposición a las materias primas, potencial de crecimiento y valuación”, dijo David Butler, analista de JP Morgan Cazenove, a la agencia Bloomberg. El flujo de caja de Xstrata puede soportar su programa de expansión, agregó.

Proyectos como Antapaccay, que están en construcción o cerca de ser aprobados, elevarán la producción anual de cobre de la compañía en 50%, a casi 1.5 millones de toneladas para fines del 2014, señaló Charlie Sartain, jefe de cobre de Xstrata.

Menos costos
El proyecto también reducirá los costos operativos, manifestó el gerente general (CEO) Mick Davis. Los costos de producción por libra serán cerca de 90 centavos, reveló Sartain en conferencia de prensa.

La producción anual de Xstrata en Antapaccay caerá a 140,000 toneladas después de los primeros seis años de operación.

La compañía también tiene planes para desarrollar el proyecto Las Bambas, que contará con unos US$ 4,200 millones de inversión. El proyecto de Las Bambas se espera que sea aprobado en el primer trimestre del 2011 y su producción comience en el cuarto trimestre del 2014. Esto añadirá unas 400,000 toneladas de producción de cobre al año, dijo Sartain.

Domingo Drago, gerente de asuntos corporativos de Xstrata en Perú, señaló que el traslado de minerales desde Las Bambas hasta Matarani requerirá la construcción de un mineroducto y vía férrea.

Proyecto
Xstrata explotará el yacimiento skarn-pórfido de Antapaccay y producirá un concentrado de cobre que será transportado por camiones al puerto de Matarani.

Luego de llevar a cabo 20 mil metros de perforaciones en el 2008, como parte del trabajo de los estudios de factibilidad, el número de toneladas de recursos minerales de Antapaccay se incrementó en 38%, con lo cual alcanzó 720 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0.56 %, además de los contenidos de oro, usando una ley de corte.

Cifras & datos

  • La etapa de construcción del proyecto Antapaccay tendrá una duración de 24 meses.
  • Las operaciones de Antapaccay incluirán dos tajos abiertos (tajos Norte y Sur), que se realizarán en tres etapas.
  • El requerimiento de personal durante la etapa de construcción será de 3,000 trabajadores, de los cuales un 20% serán del área de influencia directa, y para la etapa de operación un total de 1,460 trabajadores.

Tomado de:
http://reddeenergia.com/mostrarnoticia.php?idnoticia=28099

8. 5 SACERDOTES ADMIRABLES Y UN GOBIERNO MALANDRO

Por: Luis Iván Salas Rodríguez *

“Fachidioten: idiotas especializados. No saben nada de tierra, de ecología, de ecosistemas, de límites de sostenibilidad de la naturaleza”.

“Me acordé del Salmo 2 de las Escrituras: los señores de la tierra conspiran, unidos. Pero Aquel que habita en los cielos, se ríe”. (Leonardo Boff)

08.07.10. José Velásquez Quesquén, el primer ministro (si así se puede llamar a este pobre individuo, pithecanthropus de la fauna política criolla), justificó la cancelación del permiso residencial al religioso británico John Mc Auley, Presidente de la Red Ambiental Loretana, a quien acusa de proselitismo político.

El pecado del sacerdote en mención es defender la biodiversidad amazónica en circunstancias que las poderosas corporaciones petroleras se mean en la cabeza del presidente y sus ministros, contaminando el ecosistema cada vez que quieren.

La noticia ha circulado por el mundo, “tu gobierno es el ridículo mundial” me comentó un periodista extranjero. “No es mi gobierno, mi voto no fue suicida” le respondí. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno que ya fracasó de 1985 a 1990, un gobierno hundido en las heces de la corrupción y la mitomanía? Este gobierno traicionó sus ideales primigenios de servicio a las causas populares, pisotean la memoria de sus mártires, su hobby es defender los intereses del poder económico a cambio de grandes faenones.

  • Calentamiento global les suena a calentura.
  • Biodiversidad seguramente les suena a viveza, pues suenan casi igual.
  • Desarrollo sostenible es un concepto que no encaja en su cerebro lleno de heces.
  • Justicia es un concepto que no alcanza en sus sucios bolsillos y manos manchadas de sangre.
  • ¿Tiene idea la burocracia panzona, semi analfabeta, de la importancia, de las potencialidades de nuestra Amazonía?

No, no tienen la mínima idea de la estrategia de desarrollo sostenible, sus ideas van a la captura del dinero fácil y cochino, levantan los ojos para imaginar el billetón que se les viene, se muerden los labios y frotan las manos cada vez que escuchan sus palabras favoritas: LICITACIÓN, EXPLORACIÓN o EXPLOTACIÓN DE ALGÚN YACIMIENTO.

No contentos con tratar de desalojar al sacerdote británico, la banda gobernante pide más, ataca también a Monseñor José Luis Astigarraga (obispo de Yurimaguas), Monseñor Daniel Turley (obispo de Chulucanas), al sacerdote Francisco Muguiro (Vicaría de Jaén), a Mario Bertolini (párroco de Barranquilla-San Martín); la banda desalmada los persigue, los enjuicia, los calumnia pero felizmente no los calla, todos ellos siguen firmes y de pie, como los árboles, educando y defendiendo a los pueblos andino amazónicos frente a los abusos permanentes de empresas mineras, petroleras, y el gran capital metido en el negocio de los biocombustibles.

Frente a tanto atropello, el sacerdote Mario Bertolini ha manifestado con justa razón: “Ser creyentes no significa aceptar la acción criminal de las autoridades que hoy nos gobiernan, les tenemos que decir asesinos a quienes matan por dinero” (diario “La República 4 julio 2010).

Mi modesto homenaje y agradecimiento como peruano a estos auténticos evangelizadores, mensajeros de la justicia y la vida plena, ¡qué envidia para los del otro lado, los de Opus Dei, siempre fieles al dinero y al poder, siempre dispuestos como hoy, a ser el delivery de la barbarie!

Algún día, las cosas cambiarán, y esta gente tendrá que ir a prisión, eso depende de bolsones de ciudadanía con conciencia cívica, patriótica. Recordaba lo que me dijo hace poco una amiga de la familia:

Todo se paga en esta vida hijito, todo, me decía la señora Cuchita, amiga de mi abuela que en paz descanse.

* Sociólogo, columnista periodístico. Asesor del congresista Werner Cabrera Campos

Tomado de:
http://adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=49256

9. DECLARACIÓN DEL RELATOR ONU JAMES ANAYA, SOBRE LA LEY DE CONSULTA PREVIA EN PERÚ. Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú
Por:
Comunicaciones OACNUDH

7 de julio de 2010. El 26 de mayo de 2010, El Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, emitió un comunicado de prensa tomando nota con agrado la aprobación de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo” por el Congreso de la República el 19 de mayo de 2010. Había notado que dicho proyecto de ley representaba un avance significativo dentro de la legislación nacional en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo cual podría establecer un precedente importante como “buena práctica” para otros países de la región y del mundo. Asimismo, el Relator Especial expresó sus deseos de que el Poder Ejecutivo promulgara la ley durante el periodo que le corresponde bajo la legislación nacional, y que la nueva ley sea aplicada e implementada de manera congruente con las obligaciones internacionales del Perú en materia de los derechos de los pueblos indígenas.
El Relator Especial toma nota que, similarmente, los órganos de la Organización Internacional del Trabajo también han instado al Gobierno del Perú a “que garantice que la nueva ley de consulta previa sea firmada y puesta en práctica(Informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y conclusiones adoptadas por el pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo el 17 de junio de 2010).

En esta conexión, el Relator Especial quisiera referirse a la carta firmada por el Sr. Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República, y el Sr. Javier Velásquez Quesquén, Presidente del Consejo de Ministros, con fecha de 21 de junio de 2010, dirigida a Luis Alva Castro, Presidente del Congreso de la República, la cual presenta las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. El Relator Especial toma nota con preocupación que, en lugar de promulgar la ley aprobada por el pleno del Congreso, el Presidente devolvió el proyecto de ley al Poder Legislativo para debatirse nuevamente en base a sus observaciones sobre las disposiciones de la ley.

Si bien el Relator Especial no pretende mediante la presente declaración hacer una evaluación exhaustiva de las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la mencionada ley, sí considera importante comentar sobre las referencias hechas en aquellas observaciones a lo que ha expuesto anteriormente el Relator Especial y hacer algunas aclaraciones.

En sus observaciones del 21 de junio de 2010, el Poder Ejecutivo hace referencia al informe anual de 2009 del Relator Especial al Consejo de Derechos Humanos, en el cual el Relator Especial hacía un análisis del deber de los Estados de consultar con los pueblos indígenas (A/HRC/12/34). En las observaciones del Ejecutivo, se cita al informe de Relator Especial para fundamentar su propuesta de enmendar la ley de consulta aprobada por el Congreso. El objetivo de la enmienda propuesta por el Ejecutivo es precisar la supremacía del Gobierno en torno a decisiones que afectan a los pueblos indígenas en aquellos casos en que no se logren acuerdos dentro del proceso de consulta enmarcado por la ley. Se hace hincapié en que el Relator Especial haya declarado que los principios de consulta no implican un derecho de veto a favor de la parte indígena.

Al respecto, el Relator Especial quisiera hacer las siguientes aclaraciones sobre sus opiniones acerca de los principios de consulta en relación con la ley bajo consideración. Estas opiniones se basan en sus apreciaciones del Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos tal como ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros instrumentos.

  1. Cuando el Relator Especial afirma que los pueblos indígenas no gozan de un derecho al veto en el contexto de los procesos de consulta, se refiere a aquel planteamiento, a su juicio insostenible, de un poder de decisión absoluto de vedar o impedir unilateralmente, con base en cualquiera justificación o sin ninguna, toda propuesta o decisión hecha por el Estado que les pueda afectar. Hablar de un derecho de veto en tal sentido, cuando se trata de asuntos que puedan ser de interés legítimos no solo por la parte indígena sino también para la sociedad nacional en general, no es coherente con la norma de consulta participativa que se incorpora en la normativa internacional.
  2. Sin embargo, tal como ha señalado el Relator Especial en ocasiones anteriores, la normativa internacional sí establece requisitos de consulta que limitan el poder del Estado y que promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Por lo tanto, el Relator Especial quisiera enfatizar que la cuestión del poder estatal en relación con la consulta con los pueblos indígenas no se agota, ni a juicio del Relator Especial, se puede tratar apropiadamente, enfocándose en la cuestión de que si existe o no un poder de veto por la parte indígena.
  3. El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas, sentado en el derecho internacional, se fundamenta en, y a la vez hace posible, el ejercicio de una serie de derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la libre determinación y el derecho a la integridad cultural, entre otros derechos. El hecho que los Estados hayan aceptado el deber de consultar y los derechos humanos fundamentales subyacentes dentro del ámbito del derecho internacional, funciona necesariamente como un limitante al ejercicio del poder estatal para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
  4. El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales e indígenas.
    Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta.
    La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala dos ejemplos de situaciones en que el consentimiento es exigible más allá de ser un objetivo de la consulta: el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente).
    El Relator Especial agregaría además, como ejemplo en el que se requiere el consentimiento indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de extracción de recursos naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, culturales y ambientales significativos.
  5. En todos los casos en que se aplica la consulta con los pueblos indígenas, el principio de buena fe implica una negociación en donde todas las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y ceder en sus posiciones, y defender sus legítimos intereses, y en el que los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes.
    Corresponde al Estado una especial responsabilidad de balancear los diferentes derechos e intereses enfrentados en relación con las medidas propuestas, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática. La parte indígena podría verse justificada en no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado no demostrara adecuadamente que los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto propuesto, o no demostrara que los impactos negativos sustanciales fueran debidamente mitigados. Por otro lado, si el Estado decidiera avanzar con una medida legislativa o administrativa sin un acuerdo, debería ser solamente después de haber cumplido con todos los requisitos procedimentales de la consulta, y solamente con arreglos que aseguren que el proyecto no tuviese un impacto social, cultural o ambiental significativo sobre el pueblo indígena afectado y que hubiesen medidas para salvaguardar todos sus derechos, inclusive su derecho a sentar sus propias prioridades para el desarrollo.

El Relator Especial considera que la denominada “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo”, tal como ha sido aprobada por el Congreso de la República de Perú, es coherente con los criterios expuestos arriba, que se basan en una lectura del Convenio No. 169 y de otros instrumentos internacionales aplicables. Por lo tanto, el Relator Especial reitera su llamado a que se promulgue y que se aplique la ley de consulta aprobada por el Congreso.

Tomado de:
http://politicaspublicas.net/panel/re/nws/632-declaracion-consulta-peru.html

10. Energía y Minas tiene un “topo”. VICEMINISTRO DANIEL CÁMAC TRABAJÓ EN EL ESTUDIO DE JAIME QUIJANDRÍA QUE ALLANÓ EL CAMINO PARA LA EXPORTACIÓN A PRECIO DE REGALO DEL GAS DE CAMISEA.
Por: Wilder Mayo,
La Primera (08/07/2010)

El último domingo, tras culminar una reunión de Consejo de Ministros, el premier Velásquez Quesquén anunció que el gobierno renegociaría el contrato de exportación de gas para que el precio de venta no sea inferior al que pagamos en el mercado interno. Posteriormente, el gobierno se rectificó y dijo que lo que se modificará no será el precio de venta sino se equilibrará las regalías.

“Se buscará establecer un precio piso para la exportación del gas”, dijo el ministro de energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez, complementando lo anunciado por Velásquez Quesquén.

Sin embargo, el viceministro de energía Daniel Cámac siguió defendiendo la exportación del gas tal cual y mediante una nota de prensa del propio MEM –enviada la tarde del domingo, después del Consejo de Ministros- reiteró su conocida posición.

Esa desesperación por defender el proyecto exportador de Perú LNG -cliente del estudio Laub y Quijandría para el que sirvió el viceministro- explicaría el apuro.

¿Para quién trabaja Cámac?
Hace poco, el ex ministro de energía y Minas (MEM) Carlos Herrera Descalzi afirmó que el actual viceministro de energía, Daniel Cámac, laboró en el estudio Laub & Quijandría (perteneciente al ex ministro de energía y Minas Jaime Quijandría y al abogado Anthony Laub quien se desempeñó como su asesor legal cuando el primero fue ministro) antes de tener el cargo público actual y que por esta razón Cámac no tiene una posición firme para modificar los contratos de Camisea, pues se acusa a Quijandría de favorecer la exportación.

Es conocida la acusación contra Jaime Quijandría, incluso una comisión del Congreso encargada de revisar los contratos de gas de Camisea (lotes 88 y 56) encontró responsabilidad en el mencionado ex ministro y otros funcionarios de entonces del MEM, acusándolos de favorecer la exportación de gas a favor del Consorcio Camisea y Perú LNG.

LA PRIMERA encontró la tarjeta de presentación personal de Jaime Quijandría y la que habría utilizado el actual viceministro de energía cuando ofrecía sus servicios como representante del estudio Laub & Quijandría (formado por Anthony Laub y Jaime Quijandría), lo que corrobora lo dicho por Herrera Descalzi.

En la tarjeta personal se indica el nombre del viceministro, la dirección del estudio en San Isidro, los teléfonos fijo y móvil de referencia, así como una cuenta de correo institucional asignada al hoy viceministro: dcamac@lq.com.pe. Completa la información la dirección Web del estudio, www.lq.com.pe (“lq” por las iniciales de Laub y Quijandría).

El agravante es que revisando la página Web del estudio de consultores y abogados Laub & Quijandría se aprecia que entre sus clientes se encuentra Perú LNG consorcio responsable de la exportación del gas.

Tal vez, ahora se puede entender la defensa cerrada que hiciera Cámac a la exportación del gas nacional a precios ínfimos.

Salida de Osinergmin
De acuerdo al Currículum Vitae de Cámac Gutiérrez disponible en la página Web del MEM, éste se desempeñó desde el 2000 al 2008 en el Osinergmin, llegando a ocupar el cargo de gerente del área de División Generación y Transmisión en sus últimos cuatro años en la institución estatal. A la salida de Cámac de Osinergmin su puesto fue ocupado por Jaime Mendoza Gacon quien sigue al frente hasta ahora.

Según documentos de Osinergmin, Cámac Gutiérrez laboró hasta el 24 de junio de 2008 en el ente fiscalizador. Posteriormente el 16 de diciembre de 2008 asume el cargo de viceministro de energía en reemplazo de Pedro Fernando Gamio quien renunció al cargo.

Entre el periodo de su salida de Osinergmin y su ingreso al MEM, Cámac Gutiérrez recibió la oferta laboral de Anthony Laub para que se incorpore a su empresa. La propuesta de trabajo fue reafirmada por el propio Laub, sin embargo, el actual viceministro de energía asegura que no llegó a un acuerdo.

Entonces cómo se explica la elaboración de una tarjeta personal institucional, la asignación de una cuenta de correo personal al actual viceministro sin antes llegar a un acuerdo entre las partes.

La cartera de Laub & Quijandría
De acuerdo a información difundida en la Web (www.lq.com.pe) del estudio Laub & Quijandria se observa que dicha empresa de consultoría ha tenido y tiene una participación activa en los más importantes y cuestionados proyectos en los sectores minería, electricidad e Hidrocarburos.

La propia consultora se jacta de haber participado en los cuestionados proyectos del Gas Natural de Camisea, así como su participación en la negociación del convenio para la instalación y operación del proyecto de exportación de Perú LNG, entre otros proyectos que se operan desde la época que Jaime Quijandría se desempeñaba como ministro de energía y Minas.

Entre la cartera de clientes del estudio Laub & Quijandria se encuentran: Perú LNG, Nitratos del Perú S.A. (proyecto planta petroquímica en Pisco, que es rechazado por los pobladores del lugar que aseguran que la planta se construirá en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas), las empresas mineras Antamina y Ares, Kallpa Generación S.A, EnerSur S.A., Termochilca S.A.C., la famosa Petrolera Monterrico, privatización y entrega en concesión de sistemas de transmisión eléctrica, entre otros.

Como se observa el estudio ha tenido y tiene una activa participación en los principales proyectos energéticos, hidroeléctricos y mineros en el país, y hasta en la elaboración de leyes y contratos que amarran al país.

El informe Carrasco
La Comisión de energía del Congreso recibió el 20 de octubre 2009, el informe del grupo de trabajo encargado de revisar los contratos de gas de Camisea (lotes 88 y 56), coordinado por el congresista aprista José Carrasco Távara.

El informe responsabiliza a varios funcionarios del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo pertenecientes a los ministerios de energía y Minas, Economía y Finanzas y de Perupetro.

El más mencionado en el informe es el ex ministro de energía Jaime Quijandría, a quien se le acusa de haberse valido del cargo para patrocinar la exportación de gas ante Perupetro, la agencia estatal encargada de firmar los contratos de Hidrocarburos por el Estado.

Según el informe, su acción está tipificada como cohecho activo en el artículo 397 del Código Penal, que castiga con pena privativa de la libertad no menor a cinco años a funcionarios que pidan a otros omitir sus funciones. Esta conclusión se basaría en las declaraciones del ex presidente de Perupetro Antonio Cueto, quien habría dicho a la comisión del Legislativo que la decisión de suscribir el contrato de licencia del lote 56 para la exportación de gas fue “una directiva del ministro del sector”: Jaime Quijandría.

Además, el informe lo acusa de haber intercedido ante organismos financieros para obtener recursos para el Consorcio Camisea. Además, junto al ministro de Economía de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, habría dado un beneficio tributario del 2% de inafectación del Impuesto a la Renta al lote 56.

El informe asegura que hay suficientes indicios que probarían una concertación entre funcionarios del ministerio de energía y Minas y de Perupetro para favorecer la exportación de gas a favor del Consorcio Camisea y Perú LNG.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/energia-y-minas-tiene-un-topo_65791.html

11. LÍMITE DE 40 MIL HECTÁREAS AÚN PROMUEVE MONOPOLIO. Latifundio. La realidad de una iniciativa en debate. Trinidad: “Con ese límite una persona podría comprar los valles de Tacna, Tambo,  Moquegua y Arequipa”. Ferrero: “Es un límite gigantesco”.
Por: Omar Mariluz.

Los proyectos de ley para limitar la concentración de tierras en la costa peruana han generado en la última semana un intenso debate.

¿Pero cuál sería un límite razonable de posesión de tierras? El proyecto de ley del congresista aprista Tomás Cenzano y defendido por su colega de bancada Jorge Del Castillo, fija ese límite en 40,000 hectáreas.

Sin embargo, Reynaldo Trinidad, experto en temas agrarios, advierte que si ese fuera el tope, una sola persona natural o jurídica podría comprar los valles de Tacna, Moquegua ,Tambo y varios de Arequipa.


Un límite excesivo

“Me parece excesivo en un país donde faltan tierras para los micro, pequeños y medianos productores. En todo caso, considero que debe establecerse un límite para las tierras ya trabajadas y otro más alto  para las tierras eriazas habilitables”, propuso.

Pese a que los gremios empresariales pusieron el grito en el cielo por las propuestas de los distintos legisladores, existen algunos antecedentes históricos importantes. La Comisión Nacional de Reforma Agraria en 1956 concluyó que la extensión máxima debía ser 250 hectáreas.

Luego el primer gobierno de Fernando Belaunde (1963) y el régimen del general Juan Velasco Alvarado (1968) coincidieron en rebajar el límite a 150 hectáreas. Y por último, el Decreto Legislativo 653 del fujimorato estableció un límite de 3,000 hectáreas. (Ver infografía).

El proyecto de las 10 mil has.
Un segundo proyecto, presentado por la bancada nacionalista va más allá que el defendido por Del Castillo y plantea un límite de 10,000 hectáreas. Para Carlos Ferrero, ex presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo, aún es un límite gigantesco que tendría sentido en un valle de 200,000 hectáreas.

“Los extremistas del liberalismo no quieren entender que los monopolios y concentraciones son una irritante manera de dañar la democracia porque destruyen la igualdad de oportunidades al conceder privilegios al que tiene mucho dinero”, comentó Ferrero.
Los autores del proyecto han declarado reiteradamente que la iniciativa de limitar las tierras busca que el grupo Gloria, que actualmente tiene más de 60,000 hectáreas deje de concentrar más tierras.

El dato
Sustento. La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) afirma que fijar en 25 mil ó 40 mil hectáreas el tope de la propiedad de la tierra en la costa, donde se desarrolla la agricultura tradicional, es arbitrario y no tiene un sustento técnico y económico razonable. “Con este límite se corre el riesgo de promover el monopolio en la propiedad de la tierra y generar concentración que conlleva a la posición de dominio y abuso de poder”.

Gloria cuestiona los proyectos
Ante las críticas que lanzaron durante la semana congresistas y expertos, Coazúcar, empresa que integra a las azucareras del Grupo Gloria, salió al frente y advirtió que el efecto de este proyecto no será dejar de beneficiar a una empresa o grupo de poder, si no que por el contrario, impedirá el desarrollo  de  las  inversiones del sector privado en nuestro país.

”Es una pena que se considere que adquirir tierras  para darle valor y generar nuevos puestos de trabajo (en especial en las miles de hectáreas  de terrenos eriazos) se considere como algo perjudicial para el país, cuando debería ser todo lo contrario”, afirman.

Además, comentaron que una iniciativa  así solo  causaría  cuestionamientos y dudas sobre la seguridad jurídica  y las condiciones de confianza y desarrollo en el país.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100710/1/node/277566/total/01


12. EN PASCO: EL BROCAL, “GRAN MINERIA” Y LAS COMUNIDADES
Por:
Lic. Angel Ricra López, CORECAMI Pasco

13 de junio. En la provincia de Pasco están asentadas nueve empresas mineras, que son el paliativo para solucionar el gran desempleo existente, fundamentalmente en las zonas rurales, debido al ausentismo de las políticas de generación de puestos de trabajo y desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y manufactureras que el gobierno de turno no quiere reconocer. Falta el interés de empresas privadas  en apostar por esta provincia y la región en su conjunto. Las empresas mineras aprovechan la pobreza en los pueblos y cometen abusos en las comunidades  al tomar posesión de sus territorios para continuar con su expansión minera a cambio de dar trabajo a los pobladores de manera eventual mediante empresas tercerizadoras (consorcios, empresas comunales, etc.), que no son la seguridad familiar en el largo plazo que requieren miles de familias pasqueñas, es decir son puestos de trabajo coyunturales.

El pasado diez de junio se desarrolló la Audiencia Ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental del ProyectoAMPLIACION DE OPERACIONES A 18,000 TMD” de la Sociedad Minera el Brocal, evento que fue desarrollado en horas de la mañana con un gran ausentismo de los verdaderos actores (comunidad plena) que son los interesados en decidir sobre estos proyectos mineros. Esta Audiencia se desarrolló en la localidad de Colquijirca (Auditórium Centro Cívico) perteneciente al distrito de Tinyahuarco, precisamente en donde opera la minera El Brocal. Las áreas de influencia de este proyecto comprenden las comunidades de Smelter, Huaraucaca, Santa Rosa de Colquijirca y el Centro Poblado de Colquijirca, que será la zona más afectada con la ampliación de operaciones de El Brocal. Al término de la audiencia, la participación de los pocos asistentes fue de honda preocupación, debido a que Sociedad Minera el Brocal no está cumpliendo con remediar el ambiente donde opera. Veamos por qué:

  1. Pobladores de  la comunidad Huaraucaca demandaron a la minera que todos los días durante las 24 horas se genera emisión de polvos tóxicos y gases de dióxido de carbono y rajadura de sus viviendas por el paso de vehículos  transportando mas de 60 toneladas de minerales.
  2. Pobladores de Smelter están preocupados también por viviendas que están ubicados cercanos a la actividad minera tienen rajaduras y la escuela del nivel primario esta deteriorada y nadie hace nada.
  3. Pobladores de Santa Rosa de Colquijirca se quejaron de la contaminación que les seguirá ocasionando con la ampliación del Tajo Norte y los depósitos de desmonte de Cóndorcayán.
  4. Otra de las grandes preocupaciones fue que el nuevo depósito de relaves de Huachuacaja que es construido en territorio, donde el estado debió  realizar el plan de cierre de la antigua actividad minera, ocasionara el desplazamiento forzado de las familias: Calderón, Pérez. Rojas, Mandujano en donde tienen su pequeña ganadería y sus viviendas (estancias) y con este deposito de relaves los impactos serán irremediables.

Mucho ojo, sociedad Minera El Brocal, por día producirá 18 mil toneladas métricas de minerales (la más grande en la historia de la actividad minera en Pasco), para esta operación requerirá la cantidad de 745,930 litros por segundo de agua, (según EIA), mientras la población continuará con una cantidad reducida del consumo de este liquido vital ¿Qué recurso hídrico será la servidora? (mientras pobladores de la ciudad de Cerro de Pasco carecen de este recurso). La producción de las 18 mil toneladas de minerales será a cielo abierto (tajo abierto) ¿Cuántas hectáreas de terrenos comunales  serán reducidos? No hay informe real. ¿Cuantas hectáreas de terreno serán utilizadas para el nuevo depósito de relaves en Huachuacaja? ¿Cuál es la capacidad del depósito de relave? Hay viviendas que tienen rajaduras por la actividad minera y los disparos diarios  y con esta mega producción habrá mayor voltaje en los disparos.

En suma, ponemos en alerta a las autoridades, pobladores y los empresarios mineros sobre la magnitud del impacto negativo que pueda ocasionar con la producción de 18 mil toneladas métricas por día y la cantidad de agua que serán utilizados y los desechos mineros, los cuales traerían mayor contaminación del río San Juan, el lago Chinchaycocha y de terrenos pastizales de comunidades colindantes con el proyecto, como  Villa de Pasco, Vicco, Sacra Familia, Quiulacocha.

Los pobladores de Tinyahuarco reclaman atención en salud y educación y mejoras en su calidad de vida, que hasta hoy ninguna autoridad brindó. Urge entonces que autoridades comunales, gobiernos locales y la empresa lleguen a acuerdos y compromisos responsables y saludables, que realmente solucionen los problemas de salud, educación y mitigación del medio ambiente. Y asimismo generar políticas para contrarrestar el calentamiento global, cuyos efectos ya sentimos  en Pasco.

13. COSMOVISION INDIGENA: VIDA, SOBERANIA Y DERECHOS TERRITORIALES
Por: Soc. Roger Antonio Muro Guardián[1]

Derecho Territorial

  1. La visión multidimensional e integral del territorio, así como de los recursos naturales, es difícilmente comprendida frente a la visión actual de los Estados-Nación.  En su concepción general la tierra y los recursos son bienes productivos monetarios exclusivamente, sujetos a la propiedad privada. En este marco, la naturaleza no es más que un bien enajenable, transferible, susceptible de gravámenes y prescripción adquisitiva del dominio. Como si se tratase de cualquier otra “cosa”, tales leyes y la dinámica económica extractivista tratan como un conjunto de mercaderías lo que, en esencia, es para los pueblos indígenas la vida misma. El reconocimiento en alguna medida del derecho sobre los territorios – manifiesto en ciertas constituciones y, en particular, a través del Convenio 169 de la OIT – introduce una aproximación alternativa de carácter formal, que otorga a lo territorios indígenas el carácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles[2]. Éstos son, precisamente, los derechos que nuestros Estados-Nación buscan revertir a como de lugar. En el Perú, por ejemplo, tales derechos fueron inicialmente reconocidos en la Constitución de 1979, para luego ser reducidos a su mínima expresión en la Constitución de 1993, cuando se eliminó el carácter inembargable, inalienable y imprescriptible de nuestros territorios, los que pasaron a ser de condición precaria y condicionada. Ciertamente, este retroceso, pudo ser posible porque gobernaba el Perú el régimen dictatorial de Fujimori-Montesinos, que perpetraron el Golpe de Estado del 5 de abril de abril de 1992. Estableciendo a partir de ahí en adelante el modelo neoliberal, cuyo correlato fueron las privatizaciones de los bienes públicos y por ende de los recursos naturales.
  2. Si bien se han dado avances significativos en la región en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones y pueblos para incidir en su vigencia y profundización, es necesario considerar siempre que la amazonía y en particular los territorios indígenas son escenarios de conflictos mayores, incluso, de carácter global.
    El petróleo, el gas, los recursos mineros, los bosques, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales/sabidurías ancestrales no sólo concitan fuerte interés a nivel mundial. El acceso a todos éstos se considera, a su vez, obstaculizado o limitado, precisamente por los derechos indígenas que hemos logrado hacer reconocer.
  3. Para los extractivistas, los territorios son apenas un espacio físico, cuyos recursos naturales, son considerados mercancías que se toman o dejan, dependiendo de los costos y beneficios monetarios en un momento determinado. y luego usados para ser destruidos y olvidados.
  4. Los grupos de interés  extractivistas presionan de formas diversas continuamente, para minimizar nuestros derechos al territorio, en cuanto pueblo indígena. Hasta intentan chantajearnos o manipularnos a través de los servicios de educación y salud. Saben que de NINGUNA manera es de interés de los pueblos indígenas, usar para destruir u olvidar el mundo que habitan. Por medio de reformas legales y constitucionales, el objetivo de tales grupos de interés es darle marcha atrás a los derechos reconocidos, a fin de liberalizar las tierras indígenas al mercado y facilitar la extracción de todo recurso natural de interés monetario. A través de diversos reglamentos, procedimientos y otros mecanismos generalizados – incluido el uso del poder político autoritario – obstruyen  continuamente tanto el espíritu como los procesos legalmente fundamentados y reconocidos a favor de los territorios y pueblos indígenas. Tres ejemplos claros son, el caso de Bolivia, con el saneamiento y la legalización de las TCO (Tierras Comunitarias de Origen); en todos los países de la región, con la aplicación del derecho a la consulta previa; y en el Perú, con la lucha –directa – especialmente para evitar la liberalización de las tierras indígenas al mercado, facilitar en particular la explotación de recursos forestales e hidrocarburíferos.


Visión de Territorio

  1. Como pueblos indígenas, la cosmovisión del territorio no es la de un mundo material exclusivamente. Su visión es integral – holística – si bien con distintas dimensiones a su interior, de orden espiritual, social, cultural, político, económico, y mucho más. Para los PPII, el territorio no es un simple bien monetario o medio de producción y ganancia de instante en el mercado (local, nacional o global), que toma lugar a costa de su destrucción. El territorio contiene una realidad místico-espiritual que conlleva al reconocimiento en él de lo sagrado así como de la necesidad de interactuar con los espíritus creadores y protectores de todas las formas de vidas a su interior.
  2. El Territorio es el espacio que, como indígenas, comparten con otros seres vivos. Su existencia garantiza la existencia como pueblos con identidad propia y permanencia, la que reconstruyen día a día sobre la base de sabidurías ancestrales. Tienen un privilegio primigenio para ejercer influencia y responsabilidad sobre lo que ocurre a su interior, como lo vienen haciendo mediante dinámicas de uso y disposición de recursos, así como de participación colectiva en las decisiones que afectan en conjunto a sus territorios y todas las formas de vidas a su interior, incluyendo la vida como pueblos indígenas.
  3. Para los PPII, la naturaleza, es parte suya, así como ellos lo son de ella. El territorio es la vida misma – como el agua en una cuenca, sin la cual deja de existir.  No sólo comparen con otros seres vivos sus territorios. Todo al interior de los territorios –  trátese de fauna, ave, pez o los pueblos mismos – pulsa con vida, resultado de su existencia. Sin territorio la vida desaparece – como a falta de aire, se deja de respirar. Condición básica e incondicional de su libertad, el territorio estimula la expresión de sus culturas y, con ello, la continuidad de los pueblos.
  4. La filosofía occidental plantea, en sentido diametralmente opuesto, que el hombre sale de la naturaleza, a fin de enfrentarla y dominarla para sus fines propios.  Esto lo confirmamos, tristemente y día a día, cuando vemos con nuestros propios ojos y sentimos en nuestros cuerpos propios, los golpes tremendos que le son propiciados a los suelos, bosques, flora, fauna, fuentes de agua, cuencas, recursos no renovables, áreas naturales protegidas y, con todo ello, al corazón de la existencia y espíritu como pueblos indígenas. La noción de supremacía ante otros pueblos y el mundo natural suelen ir de una y mil  maneras. de la mano de la voracidad capitalista, que como sistema es esencialmente depredador  e inhumano.
  5. La interrelación indígena hombre-naturaleza está gobernada, en cambio, precisamente por aquellos fundamentos filosófico – espirituales que nacen y han sabido crecer al interior de los territorios, en función de ellos y desde tiempos inmemoriales. La sabiduría ancestral ha sabido siempre enfrentar desafíos fuertes y cambiantes, producto del correr del tiempo y demás transformaciones a su alrededor.


Derechos Indígenas

  1. La interacción, con y dentro de sus territorios, es de doble vía.  Así como le da vida a los pueblos, estos a su vez le dan vida a ella. La relación es recíproca. Además de ser una relación directa, es de sostenibilidad mutua. El territorio muere cuando dejamos de manejarlo con cuidado.
  2. No se puede pensar en un desarrollo sustentable sin el vínculo subjetivo que tienen los pueblos indígenas con su territorio. El territorio es  la riqueza heredada por los ancestros que la nueva generación está  obligada a dejar a sus descendientes, en condiciones de estabilidad y perpetuidad.
  3. En la formulación sobre el derecho al territorio hay una trilogía que debe ser siempre abordada  de modo integral: territorio – pueblo indígena – libre determinación. El libre desenvolvimiento de los pueblos se fundamenta en este reconocimiento y respeto a su base territorial, espacio vital en el que se cultiva y crece todo derecho colectivo, autónomo y autoridad. Procurar libremente la sostenibilidad  económica, social y cultural de los territorios es la misión fundamental. Esto, en otras palabras, significa que los PPII deben ejercer la autonomía territorial y política, concebida como un plan de vida, con base sus nuestros paradigmas propios de continuidad cultural.
  4. Es vital para los PPII aplicar en sus territorios normas, costumbres y tradiciones nacidas de su seno, no por ello dejar de autorregular y ajustar sus formas de organización social y de representación ante los embates de la globalización neoliberal y post-modernidad. Debemos orientar y administrar la economía indígena y el aprovechamiento sostenible de sus riquezas y recursos naturales, precautelando – la defensa de la vida de los otros seres vivos de la naturaleza – el equilibrio ecológico y evitando la degradación ambiental.[3]
  5. Cuando hablamos del derecho al territorio y no sólo a la tierra, hablamos de ejercer un poder, como un sujeto social público – al igual que un municipio, por ejemplo, que ejerce dentro de los límites de su jurisdicción y competencia, sin que ello signifique (o se interprete con ello) un atentado a la gobernabilidad del Estado Nacional. Es decir, deben: (1)  ejercer influencia y control sobre lo que ocurre en sus espacios, incluyendo su dinámica de uso y disposición; (2) participar como colectividades en todas las decisiones que afecten a los territorios y (3) conservar productivamente los  recursos allí existentes.[4]
  6. Los pueblos indígenas y sus organizaciones no son actores propiciadores del conflicto, pero tampoco son neutrales a ellos. La defensa de sus derechos, no puede ser entendida al margen del fortalecimiento de sus instituciones, organizaciones y mecanismos de coordinación, desde el nivel local hasta el internacional e incluso, global. Este es un tema no siempre entendido por la cooperación y ONG’s que prefieren actuar de manera directa con unas pero no con otras comunidades, dividiendo y debilitando con ello la fuerza que genera la suma de los diversos espacios organizativos.  Son pueblos cuyos derechos deben ser respetados, por todos los actores dentro de su ámbito, sin distinción alguna. La dimensión de este reto requiere de esfuerzo organizativo sostenido, a fin de salvaguardar en efecto los territorios, conocimientos y culturas. Las diferencias en como conciben su espacio y tiempos, frente a diversos grupos de poder a nuestro alrededor, son bastante hondos.

Dicho todo esto podremos asumir este reto, como con tantos otros a lo largo de la existencia como pueblos indígenas preexistentes a la colonia y el Estado?.

Lima, 05 de Junio de 2010

_____
[1]
Roger A. Muro Guardián, Sociólogo, especialista en Pueblos Indígenas, Educación Originaria y Biodiversidad, actualmente  es miembro del Equipo Técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
[2]
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela le reconocen al presente este carácter a las tierras / territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, en Guyana, Surinam y Guyana Francesa, aún no se logra modificar las normativas que permitan avanzar en el reconocimiento de estos derechos.
[3]
COICA, 1996
[4] Por conservación productiva entendemos el uso de nuestros recursos, incluso algunos con fines monetarios, sin que ello traiga consigo su destrucción, como en el caso de las actividades de índole extractivista.

14. DESASTRE EN EL GOLFO DE MÉXICO INACCESIBLE PARA LA PRENSA
Por: Dahr Jamail

NUEVA ORLEANS, Estados Unidos, 8 jul (IPS) – La Guardia Costera de Estados Unidos, que trabaja en coordinación con la gigante petrolera British Petroleum (BP), establece nuevas restricciones a la cobertura periodística del derrame petrolero en el Golfo de México.

“No puede venir aquí”, dijo a IPS el guardia de seguridad Don, contratado por BP, en el Centro para la Rehabilitación de Fauna Empetrolada de Fort Jackson, en el sudoriental estado de Louisiana.

Adentro, funcionarios del Centro Internacional para la Investigación en el Rescate de Aves, una de las compañías contratadas por BP para limpiar el daño, trabajan curando a animales afectados por el petróleo.

El Centro ofrece acceso limitado a la prensa los lunes, miércoles y viernes durante apenas dos horas cada vez. IPS llegó un miércoles, sólo para enterarse de que ya no se podía ingresar debido a que la admisión se había restringido a dos días semanales.

Cuando IPS le preguntó al guardia de seguridad privada que le impidió entrar a quién respondía, señaló: “Trabajo para HUB, una compañía de seguridad contratada por BP”.

Hub Enterprises, con sede en Broussard, Louisiana, tiene un contrato con BP para proveer “funcionarios de seguridad” y “supervisores”.

A Don le pagan entre 13 y 14 dólares la hora para mantener a la prensa alejada de lo que ocurre con el mayor desastre ambiental causado por un derrame petrolero en la historia de Estados Unidos.

Unos 60.000 barriles de 159 litros de petróleo aún se filtran cada día al Golfo de México, más de dos meses después de la explosión el 20 de abril en la plataforma Deepwater Horizon, operada por BP.

Un pelícano recibe tratamiento en el Centro para Rehabilitación de Aves de Fort Jackson. Crédito: Cortesía de la International Bird Rescue Research Center (IBRRC)

La semana pasada, la Guardia Costera impuso nuevas restricciones a la cobertura de los medios. Los periodistas pueden recibir multas de hasta 40.000 dólares o penas de prisión de entre uno y cinco años si violan la regla que les impide acercarse a menos de 20 metros de cualquier bomba o embarcación de limpieza.

El Comando Unificado, creado por el gobierno de Barack Obama para atender la situación ambiental, arguye que se trata de una “zona de seguridad” y que cualquier intruso puede obstaculizar las tareas.

Pero hay muchos indicios de que el cerco a la prensa ha aumentado en muchas otras maneras.

La semana pasada, IPS tenía una entrevista agendada con un experto del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Estado de Louisiana, en Nueva Orelans, quien conocía de cerca las investigaciones de esa institución sobre el posible impacto del derrame de BP.

La misma mañana en que se concretaría la cita, el experto, que prefirió mantener el anonimato, envió un mensaje de correo electrónico a IPS señalando: “Me dijeron que cancelara la entrevista. Lamento cualquier inconveniente que le pueda haber causado”.

Cuando IPS le preguntó si había alguna razón particular para el cambio de planes, respondió: “No”.

Una fuente anónima más tarde informó a IPS que la decisión había sido tomada por el rector Larry Hollier, quien preside el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad.

BP provee la mayor parte de la financiación para estudiar los efectos del desastre petrolero, y ha prometido 500 millones de dólares para proyectos de investigación y de restauración.

Robert Gagosian es presidente del Consorcio para Liderazgo Oceánico, que representa a instituciones dedicadas a la investigación de océanos y acuarios, y administra un programa de investigación sobre perforación marítima. El experto está preocupado sobre cómo está siendo utilizado el dinero.

Sus temores, compartidos con otros científicos e investigadores, radican en el interés de BP en preservar su negocio. También dudan si se usará un criterio adecuado para evaluar qué investigaciones llevar a cabo.

Jeff Short, ex científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y ahora miembro del grupo conservacionista Oceana, sostuvo que, al ser BP quien paga las investigaciones, el gobierno está cediendo el control de la situación.

“Yo mismo me pregunto, ¿por qué BP querría volcar dinero en proyectos que claramente mostrarán mucho más el daño ambiental de lo que habría salido a la luz de todas formas?”, dijo.

Los primeros 25 millones de dólares de los fondos de BP fueron rápidamente distribuidos entre la Universidad del Estado de Louisiana, el Instituto de Oceanografía de Florida, la Universidad de Florida del Sur y un consorcio liderado por la Universidad del Estado de Mississippi.

Muchos científicos independientes y periodistas temen que esto sea parte de un esfuerzo para influenciar los estudios y la forma en que esas instituciones públicas hablen a la prensa sobre el desastre.

El 2 de julio, Lance Rosenfield, reportero gráfico del medio de periodismo de investigación sin fines de lucro ProPublica, fue detenido brevemente por la policía cuando tomaba fotografías cerca de la refinería de BP en la ciudad de Texas.

Rosenfield dijo haber sido enfrentado por un funcionario de seguridad de BP, por la policía local y por un hombre que se identificó como agente del Departamento de Seguridad Interna.

El reportero fue liberado luego de que la policía revisara sus fotos y registrara su fecha de nacimiento, número de seguridad social y otra información personal. Un agente de policía luego entregó los datos al guardia de seguridad de BP, lo que, según le dijo el uniformado a Rosenfield, era parte de un “procedimiento operativo estándar”.

También hay restricciones en el espacio aéreo sobre las zonas donde se realizan las operaciones de contención y limpieza del petróleo. La Administración Federal de Aviación prohibió vuelos de medios de prensa a menos de 900 metros sobre las áreas afectadas por el derrame.(FIN/2010)

Tomado de:
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95857


Ver agenda de la semana en la sección del mismo nombre del blog.

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