El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

El E-cochaski Nº 59 noviembre 4, 2010

Filed under: Uncategorized — Raúl Chacón @ 3:33pm

Editorial. Conflictividad social y lenguajes diferenciados y (des) encontrados

Existe un evidente consenso respecto a que en los últimos años ha aumentado la cantidad de conflictos sociales, en particular socioambientales, en el país, pero no lo hay en cuanto a la razón de estos y qué hacer al respecto. La última visita al Perú del economista y ecologista español, Joan Martinez Alier, así como un nuevo programa radial minero semanal dan fe de estas grandes discordancias. Sin dejar de lado que el reto de hoy, y siempre, es qué hacer para equiparar las fuerzas de los grupos enfrentados, organizaciones sociales, comunidades y ONG, por un lado, y empresas extractivas y poder Ejecutivo, por el otro, en un juego político y económico de largo aliento, en la coyuntura del bloqueo interminable de la ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

En cuanto al aumento de la conflictividad social, las cosas son bastante claras gracias al aporte del mismo Estado. El Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo (DP) de setiembre arroja para ese mes un total de 250, de los cuales 171 casos están activos, 92 están en proceso de diálogo, 120 han tenido al menos un episodio de violencia desde su aparición y 17 son nuevos, habiéndose resuelto seis. Pero a enero de 2008, la misma DP reportaba un total de 83 conflictos sociales, de los cuales 30 estaban activos y 53, latentes, cifras que fueron aumentando paulatinamente desde entonces. Esto implicaría que en los últimos dos años la conflictividad social del país aumentó al menos tres veces, dejando al margen aspectos metodológicos en la recolección de la información.

La polémica está en la explicación que se le da a dicho aumento, o cómo se lo interpreta, y a veces matiza, Desde la mirada oficial o hegemónica, Gonzalo Quijandría, funcionario de la minera Antamina, expresó en un programa radial que los conflictos sociales no han crecido tanto como lo ha hecho el sector minero, y que esos conflictos son la manifestación de que algo llamado desarrollo está ocurriendo en el país. Agregó que no está mal tener un número de conflictos, sino que el problema es no tenerlos atendidos o no saber manejarlos. Ese “buen manejo” se debe dar a través de mejores técnicas de diálogo de las empresas con las comunidades, así como las herramientas de la responsabilidad social, o la inversión en proyectos sociales. Esto último implica que las empresas deben tener más capacidades para afrontar el problema de la pobreza altoandina y darle la respuesta más eficaz. Pero como esto sobrepasa las funciones de las empresas mineras, estas promueven que lleguen a sus zonas de operaciones las instituciones del Estado, que reforzarían las oportunidades de progreso generadas por las primeras. Como esta visión casi idílica del desarrollo rural gracias a la minería no puede admitir que los actores locales se opongan de por sí a tantas bondades, los mineros (y el Ejecutivo) apelan a los movimientos externos que se infiltrarían y empujarían al conflicto con supuestas demandas justas e ideas confrontacionales, lo cual sería un fenómeno global. Quijandría concluyó que estos conflictos se agudizan cuando las demandas postergadas, como la construcción de un puente, se montan sobre demandas estructurales (maestros impagos).

Desde el lado de los intelectuales afines a las comunidades y sus luchas, Joan Martínez, bajo los enfoques de la economía ecológica y la ecología política, nos dice que la causa de los conflictos sociales es el crecimiento del metabolismo de la economía mundial (metabolismo social) y que en ellos intervienen actores con distintos grados de poder y lenguajes de valoración. Para Martínez, la economía se puede estudiar como un sistema abierto a la entrada de materiales y de energía, y de producción de residuos. En volumen, el residuo más importante es el dióxido de carbono que se produce en cantidad excesiva y se acumula en la atmósfera, causando el temido cambio climático. En ese marco, el metabolismo social o económico (los flujos de energía y materiales y la producción de desechos y residuos) sería la causa de los conflictos socioambientales, ya sea de nivel local (por la colocación de residuos domésticos o mineros, el derecho a la consulta previa, etc), o internacional (por el cambio climático, la regulación de la pesca en alta mar, la extracción de petróleo en la Amazonia del Ecuador o el Perú, etc). Asimismo, Martínez señala que en esos conflictos el Estado y las empresas quieren imponer el lenguaje económico, prometiendo un análisis costo-beneficio con todas las externalidades traducidas a dinero, haciendo una evaluación de impacto ambiental para decidir si se realiza un proyecto de inversión público o privado. Pero los afectados, aun entendiendo ese lenguaje económico y asumiendo sus premisas, pueden usar otros lenguajes disponibles en sus culturas. Como declarar que la tierra y el subsuelo son sagrados o que la cultura o el ambiente no tienen precio. Así, en un conflicto ambiental se despliegan valores muy distintos, o hasta antagónicos: Por un lado los ecológicos y culturales, basados en el derecho a la subsistencia de las poblaciones, y por el otro lado los económicos, basados en la crematística o el ánimo de lucro.  Por último, Martínez señala que el poder se expresa en dos niveles: 1) La capacidad de imponer la decisión o un proyecto por encima de algunas comunidades urbanas o rurales, y 2) La capacidad de imponer el método de decisión, de decir qué lenguajes son válidos o no. Con lo cual se pregunta quien tiene el poder social y político para simplicar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración.

Esta imposición efectuó el mismo presidente de la República cuando lanzó su tesis ideológica del perro del hortelano en dos artículos, publicados en el diario de circulación nacional El Comercio en octubre y noviembre del 2007. Artículos que generaron un gran debate por su radical economicismo, su concepción de la Amazonia como un territorio subutilizado o subexplotado y su desprecio por visiones de desarrollo alternativas. Todo lo cual desembocó, inevitablemente, un 5 de junio del 2009, en el llamado Baguazo, pico trágico del alto nivel de conflictividad social que seguimos teniendo en el país desde el lanzamiento de la tesis mencionada. “Pero seamos optimistas: esos movimientos son una principal fuerza social en busca de aliados en todo el mundo para encaminar la economía en una ruta más justa y sostenible. De las resistencias nacen las alternativas”, como afirma Martínez al final de su libro El ecologismo de los pobres.


Raúl Chacón Pagán

 

1. EXPORTACIONES MINERAS CRECEN EN VALOR PERO PRODUCCIÓN DISMINUYE

Brecha entre expansión de la producción y exportaciones se incrementa en los últimos años

Recuperación lenta
Durante el octavo mes del 2010, el valor de las exportaciones se incrementó en 29.60% en relación a similar mes del año pasado Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 1741.52 millones, debido a los mayores precios obtenidos en la venta de los principales metales que se producen en el país. El cobre y el oro representan el 39.72 y 34.61% respectivamente del total exportado, seguidos del plomo, el zinc, el estaño, el hierro y la plata.

Si mineras siguen incumpliendo compromisos ambientales, sociales y tributarios PBI minero seguiría a la baja.

(La Primera) | Desde hace un tiempo el ritmo de expansión del PBI de la minería (o de la actividad productiva en el sector) ha disminuido notablemente. Es más, el año pasado este indicador fue negativo por primera vez en 20 años(-1-4%), situación que se mantiene en lo que va del 2010 (-3.19%).

La producción principalmente de minerales metálicos como el oro, plomo, hierro, estaño y molibdeno, registran caídas significativas en los últimos años. Por su importancia, lo más notable es la caída de la producción del oro: entre el 2005 y el 2009 la reducción es de más del 12%.

A pesar de la caída en la producción de los minerales, principalmente metálicos, las exportaciones mineras en el país siguen siendo rentables. José De Echave, especialista en temas mineros de la organización civil CooperAcción explica que si bien en los últimos años la producción minera (PBI minero) se ha reducido, es el alto valor de los mineras en el mercado internacional que está permitiendo que las exportaciones del sector sean rentables.

“Ahora se produce menos pero el alto valor hace rentable las exportaciones. Por ejemplo, en lo que va del año la producción de oro cayó 22% sin embargo el alto precio del metal que se cotiza en 1,300 dólares la onza hace que las mineras obtengan grandes ganancias a pesar de la menor producción de oro”, detalla De Echave.

Añade que el sector minero no metálico conformado por metales como arcilla, cal, entre otros no tienen un peso importante en el sector minero.

Brecha se acrecienta
La brecha entre la evolución de las exportaciones y la actividad productiva minera metálica (PBI minero metálico) cada vez se ahonda más.

Así, según un estudio de CooperAcción se aprecia que en el periodo 2000-2004, el PBI minero metálico tenía un crecimiento de 7.7% mientras que las exportaciones presentaban un crecimiento de 20.1%. En el periodo 2005-2009 la brecha se ha incrementando, el PBI minero metálico ha caído a 3.2% y las exportaciones se encuentran en 20.2%.En la década de los 90, el PBI minero metálico y la evolución de las exportaciones estaban en el mismo nivel. Por ejemplo, en el periodo 1990-1994, el PBI minero tenía una expansión de 5.2% frente a 5.9% de crecimiento de las exportaciones, y en el periodo 1995-1999, el mencionado PBI mostraba una expansión de 9.1% frente al 9.4% de las exportaciones.

¿Qué está pasando? Según CooperAcción en la actualidad un número importante de proyectos mineros enfrentan fuertes resistencias de las poblaciones. Dichos conflictos son vistos por las empresas del sector como la causa del estancamiento de los ritmos de crecimiento de la actividad minera. Sin embargo, no estaría demás que también puedan ser leídos como consecuencia de algo no viene funcionando adecuadamente, de los serios problemas en el marco de la regulación y en la institucionalidad que está vinculada a este sector.

“No se puede pensar en una nueva etapa de expansión minera –como la que se vivió en la década de 1990- sin que se realice cambios sustantivos en las reglas de juego. A menos que, advierte, se pretenda imponer los proyectos de manera vertical lo que generará mayores conflictos”, subraya.

Por ello recomienda retomar algunos puntos pendientes de la agenda minera, sobre todo los aspectos sociales y ambientales, que aparentemente no resistirán una nueva expansión minera sin mecanismos efectivos de regulación y control; sin instrumentos reales de participación ciudadana; sin que las empresas paguen todos los impuestos y prestaciones que deberían pagar; sin un Estado que esté presente y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva al desarrollo en las zonas donde se implanta.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/exportaciones-mineras-crecen-en-valor-pero-produccion-disminuye_73465.html

 

2. LA SOBRE-EXPLOTACIÓN DEL ACUIFERO DE ICA SE SIGUE INCREMENTANDO: DESASTRE INMINENTE
Por David Bayer

03.11.2010 (La Voz de Ica) | Es necesario informar al pueblo iqueño que según el último informe de la ANA reportado el 22 de octubre último, la sobre-explotacion del acuífero de Ica ha incrementado en 27 Millones de Metros Cúbicos (MMC) de 284 MMC a 311 MMC  por año.

También, este informe reportó que las Reservas del acuífero son 1,443.39 MMC, menos, en 149 MMC,  que los 1,592 MMC proyectados anteriormente.

En Noviembre de 2009, usando las cifras anteriores de 284 MMC para la sobre-explotación   y  1,592 MMC para la Reserva,  y una supuesta recarga natural de 5 % , el Dr. David Bayer había calculado que el acuífero de Ica podría colapsar en 5 años. Es decir, en 2014. Con una sequía, en 3 años, es decir, en 2012.

Ahora con esta nueva información de mayor sobre-explotación, menor Reserva y el mal año que hemos tenido en 2010, en términos de la poca lluvia en las cabeceras de la cuenca de Ica que ayuda recargar el acuífero, es prácticamente cierto que el acuífero de Ica va a colapsar totalmente en 2012, si no se toman medidas drásticas inmediatamente.

La forma más rápida y directa de prevenir este desastre es exigir que las seis empresas  más  grandes de agro-exportación (Agroindustrias AIB S.A. (3,200 ha.); Agrokasa (2,906 ha.); Icatom (1,000ha.); IQF del Peru S.A. (912 ha.); Complejo Agrícola Beta (607 ha.); y Agrícola Chapi S.A. (590ha.)) dejen de sembrar la mitad de sus terrenos. Se puede ahorrar unos 75 MMC de agua para dar más tiempo para traer más agua a la Provincia de Ica. Podemos compensar a estas empresas, pagándoles con fondos públicos para no sembrar, como es una práctica común y corriente en el sistema de subsidios agrícolas en los EE.UU.

En términos de puestos de trabajo, las grandes empresas producen unos 30,000 puestos de trabajo en el Valle de Ica. Pero los pequeños y medianos productores producen más de 170,000 puestos de trabajo (multipliquen 14,000 regantes por 5 = 70,000 +  50 empresas (2,000)= 100,000). Es falso decir que los grandes agro-exportadores deben ser intocables porque son las empresas las que dan más empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo van a existir después de que se seque el acuífero?

No podemos dejar que seis empresas y 30,000 trabajadores nos pongan en peligro de un desastre ecológico de no tener agua para el riego o agua potable por medio millón de habitantes de la Provincia de Ica.

Todos sabemos que el acuifero está colapsando y los pozos se están secando porque la napa freática está bajando. Estamos en una emergencia. ¡Hay que tomar las acciones ahora!

 

3. MINERAS ALERTAS POR TRIUNFO REGIONAL DE IZQUIERDA
Por Ángel Páez

Perú, 11 (IPS) – La victoria del izquierdista Gregorio Santos en las elecciones para renovar el gobierno de Cajamarca, una de las regiones mineras más ricas de Perú, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y que mantienen una relación tensa y conflictiva con los lugareños.

“Es una de las peores noticias. Santos es un reconocido antiminero”, dijo a IPS Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el poderoso e influyente gremio empresarial privado.

Flury cree que la llegada de Santos al gobierno, uno de los líderes populares que organizó movimientos de rechazo a proyectos mineros que no contaban con la aprobación de las comunidades locales, puede paralizar la inversión en la norteña región de Cajamarca.

La normatividad obliga a las empresas a acordar con las comunidades de la zona para poder operar en minería, pero la falta de una fiscalización eficiente de parte del gobierno nacional, que teme espantar las inversiones, hace que muchas veces esa instancia no se cumpla y estallen así los conflictos.

“Si cumplen las leyes, no tienen por qué tener miedo”, dijo Santos a IPS en respuesta a Flury. “El pueblo nos ha dado su voto porque confía en que nosotros haremos respetar sus intereses. De lo contrario, habría votado por otros candidatos que apoyan a las empresas mineras”, añadió.

Santos, del Movimiento de Afirmación Social (MAS), es el claro ganador de la primera vuelta electoral del 3 de octubre, con casi 31 por ciento de los votos cuando falta contar apenas tres por ciento de las actas, seguido de Beltina González, de Fuerza Social Cajamarca, con 12,8 por ciento. Sólo se convoca a una segunda ronda si el ganador no supera el 30 por ciento de los sufragios.

Las corporaciones mineras estimaban, y así lo expresaron, que triunfaría con holgura Absalón Vásquez, quien fue ministro de Agricultura del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Pero las autoridades lo inhabilitaron cuatro semanas antes de los comicios tras confirmar que aún no había cumplido con la sentencia de cuatro años que un tribunal le impuso en 2007 por el delito de corrupción, que la cumple en prisión domiciliaria.

En Cajamarca está ubicada Yanacocha, el mayor yacimiento de oro de América del Sur, operado principalmente por la firma estadounidense Newmont Mining Corporation, que ha sostenido numerosos conflictos con las poblaciones de las áreas donde desarrolla sus actividades.

Al anunciar en 2004 la explotación del cerro Quilish, donde se calcula la existencia de 3,7 millones de onzas de oro, estalló un fuerte enfrentamiento entre esa empresa y los pobladores, porque estos últimos consideran que la actividad minera contaminaría el agua del área. Santos fue uno de los notorios dirigentes contra el proyecto que finalmente quedó paralizado.

Santos, de una comunidad campesina de la provincia de San Ignacio y maestro de escuela, se inició como dirigente de las rondas campesinas, oponiéndose a la explotación de los recursos naturales sin la consulta previa de las comunidades.

Cajamarca es una de las 25 regiones del país que más fondos recibe por concepto de canon minero. En 2006 ocupó el primer lugar con 98,7 millones de dólares y entre 2008 y 2009 obtuvo en total 116 millones. Sin embargo, en el mismo periodo la pobreza creció en la región de 53,4 a 56 por ciento, según reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este año esta región andina, donde desarrollan actividades alrededor de 33 compañías mineras, percibió 115 millones de dólares.

“Pero el problema no es solo el dinero”, afirmó Santos. “La distribución es muy mala y no beneficia a la población, además no hay capacidad de ejecución. Lo que pasa es que en Cajamarca todo gira alrededor de lo que hacen o no hacen las mineras. Pero eso acabará muy pronto”, auguró.

Para Flury, en cambio, “el problema de la elección de Santos es su ideología”. “Él es un comunista convencido”, afirmó.

El MAS que postuló a Santos es una agrupación que aglutina a organizaciones populares, campesinas y de ronderos que participaron en las movilizaciones masivas contra empresas mineras a las que atribuía cometer abusos o envenenar el medio ambiente.

Entre sus integrantes se encuentra el Movimiento Nacional de Izquierda (MNI), que tiene como columna vertebral al Partido Comunista del Perú-Patria Roja, de tendencia maoísta, constituido en 1969.

“Patria Roja tiene una oposición feroz en contra de la minería y esta actitud perjudica principalmente a la población que representa”, apuntó Flury.

“Si se oponen a la minería lo que van a lograr es que definitivamente las mineras que trabajan en la zona tengan un enfrentamiento político con el gobierno regional, mientras que las mineras que proyectaban ingresar finalmente se irán a otro lugar. Con ese panorama la población va a sufrir porque no se van a generar ganancias para el desarrollo de la zona”.

Además de Newmont, en Cajamarca operan, entre otras compañías mineras de dimensión global, la sudafricana Gold Fields y la británica Anglo American Michiquillay.

“La historia de la industria minera en Cajamarca es conocida: violaciones de los derechos humanos y medioambientales de la población, pobreza extrema de las comunidades campesinas, uso del Estado como gendarme represor, en fin, las empresas tienen una larga tradición de imponerse a la mala”, acusó Santos.

Entre los hechos a lo que hace referencia Santos está la aprobación en 2004 por el gobierno de la evaluación ambiental para explotar el cerro Quilish como parte de un proyecto aurífero, sin que la población fuera consultada. También la utilización de delincuentes comunes por una firma brasileña como fuerza de choque contra los campesinos.

“Por supuesto que estamos a favor de la inversión minera, pero sin pisotear a la población, sin ensuciar el ambiente, respetando a los campesinos. Si respetan la ley, las mineras no deben sentir miedo”, apuntó el virtual presidente regional.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, la región Cajamarca es la que más conflictos socioambientales registró en Perú hasta septiembre.

El especialista José de Echave, director ejecutivo de la no gubernamental Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción), indicó que la elección de Santos es la expresión de una población que ha elegido a alguien que le ofrece seguridad como interlocutor válido ante las empresas mineras.

“He escuchado quejarse a voceros de los gremios empresariales mineros por la elección de Santos. Por el contrario, yo creo que facilitará el diálogo entre las comunidades que él representante y las compañías mineras que operan en Cajamarca”, sostuvo.

Santos no va a empeorar la situación, más bien puede actuar como garantía de los acuerdos que existen entre los pobladores y las empresas”, dijo a IPS.

“Además, las elecciones en Cajamarca no fueron ideológicas, como creen algunos empresarios. Cualquiera haya sido el ganador, los conflictos ambientales subsistirán. Que no haya ganado el candidato de la preferencia del gremio empresarial minero no implicaba el término de los desencuentros entre las comunidades y las mineras”, precisó.(FIN/2010)

Tomado de:
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96805

 

4. “ESTÁN CONVIRTIENDO AL EIA EN ALGO DECORATIVO”
Por Ángela Acevedo

27.10.2010 (NoticiasSer.pe) | Mariano Castro, coordinador de Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA), opina sobre las modificaciones al Proyecto de Ley Nro. 4335.

El Ejecutivo ha presentado el Proyecto del Ley Nº 4335 al Congreso de la República, el cual plantea una serie de modificaciones al marco jurídico eléctrico, ¿cuáles serían las principales modificaciones?
El principal cambio tiene que ver con la eliminación del requisito de la certificación ambiental, es decir de la resolución directoral aprobatoria de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la obtención de la concesión definitiva, requisito que a la fecha está vigente. Con este proyecto lo que se busca es eliminar este requisito y no se precisa en qué otro momento debe presentarse la resolución aprobatoria del EIA. En la práctica, al no señalarse esto, lo que queda son dos opciones: una, que se elimine la presentación del EIA para la construcción de un proyecto eléctrico, y dos, que se presente antes del inicio de las operaciones. Ambas opciones son  inaceptables.

¿Por qué?
En el primer caso, sería una situación ridícula en la que, por ejemplo, para un grifo sí se exigiría EIA y para un proyecto eléctrico no. En el segundo, una evaluación de impacto ambiental es una herramienta para contribuir a la sostenibilidad ambiental de un proyecto de inversión y debe ser ejecutada lo más antes posible, con la finalidad de que los hallazgos, las conclusiones, las observaciones sean introducidas para el diseño del proyecto. Si se estableciera que el EIA se presente después de otorgada la concesión definitiva, estaríamos ante una situación donde todo ya está definido y no habría opción de introducir y aprovechar las recomendaciones del EIA. Esto crearía una situación de inseguridad jurídica tanto para el titular del proyecto como para cualquier ciudadano que pueda estar interesado o afectado. No habría ninguna opción de cambio o mejora para el proyecto.

La exposición de motivos del Proyecto de Ley señala que no hay necesidad de las certificaciones ambientales antes del inicio de la ejecución de proyectos de este tipo.
Están haciendo una interpretación equivocada de la Ley General del Ambiente y de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tan equivocada que están perforando el sistema y cometiendo un grave retroceso. Están convirtiendo al EIA en algo decorativo, que no tiene ninguna incidencia en el diseño del proyecto. Si bien es cierto que ambas normas señalan que el EIA es un requisito para el inicio de cualquier operación, estas normas no dicen que la certificación debe exigirse en un momento que ya no serviría. La evaluación lo que ofrece es una alternativa de diverso tipo para la ubicación, la tecnología, etcétera, con la finalidad de contribuir a una mayor sostenibilidad ambiental y social de este tipo de proyectos. Es por ello que no tendría sentido que luego de entregada la concesión se presente el EIA.

¿Este tipo de medidas vulneran la institucionalidad ambiental existente?
La regulación ambiental debe ser autónoma y creíble, que disminuya lo máximo posible los daños ambientales y sociales, que contribuya a darle seguridad a la población que se ve amenazada por cualquier tipo de proyecto de inversión. Sin embargo, con ese tipo de medidas lo que se está haciendo es elevar la controversia social porque se está colocando el EIA en donde no se va a poder recoger las inquietudes de la gente, y eso va a hacer que nadie crea en él. Si ahora hay problemas de credibilidad con esto será mucho peor.

¿Existe algún tipo de relación entre este Proyecto de Ley y el Acuerdo para suministro de electricidad firmado entre Perú y Brasil recientemente?
Pese a que el acuerdo promueve construcciones sin precedentes en la Amazonía y que demanda capacidades en gestión y administración para que éstas cumplan con las medidas ambientales básicas, este Proyecto de Ley propone lo contrario, pues elimina estándares con la finalidad aparente de agilizar el desarrollo de proyectos de centrales hidroeléctricas.

Por las implicancias de un proyecto de ley de este tipo, ¿debería haber un mayor debate?
Cuando se propone un cambio de estas dimensiones debe hacerse en consulta pública y que no solo sea discutido en Sesión de Consejo de Ministros, sin que los interesados o el país en general conozcan la motivación real. Es muy probable que con esta propuesta el gobierno esté incumpliendo con acuerdos que están dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se han comprometido no solamente a no disminuir estándares ambientales sino a elevarlos y no hay nada más cuestionable que eliminar un requisito de ley.

Tomado de:
http://noticiasser.pe/27/10/2010/entrevista/estan-convirtiendo-al-eia-en-algo-decorativo

 

5. MESA DE DIALOGO SERIA CONFORMADA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EIAs

Cerro de Pasco, 2.11.2010 (Área de Comunicación del Centro Labor) | Analizar los Estudios de Impacto Ambiental de los diversos proyectos económicos debe ser cada vez una acción organizada, responsable y técnica de los diferentes actores; en esa medida es saludable lo que se viene dando en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas – Plan L en la ciudad de Cerro de Pasco.  En talleres realizado el 19 de febrero y el 30 de marzo del presente año las organizaciones sociales, comunidades y autoridades municipales elaboraron observaciones y recomendaciones al proyecto en mención, la misma que fue presentada el 13 de abril ante el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Ambiente del Congreso de la República.

Es necesario destacar la participación de las diferentes organizaciones, instituciones y municipalidades en el análisis y elaboración de observaciones, expresión de ello es que el Centro Labor, ACICPAEM, Frente Cívico, Red Interquorum, Juventud Con Valores, municipalidad de Yanacancha y Simón Bolívar presentarán 66 observaciones; otras 77 fueron presentados entre la Municipalidad Provincial de Pasco, Gobierno Regional, Comunidad Urbana de Buenos Aires, Municipalidad de Paragsha, DESA Pasco, entre otros.

En la reunión de trabajo, realizado este 27 de octubre, de manera resumida se dio a conocer las observaciones presentadas ante el Ministerio de Energía y Minas, entre ellas tenemos  que la Empresa Volcan debe precisar, definir y considerar los medidas ante la afectación a la laguna Patarcocha; que presente su Estudio de Estabilidad Física de la zona de ampliación Tajo Abierto y del botadero de Rumiallana; debe realizar una revaluación integral de la instalación de relaves; vigencia y cumplimiento del convenio entre la Municipalidad Provincial de Pasco y Volcan; actualización de mapas, caracterización y otros sobre los suelos del área de influencia directa del Plan L; evaluación, monitoreo e información de la calidad del agua y aire en todo el ámbito de ampliación del tajo; las medidas para restablecer la salud de la población afectada; la empresa Volcan debe asumir sus responsabilidades ante el desplazamiento forzado de la población por la expansión de los trabajos mineros y es fundamental considerar que tanto la ampliación del Tajo Raúl Rojas y de la Mina El Pilar deben llevarnos a considerar impactos acumulativos.

En su momento la Municipalidad Distrital de Yanacancha y el representante de la Comunidad Urbana de Buenos Aires dieron a conocer sobre las reuniones que sostuvieron con la Empresa Minera Volcan en el marco de las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Plan L; así mismo el Padre Jaime Chua menciono que no han sostenido reunión alguna con la empresa; al finalizar el evento los diferentes participantes plantearon la necesidad de conformar una Mesa de Diálogo con la finalidad de que la empresa pueda dar a conocer las respuestas a las observaciones al EIA, que las coordinaciones y acuerdos a tomarse sea de manera conjunta y no como se viene haciendo hasta el momento de manera separada y por sectores; finalmente se acordó que la siguiente reunión de trabajo será la quincena de noviembre donde nuevamente se solicitará a la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha, comunidades y barrios que se vienen reuniendo con la empresa den a conocer sobre estas reuniones.

Cabe señalar que estaba programado la participación de Volcan Compañía Minera, para que brinde información sobre las respuestas a las diversas observaciones presentadas al EIA del Plan L; sin embargo, a través del documento GG-105-10, presentado al Centro Labor el 26 de octubre, menciona su no participación a la reunión por no disponer en esos momentos con profesionales y solicita postergar la reunión para la segunda quincena de noviembre; los participantes acordaron que la tercera reunión de trabajo por una Mesa de Diálogo será a finales de noviembre, donde se espera la participación de la empresa minera.

En esta actividad han participado representantes de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de Energía y Minas Pasco, Asociación de Comerciantes e Inquilinos de Cerro de Pasco afectados por la Expansión Minera, Vicaría Pastoral Minera, Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería, Asociación de Posesionarios de Chaupimarca, ADERS Perú, Iglesia Evangélica, CEAM Adulto Mayor, Comisión Interinstitucional, Asociación de Mujeres Pasqueñas, ANDES, Asentamiento Humano Tahuantinsuyo, Columna Pasco y José Carlos Mariategui, Comunidad Urbana de Buenos Aires, Jirón Grau de Chaupimarca, algunos alumnos y docentes de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” y representantes de algunos medios de comunicación.

6. ARANA: GOBIERNO ESTARÍA BENEFICIANDO A CONSTRUCTORAS DE HIDROELÉCTRICAS

03..11.2010 (La República) | El líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana aseguró hoy, mediante una nota de prensa, que el  actual gobierno estaria intentando exonerar de estudios de impacto ambiental a la construcción de represas para hidroeléctricas en la Amazonía.

“El Perú carece de una visión de desarrollo ecológicamente sustentable y socialmente justa, y este gobierno, más que ningún otro, está dispuesto a depredar nuestra Amazonía para favorecer intereses de las grandes constructoras, que mueve enormes cantidades de dinero”, mencionó Arana.

Asimismo señala que “el Proyecto del Ley Nº 4335 enviado por el ejecutivo al Congreso está hecho para eliminar el requisito de la certificación ambiental para la construcción de las hidroeléctricas en la Amazonía, con lo cual, estas obras se podrán hacer sin contar con la aprobación previa de los estudios de impacto ambiental. Eso es inadmisible y debe ser denunciado.”

Arana dice que los trabajos de desarrollo no pueden hacerse sin tener en cuenta una visión de sustentabilidad ecológica y menos aún en contra de los propios pueblos amazónicos que están luchando porque se respete su derecho a vivir en paz.

“De aprobarse esta ley, la Amazonía podría volverse a ver nuevamente convulsionada y de allí la importancia que la Defensoría del Pueblo se pronuncie y sea escuchada la voz de las organizaciones ambientalistas y de los propios pueblos amazónicos”, acotó.

Pide investigación
El líder ecologista exhortó también al Congreso y la prensa independiente investigar a qué grandes empresas constructoras busca favorecer el gobierno “ya que se sabe que suele hacer una defensa cerrada para modificar leyes que favorezcan al pueblo alegando que no se puede atentar contra la estabilidad jurídica pero en este caso, de aprobarse su proyecto de ley se modificaría y derogaría varios artículos de las leyes que regulan las actividades eléctricas, principalmente de la Ley 25844 conocida como Ley de concesiones eléctricas”.

Finalmente menciona, que “hay que promover las inversiones socialmente responsables y ecológicamente sustentables”. “El país necesita inversiones que no dañen más el medio ambiente y que se hagan pensando en la mayoría de los peruanos, ambas condiciones no se están cumpliendo porque tenemos un Estado sometido a intereses particulares y corroído por la corrupción como lo estamos viendo ahora en el país”, precisó.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/politica/03/11/2010/arana-denuncia-beneficio-constructoras-de-hidroelectricas-por-el-gobierno

 

7. TEMACA E INAMBARI, LAS REPRESAS Y EL DESARROLLO
Por Aldo Santos

03.11.2010 (NoticiasSER.pe) | Mayor desarrollo, compensaciones justas, mejores condiciones de vida, crecimiento económico, son algunos de los argumentos empleados para justificar los grandes proyectos que se vienen implementando en el Perú y otros países del mundo; proyectos que, más allá de las fronteras geográficas, parecen repetir el mismo libreto. Y es que  el “desarrollo” y el “interés nacional”, se han convertido, para muchos, en una amenaza perversa que lo destruye todo a su paso.

Por lo menos así se ve en Temaca, un poblado cuyos orígenes se remontan al año 1321 cuando Cazcanes y Tecuexes dominaban el territorio. Posteriormente este poblado fue testigo de los principales acontecimientos que dieron forma a la nación mexicana. Hoy sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería, actividades que aún mantienen, pese a la migración de muchos de ellos a ciudades industrializadas como Guadalajara, León, México DF, o a los Estados Unidos.

Las calles de Temaca casi pueden gritar a través de los cientos de carteles y pintas que aparecen en los exteriores de las viviendas: “No a la presa del Zapotillo”, proyecto que inundaría al asentamiento ubicado a 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Guadalajara y con él “su historia y la vida del pueblo”, según Abigaíl Agredano, presidenta del Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

El Comité y el conjunto de la comunidad han emprendido, hace poco más de dos años, una lucha sin cuartel en contra de la represa pero las respuestas del gobierno mexicano han sido poco alentadoras; ello sumado a que una minoría de vecinos y vecinas de la comunidad han aceptado los ofrecimientos de la empresa.

No obstante, “Temacapulín no está solo”, añade Teresa Lazo, coordinadora de un Observatorio de Conflictos  Ambientales  en Colombia que desde hace algunos años viene acompañando al movimiento de afectados por represas en su país y ha podido constatar los graves efectos sociales y ambientales que padecen las cientos de familias desplazadas o reubicadas, luego de la construcción de represas en Colombia y en otros lugares de América Latina.

Temaca también ha recibido el apoyo de artistas, músicos e intelectuales, así como un masivo respaldo de organizaciones y colectivos mexicanos que han difundido la posición de los vecinos y vecinas en las principales ciudades mexicanas.

Los impactos ambientales y sociales negativos que han sido recogidos en un extenso informe de la Comisión Mundial de Represas -que detalla la afectación que ocasiona la construcción de los grandes proyectos de represamiento de agua-, parecen tener un común denominador, que es incrementar el nivel de pobreza de los afectados.

Quizá una de las causas para que miles de kilómetros al sur, las poblaciones asentadas en las márgenes del río Inambari, en Puno, se hayan opuesto radicalmente al megaproyecto hidroeléctrico promovido por el consorcio brasilero EGASUR es por la incertidumbre que genera y por no presentarse como una garantía de desarrollo sostenible y de mejora de su calidad de vida.

Organizaciones como el Movimiento de Afectados por Represas en Brasil, calcula que los impactos se proyectan a las próximas generaciones, ya que las experiencias de reubicación y el no pago de compensaciones justas, sumado a los impactos sobre los ríos, han generado un gran movimiento de rechazo y desconfianza para con este tipo de obras.

Al igual que en Temaca, las respuestas tampoco han sido favorables para el Frente de Defensa de los Intereses de San Gabán, que desde el otorgamiento de la concesión temporal a EGASUR ha emprendido un tortuoso camino de oposición al megaproyecto, cuya objetivo parece ser la satisfacción de la creciente demanda energética brasilera.

En Inambari y Temaca, los proyectos han despertado el miedo de perderlo todo, ya que los afectados no pueden responder con certeza la pregunta de si sería posible cambiar sus vidas y sus actividades económicas de un año a otro, ni tampoco saber de qué manera estos proyectos pueden beneficiarlos. Responder la pregunta sobre cuál es el precio del desarrollo y quién paga los costos del mismo es imprescindible ante la “moda mundial” de los megaproyectos, y ésta no es contestada ni por los Estados ni por las empresas.

Nota: Se agradecen los comentarios de Javier Torres.

Artículo publicado en la revista Cabildo Abierto. Nro 53. Octubre 2010. Puno. Asociación SER.

Tomado de:
http://www.noticiasser.pe/03/11/2010/cabildo-abierto/temaca-e-inambari-las-represas-y-el-desarrollo-0

 

8. MISERIA Y MINERÍA
Por Herbert Morote

22.10.2010 (Filípicas de Herbert Morote) | Cuando se dice que el crecimiento económico del Perú viene siendo imparable en los últimos años, gran parte de los peruanos hinchan el pecho con orgullo como si los que se hubieran hecho ricos fuesen ellos.

Frente a todo lo que se oye sobre nuestro crecimiento económico, cualquier observador social vería que nuestra sociedad sigue fracturada por donde uno prefiera analizarla, ya sea desde el punto de vista económico, social, racial, educativo, idiomático o cualquier otro parámetro que se quiera examinar.

Un crecimiento económico, como el que hemos tenido los últimos años, sin un crecimiento social no es garantía de paz interna.

Venimos creciendo alrededor de 8% o más por año.

Sí, pero ¿ha disminuido la pobreza un 8% por año?

¡Por supuesto que no!

Suponiendo que el Instituto de Estadística e Informática, INEI, diga la verdad, el nivel de pobreza del Perú fue de 39.2% en 2007, luego deberíamos estar alrededor del 30% en 2010, cosa que no es ni remotamente cierto.

Recurramos a los que más saben sobre Perú: según la CIA (Agencia Central de Inteligencia) la última cifra de pobreza del Perú es de 46.6%.

¿Por qué será que la CIA no toma en cuenta el dato oficial del INEI?

Nos quedaremos horrorizados si nos atrevemos a hacer algunas comparaciones específicas entre el crecimiento económico del país -basado principalmente en la exportación de minerales- y el nivel de pobreza que tenemos.

Por ejemplo: según las cifras oficiales del INEI los distritos más pobres del país están situados en Puno, pues bien veamos las empresas mineras de ese entorno.


Vemos, pues, que en el distrito de Ocuviri, donde las empresas mineras se hinchan de dinero con la extracción de oro, 6 de cada 10 habitantes se mueren de hambre, y el resto apenas sobrevive.

-¿Qué dicen sobre esto las empresas mineras? ¿Nada?
-No, hombre. Hablan de su responsabilidad social.
– ¿Creerán que somos idiotas?
– Sí, y tienen razón.

La página oficial de la empresa sudafricana AngloGold, sin duda con experiencia en el apartheid, que operaba la mina de oro La Rescatada en Ocuviri, dice así*: “Las comunidades y sociedades donde operamos estarán  mejor con AngloGold Ashanti. Nosotros mantenemos y promovemos derechos humanos fundamentales en donde hacemos negocios. Contribuimos a desarrollar productivas y respetuosas asociaciones de mutuo beneficio en las comunidades donde operamos. Nuestro objetivo es dejar las comunidades que nos acogen con un futuro sostenible”.

AngloGold no es la única en proclamar tamaña mentira, todas las compañías mineras hacen declaraciones similares y, mientras se enriquecen bajo la protección de los gobiernos, los pueblos más pobres de un pobre Perú siguen en la más absoluta miseria.

-¿Perderán dinero las compañías mineras?
-¿No estarán en la quiebra sus propietarios?
-¿No estaremos exigiéndoles mucho?

Las compañías mineras arriba mencionadas se dedican a la extracción de oro.

Veamos pues la evolución de los precios de la onza de oro:

a) En los últimos 5 años el precio se ¡triplicó!
b) En los últimos 10 años el precio se ¡quintuplicó!

Precio de la onza de oro (USD)
2000 octubre 22 U$ 256-100%
2005 octubre 22 U$ 456-178%-100%
2010 octubre 22 U$ 1,346-525%-295%

-¿Y los habitantes de la zona mejoraron su condición?
-¿Tienen mejores escuelas? ¿Mejores profesores?
-¿Tiene acaso mejores servicios médicos?
-¿Quién se quedó con el dinero? ¿El gobierno? ¿Las empresas mineras? ¿Los mineros?

Algo no está bien. Y si hartos de las injusticias los habitantes salen a reclamar sus derechos, hacen paro o toman las carreteras se les dice que son antipatriotas, comunistas, terroristas, son el perro del hortelano, y se envía a fuerzas policiales para restablecer la paz social que hay que mantenerla cueste lo que cueste, con heridos o muertos, como desgraciadamente ha ocurrido y luego se culpa a los PNes.

Parece ser que lo importante para la banda en el Poder es mantener la paz social aunque los habitantes de Ocuviri se sigan muriendo de hambre.

Tomado de:
http://filipicasmorote.blogspot.com/2010/10/miseria-y-mineria.html

9. PERÚ: EL AFFAIRE TRAFIGURA, VOLCAN Y CENTROMÍN PERÚ. ¿Quién defiende el interés fiscal?
Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

02.11.2010 | En mis clases de economía política de los recursos naturales y la privatización de las empresas estatales aplicada en el Perú en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, siempre menciono el caso de la minera Volcan Compañía Minera y la privatización de las unidades más importantes de Centromín en 1997 tales como las minas de San Cristóbal, Andaychagua con la planta concentradora de Marh Tunel todas en la provincia de Yauli en el departamento de Junín, y posteriormente de la unidad de Cerro de Pasco, transferida como unidad de Paragsha en Cerro de Pasco en 1999. Este proceso explica la fortuna privada del recientemente fallecido Roberto Letts Colmenares.

La interrogante por resolver se relaciona con la transferencia de los más importantes activos mineros que tenía Centromín Perú, que se creó a partir de la estatización de la norteamericana Cerro de Pasco Corporation (1973), por una empresa como Volcan que solamente tenía en ese entonces dos pequeñas unidades mineras Carahuacra y Ticlio, y que además tenía bajo contratos algunos derechos mineros alquilados con Centromín.

Así, ¿Cómo fue posible que una pequeña empresa como Volcan con un patrimonio de apenas un 11.5 millones de dólares, ingresos de 21.6 millones y utilidades netas de apenas 3.3 millones de dólares en 1996 pudiese adquirir las unidades mencionadas ofreciendo un precio de más de 190 millones de dólares y compromisos de inversión de más de 130 millones en cinco años? Es decir, como pudo financiar más de 320 millones de dólares, es decir pagar el precio, y luego financiar los compromisos de inversión y soportar los bajos precios del zinc en el 2001 que prácticamente determinaban el 80% de sus ingresos.

De volcacncito a Volcan
El caso en estudio confirma la elevada rentabilidad de la minería peruana que constituye uno de los atractivos del modelo de crecimiento minero que se promueve en esa década, y cuyos incentivos tributarios se mantienen conjuntamente con los bajos costos laborales. Así, la tasa promedio de la rentabilidad operativa es del 55% durante el período del boom minero 2004-2009 con excepción de la brecha de la crisis financiera mundial fines del 2008 al primer semestre del 2009.

En el caso materia de análisis, la producción en marcha y los excedentes mineros obtenidos en San Cristóbal, Andaychagua y Cerro de Pasco más una inteligente política de inversiones explica la expansión, estrategia financiera y el fortalecimiento patrimonial, conjugado con el levantamiento del mecanismo de la Bolsa de Lima, una de las más rentables del mundo, más la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ergo alta productividad laboral de los trabajadores de planilla y contrata, explica este fenómeno llamado Volcan Compañía Minera.

En tal sentido siempre hemos sostenido que el llamado proceso de privatización ha sido un proceso de transferencia de riqueza desde el Estado para valorizar el capital privado principalmente transnacional. En este caso, la peculiaridad de Volcan y su participación en Centromín sería la excepción pues la personalidad de Roberto Letts Colmenares le impone un ingrediente nacional a la privatización en el sector minero, a diferencia de las empresas privatizadas como Hierro Perú, Minero Perú, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, Mra Condestable, y el complejo minero metalúrgico de La Oroya.

A mi criterio esta privatización es digna de estudio pues constituye un caso de ingeniería financiera donde Volcan tuvo que recurrir a un fuerte financiamiento externo con un conjunto de bancos europeos, compromisos financieros con Glencore, ventas por adelantado para soportar los bajos precios del zinc 2001-2003. Es también un asunto que debió investigarse en el Congreso de la República por los valores castigados de los precios base de las unidades mineras estimado por los responsables de la privatización COPRI-Centromín. Se imaginan valuar el potencial polimetálico del Tajo Rojas en Cerro de Pasco por 62 millones de dólares con mínimos compromisos de inversión de 70 millones de dólares en dos partes.

Es decir, el tema conjuga el conocimiento del potencial minero, audacia e intrepidez empresarial, tiene también su dosis de corrupción, de venalidad de los funcionarios responsables de la privatización de Centromín que valorizaron vilmente sus activos, tiene algo de la diosa fortuna y sobre todo expresa el sacrificio, y capacidad de los trabajadores obreros, empleados, funcionarios de Volcan Compañía Minera que han hecho posible que esta empresa ocupe el quinto lugar en la producción mundial de zinc, plata, tal como se expone en los cuadros respectivos donde se demuestra la dimensión mundial de la empresa.

De otro lado el gran desenvolvimiento de esta minera que de ser una pequeña minera con ingresos por ventas menores a los 22 millones de dólares a inicios de los años noventa, pudo realizar el salto cualitativo hacia la gran minería si se suman todas sus unidades incluyendo las subsidiarias y llegar a generar ingresos como grupo de 1,053 millones de dólares en el 2007, de 628 millones en el 2008 y de 662 millones de dólares en el 2009.

Con ello minera Volcan ha pasado a constituirse en un referente en la minería nacional y mundial con el respaldo en las bolsas como el Mercado Latinoamericano de Valores en Euros de Madrid LATIBEX o la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, todo lo cual es digno de reconocimiento.

Si bien Volcan Compañía Minera S.A.A. es una empresa que se dedica a la exploración, explotación, tratamiento y comercialización de minerales polimetálicos tanto en el mercado interno como el externo ya sea desde su matriz Volcan la cual opera la unidad minera Yauli que agrupa entre sus principales minas a Ticlio, Carahuacra, Andaychagua y San Cristóbal ubicadas en Junín y la unidad minera de Cerro de Pasco, en la cual destacan las minas subterráneas y el tajo abierto Raúl Rojas. Se debe mencionar que las minas de Cerro de Pasco han sido explotadas desde hace varios siglos, no obstante aún continúan brindando minerales siendo un valioso activo dentro del conjunto de reservas mineras que posee Volcan. A ellas se deben sumar la relación de sus subsidiarias que producen minerales como la Empresa Administradora Chungar, Empresa Explotadora de Vinchos y la reciente operativa Compañía Minera Alpamarca.

Todo este grupo de empresas mineras a los que se agregan la gran cantidad de concesiones que suman un total de 289 mil hectáreas, más la gran capacidad de tratamiento de sus 6 plantas concentradoras han hecho de Volcan y subsidiarias una de las principales mineras en cuanto a producción de zinc, plata y plomo no solo en el entorno nacional sino a nivel mundial, compitiendo con mineras como Xstrata Plc., Glencore, BHP Billiton, Hindustan de la India, Fresnillo de México y Votorantim del Brasil.

Esta trascendencia de las minas de Volcan y sus subsidiarias se expone en el año 2009 donde se produjo 363 mil toneladas de zinc, ocupando el 5º lugar en el ranking mundial explicando el 4.4% de la producción global después de Xstrata Plc, Glencore, Hindustan de la India y Votorantim del Brasil. En tanto a nivel nacional fueron segundos solo superados por Cía Minera Antamina.

En relación a la producción de plata el total del Grupo Volcan alcanzó el 2009 las 21 millones de onzas finas posicionándose en el 5º lugar a nivel mundial explicando el 3% de la producción total luego de las gigantes BHP Billiton, KGHM Polska Miedz de Polonia, Fresnillo de México y Pan American Silver de Canadá. Mientras a nivel nacional Volcan y subsidiarias, es decir con la suma de Chungar, Vinchos y Alpamarca mantienen el liderazgo en la producción de plata.

Finalmente entre los productores de plomo Volcan y subsidiarias mantienen el 5º puesto determinando el 2.3% de la producción mundial con una producción de 90 mil toneladas, superado por Xstrata Plc, Doe Run, BHP Billiton y Glencore. En tanto dentro de los productores en el Perú, Volcan y sus subsidiarias ocupan el 1º lugar dejando muy rezagadas a las demás empresas mineras.

Este crecimiento no hubiera sido posible sin la positiva gestión económica y financiera por parte de sus directores y gerentes encabezados por el fenecido Roberto Letts Colmenares principal accionista en Volcan, y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Se sabe extraoficialmente que la empresa tendría aún a la familia Letts Colmenares como los principales accionistas y que se continuarían con los diversos planes de exploración, de ampliación e incremento de la producción de minerales.

Trafigura vende su participación
Si bien extraoficialmente se estima la fortuna de Roberto Letts Colmenares en más de US$ 1,500 millones de dólares se debe recordar que el patrimonio de la empresa Volcan Compañía Minera (Volcancito) en 1996 era de 11.5 millones de dólares y en 1993 era de apenas de 1.6 millones de dólares. Evidentemente ello se explica por la privatización de las unidades más importantes de Centromín, el genio financiero, audacia, permisividad tributaria y explotación laboral.

Según versiones extraoficiales a través de la empresa Greenville Overseas Investments Limited, la familia herederos de Roberto Letts mantendría la mayoría de acciones en Volcan Cía Minera S.A.A (46.9%).

El segundo accionista en importancia dentro de Volcan era la Compañía Trafigura Beheer B.V de Holanda, esta empresa poseía el 24.96% de acciones clase A en la minera que fueron vendidas según corredores de bolsas a los Fondos de Pensiones AFPs, fondos mutuos y otra parte recompradas por los accionistas más fuertes, los herederos de Roberto Letts.

Si bien es verdad Trafigura empezó a operar en el país en 1993 básicamente en la comercialización de diversas materias primas tales como petróleo y derivados, metales y minerales, energías renovables y recientemente ha incursionado con productos como el carbón y el hierro. En el Perú esta transnacional posee el Consorcio Minero S.A (CORMIN), empresa que también se encarga de comercializar productos mineros, en tanto que recientemente ha transferido sus acciones en las mineras Condestable en Lima quedándose con las operaciones de la minera Catalina Huanca en Ayacucho.

La relación de Trafigura en Volcan es reciente, y se manifiesta durante el boom de los precios. Así, empezó a invertir en Volcan en abril del 2005, cuando compró el 6.34% de acciones clase A. A fines del 2005 Trafigura Beheer BV era dueño del 17.40% de acciones clase A y del 5.20% de acciones clase B, y seguía comprando acciones. Para el 6 de febrero del 2006 tenía el 11.2661% de acciones clase B y para el 9 de marzo del mismo año ya tenía 24.963% de acciones clase A. (Esta última información ha sido tomada del analista Ernesto Linares Mascaro http://elinaresm.blogspot.com/).

Según esta fuente “Trafigura Beheer BV tenía 236,344,583 acciones clase A de Volcan, equivalentes al 24.96% del total de acciones A. Estas acciones habían estado bajando en su cotización: en julio estaban en S/. 11.80, en agosto en S/. 11.62 y a comienzos de octubre, en S/. 9.49. El 20 de octubre ya había bajado a S/. 5.88 y el jueves 21 de octubre es cuando Trafigura Beheer BV pone en venta en la Bolsa de Valores de Lima, todas sus acciones A y debido al exceso de oferta, el precio cayó a S/. 5.32. Aún nos parece raro que Trafigura vendiera todas sus acciones en un solo día, porque precipitó la caída del precio de sus acciones, pues juzgamos que en una Oferta Pública de Venta (OPV) a 20 días hubiera podido obtener un mejor precio. De todas maneras, la operación le generó a Trafigura US$ 463 millones”.

Epílogo
Desde el punto de vista del análisis de la renta y la participación del Estado, la fortuna de la familia de Roberto Letts tiene su origen en la privatización de las unidades más importantes de lo que fue la minera estatal Centromín. Sin menoscabo a la capacidad empresarial privada de los accionistas y gerentes ello demostraría la necesidad de una mayor participación del Estado en la renta minera.

Esta es un historia interesante que asume la mayor relevancia por la venta de las acciones que tenía Trafigura-Cormin en la moderna Volcan Compañía Minera transfiriendo su participación de 24.96% por más de 463 millones de dólares mediante operaciones en la Bolsa de Valores de Lima. Si bien Trafigura aparece como accionista de Volcan hacia el 2005, los valores obtenidos por la venta de su participación accionaria refuerza la idea de una equitativa participación del Estado en la renta minera.

Desde todo punto de vista resulta pertinente una mayor participación del Estado en la riqueza minera, en la renta minera pues el fisco no puede ser reducido a percibir un impuesto a la renta que está sujeto a una serie de beneficios y exoneraciones tributarias. Tampoco resuelve el problema las raquíticas regalías que la SUNAT no fiscaliza. De allí la necesidad de imponer mayores tasas de regalías mineras hasta un 10% pues se trata de recursos naturales no renovables o la vigencia del impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias.

En resumen, el Estado propietario de los recursos naturales a nombre de la Nación no puede percibir ingresos mínimos del sector que tiene una de las tasas de rentabilidad más elevadas en el mundo, así, las extraordinarias utilidades del sector minero y las ganancias especulativas de los privados como lo expresa la venta de las acciones de Trafigura en Volcan Compañía Minera, refuerzan la necesidad de una mayor participación del fisco en la renta minera.

Tomado de:
http://www.mancozaconetti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=234:peru-el-affaire-trafigura-volcan-y-centromin-peru&catid=1:catmineria&Itemid=7

 

10. LOS PUEBLOS INDÍGENAS: AVANCES Y RETROCESOS
Por Instituto Bartolomé de Las Casas

Desde el 2009 en el país se celebra el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.  Ello fue motivo para que A. Galvez haga un breve recuento de lo avanzado a favor de dichos pueblos en cuanto al sistema Judicial peruano. Gálvez señala que: “el sistema de justicia en los últimos años ha mostrado cierta mejora en su desempeño frente a los pueblos indígenas” y menciona como prueba de ello “el desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y derechos culturales en general”.

Otro avance es el  Primer Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural en Pueblos Indígenas, organizado en setiembre de este año por el Poder Judicial. Gálvez señala que ha posibilitado un “acercamiento entre magistrados y representantes de diversas etnias amazónicas”. Uno más ha sido el “Acuerdo Plenario de la Corte Suprema que reconoce facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas del 2009”, así como también el avance de la justicia de paz y “la tendencia a la creación de escuelas de justicia intercultural”. A pesar de los avances Gálvez señala que queda “un gran trecho por recorrer en el rol de garante de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”

No podemos afirmar lo mismo en lo concerniente a la calidad del agua que dichos pueblos tienen a su disposición, que más bien tiende a empeorar en las zonas amazónicas, debido, sobre todo a los frecuentes derrames de hidrocarburos que se producen ante la total desidia gubernamental.  Desde la Parroquia de Santa Rita de Castilla, Río Marañon, nos dicen que “Al Estado peruano parece no importarle en absoluto su población del Marañón”. Asimismo nos comentan que: “Para personas que el río es fuente de vida, en torno al cual gira su existencia, contaminar el río es causar un grave daño difícilmente reparable. En el trópico el baño diario es uno de los requisitos más importantes, como factor de socialidad: refrescar la piel, mantener limpio el cuerpo, evitar malos olores a las personas que están cerca”.

Contaminar el agua también afecta la principal fuente de alimentación: el pescado. Leonardo Tello nos dice que como consecuencia del derrame ocurrido el 19 de junio del 2010 en el Río Marañon y en septiembre en el Río Corrientes “miles de peces, delfines de río entre otras especies aparecieron muertas en las orilla de las playas de la cuenca del Samiria en el corazón de la Reserva Nacional Pacaya Samiria donde opera la Plus Petrol en el Lote 8X”.  Como de costumbre, el gobierno minimizó el incidente. El Ministro de Energía y Minas señaló que en diez días todo quedaría como antes.

Han pasado cuatro meses y el problema persiste. Por eso, el 24 de octubre, 5,000 pobladores de la cuenca del alto marañón (Distrito de Nauta) han bloqueado el río. Con esta medida de  fuerza buscan forzar el diálogo con las empresas petroleras y llamar la atención del gobierno sobre su situación. Piden, entre otros, alimentos y agua potable así como una indemnización por el deterioro de la vida en el río Marañón.

Los de la parroquia señalan que urge “un cambio en la legislación, las aguas de los ríos de la Amazonía están catalogadas como “uso industrial” para que los niveles de contaminación sean más altos”.

Como dice James Anaya, el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas “genera, recurrentemente, situaciones graves de desposesión, contaminación ambiental, desplazamiento forzoso y daños permanentes a la cultura, espiritualidad y conocimiento tradicional de los pueblos indígenas”.  Y agrega “las actividades empresariales en territorios indígenas son el detonante de serios conflictos sociales, que desencadenan círculos de violencia y, a su vez, nuevas violaciones de los derechos humanos (nn.28-29)”.

Por otro lado, la Ley de Consulta ha quedado relegada en el Congreso. Como se recordará la aprobó hace más de dos meses, pero el Ejecutivo en lugar de promulgarla, la observó y la devolvió al Congreso. Ya en agosto del 2010 la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló la importancia de que dicha ley sea aprobada señalando que” “Esa acción constituirá un aporte invalorable del Congreso de la República a la paz y un mensaje de su compromiso palpable e inequívoco con los pueblos indígenas del Perú”, y lo ha vuelto a reiterar este mes.

 

11. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Oportunidad para el desarrollo local
Por Econ. Eduardo Carhuaricra Meza – AMPE

Cerro de Pasco, 10.2010 | Las autoridades del gobierno local, regional y nacional NO deben evadir la responsabilidad de cofinanciar y ejecutar proyectos de tratamiento de aguas residuales de nuestras ciudades, a la par, el Congreso de la Republica debe atender las urgentes modificaciones normativas para su reuso considerando la estratégica alianza público privado (APP). En America Latina, el 84% del volumen total de aguas residuales se arrojan a ríos, lagunas y océanos; en el Perú solo el 35% de aguas residuales recolectadas en alcantarillados pasan por alguna forma de tratamiento, el otro 65% se descargan infectando playas y puntos vitales de nuestras aguas dulces.

Recientemente, las aguas servidas significaban una pesadilla para la gestión pública, hasta ahora muchos alcaldes simplemente desconocen o rehúyen el asunto, -peor aún- autoridades regionales sencillamente se desentienden de estos proyectos. Sin embargo, las condiciones están cambiando a favor, hoy se tiene una variedad de tecnología, menos perjuicio de la gente, altos ingresos del canon y la regalía minera, petrolera y gasífera.

Por ello, el tratamiento de aguas servidas y su reuso se ha convertido en oportunidad de desarrollo local y regional con mejoramiento ambiental, disminución de costos -en más del 30%- en riego de áreas verdes y generación de empleo en proyectos agropecuarios. En el Perú, del total de suelos con riego de aguas residuales tratadas, el 91% se utilizan en agricultura, lo que significa el uso de 3,950 has en cultivos de algodón, alfalfa, maíz, camote, caña de azúcar y hortalizas

Gracias al Curso Taller: Tratamiento y Uso de Aguas Residuales, organizado por IPES, SUNASS, Organización Panamericana de la Salud, Vice-Ministerio de Vivienda, Autoridad Nacional del Agua y otras instituciones, podemos señalar las siguientes experiencias exitosas:

En San Juan de Miraflores (Lima) se riegan 120 has de bosque de eucaliptos en medio del Parque Zonal “Huayna Cápac”. Es más, en años anteriores, se producía Tilapia traídos del Río Nilo-Egipto, en piscigrangas junto a las lagunas de estabilización.

Este proyecto de San Juan de Miraflores, en el año 2000, se trasladó al Complejo Biotecnológico del Parque Zonal “Huáscar” de Villa El Salvador, donde continua la crianza de peces y el riego campos recreativos y deportivos.

Riego de un importante tramo del acantilado “Costa Verde” de Lima, que ayuda a evitar deslizamientos de tierras y ganar áreas verdes hacia la playa.

Club de Golf La Planicie mantiene sus campos con riego de aguas tratadas mediante un reactor anaerobio y lagunas de estabilización y facultativas.

Experiencias específicas en provincias como en Tacna, además conquista de áreas verdes en cementerios privados, jardines y campos deportivos de Centros Educativos, entre otras experiencias loables de adecuar a nuestras localidades.

En una parte del Curso Taller los expositores analizaron el Caso de la ciudad de Cerro de Pasco, concluyendo que debe construirse la 2da. Etapa del Sistema de Agua Potable para que funcionen las Lagunas de Estabilización de Aguas Residuales de Chaupimarca (puestas entre Yurachuanca y Rancas), también se recomienda construir las Lagunas de Tratamiento de Aguas Residuales de Yanacancha al comienzo de la Cuenca del Río Tingo, y resolver con urgencia la separación y evacuación de aguas servidas para culminar la Recuperación de la Laguna de Patarcocha (ubicada en medio de la ciudad) con fines paisajísticos y recreativos.

Finalmente, como participante representando a la AMPE, se planteó la importancia de efectuar un Curso Taller similar pero dirigido a las nuevas autoridades del gobierno local y regional, así -con mayor sensibilidad y conocimiento- puedan adoptar compromisos realizables en el tratamiento y uso de aguas residuales de sus ciudades, propuesta muy oportuna en esta coyuntura de inicio de un nuevo periodo de gobierno.

Tomado de:
http://www.inicam.org.pe/2006/descargar/eventos/TRATAMIENTO%20DE%20AGUAS%20RESIDUALES.pdf?option=com_content&view=article&id=711&Itemid=80

12. DISTRITO DE PACHACÚTEC SE QUEDA SIN AGUA
Por Emerson Quispe Moreno
correoica@epensa.com.pe.

Hace más de una semana no cuentan con el líquido elemento en todo el distrito

Ica, 2.11.2010 (Correo Ica) | Pachacútec. La napa freática del valle ha disminuido de manera drástica y por ello los pobladores del distrito de Pachacútec hace más de una semana no cuentan con el líquido elemento.

Cada familia tiene que abastecerse trayendo agua del pozo ubicado en el distrito de Tate. Trascendió que los pozos que abastecen a todo el distrito de Pachacútec, se han secado por completo.

En el transcurso de la semana voy a tener una reunión de concejo y voy a declarar el distrito en estado de emergencia porque Pachacútec se queda sin agua. Aquí tiene que entrar a tallar el Gobierno Regional y el Gobierno Provincial. Las agro exportadoras son los que están acabando el recurso hídrico, finalizó el alcalde Ángel Palomino.

Pide ayuda. Ante este problema el alcalde solicitó una cisterna para poder llevar agua al distrito, y así lo está haciendo con el apoyo que está recibiendo de la municipalidad de Parcona, de la empresa Agrocasa y la comisión de regantes de Pachacútec.

A estos se ha sumado la empresa Catalina que está apoyando con el abastecimiento de agua a toda la población y ha comenzado por el cercado de este ayuntamiento.

El alcalde mencionó que esto se debe a que nadie ha hecho caso a los especialistas de geología, cuando dijeron que se está secando la napa freática y el valle de Ica, se está quedando sin agua. Si en un comienzo las autoridades hubieran tomado medidas de prevención, ahora no tendrían que pasar la escases del agua, comentó el alcalde.

Conforme se ve, Pachacútec podría ser uno de los primeros distritos de Ica en quedarse sin agua.

Ahora todo está en las manos de las autoridades competentes para que se pueda dar una solución a este gran problema.

Con lo que el alcalde esta abasteciendo no alcanza para todo el distrito, por mi zona aún no ha llegado la cisterna repartidora, manifestó una moradora.

También cuentan que traen el agua desde muy lejos (Tate), algunos tienen movilidad para poder traerla pero los que no la tienen cargan en carretillas, en bestias de carga y en el peor de los casos, a pie.

 

13. HACIA OTRA PERSPECTIVA JURÍDICA DEL AGUA
Por Ing. Miguel Valencia Mulkay. ECOMUNIDADES
Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México para la Revista Derecho Ambiental y Ecología de la Barra Mexicana Colegio de Abogados

¿Por qué la cuestión jurídica del agua despierta tantos debates en los últimos años, mientras que en todos los tiempos y en todas las latitudes, las diferentes sociedades organizadas se dotaron de muy buenas reglas en este sentido?  Dos órdenes de la realidad explican esta nueva preocupación: en primer término está el hecho de que los problemas del agua ya no se pueden arreglar estrictamente en el marco nacional de las sociedades organizadas y, por otra parte, el caso de que en ese nivel, más allá de los Estados Nacionales, son las reglas del mercado las que se imponen hoy en día.

Ante esta nueva realidad, como reacción al carácter dominante de la lógica económica que pretende en nombre de la “escasez” definir jurídicamente al agua como un bien económico, susceptible de apropiación e intercambio de acuerdo con las reglas del mercado, se han abierto dos nuevas perspectivas jurídicas: dotar al agua de un estatuto específico a escala mundial que garantice la integridad de la biodiversidad en la Tierra y la libertad de acceso al agua, por un lado, o recuperar la estructura profunda de la ley; recuperar la sensatez jurídica, destruida por la revolución sanitaria inglesa – del siglo XIX – y por la revolución higienista alemana – del siglo XVIII –  por otro lado; es decir: recuperar el nivel de interacción social en la cual las decisiones se toman en la escala local adecuada y no en distantes administraciones todopoderosas. Los defensores de ambas perspectivas enfrentan dificultades jurídicas parecidas.

En derecho internacional, el único estatuto aplicable al agua dulce, por el momento, es el de recurso natural, al que se aplican los principios de base del derecho internacional clásico: la libertad de intercambios y la soberanía de los Estados Nacionales. Estos principios tienen un objetivo preciso: la coexistencia pacífica de los Estados. Sin embargo, en nuestros días otros asuntos, aparte de la coexistencia pacífica, interpelan a la humanidad entera en lo que concierne al agua dulce: la contaminación de los ríos, lagos, lagunas y humedales, los grandes trasvases, los consumos excesivos de agua y la degradación universal de esta materia esencial para la vida en la Tierra. El hecho de que más de un millón y medio de seres humanos se encuentren excluidos del acceso al agua en el mundo, se ha convertido en un enorme desafío para la justicia en el mundo. El estatuto de recurso natural aplicado al agua, impide resolver los problemas que enfrenta la humanidad con relación al agua dulce, tanto en términos de su conservación, como en términos de su distribución.

En estos momentos, la ausencia de una calificación, de estatuto, y sobretodo de una jerarquía en los usos del agua, proporciona a la lógica económica su carácter dominante, pues es en este terreno en el que han sido definidos los recursos naturales. Mantener al agua bajo el simple estatuto de recurso natural nos conduce directamente a la creación de las bolsas o mercados del agua, tal y como existen para el petróleo o los productos mineros. La construcción de un estatuto mundial del agua deberá considerar la naturaleza vital e insustituible del agua, ya que sin una regulación internacional estructurada y coherente la hipótesis del Mercado se impondrá inevitablemente.

Si la conservación y la redistribución que garantice el acceso universal al agua son los objetivos que se persiguen a escala internacional, es necesario pensar en un estatuto que a la vez impida la apropiación, proteja contra la degradación y el despilfarro y permita la redistribución.

Bien común, bien público, patrimonio común, res pública; sentido y consecuencias de los conceptos utilizados

“Dos concepciones de bienes públicos mundiales se oponen, que nos conducen a dos mundos diferentes:  el del  mercado  y el del patrimonio común universal”
J. Gabas y P- Hugon, 2001

El agua dulce y el ciclo hidrológico confrontan las normas fundamentales más evidentes: supervivencia de la especie humana y más ampliamente, la de la biosfera, por un lado, en tanto tratamos con uno de los ciclos reguladores vitales, y el respeto a las libertades humanas, por otro lado, ya que el acceso al agua es esencial para una vida con dignidad.

Si el estatuto de recurso natural impide encontrar una respuesta adecuada, el derecho internacional no tiene por el momento gran cosa que ofrecer.  Conceptos tales como bien común o bien público, cuyo sentido y significado varía según las culturas, las tradiciones jurídicas, las disciplinas, no existen realmente en el derecho internacional; tienen un sentido muy preciso sólo según el contexto en el que se aplican.  De acuerdo con E. Le Roy, 2001, Las expresiones “bienes comunes” o “bienes públicos” carecen de sentido debido a la definición dada a la palabra “bien” por los juristas (….) Han impuesto la distinción siguiente entre “cosa” y “ bien”: una cosa no se convierte en un “bien” si no reúne dos condiciones: tener un valor pecuniario y ser susceptible de apropiación, en el sentido de alienación (…) El término de “bienes públicos” es por lo tanto inadecuado si se trata de reaccionar a la invasión de la lógica del mercado (…) En su acepción jurídica ordinaria, la noción de “bien” implica la mercantilización”. En singular, el bien, particularmente el bien común, muy señalado por la tradición cristiana en el nombramiento  de las finalidades de las comunidades desde el punto de vista moral, que puede servir de justificativo a casi todas las ideologías. Tiene una cierta equivalencia con otra palabra que pretende tomar distancia de la moral, pero persigue los mismos fines: interés, común, colectivo, pero no está exento de ambigüedades.

El calificativo aplicado al sustantivo “bien” da lugar a interpretaciones múltiples: ¿común o público? El sentido y la cobertura varían según se sitúe en el plan económico o político. En el pensamiento económico los términos común o público tienen un significado específico; este último designa aquellos bienes cuyo uso por unos ciudadanos no limita el uso de otros, situación de no-rivalidad y de no-exclusión, mientras que el calificativo de común se aplica generalmente a los bienes que tienen la característica principal de los bienes económicos, es decir: la escasez. En el plan político, la calificación de público, más que la de común o colectivo, presupone la definición política en un espacio público, de esas cosas o de ese bien-finalidad; espacio público donde la palabra “publico” designa al mundo en lo que nos es común a todos y se distingue del lugar que poseemos individualmente (…) para vivir juntos en el mundo” (H. Arendt, 1988)

Existe en la tradición anglosajona el término de público que califica el trust, destinado a sobrepasar a la propiedad y a designar un guardian, para un en-común universal, inalienable aún para el Estado, incluso si históricamente este universal estaba restringido a la comunidad nacional. Se pueden observar las dificultades que existen al utilizar conceptos o estatutos  ya existentes para conseguir nuestros objetivos y se pueden también analizar otros. Así, de la identificación de un interés publico universal se podría deducir el patrimonio público universal, donde el patrimonio conserva la idea esencial de la transmisión, en tanto que patrimonio-fin;  donde lo universal, que no admite la exclusión, pueda ser reivindicado por cualquier ser humano, más allá de la dificultad de representar la humanidad, y dónde lo público contiene mas claramente la idea de una determinación política legitima.

Es posible concebir al agua dulce como una res pública, ya que el término latino de res – cosas – excluye la apropiación: “Las cosas de las cuales uno se puede apropiar son los  bienes”, y que en este concepto antiguo, la legitimidad política toma toda su dimensión.

En todos los casos, sin embargo, la idea central de esta nueva perspectiva frente a la lógica del mercado, permanece la de dotar al agua de un estatuto jurídico mundial que la sacralice, en el sentido que la excluya y la proteja de la libertad contractual: “Así  el derecho sacraliza a la persona humana cuando proclama su indisponibilidad, o el medio ambiente, cuando lo sustrae de las leyes del mercado” (N. Rouland, 1991)

Los defensores de esta nueva perspectiva para el agua dulce ( Foro Alternativo Mundial del Agua, Taller No. 2, L’Eau Chose Public, Ginebra , Suiza, marzo de 2005) fundamentan la reivindicación de un estatuto específico para el agua en el plano internacional, en los cinco principios que retoman en lo esencial los que describe Ricardo Petrella en su presentación sobre “el derecho al agua para todos” ante el parlamento belga en octubre de 2004:

  1. El agua es un elemento irremplazable y esencial para la vida. Esta primera característica confiere al bien público una dimensión sagrada, en franco contraste con la tendencia actual a reducir todo a mercancías. En todas las culturas del mundo, el agua ha sido reconocida como sagrada e identificada como fuente de la vida, y como la vida misma.
  2. Un bien público implica responsabilidad colectiva. Ya que es esencial e irremplazable, únicamente los poderes públicos pueden ser responsables en un contexto de solidaridad. Una sociedad es solidaria mientras está compuesta por ciudadanos responsables frente a la vida de los demás, del conjunto de la sociedad y de las generaciones futuras.
  3. La existencia de un bien común traduce la presencia de una autoridad pública, de un poder público legítimo que funda el poder jurídico, legal. Después de la Revolución Francesa la legitimidad de la autoridad política se deriva del pueblo. De esta forma, la res publica ha sido crecientemente asociada a la soberanía nacional, expresándose en la propiedad, la gestión y el control del bien público. La idea de la soberanía del pueblo ( de la nación) se ha enriquecido progresivamente por la de democracia, por lo cual el pueblo ejerce su poder de manera directa y/o representativa, y por la de los derechos humanos.
  4. La integración de los tres regimenes de propiedad, de gestión, y de control bajo la responsabilidad de los poderes públicos es lógica e inevitable para que la autoridad y la soberanía popular  puedan ser ejercidas efectivamente.
  5. Un bien público se somete a las reglas de la democracia, al menos en las sociedades que se definen como tales. La democracia no se aplica a los bienes privados y mercantiles. El mercado es extraño a la democracia, como lo es a los derechos que,  para él, no existen.

Otra perspectiva jurídica del agua
La formidable amenaza que significa la lógica económica para la conservación del agua y el libre acceso al agua limpia nos obliga, sin embargo, a buscar fundamentos jurídicos a mayor profundidad con el fin de encontrar una perspectiva jurídica verdaderamente alternativa.

De acuerdo con Ivan Illich, Jean Robert nos propone: Reescalar las políticas del agua. Volver a las fuentes de la comunalidad (commonality). Recuperar la “estructura profunda de la ley” ( Water is a commons, Chap.. 4) Al sustituir a la resolución comunitaria de posibles conflictos ligados al agua por una administración distante, la “revolución sanitaria”( del Siglo XIX) estableció las bases para la pérdida de la estructura profunda de la ley que caracteriza a las legislaciones modernas, prescriptivas.  …. Los proyectos del agua deben estar dirigidos a la recuperación de la “estructura profunda de la ley”, esto significa, el nivel de interacción social en el cual la gente, al “llegar a acuerdos” en asuntos concretos centrales, crean los lazos que mantienen unidas a las comunidades. Entre tales asuntos centrales, el agua es primordial.

En su libro Water is a commons, Jean Robert nos informa que Gianozzo Pucci ha escrito en Florencia un texto titulado Acqua risorsa o gratuita meraviglia que resume en pocas páginas mucho de esta perspectiva jurídica alternativa; extraemos una parte de su relato:

Ni público ni privado: común
…e
n una época en la que el dominio publico se ha rendido a la privatización¿ qué significado puede tener la frase “el agua es pública?¿ qué significado puede tener para los sabios de mi pueblo?(… Tan lejos como pueden llegar las memorias, el derecho del caminante a beber de los manantiales que eran potables naturalmente ha sido reconocido por todos los pueblos, aun los más bárbaros. Este derecho está basado en los supremos valores de las sociedades preindustriales, como:

  • libertad igual a todos los seres humanos, que requiere que el agua sea libre, pues los ricos de acuerdo con su sed no pueden beber más que los pobres.
  • la fundamental gratuidad que es- en tanto que cada uno de nosotros nació gratuitamente-el principio en torno al cual está fundada la naturaleza.

El retiro del uso libre de  toda el agua de la colina de mi pueblo fue resentida por todos los viejos habitantes de mi pueblo como un intolerable ataque a sus costumbres, un robo, una nueva calamidad, una ofensa a su solidaridad, un caso de mal de ojo.

Tal vez tres cosas puedan ayudarnos a resolver estas preguntas:

  • un breve análisis de la relación entre lo publico y lo privado en los últimos siglos;
  • una definición de los conceptos “recurso” y “contaminación” en las sociedades industriales avanzadas;
  • una clarificación de la naturaleza jurídica, física y social del agua

El genocidio de la gratuidad
Lo “
público” y lo “privado” son dos mitades que resultan de la partición del viejo derecho a la posesión comunitaria de los elementos naturales que se estima son necesarios para la subsistencia. La tradicional ley de los comunes garantizaba el acceso a estos elementos, a los más pobres y a los más débiles, y al hacer esto se protegían a estos elementos, lo que en esencia consistía en el libre acceso a estos elementos. Tradicionalmente, tomar en cuenta la libertad de acceso de los más débiles  a los elementos comunes, implica también el cuidado gratuito  del medio ambiente. Por esta razón creo que el discurso ambientalista no tiene ningún futuro, si no parte de nuevo de este concepto:

  • al ligar el cuidado de la Naturaleza con la libertad de  acceso a las fuentes de la subsistencia de los pobres,
  • al redescubrir los “ commons” y establecer una política para su recuperación.

Cuando los “commons” se polarizan en dos mitades, creando lo público y lo privado, las acciones inspiradas por uno u otro polo son igualmente destructivas para los derechos comunitarios, y como no existe buena vigilancia de sus localidades, también para la Naturaleza misma. Existen periodos en los cuales el dominio público parece triunfar y todo se nacionaliza a un enorme costo para las localidades. Luego, vienen los tiempos en los que, por reacción, todas las soluciones parecen estar en la esfera de lo privado, como ha sucedido en los últimos años. Pero en lo que concierne al agua que fluye libremente por el territorio, ambas modalidades tienden a causar un grave daño a la relación social y a los elementos naturales. El abuso privado del agua acarrea el confinamiento de los manantiales, la contaminación y la erosión de las pendientes de las montañas y la perforación indiscriminada de pozos a creciente profundidad. El publico da testimonio de esta degradación con indiferencia, negándose a recurrir a los instrumentos a la mano para la defensa de los valores originales y los derechos de los más débiles, los que naturalmente respondían a los valores ligados al medio ambiente y a las raíces profundas de la solidaridad.

Los abusos del poder público contra las poblaciones locales han tenido igualmente efectos desastrosos. Afirmar que el agua es pública equivale en los hechos a dar poder sobre nuestra agua a una persona en la capital del país, lo que significa alguien muy lejano, mucho más dispuesto a llegar a acuerdos con los poderes fácticos y a ignorar a los más humildes del territorio involucrado.  La guerra que se ha librado  contra los mundos indígenas y campesinos de Europa tuvo y aún tiene características de genocidio cultural y biológico que ha eliminado  grupos étnicos enteros, pero, también, una inmensa variedad de plantas, animales y tipologías de elementos naturales ( cuando un manantial o un bosque se contaminan, para los que viven cerca de ellos, equivale a la desaparición del pan y los frutos).

Existe una connivencia fundamental entre la esfera del dominio público y la del privado: aunque se pelean entre ellos por la cuestión de “quién es el jefe” , ambos están de acuerdo en quitarle la tierra a la gente de humilde condición. Tal parece como si una asociación de abogados profesionales trabajaran mundialmente para eliminar sistemáticamente los legados legales de la Cristiandad, del Islam, de los Vedas y de otras grandes tradiciones que fundaron la ley sobre los derechos de los pobres… Eliminar la gratuidad del agua naturalmente potable constituye un nuevo capítulo de la eliminación de las condiciones esenciales para que la mansedumbre sea una virtud.

Del agua como un commons al agua com un recurso: el advenimiento de la contaminación industrial
Cuando la gente experimenta el agua como un commons, la consideran un elemento que tiene sus propios límites. Muy necesaria para la subsistencia, sin embargo,  no se le considera, aunque sea limitada, como escasa en el sentido económico estricto. La abolición del agua como un commons inaugura una nuevo orden ecológico. No solo se transfiere todo el control a estructuras burocráticas  y proceso mentales abstractos , también se concreta un cambio radical  en la actitud de los seres humanos frente a la Naturaleza. El agua pierde su naturaleza, su sabor.  El agua,  que era un regalo de la Naturaleza, se convierte en H2O…

La transformación del agua comunitaria en un recurso para las actividades productivas es la forma más radical de degradación ambiental y el origen material de la contaminación y de la proliferación de la escasez del agua naturalmente potable, lo que constituye la verdadera miseria hídrica del hombre contemporáneo.

La protección de la naturaleza física y jurídica del agua como un deber público hacia los humildes y el Medio Ambiente
En la Naturaleza, las características cualitativas y cuantitativas del agua están asociadas a un lugar concreto: es la cantidad y la calidad que existe en ese lugar como en ningún otro la que debe definir los derechos de sus habitantes. Poner esta situación en sentido contrario no puede sino iniciar un círculo de escasez que nunca se cierra… Los diversos habitantes de la Tierra tienen derechos de agua diferentes de acuerdo con su lugar de residencia… Los verdaderos derechos del agua de aquellos cuyas tradiciones dan acceso a fuentes deben considerar la adaptación fisiológica… lo que la legislación puede considerar como no potable, puede ser potable para ellos y mejor que el agua tratada por medios tecnocráticos.

El agua tiene por la tanto la naturaleza jurídica de un derecho civil o… de una libertad cívica de acceso. Los derechos cívicos de esta clase no pertenecen ni a los partidos del estado, ni a los privados. Por el contrario, son parte de los derechos de posesión de cualquier comunidad de residentes de una misma cuenca. Los derechos del agua son por lo mismo los derechos específicos de” los que comparten la misma agua”. Mientras más se respeta el agua, más los residentes se sienten dispuestos a limitar sus necesidades, de acuerdo con las calidades y cantidades locales.

Las condiciones de un bien cívico –esto es: aquello que la comunidad considera bueno- es consubstancial…. con las leyes físicas del agua: el agua es la única sustancia  que en su ciclo  continuamente pasa a los estados liquido, sólido y gaseoso. En cada cuenca existe una expresión de que en su conjunto el agua siempre tiene una cantidad finita; lo único que el ser humano puede hacer es variar la intensidad o “velocidad” de su auto depuración.

Política del agua
A la luz de esta consideraciones es posible reconocer ciertas guías para el mejor uso del agua:

  • Aumentar la capacidad y la intensidad de la auto depuración natural del agua
  • Proteger la gratuidad de los usos legítimos y tradicionales del agua, extendiéndolos a usos de poco peso económico, pero de gran significado cultural y energético
  • Reconfirmar los derechos de posesión de las comunidades de residentes y ribereños sobre las fuentes de agua y demandar al estado y a los poderes locales que sean un escudo  y una garantía de estos derechos.
  • Fiscalizar de una manera conspicua y con tarifas progresivas, a todos los grandes consumidores de agua, sean públicos o privados, de manera que el despilfarro se vuelva muy costoso para el despilfarrador.
  • Reconstruir en cada cuenca la matriz de auto depuración, evitando la separación de la gestión del agua que se paga de los demás elementos esenciales para el ciclo: bosques, pendientes de montañas, parteaguas, redes hidrográficas, etc
  • Fijar para cada cuenca un techo máximo, es decir: racionar el agua de acuerdo con la capacidad local de autodepuración del agua y el uso correcto de las pendientes de las montañas y los pozos.
  • Promover formas de tecnologías de depuración que involucran a la gente y las hacen responsables, al mejorar su cultura hídrica.
  • Finalmente, pero no menos importante, dejar correr grandes cantidades de agua sin tuberías por el territorio.

Este es el recuento de Pucci que nos abre otra perspectiva jurídica del agua: recuperar la estructura profunda de la ley; recuperar la sensatez jurídica. Es urgente salir de la trampa Estado-Mercado.

La crisis hídrica que padecen un número creciente de países, producto directo del aumento en el uso de excusados ingleses, lavados a presión, bombas, tuberías y drenajes de gran diámetro; producto de la aplicación de los conceptos de Estado y Mercado, obliga a repensar las premisas jurídicas en las que se fundó el mundo moderno, si es que queremos que la especie humana tenga un futuro. La política y la legislación nacieron con los problemas del agua.

Tomado de:
http://red-ecomunidades.blogspot.com/2009/03/hacia-otra-perspectiva-juridica-del.html

 

14. PAÍSES DEL ALBA DEFIENDEN EN BOLIVIA DERECHOS DE MADRE TIERRA
P
or Mario Hubert Garrido

La Paz, 3.11.2010 (Prensa Latina) | Países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) abogarán desde hoy en Bolivia por una postura común sobre la vigencia de los derechos de la Madre Tierra.

De acuerdo con la ministra boliviana de Medio Ambiente y Agua, María Esther Udaeta, ese será el propósito hasta el próximo viernes de un foro que se desarrollará en la ciudad de La Paz.

En el encuentro, agregó, también valoraremos la posición del ALBA de cara a la Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático a celebrarse a finales de este año en el balneario mexicano de Cancún

La cita en la sede del Ejecutivo boliviano, agregó, permitirá además crear un Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza.

Udaeta precisó que el Comité debe elaborar una agenda que incluya acciones conjuntas para identificar tareas y proyectos que consideren la gestión ambiental dentro de las políticas públicas e impulsar nuevos paradigmas de desarrollo alternativo en armonía con la naturaleza.

Asimismo consideró que el Comité debe reconocer la diversidad de todos los pueblos indígenas como una riqueza y fortaleza y garantizar sus derechos y revalorizar los sistemas y tecnologías agrícolas ancestrales.

La reunión en La Paz se realiza por mandato de las reuniones Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA que se desarrollaron en Cochabamba y La Habana en octubre y diciembre de 2009, respectivamente.

Adelantó además que en la constitución del futuro Comité Ministerial participarán los ministros de Medio Ambiente de Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

De acuerdo con un informe de la cartera de Medio Ambiente, la propuesta boliviana para la constitución del Comité reconoce la existencia de recursos comunes (atmósfera, agua, biodiversidad, conocimientos, y sabiduría, entre otros) y servicios básicos en la Madre Tierra, los cuales deben ser respetados, gestionados y manejados en beneficio equitativo de la sociedad y no como mercancía.

Agregó que el Comité Ministerial trabajará bajo la tuición del Consejo Político del ALBA y con objetivos concretos.

Muchas de las propuestas que se valorarán en este encuentro del ALBA responden a las conclusiones de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, celebrada en Cochabamba (centro) en abril de este año.

En aquella cita, los originarios acordaron la necesidad de un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y el rechazo a los acuerdos de la Cumbre de Naciones Unidas, celebrada en Copenhague en 2009.

También ratificaron su apoyo a la idea de estabilizar en un grado centígrado el incremento de la temperatura en el orbe y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

Demandaron además a los países ricos la entrega del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para atender los daños ocasionados a la naturaleza, además de la celebración de un referendo mundial para revertir el calentamiento global.

mv/ga

Tomado de:
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=234576&Itemid=1

 

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