El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

Carta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana al BM, FCPT, TAP, MINAM y entidades vinculadas al proceso REDD noviembre 11, 2010

Lima, 30.10.2010

Señores
Banco Mundial, Fondo Cooperativo para el carbono en los bosques (FCPF), Panel Técnico Asesor (TAP), Ministerio del Ambiente (MINAM) y entidades vinculadas al proceso REDD

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra disconformidad, opinión y propuestas sobre el proceso REDD en el Perú, el informe preparatoria sobre REDD (RPP) 2da. versión del MINAM (RPP2), y el informe de evaluación del mismo (TAP),
indicando entre paréntesis las secciones específicas en cada documento.

1. En el Perú, hay grandes diferencias entre la retórica del Estado y sus acciones concretas en relación a los pueblos indígenas. Se juega con las “apariencias” de haber ratificado el Convenio 169-OIT (TAP, 2.d), la preparación de una “ley de consulta previa”, “que incorpore la cosmovisión indígena” (RPP2: pp.9,29,33,71) y otra de ley forestal “progresiva” ; el rol del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) (TAP, 1.a) y los “importantes” resultados de las cuatro mesas de diálogo (RPP2, p.30).

Pero la realidad es muy distinta: el Estado no quiere cumplir el convenio 169-OIT; avala la invasión de la Amazonía por petroleras (50 millones de hectáreas), mineras (20 millones de hectáreas) y madereras (18 millones de hectáreas) y su agresión a los bosques y nuestros pueblos; la ley de consulta previa está bloqueada, luego de aprobarse un texto el 19.05.10 por el congreso nacional (y que tuvo respaldo indígena), se negaron a promulgarla y le han hecho recortes que desnaturalizan la propia consulta (solo sobre afectaciones directas no las indirectas; para áreas en propiedad, donde no entran los bosques y otras mediatizaciones); el proyecto de ley forestal se dedica a dar más beneficios a las grandes concesiones madereras y margina el manejo indígena de bosques; la única entidad estatal para asuntos indígenas, el INDEPA, ha sido desaparecida y diluida en un genérico “Ministerio de Cultura”; y los resultados de las mesas de diálogo (RPP2, p. 30), no fueron siquiera suscritos ni recibidos ni respetadospor el propio gobierno.

Todo esto es continuidad del enfoque del “Perro del Hortelano” (28.10.2007) firmado por el Presidente de la República, en el cual los pueblos indígenas resultamos como “pobres improductivos, ociosos, demagogos y parte del pasado nunca del futuro”, y del cual no hay autocrítica alguna, y que ha provocado una denuncia de “racismo estatal institucionalizado” ante la Comisión para la Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU.

Lamentamos que el RPP2 siga ese juego de apariencias y que el TAP no se haya dado cuenta plenamente de estos engaños, aunque los intuye cuando el TAP reclama más información sobre temas críticos que no por casualidad se eludieron en el RPP2: posibles “inconsistencias sectoriales” (2.b,iv) y el rol de los Ministerios de, Economía y Energía y Minas (1.a) que son los más depredadores, porque impulsan el aluvión de proyectos energéticos y extractivistas; el reclamo de “falta la participación de AIDESEP en los acuerdos REDD” (1.a); más “información del rol de COFOPRI” (1.a) sobre el cual el RPP2 confunde al decir que está “a cargo del saneamiento territorial indígena” (RPP2, p.20), cuando en realidad, es una entidad rechazada por intentar dividir y fraccionar los títulos comunitarios y por su corrupción interna; y al pedir más detalles de la “ley de consulta ” (1.b) que como vimos es en realidad de “anti” consulta y que
viola el convenio 169-OIT.

2. Ninguna política ni proyectos REDD o sobre bosques o servicios ambientales, es viable en el Perú ni tendrá estabilidad o sostenibilidad social, si no se soluciona ANTES la grave deuda social que el estado tiene para el saneamiento territorial de los pueblos indígenas. El TAP se equivoca (1.b) al decir “que es difícil” atender esto, y que se trata de diversas “visiones”. Ni lo uno ni lo otro. Son obligaciones estatales y son fáciles de atender si hubiera voluntad política; y por lo cual, haremos demandas judiciales (incluyendo la Corte Interamericana Derechos Humanos de la OEA) ya que es inadmisible y jamás aceptaremos que se superpongan proyectos e inversiones (REDD, forestales, servicios ambientales) encima de las áreas ocupadas o solicitadas por los pueblos indígenas y que abarcan más de ocho millones de hectáreas y que incluyen a: centenares de comunidades “posesionarias” e invisibilizadas; 347 comunidades reconocidas pero no tituladas; ocho reservas comunales (áreas protegidas bajo administración de comunidades) por 3’822,425.67 de hectáreas : Napo Curaray, Tigre Corrientes, Chambira, Inuya-Tahuania, Tamaya Caco, Yurúa, Huimeki, Aido Pai; y cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento : Napo Tigre, Yavari Mirim, Tapiche Blanco Yaquerana, Sierra del Divisor Occidental, Cacataibo, por 3’971,569.18
de hectáreas; todas ellas con estudios culminados y que el Estado (SERNANP, MINAM, MINAG) se niega a solucionar.

Por eso es que en el principal programa del RPP2 “de conservación de bosques” (RPP2, p.59) NO FIGURA el saneamiento anteriormente señalado, pero si darle a las concesiones madereras (varias de ellas con prácticas depredadoras) 10 176. 973,79 de hectáreas adicionales a los 7 849.321,12 has. que ya tienen. El Informe TAP se acerca a descubrir este grave problema, al pedir aclaraciones sobre los 17,2 millones de hectáreas de bosques “no catalogados” y la posibilidad de “superposiciones” (2.a)

3. AIDESEP ha participado en los debates preparatorios del RPP2, diciendo todo lo anterior, y sin embargo, no se ha recogido en el informe RPP2, salvo de modo marginal, y además las organizaciones indígenas/campesinas andinas no han sido siquiera convocadas; con lo cual, se convierte en una participación indígena también retórica, para seguir el juego de apariencias, pero sin voluntad política real de tomar seriamente en cuenta nuestras propuestas sobre REDD, las cuales volvemos a resumir y que el
Estado sigue sin escuchar:

a) Los GEI deben reducirse drásticamente y respetando el protocolo de Kyoto, y es inmoral que el REDD sirva para eludir, esconder o proteger, esta agresión a todas las formas de vida en el planeta, de la cual el Perú será el tercer país más destruido; mientras el Estado “fomenta” los REDD a cargo de multinacionales petroleras que seguirán contaminando (RPP2, p.62)

b) REDD no debe servir para fomentar plantaciones de monocultivos, ni más concesiones madereras, ni más áreas (mal) “protegidas”, reduciendo los territorios de los pueblos indígenas

c) En todas las políticas, proyectos y contratos REDD debe colocarse al Convenio 169- OIT y Declaración ONU de derechos indígenas, como base jurídica predominante y no el de los beneficios a la inversión.

d) No es viable ninguna forma de REDD sin solucionar la condición previa del saneamiento territorial pendiente del Estado sobre comunidades “posesionarias”, ampliaciones y reservas comunales y territoriales. En el RPP2 se presenta un presupuesto para el “Readiness” por $ 9’635,190 (p.15) pero no hay un centavo para este problema territorial, a pesar de reconocerlo como un “aspecto crítico” (p.75) y parte de “agenda indígena pendiente” (p.155)

e) Cooperación para una visión holística de los bosques, que valore no solo la captura de carbono, sino la integralidad de los servicios ecosistémicos (biodiversidad, agua, suelos, clima, paisaje) sin el manipuleo de los “mercados financieros” y reconociendo que los bosques que llegan vivos al siglo 21 es por la gestión territorial indígena.

f) La relación entre entidades financieras y pueblos indígenas debe ser directa, sin intermediarios, equitativa, transparente, respetuosa de los derechos indígenas, y evitando toda forma de divisionismo y clientelismo Los enfoques actuales del REDD en el Perú no ofrecen garantías para los derechos y propuestas indígenas señaladas, e incluso violan, no solo el Convenio 169, arts. 6 (consulta previa), 7 (estrategias propias de desarrollo), 14 (garantizar propiedad de tierras ocupadas, sino la propia Política Operacional (OP) 4.10 del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas, en especial los ítems 2.c (participación en decisiones), 8.a (asegurar reconocimiento de tierras indígenas) y 11 (aprobación de instrumentos sobre demandas indígenas).

Por ello, el informe TAP debe corregir su impresión de que en Perú: “los indígenas fueron consultados y sus preocupaciones clave han sido recogidas” (resumen); y que el “desarrollo del REDD les resulta atractivo” (1.b), sino todo lo contrario, nos genera malestar, desconfianza y rechazo a ese juego de “apariencias” con los pueblos indígenas, y querer usarlos hasta que ingresen los fondos REDD, para ser nuevamente excluidos del “marco institucional REDD” propuesto (RPP2, p.103) y en el Órgano de Coordinación de Bosques y REDD- OCBR (RPP,p.25),

El MINAM sigue sin responder a nuestros cuestionamientos de fondo, y desvía la atención diciendo que AIDESEP ha cuestionado una versión anterior del RPP2, la del 10.09.10 y no la del 13.09.10. Una vez más, juegos burocráticos, porque la funcionaria a cargo informó que el texto del 10 de setiembre era el final (ver correo del 7 Sep 2010 16:37: 01-0500, Subject: Segundo Borrador R-PP, de egomezrivero@gmail.com), y al final, ambos textos difieren solo en la forma y cifras presupuestales, pero mantienen los mismos enfoques que seguiremos cuestionando.

4. Finalmente, por todo lo expuesto, AIDESEP con la legitimidad de articular 63 organizaciones locales amazónicas que asocian 1350 comunidades indígenas con títulos de propiedad sobre 10’731,014.89 de hectáreas; alcanzamos las siguientes propuestas a las entidades que se indican:

Al equipo evaluador TAP, FCPF, Banco Mundial:
Modificar el informe TAP en las secciones que hemos observado y mantener sus recomendaciones sobre resolución de conflictos y participación indígena en monitoreo (1.b), superposiciones de tierras (2.a), inconsistencias con políticas sectoriales (2.b,iv), solución de conflictos socio ambientales (2.d) , participación indígena en sistema de control (4.b). Exigir transparencia en la información sobre la invasión minera (proyectos por $41,000 millones), petrolera, maderera, represas (proyectos por $16,000 millones), carreteras, agrocombustibles, y sus impactos ambientales y sociales, que desestabilizarán cualquier estrategia REDD. Condicionar la continuidad del proceso REDD en Perú a la promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, con respaldo indígena (ya dado a la ley aprobada por el congreso nacional el 19.05.10); el saneamiento territorial indígena pendiente y que esta cuestión deje de ser excluida (RPP2, p.37) y se incluya su solución en detalle en el RPP final; que las alternativas indígenas sobre el REDD-Perú sean discutidas detalladamente en las nuevas versiones del RPP; y al establecimiento de una institucionalidad estatal sobre pueblos indígenas (hoy desaparecida) que sea autónoma, transectorial y bajo conducción indígena. Plena aplicación de la OP 4.10 del Banco Mundial en el RPP-Perú y por tanto solución a las demandas, condiciones previas y alternativas de AIDESEP en salvaguarda de los derechos indígenas.

A las entidades vinculadas al proceso REDD en Perú:
Tomar nota de que no habrá viabilidad ni sostenibilidad a ninguna inversión REDD en Perú sin saneamiento territorial previo y ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Considerando las incertidumbres y rechazos a un REDD con mercado de carbono y con conflictos indígenas, avanzar en construir una alternativa de cooperación con visión holística, no mercantil, de los bosques y de pleno respeto a los derechos, culturas y organizaciones indígenas. Si el actual REDD no es posible ser reorientado, será inviable y habrá que construir otras formas de cooperación y alianzas para garantizar la continuidad de todas las formas de vida.

Quedamos a la espera de las respuestas del TAP, FCPF, Banco Mundial, y de las entidades vinculadas al proceso REDD en Perú a las cuales se entregue la presente

Daysi Zapata Fasabi
Vice Presidenta de AIDESEP
Tf. 51-1-4717118, fax 51-1-4724605, aidesep@aidesep.net.pe , http://www.aidesep.org.pe

Tomado de:
http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/11/PERU-AIDESEP-W-BM.pdf
Fecha de publicación en El E-cochaski:
Jueves 11 de noviembre de 2010

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