El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

ALEGRÍA, Julio | Proyecto Conga: nueva voz de alerta diciembre 21, 2011

20.12.2011. (Ing. Julio Alegría Galarreta. Autor personal) | Los antecedentes, lamentables hechos y la preocupante perspectiva del proyecto Conga ponen en evidencia una problemática que la sociedad peruana y sus gobernantes deben encarar ya.

Hace 20 años el gobierno de Alberto Fujimori decidió implementar política de promoción de la inversión minera, dando un matiz y énfasis especial a modelo macro-económico primario – exportador que ha caracterizado al Perú. A consecuencia, se incrementó la recaudación del fisco por la minería y el valor de las exportaciones mineras se ha multiplicado. Si pues, pero, ¿a qué costo?

En el afán de pavimentar el camino al objetivo de incrementar la explotación minera, se diseñó e implementó un marco legal. Así, los proyectos mineros son “de interés nacional”. El Ministerio de Energía y Minas es juez y parte en el proceso de evaluación y aprobación de los estudios ambientales. La empresa minera interesada es quien contrata y paga dichos estudios. Las audiencias públicas previas a la aprobación del proyecto como actos meramente protocolares, intrascendentes e incluso manipulados. Esto ha ocasionado que los estudios ambientales aprobados sean sesgados y de pobre calidad.

Se implementaron también las siguientes políticas utilitarias al objetivo de impulsar la inversión privada en la minería: Mantener un débil sistema de monitoreo, control, supervisión y fiscalización de la actividad minera y de la calidad ambiental del agua. Prescindir del ordenamiento territorial como herramientas de planificación del uso y ocupación del territorio, para el aprovechamiento sostenible de las potencialidades de los recursos naturales y la conservación del ambiente y los ecosistemas. Dejar de lado la investigación en uso sostenible de recursos naturales, problemas y riesgos ambientales, conservación de los ecosistemas, oferta hídrica de las cuencas. Finalmente, coadyuva también con eficacia al precitado objetivo la falta de articulación, el vacío o superposición de funciones y los procedimientos burocráticos que caracterizan el accionar del Estado.

Alineado al objetivo, se han venido otorgando concesiones mineras casi indiscriminadamente. En efecto, el área entregada por el Estado para la explotación minera ha crecido más de 20 veces en los últimos 20 años. Así, se ha concesionado áreas que corresponden a cementerios, áreas de conservación, sitios arqueológicos, hasta plazas de armas de ciudades al interior del país. A noviembre de 2011, 25 millones de ha. del Perú están concesionadas para la minería. Normalmente los últimos en enterarse son la población in situ y las autoridades locales.

Sucede que los yacimientos mineros y de hidrocarburos se encuentran casi en su totalidad en tierras y territorios ocupados milenariamente por comunidades campesinas y nativas, herederas de culturas ancestrales. La población local practica una economía de subsistencia, se encuentran en situación de pobreza, siendo zonas donde la presencia e intervención del Estado no solo es poca significativa sino perjudicial para los intereses de esos peruanos.

La implementación de este marco de políticas ha sido eficaz en el logro de sus objetivos. Pero lamentablemente ha generado un conjunto de problemas sociales, culturales, socio-económicos y ambientales. De la gama solo mencionar dos: i) concentración de los recursos tierra y agua, de comunidades campesinas y de pequeños agricultores a la empresa minera; ii) degradación ambiental y afectación ecológica provocada por la intervención minera, desde la exploración; perjuicio económico a la actividad agrícola, pecuaria y piscícola, los que “no se pueden” probar y menos aun resarcir.

Para colmo de males, el uso que los gobiernos hacen de los recursos provenientes de la tributación minera no es muchas veces adecuado ni eficaz en términos de contribuir al desarrollo humano y sostenible de dichas localidades. Proyectos sesgados a la infraestructura, no prioritarias, costosas, mal focalizadas, programas asistencialistas, incapacidad de ejecución presupuestal. Y el broche de oro: incapacidad y falta de voluntad política para controlar la lacra de la corrupción, que campea impune y llena de frustración a las poblaciones necesitadas.

Las políticas han generado problemas y los problemas se revelan en conflictos. En estos 20 años los conflictos socio-ambientales han venido aumentando, y dentro de éstos los conflictos mineros ocupan el primer lugar en los reportes de la Defensoría del Pueblo. Los conflictos socio-ambientales son el mecanismo de defensa y la única alternativa que tienen las comunidades y población local ante un Estado que nos los escucha y no respalda sus derechos. Son expresiones sintomáticas de problemas incubados, acrecentados, y obviamente no resueltos. Son la evidencia de una problemática estructural producida o exacerbada por la política de promoción a la inversión privada. No ocurren por ignorancia ni por manipulación; estos dos factores puedan avivar el conflicto pero no generarlo.

Mientras no se basen en un correcto diagnóstico de las causas que generan los conflictos, las respuestas serán erradas y tardías. Se seguirá culpando a los políticos de oposición por generar los conflictos, y negando los problemas y/o simplemente considerarlos como “efectos colaterales” o inevitable costo del “desarrollo”. Seguirán señalando de anti-minero y opositor del progreso aquel que denuncia los problemas. Por lo tanto, seguirán habiendo más Congas. ¿Qué hacer? ¿Seguir respondiendo a los conflictos con represión? ¿Seguirán los gobiernos con la estrategia del “bombero” para intervenir en los conflictos?

Cojamos al toro por las astas de una vez y tomemos las decisiones para atacar el problema de raíz. Las dos primeras son fundamentales y de largo aliento, pero a empezarlas ya:

1. Replantear el modelo macro económico exportador-primario que ofrece crecimiento y chorreo, por otro que busque el desarrollo humano y sostenible de los pueblos del Perú, que aproveche nuestras excepcionales condiciones ambientales, ecológicas y culturales, diversificando nuestra producción, y generando valor agregado.

2. Fortalecer las instituciones del Estado –del  nivel local, regional y nacional- a través de las cuales podrá cumplir con sus roles hoy inadecuadamente asumidos: legislador, planificador, promotor, fiscalizador, sancionador, velador de los derechos humanos. Esto pasa por cambiar las prioridades en la asignación de los recursos del Estado; y por reestructurar los mecanismos de coordinación y articulación entre los organismos del Estado.

La tercera decisión es inmediata: revisar por entidades independientes los EIA de la cartera de 46 principales proyectos mineros de exploración y de ampliación que el MEM tiene (a noviembre de 2011); y suspender temporalmente el otorgamiento de nuevas concesiones mineras e hidrocarburos. Estudiar los acuíferos de las cuencas mineras, y  declarar zonas intangibles a las cabeceras de cuenca y zonas de recarga hídrica que se reconozcan como zonas ambientalmente vulnerables (Art. 75 de Ley de Recursos Hídricos).

El progreso y la paz van de la mano con la justicia. “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Que las palabras de Raimondi no se conviertan en una maldición.

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Recibido mediante correo electrónico
Fecha de publicación en El E-cochaski
Miércoles 21 de diciembre de 2011

 

One Response to “ALEGRÍA, Julio | Proyecto Conga: nueva voz de alerta”

  1. victor raul alcoser dioses Says:

    Motivo de reflexion por navidad y año 2012, el articulo del colega Julio Alegria, que nos hace un apretado diagnostico de nuestra realidad agua-mineria, asi como la formulacion de propuestas para correjir los sesgos q ue tenemos en su utilizacion y de esta manera asegurar la conservacion y la generacion de agua en las cabeceras alto andinas de las cuencas hidrograficas. En un reciente Congreso Nacional de Consejos Departamentales del CIP acordamos dar nuestro mas ampli.o apoyo al CDCajamarca en el pronunciamiento respecto a CONGA y que todos nosotros a nivel nacional debemos comenzar a responder al reto que nos plantea la gestion integrada de ecosistemas y de la utilizacion de nuestros recursos hidricos. Por lo tanto comparto su voz de alerta

    Ing.Victor Alcoser Dooses. Decano CIP-Tumbes.


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