El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

CAOI |Torturados en instalaciones de empresa minera Río Blanco serán indemnizados julio 30, 2011

Los 33 comuneros que fueron torturados en agosto del 2005 por la policía peruana en las instalaciones de una mina serán indemnizados. El Tribunal Superior de Londres tenía programada la etapa final del juicio a partir de octubre con aproximadamente 80 testigos de los demandantes. Se trata del conflicto entre las comunidades de las provincias peruanas Ayabaca y Huancabamba y la empresa minera Rio Blanco Copper, perteneciente a Monterrico Metals.

 

En agosto del 2005, durante una movilización de las comunidades contra la incursión inconsulta del proyecto minero Río Blanco, el gerente del campo minero, Ramón Tirado, acusó a los manifestantes de terroristas  e instó a la policía a atacarlos y maltratarlos. Algunos empleados de la mina y de su empresa de seguridad Forza participaron en la captura, golpeando e insultando a los manifestantes, entregando sacos y sogas para amarrarlos y encapucharlos, y transportando las municiones de la policía.

 

Los 33 comuneros fueron torturados en las instalaciones de la mina durante tres días. Y el gerente Román Tirado instruyó a los empleados para que trasladen lejos el cuerpo de Melanio García, un comunero que había sido asesinado.

 

Años más tarde circularon fotografías que muestran a los comuneros encapuchados, esposados y heridos. Dos mujeres fueron violadas. A todos se les obligó a ingerir comida podrida y se les detuvo en una plataforma húmeda destinada a la matanza de animales. Cinco de los secuestrados fueron heridos de bala, producto de lo cual uno de ellos perdió un ojo.

 

Además, la empresa minera demandó penalmente a los manifestantes por graves delitos. Uno de los procesados fue Miguel Palacín Quispe, actual Coordinador General de la CAOI y entonces Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). El dirigente nunca estuvo en el lugar de los hechos y sin embargo fue incluido en la denuncia fiscal. Su caso fue archivado.

 

Este es un caso más de los numerosos conflictos que recorren todo el Perú debido a la imposición de la minería en territorios comunales sin cumplir el requisito de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, en el Perú hay alrededor de 250 de conflictos sociales y más de la mitad de ellos son socioambientales.

 

En octubre del 2009, el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, con base en Estados Unidos, contactó a Leigh Day & Co (LDC) por el caso. LDC luego se puso en contacto con los abogados en derechos humanos de Lima de Fedepaz y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes asistieron a los demandantes ante las acusaciones penales.

 

Monterrico fue adquirida por Zijin Consortium de China en el 2008. Cuando los procedimientos se iniciaron en el Tribunal Superior de Londres en junio del 2009, los demandantes obtuvieron una medida cautelar de inmovilización o congelación de fondos a nivel mundial por más de cinco millones de euros sobre los activos de Monterrico, con el apoyo de una orden judicial del Tribunal Superior de Hong Kong.

 

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