Lima, 06.10.2011. (Omar Varillas. Autor personal) | A poco de haberse aprobado la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, uno de los debates que se ha abierto, entre otros, es si esta ayudará de alguna forma a reducir los escenarios de conflictividad o será un mecanismo que atrase las decisiones de Estado.
El caso de la Laguna de Mesaccocha, en torno a un proyecto de riego, puede contribuir a la reflexión sobre ciertas condiciones a tomar en cuenta para la aplicación de la Ley de Consulta.
Luego de conocer el caso podríamos preguntarnos, de haber existido la Ley de Consulta Previa:
¿Cómo se hubiera aplicado la Consulta? ¿Qué entidad debió consultar? ¿Qué derechos colectivos se vieron afectados? ¿En qué momentos se hubiera hecho la consulta? ¿Qué se hubiera evitado o ganado en términos sociales o económicos con la consulta?
Antecedentes:
En el Distrito de Santo Tomas de Pata, al Sur de la provincia de Angaraes, Huancavelica, se encuentra la laguna de Mesaccocha, en la comunidad del mismo nombre.
Esta laguna fue represada hace 50 años por los hacendados del antiguo distrito de Julcamarca, ubicados en la parte baja de la microcuenca. En esa época construyeron un canal que hasta la fecha existe y que capta las aguas de la laguna para el riego de cultivos de Maiz y Alfalfa. El canal (12 Km) siempre fue administrado por los usuarios de Julcamarca y, al dividirse el distrito hace 40 años, también por los de Antaparco. Incluso al desintegrarse el régimen de las haciendas producto de la reforma agraria, Julcamarca nunca dejó de administrar el canal y por ende la administración de la compuerta instalada en la laguna.
La comunidad de Mesaccocha, se ubica en la parte alta de la microcuenca. Las familias, en su mayoría quechuahablantes, se dedican en su totalidad a la ganadería extensiva de ovinos y alpacas, alimentados con pasto natural (pastoreo). Mesaccocha, como el resto de comunidades de esta zona ha sufrido los efectos del conflicto socio político de los años 80, lo que originó la migración de gran cantidad de población a las ciudades. A mediados de los 90, producto de la pacificación, se dio un proceso de retorno, y por tanto los que se fueron a las ciudades regresaron a repoblar nuevamente la zona, con nuevas costumbres, más arraigadas a la individualización de propiedades y a nociones convencionales de productividad.
También el retorno se dio en Julcamarca y Antaparco, lo que provocó el aumento las áreas de cultivo. Ello generó mayor demanda de agua al sistema de riego que, sumado al deterioro del canal producto del tiempo y el poco mantenimiento, reducía la oferta de agua. Los conflictos por acceder a los turnos de agua se acrecentaron, llevando incluso a enfrentar a los distritos de Julcamarca y Antaparco.
Esto motivó que los pobladores de Julcamarca y Antaparco soliciten el año 2003 un proyecto, primero a las autoridades locales y luego a las nacientes autoridades regionales. La idea era aumentar la capacidad de almacenamiento de la laguna construyendo un dique más alto y a la vez impermeabilizar el canal. Luego de una serie de gestiones de los regantes y la presentación de un perfil, el gobierno regional aprueba el proyecto cuya ejecución estaría a cargo de la municipalidad distrital de Julcamarca. El proyecto tendría además un componente social que sería ejecutado, mediante una alianza Municipalidad, Gobierno regional y Cooperación Internacional[1].
El conflicto:
Para elaborar el expediente técnico, el equipo de profesionales contratado por la municipalidad de Julcamarca visitó en varias oportunidades la laguna, llevando equipos de topografía, tomando muestras de suelo, etc. En una de las visitas, los comuneros de Mesaccocha impidieron el ingreso de los profesionales alegando que no iban a permitir la obra y con la amenaza de ser agredidos en caso retornar a la zona. Paralelamente las autoridades comunales de Mesaccocha y el alcalde del distrito (Santo Tomás de Pata) presentaron una carta de queja a la Municipalidad de Julcamarca y al Gobierno Regional de Huancavelica mencionando su sorpresa y molestia por no haber sido informados de la obra. Esto fue desmentido con otro documento, pues la Municipalidad de Julcamarca alegó haber informado a su par de S.T de Pata en varias oportunidades sobre el proyecto.
La respuesta no satisfizo a los comuneros de Mesaccocha, quienes cerraron el camino de acceso a la laguna, lo que generó que los regantes de Julcamarca y Antaparco se desplacen hacia la zona para forzar la apertura del acceso. Fue el momento más tenso en el conflicto, pues la gresca entre las partes era inminente. Gracias a la intervención del alcalde de la provincia de Angaraes bajó la tensión y se acordaron reuniones para dar una salida al tema.
Se dieron dos primeras reuniones, una en Mesaccocha y la otra en Julcamarca, con participación de los alcaldes distritales, directivos de Mesaccocha y directivos de los regantes de Julcamarca y Antaparco, el equipo técnico del proyecto, representante del gobierno regional, las ONGs locales, etc. En la primera reunión los comuneros de Mesaccocha reiteraron su rechazo al proyecto, alegando ser propietarios de la laguna y necesitar el agua para regar sus pastos. En la segunda reunión mencionaron, además, estar molestos porque gente extraña ingresa a su territorio, sin permiso, además de querer “llevarse el agua”.
Ante los pocos avances de las dos primeras reuniones se hizo una asamblea pública en la comunidad de Mesaccocha. En ella participaron los comuneros, las respectivas autoridades municipales, representantes del gobierno regional y las ONGs locales.
En la reunión los comuneros propusieron una salida: que el gobierno regional les financie otro proyecto para traer aguas de una quebrada mediante un canal de 28 Km para regar sus pastos. El rechazo a este insólito pedido no hizo más que exacerbar los ánimos de los comuneros de Mesaccocha, con gritos e insultos que provocaron similar respuesta de los regantes de Julcamarca. Los terceros presentes, que de alguna forma hacían de mediadores, se vieron limitados para retomar el diálogo.
En medio del furor, algunas frases vertidas entre discusiones y gritos, dieron una alerta a los terceros sobre los prejuicios y percepciones que cada grupo tenía respecto del otro. Se llegó a escuchar:
– Comuneros de Mesaccocha: “Siempre los de abajo ganan, creen que somos sus peones” “claro, se siguen creyendo los mistis, abusivos”
– Los Regantes: “de cuando acá estos reclaman” “… ya se creen dueños hasta del agua”.
Lo escuchado era una expresión clara de dos actores que, aún viviendo cerca uno del otro, estaban tan lejos de respetarse. Era evidente que el proyecto posiblemente trajo a la memoria las barreras que entre ambos actores sociales se habían gestado a lo largo de años. Actores que estando tan cerca, se sentían lejanos. La presencia del gobierno regional y los técnicos del proyecto interesados por lograr el permiso de la comunidad, no hacía más que avivar el enojo de Mesaccocha.
Desenlace:
Culminada la asamblea pública y frustradas las expectativas de ambos lados; el único cuerdo fue continuar conversando.
Los detalles de las siguientes conversaciones serían largos de relatar. Se dieron reuniones en Julcamarca, Mesaccocha y también en la propia sede del Gobierno Regional en Huancavelica. Luego de un tiempo se empezaron a dar los primeros acuerdos entre las partes.
Entre otros se acordó que:
– Se conformaría una Comisión de regantes con participación de Mesaccocha en la directiva.
– Mesacoccha tendría derecho a un turno de riego para pastos con una toma que sería instalada por el proyecto en los primeros tramos del canal.
– La mano de obra para las construcciones serían asumidas por Mesaccocha quienes se verían beneficiados con el pago de jornales.
– Los de Julcamarca tendrían asegurado el riego por la operación que realizará un tomero de Mesaccocha que sería pagado a medias por las cuotas de agua.
– Las faenas de limpieza del canal sería por tramos, donde los de Mesaccocha se comprometen con los primeros tramos.
Los consensos, logrados luego de varios meses, permitieron llevar adelante el proyecto. Es difícil saber si esto dejó conforme a todas las partes y si a la fecha no se dieron nuevos incidentes. Pero es seguro que las relaciones entre ambos grupos sociales no fue la misma en adelante; así como la acción de los gobiernos locales y el regional frente a situaciones de este tipo.
A manera de reflexión:
Con lo brevemente presentado en este caso, podríamos hacer algunas preguntas. De haber existido la Ley de Consulta Previa:
– ¿Quiénes serían consultados? Mesaccocha es una comunidad campesina, son herederos de la cultura quechua, con tradiciones y costumbres propias, pero los retornantes (post conflicto armado), población joven, y por cierto los de mayor protagonismo en el conflicto, eran personas con nuevas costumbres, bastante diferentes en su cosmovisión a las dinámicas de producción comunal.
– ¿Qué entidad debería impulsar la consulta? El tema era por el agua de la laguna, según la Ley, La Autoridad Nacional del Agua es la entidad que reconoce los derechos sobre el recurso. El gobierno Regional es quien aprobó y financió el proyecto. La ejecución estuvo a cargo de la Municipalidad de Julcamarca.
– ¿En qué momento se debió consultar? ¿En un presupuesto participativo?
El canal existía, así como la antigua represa. Por lo tanto el proyecto estaba pre determinado y tenía una demanda clara. Por tanto la visión en torno al uso del agua en la (micro) cuenca estaba marcada por un sistema de riego, que influiría en el escenario del territorio y los recursos hídricos. ¿Esta visión era compatible con la visión de los pastores de la parte alta? Se podría decir que la consulta, de haberse dado, hubiera sido en el marco de una Visión sobre la cuenca determinada por un grupo de actores que tenían más influencia ante el Estado.
– ¿Qué derecho se afectó? La ley de Consulta habla de derechos colectivos. ¿Qué se afectó? ¿Algún derecho sobre el agua? ¿Algún derecho a la cultura? ¿A la pre determinación de su expectativa de desarrollo?
– ¿Qué capacidades y recursos previos habían de instalarse para consultar?: ¿Qué capacidades humanas podían haber en el GR para hacer estas consultas? Este fue un proyecto de inversión pública bajo el marco del SNIP. El sistema menciona un trabajo de identificación del proyecto, pero no habla de consulta previa. ¿El proceso se incorporará al SNIP como un proceso administrativo? ¿va más allá de este sistema, a qué nivel?
También es importante definir el nivel y ámbito (tamaño) en que se hará la consulta ¿Se hubiera hecho solo a usuarios del canal o a los actores de la cuenca? Aunque no menciona el resumen caso, pero en la cuenca seguramente habían otros actores sociales.
¿A qué partida presupuestal se hubiera afectado la consulta? Los municipios y los GR no tienen recursos suficientes para el diseño de proyectos (por ello la escasez de proyectos bajo el SNIP y con muchos problemas de diseño), cuánto hubiera costado hacer la consulta. ¿un presupuesto para cada proyecto?
Espero este caso sirva para el análisis y la mayor reflexión.
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Recibido mediante correo electrónico
Fecha de publicación en el E-cochaski
Lunes 17 de octubre de 2011
El E-cochaski 