El E-cochaski

Notas socioambientales del Perú (y allá)

CAOI | Perú: Basta de represión en Espinar mayo 30, 2012

Lima, 25.05.2012. (CAOI/Miguel Palacín Quispe, coordinador general) | El conflicto en Espinar, Cusco, provincia que lleva adelante una huelga indefinida, no es nuevo. La minería tiene allí una larga historia de despojo territorial, de contaminación del agua, de desplazamiento de comunidades indígenas, de pasivos ambientales, de promesas incumplidas. Y la única respuesta del gobierno peruano es la represión, que hasta el momento ha dejado más de quince heridos.

La mina que hoy opera Xstrata era de propiedad estatal hasta que fue re-privatizada y comprada por BHP Billiton. En 1999, hace ya trece años, las comunidades afectadas de la provincia de Espinar, en particular la comunidad Tintaya Marquiri, denunciaron la vulneración de derechos territoriales y ambientales provocados por el proyecto minero y propusieron abrir un proceso transparente de diálogo sobre la compra de tierras y la contaminación.

Gracias a esta iniciativa, el 6 de febrero del 2003 se instaló la Mesa de Diálogo, definida como “un proceso voluntario, colaborativo, de diálogo y de libre participación, para encontrar solución a los problemas existentes y oportunidades de desarrollo en la zona de influencia de las operaciones de BHP-Billiton Tintaya (provincia de Espinar)”. Se formaron cuatro comisiones: de Tierras, de Medio Ambiente, de Desarrollo Sostenible y de Derechos Humanos.

La Mesa de Diálogo de Espinar fue una experiencia de diálogo directo entre las comunidades y la empresa minera para resolver los pasivos ambientales y sociales. Duró tres años. Logró acuerdos en torno a la reparación de tierras, en los sistemas de vigilancia ambiental comunitaria y en la creación de un fondo de desarrollo para las comunidades. La Municipalidad de Espinar y la empresa suscribieron un Convenio Marco de Desarrollo para la provincia. Luego de este proceso, la mina fue adquirida por Xstrata, actual propietaria de la concesión.

Por estos resultados, la Mesa de Diálogo de Espinar fue y sigue siendo mostrada al mundo como un ejemplo de experiencia exitosa. Se ofreció ayuda técnica, financiera y otras a los reubicados para el alivio de la pobreza. Sobre todo, respeto a los derechos humanos de las comunidades afectadas. Pero, lamentablemente, nada de esto se cumplió.

La vulneración de derechos persiste y no se han resarcido los daños, la restitución de tierras no ha sido otra cosa que la reubicación en zonas alejadas, desde donde es imposible contar con zonas de cultivo y pastoreo, como en sus praderas de origen. Esto ha agravado la condición de pobreza de los comuneros porque simplemente no pueden realizar sus actividades de subsistencia. No hay oportunidad alguna de trabajo para los jóvenes. Y las comunidades están siendo impactadas también en su organización, con peligro de división entre ellas.

¿Dónde quedaron los compromisos, los ofrecimientos, la palabra empeñada? Las comunidades cumplieron su parte y se sienten defraudas, estafadas, no hablan de otra cosa que de lo que ha significado y significa la presencia de la minería en la provincia de Espinar. La situación está igual o peor que en los años 1999 o 2000.

En este contexto, Xstrata anuncia la ampliación del proyecto minero Antapacay, en la comunidad de Alto Huarcca. ¿Qué pueden esperar las comunidades sino mayores impactos sobre sus derechos, más pobreza, más contaminación, más despojo territorial? Su voluntad de diálogo ya fue defraudada, ¿cómo pueden confiar, entonces?

Para colmo, un funcionario de rango menor, Víctor Caballero, Jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, dice que si las comunidades quieren dialogar, deben viajar hasta Lima. La policía sí puede ser movilizada para reprimir, pero los ministros responsables se rehúsan al diálogo. Uno de los heridos producto de la represión es el alcalde de la provincia de Espinar Óscar Mollohuanca, quien resultó con contusiones y heridas en el rostro producto del impacto de una bomba lacrimógena. Los funcionarios de Xstrata también hacen oídos sordos a los pedidos de diálogo presentados por las comunidades a través de innumerables documentos, llamadas y otras gestiones.

Las ganancias, las riquezas de una empresa no pueden acumularse sobre la pobreza de las comunidades, sobre el incumplimiento de los compromisos. He ahí la verdadera causa de los conflictos sociales en el Perú y en todos los países de la Región Andina. Conflictos que no se resuelven con la represión sino con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas garantizados por los tratados internacionales.

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Recibido mediante correo electrónico
Fecha de publicación en El E-cochaski:
Miércoles 30 de mayo de 2012

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