Editorial. De Conococha a (de nuevo) La Oroya: De un trágico cierre de año a un vergonzoso inicio del 2011 en el Perú
¿Qué tiene en común el conflicto por la laguna Conococha, que estalló a fines del año pasado, en la sierra de Ancash, con el recientemente reeditado conflicto del Estado peruano con la Doe Run Perú? En apariencia, nada, pues en el primer caso se generó todo un movimiento ciudadano ambientalista, incluso con la muerte de un joven comunero de por medio, para defender un recurso hídrico vulnerable como la laguna ancashina, y en el segundo, es la empresa contaminadora, Doe Run Perú, la que ahora ha amenazado públicamente con defender sus derechos corporativos ante instancias internacionales, acogiéndose a un capítulo del TLC con los EE.UU. Sin embargo, debajo de ambos casos hay un sustrato de derechos sociales y ambientales violados por dos empresas mineras y, en no poca medida, el mismo Estado que tiene el deber de garantizarlos y defenderlos.
El conflicto por Conococha fue públicamente conocido a nivel nacional e internacional, por su inesperada magnitud e intensidad, en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, y la capital regional, Huaraz, pese a que su factor desencadenante era aparentemente pequeño y de mínimo impacto, por tratarse “apenas” de inofensivas perforaciones mínimas. Al menos, como se suele hacer en la fase exploratoria, esa fue la versión que desde el principio dio la empresa Chancadora Centauro, también presente en zonas mineras como la región de Pasco (cerca del famoso tajo abierto de Cerro de Pasco), la cual suscribieron (y aún suscriben) los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas para autorizar el “mínimo” proyecto exploratorio. Como si detrás de la exploración no viniera la explotación, en este caso en una zona vulnerable, además de ya impactada hídricamente por causas a estudiar. Pero tras la paralización de la misma capital regional, Huaraz, por varios días, con severos destrozos de por medio, además de una irreparable pérdida humana de la comunidad de Utucuyacu, el campesino y padre de familia Muñante Cadillo (33 años), la empresa minera “luego de evaluar la situación en la que se encuentra la zona del proyecto”, según enfatizó por una emisora radial nacional el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió suspender indefinidamente sus operaciones. Ante esto, al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no le quedó más que revocar la autorización de la exploración, con lo cual el proceso administrativo de la empresa minera quedó suspendido, o anulado en la práctica. Así, la empresa no tuvo otra que retirarse ante el inesperado rechazo social, al margen de los presuntos intereses políticos adversos de por medio, además de la falta de apoyo estatal, puesto que nadie en el Ejecutivo ni el Legislativo, mucho menos al inicio de la etapa pre electoral, se pronunciara abiertamente a su favor tras la escalada del conflicto.
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Raúl Chacón
jotaelec
